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La comunidad campesina denomina “Los dos ríos” como una región que abarca los territorios del Bajo Cauca y nordeste antioqueño, centro y sur del Cesar, sur de Bolívar y Magdalena Medio (ver mapa, abajo). Se trata de un territorio estratégico por su ubicación entre los dos principales ríos del país, Magdalena y Cauca, que rodean las montañas de la cordillera Central, en especial la Serranía de San Lucas, en donde hay gran variedad de riquezas naturales renovables y no renovables.
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Allí, desde el año 2020, según denuncias de organizaciones sociales, se registra una fuerte avanzada paramilitar del Clan del Golfo, que amenaza con intensificar su presencia en ese territorio.
“Vemos que ese avanzar paramilitar en la región se está dando en el sur de Bolívar, por los municipios de Simití y Santa Rosa; en el nordeste antioqueño, en Segovia y Remedios, y en el Bajo Cauca, en municipios como Cáceres (Antioquia), explica Gerardo Amador Caballero, vocero del “Paro regional indefinido por la vida y la permanencia en el territorio”, en diálogo con El Espectador.
Las denuncias, según el Congreso de los Pueblos -un movimiento social y político basado en Colombia y con capítulos en América Latina y Europa-, aseguran que “Los dos ríos” es azotada por los enfrentamientos, los retenes ilegales, los señalamientos, los asesinatos selectivos, el posicionamiento de los paramilitares en puntos estratégicos para ellos del territorio, así como los desplazamientos y la amenaza directa a la comunidad por la presión ejercida para que trabajen en función de sus intereses.
En 2020, Indepaz registró el asesinato selectivo de por lo menos 24 líderes y lideresas en los departamentos de Bolívar y Antioquia, al menos 13 de estos perpetrados en la región de “Los dos ríos”, entre ellos el del líder del movimiento social Fernando de Jesús Gaviria, asesinado el 29 de agosto de 2020, junto a Omaira Alcaraz, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto San Juan, del municipio de San Pablo, sur de Bolívar.
Además, se reportaron más de 72 familias desplazadas por grupos paramilitares, por lo menos 12 masacres con un saldo de 46 personas asesinadas y decenas de personas amenazadas en la región.
Amador lamenta que este contexto de violencia se ha agudizado en el territorio pese a las denuncias que se han hecho, pero que “no han tenido eco en el Gobierno Nacional (...). “Nos preocupa que se presenten desplazamientos de más de 300 paramilitares en las zonas rurales donde, curiosamente, hay presencia del Ejército, por lo que también hemos denunciado la complicidad de la Fuerza Pública con el accionar paramilitar”.
Fruto de esas denuncias, de acuerdo con Amador, el 22 de febrero de 2022, en el municipio de San Martín (Cesar), fueron asesinados Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dos líderes campesinos históricos que fueron parte del movimiento campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
Entre los hechos más recientes, el 12 de agosto del año pasado la Oficina de Asuntos Humanitarios (Ocha) lanzó una alerta humanitaria por las comunidades ubicadas en la Serranía de San Lucas, consideradas en estado de vulnerabilidad ante las disputas territoriales entre Grupos Armados No Estatales (GANE) por su geografía estratégica que garantiza la explotación ilegal de minería de oro, la calidad de tierra para los cultivos de uso ilícito y la entrada a zonas montañosas de difícil acceso para establecer centros de acopio de los estupefacientes.
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Al hablar de la riqueza de la región, en el sur de Bolívar hay más de 50 títulos mineros y la misma cantidad de solicitudes en la línea de explotación de metales preciosos, afirma Amador.
El nordeste antioqueño, por su parte, se distingue por su riqueza aurífera. En 2019, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia señaló en su perfil socioeconómico del nordeste, que “la minería aún está lejos de ser generadora de riqueza para la subregión debido a los altos índices de informalidad e inadecuados parámetros de modernización; asimismo, las disputas por el control de la explotación de los recursos generan desplazamiento forzado, despojo de tierras, contaminación y agotamiento de recursos naturales (…)”.
En esta subregión, entre 2016 y 2022, tras el vacío de poder generado luego de la salida de la zona de las antiguas Farc-Ep, confluyeron diferentes grupos armados ilegales con interés expansivo, ante la debilidad del Estado para avanzar en el copamiento del territorio de manera integral, más allá de la presencia de las Fuerzas Militares.
En ese complejo panorama, por lo menos ocho organizaciones del orden nacional y que forman parte de las plataformas campesinas y del coordinador nacional agrario, y de la plataforma política del Congreso de las Pueblos, en la región de “Los dos ríos” se declararon en emergencia humanitaria y están convocando a una movilización pacífica -a finales de este mes-, “Paro regional indefinido por la vida y la permanencia en el territorio”, para exigir garantías para una vida digna y sin amenazas para el campesinado.
“Hasta el momento no se evidencia un compromiso serio del ‘Gobierno del cambio’”, asegura un comunicado del Congreso de los Pueblos. Además, proponen un tribunal popular para denunciar e impulsar el desmonte del paramilitarismo y en el que se exige que haya garantías para su realización y la presencia de las instituciones competentes del Gobierno Nacional.
Las acciones del Gobierno
Desde que Gustavo Petro tomó posesión como presidente de Colombia han transcurrido cinco meses y medio, y a comienzos de este año el país recibió con gran expectativa el inicio del cese al fuego bilateral con cinco grupos armados entre el 1° de enero y el 30 de junio, que -de acuerdo con cálculos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)- se traduciría en que cerca de 15.000 hombres alzados en armas suspenderían acciones violentas en los territorios en los que operan.
El cese incluye a la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo o Agc y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, que agrupan en suma unas 80 estructuras, entre frentes y columnas.
Como lo informó Colombia+20, según registros de Indepaz, el Clan del Golfo o Agc está presente en 279 municipios, mientras el Eln en 91, convirtiéndose en los dos grupos con más control territorial del país. También tienen los ejércitos con más combatientes: más de 5.000 personas son parte de las filas del Clan del Golfo.
Esta estructura paramilitar, derivada de las Autodefensas Unidas de Colombia, es una de las más grandes y con mayor presencia en el país. Su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, fue capturado en octubre de 2021 y extraditado en mayo de 2022. Al mando quedó Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo.
Antioquia es el departamento que más se beneficiaría de este cese al fuego bilateral, porque sus regiones de Bajo Cauca y Urabá concentran acciones de los cinco grupos armados ilegales con los que se acordó el cese.
El sur de Bolívar y Córdoba también se favorecerían del restablecimiento humanitario. En esta zona el conflicto se agudizó por la fuerte actividad de grupos armados, como el Clan del Golfo, que ejercen el control territorial.
