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A Pamela San Martín la han descrito como la abogada y defensora de las causas sociales más difíciles. Como consejera del Instituto Nacional Electoral de México (INE), entre 2014 y 2020, trabajó a favor de medidas que equilibraran la participación política en México. Durante este periodo se implementaron acciones como la cuota de paridad de género, la cuota de participación indígena, el acceso para personas con discapacidades y el protocolo para el voto de personas trans, el primero en Latinoamérica. (América Latina: ¿progresista o retrógrada frente a los derechos LGBTIQ+?)
“Soy una persona absolutamente convencida de que la democracia no es posible si no podemos participar todas, todos y todes. Si hay grupos que son excluidos sistemáticamente, no hay forma que podamos nombrarlo como un sistema democrático”, comenta en entrevista con El Espectador. Para ella, es vital garantizar el derecho al voto ya que este es, en sus palabras, “la llave para otros derechos, lo que convierte a las personas en relevantes para el Estado”. (Lanzan observatorio de derechos políticos y electorales de las personas trans)
Aunque no se identifica con ninguna bandera del activismo social, se reconoce como alguien que lucha por el ejercicio de los derechos de todas las personas, especialmente cuando se presenta algún contexto en el que no haya una posibilidad real de ejercerlos. Así, su trabajo se ha centrado en la búsqueda de acciones afirmativas que den soluciones a estas barreras sistemáticas. Además, destaca que es importante que estas medidas se nutran de la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil.
“Si hay algo que no tienen los Estados es información, pero no podemos esperarnos hasta el día que tenga los mecanismos de información suficientes, porque si no seguiremos esperando décadas hasta que se puedan garantizar los derechos (...) Ahorita se puede aprovechar el propio conocimiento, la propia experiencia de las personas, de las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos para poder avanzar en esa dirección”, argumenta San Martin.
Como especialista en procesos electorales, también se ha desempeñado como consultora internacional de la Misión de Observación Electoral en Colombia (MOE). Dentro de este trabajo se puede destacar su participación como asesora en 2016 durante el plebiscito por la paz y en las elecciones locales de 2019. Recientemente, también fue parte del equipo que desarrolló el protocolo para garantizar el voto de personas trans en Colombia, un trabajo conjunto entre las organizaciones Caribe Afirmativo, el Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) y la MOE.
Para ella, lo más destacado de la implementación de este protocolo en las pasadas elecciones fue “empoderar a las propias personas trans para convertirles en una persona que pudiese observar el ejercicio de los derechos que históricamente les son negados. Elles pudieron convertirse en actores del proceso electoral que les exigen a las autoridades, pueden hacer recomendaciones y pueden, desde sus experiencias, identificar aquello en lo que se tiene que avanzar”. (En video: ¿Por qué “Yo marcho trans”?)
Bajo esa misma lógica es que se creará este miércoles el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans. Será un espacio que convocará a múltiples organizaciones LGBTIQ+ para compartir experiencias relacionadas con obstáculos y aciertos sobre los derechos políticos y electorales que enfrentan las personas trans. Solo tres países de la región, México, Colombia y Perú han implementado medidas en este tema.
Según San Martín, generar espacios de diálogo es la única forma en que se pueden dar avances reales hacia la consolidación de una democracia. “Escuchar en el espacio público aquel discurso, que no necesariamente tiene la mejor aceptación por parte de las mayorías o de quienes ostentan el poder, permite mirar que las decisiones que se tomen tengan en cuenta el impacto que pueden generar”, explica. Por eso, en el caso de la población trans, el ejercicio del derecho al voto no puede depender de que una persona haya hecho un trámite administrativo como el cambio de su documento de identidad. (Dani García, la travesti que logró la cédula no binaria en Colombia)
“Sobre el efecto que se podría generar con medidas de esta naturaleza (protocolos de voto trans) puede haber riesgos, sí. Sin embargo, es más importante que no le neguemos el derecho al voto a una persona por ser quien es. Porque eso es lo que pasa con las personas trans, se les niega su derecho, se les cuestiona el ejercicio o se les violenta en este. No se les cuestiona por algo que hacen, se les cuestiona por algo que son, y eso no es un cuestionamiento válido en democracia”, afirma la exconsejera electoral.
La trayectoria de Pamela San Martin la ha llevado a creer profundamente que la democracia se nutre desde la empatía. Tener los derechos humanos como principio rector de su trabajo le ha permitido avanzar en garantías para que efectivamente se pueda ejercer el derecho al voto, es decir, hacia una participación real de todos, todas y todes.
