La violencia colombiana: ¿Por qué la verdad necesita más tiempo?

El pasado 14 de julio, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra dos artículos del Decreto 588 de 2017, que establecen un período de tres años para el desarrollo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Explican los demandantes que, por efecto de la pandemia, la CEV solo ha funcionado un 40 % de su período en condiciones de normalidad; por eso solicitan una prórroga equivalente a los catorce meses de suspensión de actividades hasta la reactivación económica (marzo de 2020 a mayo de 2021). (Recomendamos el editorial de El Espectador: La Comisión de la Verdad necesita un a prórroga).

Una fuente reservada de la Corte Constitucional sostiene que la demora en la decisión obedece al ritmo del despacho a cargo de la demanda: “[Jorge Enrique] Ibáñez escribe muy largo: está escribiendo la ponencia él mismo. Es la misma razón de la demora de la sentencia del Nuevo Liberalismo”. Dicha fuente anticipa que el aval a la extensión temporal ya contaría con mayoría de votos favorables (Ibáñez, Alberto Rojas, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo); sin embargo, el problema de fondo consiste en la inclusión de la CEV en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022.

La CEV asegura que no tiene asignados recursos, dado que su mandato original culminaría el 28 de noviembre con el cierre del Informe Final y su publicación el 28 de diciembre. Minhacienda no tenía herramientas legales para considerarla como ejecutora y asignarle presupuesto para 2022. (Más: Así sería el informe final de la Comisión de la Verdad).

La posibilidad de continuidad enfrenta la aprobación o el rechazo de la demanda. En el segundo caso, el Gobierno podría acoger un concepto del Consejo de Estado que recomienda la expedición de un decreto ejecutivo que otorgue un tiempo (que la CEV estima de cinco meses) para la socialización del Informe Final. Dice la CEV: “En cualquiera de los dos escenarios, la Comisión tendría un período de funcionamiento en 2022 y requiere recursos, frente a lo cual esperamos que la Corte pueda pronunciarse antes del 15 de octubre, fecha que deja un margen limitado para que el Gobierno con carta de modificación pida a Senado y Cámara de Representantes asignar una partida”.

Las voces centrales

Instituciones como el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) coinciden en que la prórroga es necesaria, pero ¿qué dicen la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, demandantes con el apoyo del Programa PAIIS, de la Universidad de los Andes y Dejusticia?

Conversamos con Gloria Elsy Ramírez y Sonia Suárez, de Asovida y Tejipaz (Tejiendo Territorio para la Paz); Julio César García, de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, y Édgar Bermúdez, de Percadi.

El Espectador: ¿Cómo se forjó la relación entre Asovida y la CEV?

G.E.R: “Venimos trabajando hace 17 años con Asovida; una organización que le apuesta a la paz, la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo la no repetición. Por ejemplo, trabajamos con el Salón del Nunca Más, que lleva también once años abierto al público, y lo que busca es generar sensibilidad. La Comisión ha sido un puente fundamental para que podamos llegar a esas personas con una sensibilidad más amplia. Realizamos un informe de primera mano en 2017; en 2020 también realizamos otro aporte a la JEP. Nosotros no estamos hablando solo por la comunidad de Granada, estamos pensando en el oriente antioqueño y obviamente en el país. Le voy a decir una cosa muy de corazón: aquí en Granada se levantaron los adobes después del bombazo de las Farc, pero todo lo que hicieron los demás actores, el alma de la gente no se ha podido levantar. Y si hay espacios que generen confianza, oportunidad de pensar diferente las cosas, son estos espacios”.

S.S: “Lo que representa el Salón del Nunca Más es el aporte al reencuentro con las víctimas y podernos escuchar: precisamente lo que hemos encontrado con la CEV. Es maravilloso que tengamos la CEV; ese mecanismo tan hermoso de escucharnos, de conocer la historia de esta guerra. Acuérdense que con el conflicto lo primero que se perdió fue esa confianza, en este trabajo se había recuperado un poco. Se nos metió la pandemia, nos afectó en especial en estas conversaciones con las víctimas. Con las organizaciones que nos venían acompañando pudimos hacer ese trabajo virtual, pero la presencialidad con las víctimas no ocurrió. No es lo mismo usted hablar con una víctima de abusos sexuales por computador a hablar frente a frente. Si en la ciudad el internet es un caos, imagínese en las veredas. No se permitía el ingreso de la gente de ninguna manera: así hubiera muchas ganas de seguir haciendo las cosas, se salían totalmente del contexto. Aquí no nos permitían casi ni entrar los alimentos”.

¿Cuál es la conexión que el Nodo Caribe mantiene con la CEV?

J.C.G: “Somos once lugares, la conexión que tenemos con la CEV es que como víctimas sentimos que se hace necesario el esclarecimiento de la verdad, que la búsqueda de la no repetición sea una realidad en los territorios. Independientemente de todas las dificultades que ha tenido la comisión, me atrevo a decir que no ha llegado, le ha quedado difícil. Baja un presupuesto pero crean una estrategia de las macros regionales, empiezan a hacer las indagaciones y se dan cuenta de la limitación del acceso a los lugares, sobre todo si vamos al Caribe. Aún hay amenazas, asesinatos de líderes, sigue el desplazamiento, la gente sigue con miedo. ¿Qué pasa? La CEV va lento, cuando quiere coger fuerza… llega una pandemia. En las zonas rurales el campesino no tiene forma de conectarse, apenas desde una llamada telefónica ¡y eso subido en un palo!”.

Percadi representa a un centenar de personas. ¿Cómo edifican la relación con la CEV?

E.B: “Como miembros de la fuerza pública y nuestras familias, y excombatientes, que hemos quedado con discapacidad por ser víctimas directas, y nuestras familias como víctimas indirectas del conflicto, consideramos que es muy importante que la CEV haya recopilado nuestras voces; todavía faltan muchísimas de compañeros. Los miembros de la fuerza pública somos seres humanos y como pertenecemos a una institución que se encuentra dentro del marco de los conflictos armados, también somos víctimas y, por ende, se debería dar una reparación integral por parte de Mindefensa. Creo que la CEV, al escucharnos en diferentes espacios, nos da la oportunidad para manejar una serie de problemáticas que no se muestran desde el Ministerio porque no les interesa, porque siempre tratan de mostrar que todo anda espectacular, cuando en realidad hemos puesto las víctimas, las pérdidas de nuestros cuerpos; hemos dejado viudas, huérfanos, esposas que tienen que lidiar con una discapacidad por el resto de sus vidas. Aquí estás hablando con una persona que perdió sus ojos, quedé con afectación en el rostro, el cuero cabelludo; quedé con afectación acústica, múltiples cicatrices en el abdomen y el brazo, por las esquirlas de la metralla”.

Se habla mucho de la verdad para construir memoria, pero también es una forma de reparación de las víctimas. ¿Qué significa reparar por medio de la verdad?

G.E.R: “La verdad es dignidad. Creemos en la posibilidad de construir un país diferente si estamos apostándole a la memoria para la reconciliación. El desplazamiento que yo viví no se compara con lo que se vivió en mi territorio. A mí me duele el de la chiva, el carnicero, el vecino, todas esas personas que hay en ese espacio del salón; no importa que hayan sido de un bando o del otro. Nosotros rescatamos el valor de la vida. El señalamiento no va para nosotros. El poder creer que esto se repita es para nosotros caótico, demasiado repulsivo”.

S.S: “En el informe que se le entregaba a la JEP el año pasado, una compañera expresaba algo muy bello, y era que si Granada había sido estratégica para la guerra, también tenemos que ser estratégicos para la paz. La verdad no solamente es un derecho a conocer la historia de esta guerra, es un derecho a la dignidad de conocer qué nos pasó. Si bien Granada está abierta a estos procesos de perdón y reconciliación, nosotros en ningún momento hemos renunciado, y se lo expresábamos abiertamente a algunos firmantes de la paz: ¿por qué se ensañaron con nuestro territorio? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre?”.

E.B: “Las víctimas tienen un marco internacional de reparación, que comprende cinco principios: restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantía de no repetición. La indemnización debe ser proporcional a los daños sufridos no solamente por la víctima directa, sino también por la familia: ahí hay segregaciones con ese núcleo familiar de la víctima, la misma noción de víctima a través de la Ley 1448 es discriminadora. Se supone que los acuerdos dicen que las víctimas son el centro. Pero eso no funciona aquí en Colombia. Lo que le dan a uno aquí son limosnas”.

J.C.G: “Cada uno de nuestros lugares [de memoria] han nacido por ese derecho. Cuando hablamos de reparación no es económica solamente, sino que se sepa cómo sucedieron los hechos. A eso le estamos apostando, que se sepa y que digan: es que eran campesinos que estaban cultivando sus tierras. Lo que pasa es que cuando vienen estos grupos al margen de la ley y hacen las masacres (en nuestro Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María hemos documentado 104), es una barbarie con una doble intencionalidad: que la gente se desplace para posteriormente comprarle el terreno y que de las personas que asesinaron se hable mal. Todavía está en el espacio popular el decir: “Por algo fue”. Queremos que se quite ese estigma. No eran guerrilleros, no hacían maldades al territorio; al contrario, lo construían. Creemos que se hace necesario que se sepa la verdad para ir entendiendo y buscar estrategias para que esto no se repita. Ya hay personas que andan por ahí, pero que están muertas, su vida se acabó, su proyecto de vida terminó con el conflicto”.

Entonces, ¿la verdad tiene implícita una cuestión de honor?

J.C.G: “Sí, sí, yo creo que es eso; lo hemos hablado con las víctimas. Soy desplazado, a mí también me asesinaron a algunos familiares durante las masacres. Lo que uno dice es: “Queremos que no digan que eran guerrilleros”. Que digan que son inocentes. Hubo varios tipos de violencia acá: detenciones extrajudiciales, personas que las están condenando, tras que a uno se lo llevaron y sufrió, capturado ilegalmente, ahora tiene que sufrir los señalamientos. Si se sabe la verdad: había intereses en algunos altos mandos en adquirir rangos o mostrar resultados. Yo creo mucho en el perdón, pero también que se reconozca quiénes fueron los causantes de todo. Sabemos que esto no va a revivir a nuestros difuntos, a los ausentes, o como llaman las mujeres en Barrancabermeja “nuestras semillas”, a esas semillas que se sembraron por la lucha, por defender la verdad. Y si se estaban asesinando por defender la verdad, entonces hay que saber la verdad”.

¿Qué pasaría si no se amplía el plazo de la CEV?

G.E.R: “Trabajamos con las uñas y con los dedos reventados: seguimos en la lucha porque nosotros no podemos parar. Siendo muy sinceros, no hemos encontrado desde la institucionalidad un espacio donde podamos sentir confianza”.

J.C.G: “Tenemos una preocupación: así con este poco de tiempo no alcanza, ni ampliando el plazo alcanza. Sentiríamos que el informe quedaría muy incompleto”.

Dos grandes instancias oficiales narran el conflicto: la CEV (transicional, independiente) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (permanente, dependiente del gobierno de turno). ¿Creen que no ampliar los tiempos de la CEV propiciaría un espacio a la narrativa que busca instalar el CNMH?

G.E.R: “Creemos en los procesos que defendemos. Esa confianza no se construye tan fácil. El CNMH para nada nos infunde confianza”.

S.S: “Total desconfianza con el CNMH en manos del actual Gobierno, pues ellos han demostrado claramente su negacionismo respecto al conflicto”.

J.C.G: “Como red de lugar y memoria, aunque estamos llegando a acuerdos y demás, no nos sentimos plenamente reconocidos o representados para hacer un informe sobre la verdad de las víctimas. Sentimos que el CNMH habla de muchas verdades, pero a veces sentimos que no se está reconociendo la verdad de nosotros”.

La CEV cuenta con el apoyo de la cooperación internacional, pero parte de ese soporte está programado para su ejecución antes del 31 de diciembre. Dada la incertidumbre para programar el gasto de 2022, se podría tomar como referente el presupuesto del año en curso: $116.991 millones. Se estima que el Alto Tribunal decidirá esta semana que empieza. En su sentencia, podría ordenar un aumento de presupuesto para la CEV… entonces quedaría a merced de la voluntad política del presidente Iván Duque.

El pasado 14 de julio, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra dos artículos del Decreto 588 de 2017, que establecen un período de tres años para el desarrollo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Explican los demandantes que, por efecto de la pandemia, la CEV solo ha funcionado un 40 % de su período en condiciones de normalidad; por eso solicitan una prórroga equivalente a los catorce meses de suspensión de actividades hasta la reactivación económica (marzo de 2020 a mayo de 2021). (Recomendamos el editorial de El Espectador: La Comisión de la Verdad necesita un a prórroga).

Una fuente reservada de la Corte Constitucional sostiene que la demora en la decisión obedece al ritmo del despacho a cargo de la demanda: “[Jorge Enrique] Ibáñez escribe muy largo: está escribiendo la ponencia él mismo. Es la misma razón de la demora de la sentencia del Nuevo Liberalismo”. Dicha fuente anticipa que el aval a la extensión temporal ya contaría con mayoría de votos favorables (Ibáñez, Alberto Rojas, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo); sin embargo, el problema de fondo consiste en la inclusión de la CEV en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022.

La CEV asegura que no tiene asignados recursos, dado que su mandato original culminaría el 28 de noviembre con el cierre del Informe Final y su publicación el 28 de diciembre. Minhacienda no tenía herramientas legales para considerarla como ejecutora y asignarle presupuesto para 2022. (Más: Así sería el informe final de la Comisión de la Verdad).

La posibilidad de continuidad enfrenta la aprobación o el rechazo de la demanda. En el segundo caso, el Gobierno podría acoger un concepto del Consejo de Estado que recomienda la expedición de un decreto ejecutivo que otorgue un tiempo (que la CEV estima de cinco meses) para la socialización del Informe Final. Dice la CEV: “En cualquiera de los dos escenarios, la Comisión tendría un período de funcionamiento en 2022 y requiere recursos, frente a lo cual esperamos que la Corte pueda pronunciarse antes del 15 de octubre, fecha que deja un margen limitado para que el Gobierno con carta de modificación pida a Senado y Cámara de Representantes asignar una partida”.

Las voces centrales

Instituciones como el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) coinciden en que la prórroga es necesaria, pero ¿qué dicen la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, demandantes con el apoyo del Programa PAIIS, de la Universidad de los Andes y Dejusticia?

Conversamos con Gloria Elsy Ramírez y Sonia Suárez, de Asovida y Tejipaz (Tejiendo Territorio para la Paz); Julio César García, de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, y Édgar Bermúdez, de Percadi.

El Espectador: ¿Cómo se forjó la relación entre Asovida y la CEV?

G.E.R: “Venimos trabajando hace 17 años con Asovida; una organización que le apuesta a la paz, la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo la no repetición. Por ejemplo, trabajamos con el Salón del Nunca Más, que lleva también once años abierto al público, y lo que busca es generar sensibilidad. La Comisión ha sido un puente fundamental para que podamos llegar a esas personas con una sensibilidad más amplia. Realizamos un informe de primera mano en 2017; en 2020 también realizamos otro aporte a la JEP. Nosotros no estamos hablando solo por la comunidad de Granada, estamos pensando en el oriente antioqueño y obviamente en el país. Le voy a decir una cosa muy de corazón: aquí en Granada se levantaron los adobes después del bombazo de las Farc, pero todo lo que hicieron los demás actores, el alma de la gente no se ha podido levantar. Y si hay espacios que generen confianza, oportunidad de pensar diferente las cosas, son estos espacios”.

S.S: “Lo que representa el Salón del Nunca Más es el aporte al reencuentro con las víctimas y podernos escuchar: precisamente lo que hemos encontrado con la CEV. Es maravilloso que tengamos la CEV; ese mecanismo tan hermoso de escucharnos, de conocer la historia de esta guerra. Acuérdense que con el conflicto lo primero que se perdió fue esa confianza, en este trabajo se había recuperado un poco. Se nos metió la pandemia, nos afectó en especial en estas conversaciones con las víctimas. Con las organizaciones que nos venían acompañando pudimos hacer ese trabajo virtual, pero la presencialidad con las víctimas no ocurrió. No es lo mismo usted hablar con una víctima de abusos sexuales por computador a hablar frente a frente. Si en la ciudad el internet es un caos, imagínese en las veredas. No se permitía el ingreso de la gente de ninguna manera: así hubiera muchas ganas de seguir haciendo las cosas, se salían totalmente del contexto. Aquí no nos permitían casi ni entrar los alimentos”.

¿Cuál es la conexión que el Nodo Caribe mantiene con la CEV?

J.C.G: “Somos once lugares, la conexión que tenemos con la CEV es que como víctimas sentimos que se hace necesario el esclarecimiento de la verdad, que la búsqueda de la no repetición sea una realidad en los territorios. Independientemente de todas las dificultades que ha tenido la comisión, me atrevo a decir que no ha llegado, le ha quedado difícil. Baja un presupuesto pero crean una estrategia de las macros regionales, empiezan a hacer las indagaciones y se dan cuenta de la limitación del acceso a los lugares, sobre todo si vamos al Caribe. Aún hay amenazas, asesinatos de líderes, sigue el desplazamiento, la gente sigue con miedo. ¿Qué pasa? La CEV va lento, cuando quiere coger fuerza… llega una pandemia. En las zonas rurales el campesino no tiene forma de conectarse, apenas desde una llamada telefónica ¡y eso subido en un palo!”.

Percadi representa a un centenar de personas. ¿Cómo edifican la relación con la CEV?

E.B: “Como miembros de la fuerza pública y nuestras familias, y excombatientes, que hemos quedado con discapacidad por ser víctimas directas, y nuestras familias como víctimas indirectas del conflicto, consideramos que es muy importante que la CEV haya recopilado nuestras voces; todavía faltan muchísimas de compañeros. Los miembros de la fuerza pública somos seres humanos y como pertenecemos a una institución que se encuentra dentro del marco de los conflictos armados, también somos víctimas y, por ende, se debería dar una reparación integral por parte de Mindefensa. Creo que la CEV, al escucharnos en diferentes espacios, nos da la oportunidad para manejar una serie de problemáticas que no se muestran desde el Ministerio porque no les interesa, porque siempre tratan de mostrar que todo anda espectacular, cuando en realidad hemos puesto las víctimas, las pérdidas de nuestros cuerpos; hemos dejado viudas, huérfanos, esposas que tienen que lidiar con una discapacidad por el resto de sus vidas. Aquí estás hablando con una persona que perdió sus ojos, quedé con afectación en el rostro, el cuero cabelludo; quedé con afectación acústica, múltiples cicatrices en el abdomen y el brazo, por las esquirlas de la metralla”.

Se habla mucho de la verdad para construir memoria, pero también es una forma de reparación de las víctimas. ¿Qué significa reparar por medio de la verdad?

G.E.R: “La verdad es dignidad. Creemos en la posibilidad de construir un país diferente si estamos apostándole a la memoria para la reconciliación. El desplazamiento que yo viví no se compara con lo que se vivió en mi territorio. A mí me duele el de la chiva, el carnicero, el vecino, todas esas personas que hay en ese espacio del salón; no importa que hayan sido de un bando o del otro. Nosotros rescatamos el valor de la vida. El señalamiento no va para nosotros. El poder creer que esto se repita es para nosotros caótico, demasiado repulsivo”.

S.S: “En el informe que se le entregaba a la JEP el año pasado, una compañera expresaba algo muy bello, y era que si Granada había sido estratégica para la guerra, también tenemos que ser estratégicos para la paz. La verdad no solamente es un derecho a conocer la historia de esta guerra, es un derecho a la dignidad de conocer qué nos pasó. Si bien Granada está abierta a estos procesos de perdón y reconciliación, nosotros en ningún momento hemos renunciado, y se lo expresábamos abiertamente a algunos firmantes de la paz: ¿por qué se ensañaron con nuestro territorio? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre?”.

E.B: “Las víctimas tienen un marco internacional de reparación, que comprende cinco principios: restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantía de no repetición. La indemnización debe ser proporcional a los daños sufridos no solamente por la víctima directa, sino también por la familia: ahí hay segregaciones con ese núcleo familiar de la víctima, la misma noción de víctima a través de la Ley 1448 es discriminadora. Se supone que los acuerdos dicen que las víctimas son el centro. Pero eso no funciona aquí en Colombia. Lo que le dan a uno aquí son limosnas”.

J.C.G: “Cada uno de nuestros lugares [de memoria] han nacido por ese derecho. Cuando hablamos de reparación no es económica solamente, sino que se sepa cómo sucedieron los hechos. A eso le estamos apostando, que se sepa y que digan: es que eran campesinos que estaban cultivando sus tierras. Lo que pasa es que cuando vienen estos grupos al margen de la ley y hacen las masacres (en nuestro Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María hemos documentado 104), es una barbarie con una doble intencionalidad: que la gente se desplace para posteriormente comprarle el terreno y que de las personas que asesinaron se hable mal. Todavía está en el espacio popular el decir: “Por algo fue”. Queremos que se quite ese estigma. No eran guerrilleros, no hacían maldades al territorio; al contrario, lo construían. Creemos que se hace necesario que se sepa la verdad para ir entendiendo y buscar estrategias para que esto no se repita. Ya hay personas que andan por ahí, pero que están muertas, su vida se acabó, su proyecto de vida terminó con el conflicto”.

Entonces, ¿la verdad tiene implícita una cuestión de honor?

J.C.G: “Sí, sí, yo creo que es eso; lo hemos hablado con las víctimas. Soy desplazado, a mí también me asesinaron a algunos familiares durante las masacres. Lo que uno dice es: “Queremos que no digan que eran guerrilleros”. Que digan que son inocentes. Hubo varios tipos de violencia acá: detenciones extrajudiciales, personas que las están condenando, tras que a uno se lo llevaron y sufrió, capturado ilegalmente, ahora tiene que sufrir los señalamientos. Si se sabe la verdad: había intereses en algunos altos mandos en adquirir rangos o mostrar resultados. Yo creo mucho en el perdón, pero también que se reconozca quiénes fueron los causantes de todo. Sabemos que esto no va a revivir a nuestros difuntos, a los ausentes, o como llaman las mujeres en Barrancabermeja “nuestras semillas”, a esas semillas que se sembraron por la lucha, por defender la verdad. Y si se estaban asesinando por defender la verdad, entonces hay que saber la verdad”.

¿Qué pasaría si no se amplía el plazo de la CEV?

G.E.R: “Trabajamos con las uñas y con los dedos reventados: seguimos en la lucha porque nosotros no podemos parar. Siendo muy sinceros, no hemos encontrado desde la institucionalidad un espacio donde podamos sentir confianza”.

J.C.G: “Tenemos una preocupación: así con este poco de tiempo no alcanza, ni ampliando el plazo alcanza. Sentiríamos que el informe quedaría muy incompleto”.

Dos grandes instancias oficiales narran el conflicto: la CEV (transicional, independiente) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (permanente, dependiente del gobierno de turno). ¿Creen que no ampliar los tiempos de la CEV propiciaría un espacio a la narrativa que busca instalar el CNMH?

G.E.R: “Creemos en los procesos que defendemos. Esa confianza no se construye tan fácil. El CNMH para nada nos infunde confianza”.

S.S: “Total desconfianza con el CNMH en manos del actual Gobierno, pues ellos han demostrado claramente su negacionismo respecto al conflicto”.

J.C.G: “Como red de lugar y memoria, aunque estamos llegando a acuerdos y demás, no nos sentimos plenamente reconocidos o representados para hacer un informe sobre la verdad de las víctimas. Sentimos que el CNMH habla de muchas verdades, pero a veces sentimos que no se está reconociendo la verdad de nosotros”.

La CEV cuenta con el apoyo de la cooperación internacional, pero parte de ese soporte está programado para su ejecución antes del 31 de diciembre. Dada la incertidumbre para programar el gasto de 2022, se podría tomar como referente el presupuesto del año en curso: $116.991 millones. Se estima que el Alto Tribunal decidirá esta semana que empieza. En su sentencia, podría ordenar un aumento de presupuesto para la CEV… entonces quedaría a merced de la voluntad política del presidente Iván Duque.