Los pendientes de la represa El Quimbo con las comunidades en Huila

Antes de la instalación de la represa de El Quimbo, a cargo de la empresa Emgesa, Estella Gutiérrez vivía en la vereda La Escalareta, en el municipio de Agrado (Huila). Se dedicaba a la ganadería y llevaba una vida tranquila hasta que en 2015 tuvo que dejar su casa y reasentarse en la vereda de Llano de la Virgen, en Altamira, pues su vivienda estaba ubicada dentro de las más de 8.500 hectáreas que se tenían que inundar para la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, proyecto aprobado en 2009.

Antes de la instalación de la represa de El Quimbo, a cargo de la empresa Emgesa, Estella Gutiérrez vivía en la vereda La Escalareta, en el municipio de Agrado (Huila). Se dedicaba a la ganadería y llevaba una vida tranquila hasta que en 2015 tuvo que dejar su casa y reasentarse en la vereda de Llano de la Virgen, en Altamira, pues su vivienda estaba ubicada dentro de las más de 8.500 hectáreas que se tenían que inundar para la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, proyecto aprobado en 2009.

“Desde que supimos del proyecto, nos opusimos, porque nos generó mucha incertidumbre lo que iba a pasar con nuestras actividades productivas. A pesar de nuestras quejas, el gobierno del momento nos dijo que El Quimbo ya era un hecho y teníamos que aceptarlo”, manifestó Estella.

Emgesa les dio dos opciones a los campesinos que vivían en donde se construyó la represa: la compra de sus predios o el reasentamiento. A Estella ninguna le parecía bien del todo y dice que el precio que le ofrecieron por su predio era unas tres veces inferior a lo que valía comercialmente. “Decidí aceptar el reasentamiento, pero nunca me imaginé que estuviera atravesado por tantos incumplimientos”, indica.

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Según datos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 151 familias fueron llevadas a 44 asentamientos individuales y cuatro colectivos, estos últimos en Nueva Escalereta (Altamira), Nuevo Balseadero (Garzón), Nuevo Veracruz (Gigante) y San José de Belén (El Agrado). Sin embargo, los reasentados denuncian que llegaron a tierras sin servicios públicos ni agua potable. En particular, explica Estella Gutiérrez, muchos sufren con sus cultivos y ganado por la falta de agua que no permite, entre otras cosas, irrigar completamente las tierras: “Prácticamente llegamos a lugares donde podemos existir, pero no vivir de la producción ganadera o agrícola”, puntualiza. Al respecto, Emgesa asegura que el reasentamiento en donde vive Estella es el único que le falta el sistema de riego por gravedad, que no se ha construido por “dificultades de tipo técnico y social”.

Este es uno de los relatos de las más de 400 familias de campesinos que resultaron afectados por la represa El Quimbo, que inició sus operaciones en noviembre de 2015.

En esencia, el proyecto abarca los municipios de Garzón, Agrado, Gigante, Altamira, Tesalia y Paicol, en el centro de Huila, y se calcula que, junto con el embalse de Betania, produce el 8 % de la energía que se consume en el país. Para llenar el embalse se inundaron más de 8.500 hectáreas, de las cuales el 62 % (unas 5.300 hectáreas) eran tierras productivas y estaban destinadas al cultivo de arroz, cacao y tabaco, por lo que, según cálculos de Emgesa, resultaron afectados cerca de 3.000 personas. Sobre esto, miembros de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo) aseguran que la cifra es mayor.

Por ello, las críticas por parte de los campesinos que habitaban la región no se hicieron esperar. Fueron más de 400 familias huilenses y muchos tenían dudas sobre cómo iban a continuar con la actividad agropecuaria. Cuando se entregó la licencia en 2009, Emgesa y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) prometieron como compensación 5.200 ha: 2.500 para reasentamientos y 2.700 adecuadas con un sistema de riego por gravedad, pero Asoquimbo denuncia que hasta la fecha solo se han comprado cerca de 1.000 ha para los reasentamientos, mientras que Jenniffer Chavarro, presidenta de Asoquimbo, dice que Emgesa tampoco ha adecuado las 2.700 ha con el sistema de riego por gravedad, que fue el acuerdo que se hizo inicialmente. “La empresa prometió que devolvería las tierras en una condición igual o mejor, y no han cumplido. En eso no puede haber concesión alguna”, manifiesta Chavarro.

Al respecto, Dilberto Trujillo, secretario de Agricultura de Huila, resalta que la compensación ha sido baja. “Estamos a la espera de que la empresa devuelva el área productiva que se perdió, que fue gravísimo para un departamento con vocación agropecuaria como el Huila”.

Esto se evidenció en una audiencia pública de 2020, en la que la Gobernación indicó que desde 2014 se perdieron cerca de 30.000 toneladas de alimentos al año, por los incumplimientos en la restitución de tierra, lo que representaría cerca de $45.000 millones en pérdidas.

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En 2016 también hubo denuncias de la Gobernación de Huila y la Defensoría del Pueblo sobre la baja calidad en la oxigenación del agua que turbina la represa y llega al río Magdalena. Juan Diego Hernández, contratista de la Corporación del Alto Magdalena, indicó que los bajos niveles de oxígeno podrían afectar a las especies acuíferas de la región. Ante esta situación, la Defensoría instó a la ANLA a que adoptara medidas urgentes y efectivas “para que Emgesa garantice inmediatamente la buena calidad del agua descargada por la Hidroeléctrica El Quimbo al cauce del río Magdalena”.

A su vez, al menos 68 familias del municipio de Hobo, aguas abajo de la represa, advirtieron de la disminución drástica del capaz, pez nativo del Magdalena, lo que se suma a las denuncias de pescadores artesanales por la escasez de bocachico y pataló, por eso a finales de 2020 el Tribunal Administrativo de Huila ordenó a Emgesa indemnizar a los pescadores de la Asociación Agropecuaria de Pescadores Artesanales de Yaguará, por las afectaciones causadas a su labor, pero en mayo pasado, Emgesa y el Ministerio de Medio Ambiente apelaron el fallo y se está a la espera de que el Consejo de Estado.

Hace un mes, Leonardo Valenzuela, alcalde de Garzón, uno de los municipios de influencia de El Quimbo, anunció que se estaban buscando alternativas productivas para los pescadores afectados, como el turismo. Entre los planes de los alcaldes de los municipios de El Quimbo está presentar una propuesta para que la represa sea multipropósito, y se puedan desarrollar actividades turísticas y piscícolas.

Sobre esto, el secretario de Agricultura, Dilberto Trujillo, de Huila afirma que, aunque está propuesta está en estudio, lo más importante para la Gobernación es garantizar la recuperación de las 2.700 ha. y el cumplimiento de otras compensaciones. Según Javier Roa, abogado de la Gobernación, aún falta que se tomen medidas como una reforma agraria para los afectados, evaluación de las pérdidas de los pescadores artesanales, la socialización del plan de contingencia ante la posible ruptura de la presa y la restitución de más de 11.000 ha. en zonas de reserva de bosque.

Con respecto a este último punto, Emgesa informó, en 2019, que hizo un plan piloto en 140 hectáreas (entre 2014 y 2018) en las que “se priorizaron 83 especies óptimas para la restauración y se definieron 50 estrategias distintas de restauración”, así como se construyeron distritos de riego en tres de los cuatro reasentamientos, que benefician a cerca de 70 personas y sirven para la irrigación y producción de aproximadamente 370 hectáreas, colectivos y se apoyaron 87 proyectos productivos enfocados en “ganadería doble propósito y cultivos agrícolas relacionados con maíz, limón, cacao, café y pancoger”. Además, la empresa asegura que construyó cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) “con capacidad para atender eficientemente la demanda actual de las comunidades reasentadas” y garantizó la conexión a servicios públicosde energía eléctrica, alcantarillado y acueducto.

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La Gobernación de Huila tuvo una reunión con los alcaldes de los seis municipios de influencia de El Quimbo, en la que revisaron la propuesta de Emgesa para adecuar los sistemas de riego, en la que se da un valor estimado por hectárea. Sobre el documento, la Gobernación encontró “serias inconsistencias técnicas y de los presupuestos oficiales, que llevan a concluir la imposibilidad de cumplir la obligación principal: llevar a cabo una reforma agraria en el departamento y mantener la actividad productiva del área afectada”. Según el abogado Javier Roa, Emgesa establece “que cada hectárea cuesta $8 millones, cuando la Gobernación calcula que son alrededor de $40 millones. No es una propuesta proporcional”. Por ello pidieron al Gobierno Nacional convocar a una nueva mesa nacional de seguimiento para definir la compra de las 2.700 ha en cuestión, pero aún no han tenido respuesta.

Ante los incumplimientos, la Gobernación interpuso una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Gobierno Nacional y la ANLA, que se suma a una demanda de nulidad de la licencia ambiental que pusieron en 2014 Asoquimbo y Tierra Digna, con la que aseveran que la autoridad ambiental no cumplió con los requisitos mínimos, como los estudios de vulnerabilidad y de viabilidad de los reasentamientos antes de otorgar la licencia ambiental en 2009. Al respecto, la ANLA indicó que existen trámites de carácter sancionatorio como la multa por más de $2.500 millones por las afectaciones que se generaron al río Magdalena, pero los habitantes de la zona esperan nuevas respuestas que den solución a las necesidades que por consecuencia de la represa ahora tienen que lidiar.