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La foto final de quienes elaboraron la Constitución de 1991, uno de los hitos en la política colombiana, quedó incompleta. Si bien hubo participación de diversas comunidades y distintos movimientos sociales en la Asamblea Nacional Constituyente, hizo falta una histórica población que lleva décadas luchando, incluso desde la época de la Colonia, por sus derechos: el campesinado. De eso están convencidos en Inzá, un pueblo incrustado en las montañas del oriente del Cauca.
“Ese nuevo acuerdo, la Constitución del 91, invisibiliza y excluye al campesinado de ese pacto político y lo rezaga frente a las otras comunidades rurales, sean indígenas o afrocolombianos. Esto dejó huérfano al campesinado. Ahí es cuando nosotros decimos: existimos y estamos aquí”, dice Eliécer Morales, un campesino inzaeño que le ha dedicado buena parte de su vida a la reivindicación de los derechos del campesinado colombiano.
Inzá hace parte de la región de Tierradentro -cuenta Eliécer como si estuviese dando una clase de historia-, un territorio que desde la época de la Conquista empezó a poblarse de indígenas, mestizos, blancos y comunidades negras. “La migración se dio porque la región era paso obligado entre Bogotá y Quito; y porque gente de otras tierras se asentó acá huyendo de las violencias que hemos vivido en el campo, en las zonas planas”. Además, agrega Eliécer, las bonanzas de la quinua, el café y la madera que se registraron en la región también atrajeron a nuevos pobladores. “Eso hace que seamos una región con diversidad cultural, étnica e identitaria”.
Pero esa diversidad también ha provocado tensiones entre el campesinado y las otras poblaciones que habitan Inzá y Tierradentro, puntualmente por la diversidad en la gobernanza territorial y la titularidad sobre la tierra. Los campesinos y las campesinas sienten que la Constitución del 91 los excluyó de nuevo, desconociendo las luchas que empezaron en los años 30 del siglo XX, y a la par brindó herramientas políticas a la población indígena y afrocolombiana, pero lamentablemente no sucedió así con el campesinado.
Un momento importante en la lucha por el reconocimiento campesino fue cuando un puñado de jóvenes de Tierradentro decidió irse hacia Bogotá en los años 90 para estudiar y formarse con el propósito de retornar al territorio y aportar con sus conocimientos a la lucha campesina que por décadas sus padres y madres lideraron. Entre esos jóvenes está Eliécer, quien primero ingresó al SENA y después estudió derecho en la Universidad de los Andes.
Eliécer dice que la educación que recibieron él y los demás jóvenes de su pueblo les abrió la mente. Les hizo entender que la lucha campesina debía ir más allá de reclamos o reivindicaciones locales, como exigir la construcción de una vía o el acceso a un servicio público. Y si bien son necesidades, los problemas del campo obedecen más a causas estructurales e históricas, como la falta de participación del campesinado en la toma de decisiones. “Cuando nosotros regresamos, hubo una oxigenación porque aplicamos lo que aprendimos. Hicimos espacios de formación y recorrimos muchas veredas para ampliar la lucha”.
Fue así como en 1997 nació la Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro, ACIT, con 200 familias de la región que se organizaron para promover el desarrollo socioeconómico del campesinado, la participación comunitaria en distintos escenarios políticos, la autogestión, el acceso a tierras y la creación de una Zona de Reserva Campesina que les garantice la subsistencia y la autonomía. A la fecha, según cuentas de Eliécer, hay al menos 4.000 familias de la región vinculadas o representadas por la ACIT.
Un censo que no los contó
El 19 de agosto de 2013 es una fecha importante para la lucha campesina en Colombia. Ese día comenzó un histórico paro agrario que es recordado porque miles de campesinos y campesinas de todo el país protestaron para exigir mejores condiciones de vida y por una frase del entonces presidente Juan Manuel Santos: “¡Ese tal paro no existe!”. Quienes lideraron el paro presentaron al Gobierno Nacional un pliego de peticiones con puntos como un mayor acceso a tierras y el reconocimiento del campesinado como sujeto político, lo que significa participar en la construcción de políticas públicas y garantizar el derecho a la dignidad.
Las peticiones fueron negociadas con el Gobierno de Santos y así se puso fin al paro, en septiembre de ese año. Sin embargo, compromisos como el reconocimiento del campesinado no se cumplieron y eso quedó evidenciado en la preparación y la convocatoria del tercer Censo Nacional Agropecuario, que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en 2014 con la intención de identificar el estado del campo colombiano.
Para la ACIT y otras organizaciones que protestaron en 2013, el Gobierno no escuchó los reclamos del movimiento campesino porque el censo no incluyó la categoría “campesino”, ni hizo preguntas para identificar cómo vive esta población. “Es decir, para el Estado solo somos un trabajador del campo mas no un sujeto que tiene una identidad, una cultura, unos derechos y una voz”, explica Eliécer.
Por ese motivo, la ACIT presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Popayán para que se incluyera la pregunta de autoreconocimiento campesino en dicho censo, recurso que fue negado y confirmado en la impugnación por la Corte Suprema de Justicia.
“Para que el campesinado cuente, primero tiene que ser contado”
Alix Morales es una campesina y pedagoga de Inzá que hace parte del Comité de Mujeres de la ACIT. En 2017, cuenta, los integrantes de la asociación se juntaron con el propósito de presentar una tutela para que en el Censo Nacional Poblacional de 2018 se incluyeran preguntas que permitieran identificar a la población campesina.
No solamente hicieron la tutela a nombre de la ACIT sino de los campesinos y campesinas de distintas zonas de Cauca, Boyacá, Tolima y Cundinamarca. Para ello se necesitaba recoger las firmas o poderes de la gente. “Ahí fue importante el trabajo de las mujeres de la asociación porque apoyamos las visitas a la veredas para explicar la importancia de que nos contaran en el censo”, recuerda Alix. Y es que sin información de quién es y cómo vive el campesinado colombiano es casi imposible que existan políticas públicas adecuadas para que mejore la calidad de vida de esta población y así, de paso, cerrar las brechas entre el campo y la ciudad.
“Incluso, en algunos momentos nos tocó dar dinero para que los campesinos y las campesinas pudiesen ir hasta donde el notario que nos ayudó con la autenticación de las firmas”. En la memoria de esta lideresa campesina y de Eliécer quedaron las filas que la gente hacía en las veredas de Inzá para sumarse a la tutela y unirse a la lucha.
En total se recogieron 1.758 poderes o firmas de campesinos y campesinas, de los cuales al menos 1.400 eran de habitantes de Inzá.
Con la ayuda de Dejusticia presentaron la tutela el 23 de noviembre de 2017. Y como reconocimiento a la persistencia del movimiento campesino, la Corte Suprema de Justicia falló a favor: el 13 de febrero de 2018 esta alta corte le ordenó al DANE, a los ministerios del Interior y de Agricultura y a otras entidades estatales elaborar estudios que identifiquen al campesinado colombiano. Es decir, una radiografía para definir qué es ser campesino en Colombia y cómo se vive en el campo.
Alix considera que es un gran primer paso en la reivindicación de los derechos del campesinado en Colombia porque “como dice el lema de la campaña que hicimos: “Para que el campesinado cuente, primero tiene que ser contado”.
Tras el fallo, el DANE cumplió la sentencia y comenzó a generar herramientas estadísticas con enfoque campesino como la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para la población campesina 2021 o una serie de notas estadísticas sobre la propiedad rural en el país con distinción de género. Además, se incluyó la definición de la categoría “campesino” que hizo el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH.
Gracias a estos estudios sabemos, por ejemplo, que el 31,8 por ciento de la población del campo se reconoce como campesina y que solo el 32 por ciento de quienes dicen sentirse parte del campesinado colombiano considera que en el país sí se respetan sus derechos. Además, la Encuesta de Calidad de Vida permitió identificar carencias o brechas, como que la mayoría de los adultos de esta población que se encuentran entre los 41 y 65 años solo terminó la básica primaria.
Como lo evidencian los estudios, las necesidades que tiene el campesinado colombiano son bastantes, pero organizaciones como la ACIT se las han sabido arreglar con autogestión y trabajo comunitario para mejorar la calidad de vida de sus territorios. Por ejemplo, en Inzá existe un sistema de créditos entre campesinos y campesinas para que emprendan en proyectos productivos, inspirado en el Banco Grameen (también conocido como “el banco de los pobres”) del economista bengalí Muhammad Yunus, premio Nobel de Paz en 2006.
Además, en el municipio se creó una asociación estudiantil para ayudar a jóvenes que quieran estudiar fuera de la región, la emisora comunitaria Radio Campesina 88.9 FM y la biblioteca pública “La casa del pueblo de Guanacas”, reconocida como el mejor proyecto en la Bienal Colombiana de Arquitectura de 2004 y con el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega en 2017 en la categoría Mejor biblioteca pública.
Frente a los avances de lo ordenado por el fallo, Eliécer y Alix consideran que aún falta que esas estadísticas se incorporen a políticas públicas para mejorar el acceso a la tierra y la calidad de vida del campesinado. Es decir, que como ya fueron contados, ahora sí el país los reconozca y los tenga en cuenta como sujetos políticos y con derechos. Ya se han dado algunos pasos: en 2019, tras más de 30 días de movilización, las organizaciones campesinas del Cauca lograron incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 el artículo 253, que ordena la construcción de la política pública campesina. Sin embargo, el Gobierno de Iván Duque no cumplió.
(*) Periodista independiente de derechos humanos y colaborador de Dejusticia
Este artículo hace parte del especial #TejidoVivo, producto de una alianza periodística entre el centro de estudios Dejusticia y El Espectador.