En una vasta región de la cordillera central, crece a sus anchas la economía del cannabis. Hoy constituye el sustento de muchas familias del norte del Cauca. La legalización de la marihuana medicinal los dejó fuera del negocio, pero esperan que la regulación para uso adulto les permita participar. Mientras la guerra antidrogas sigue mostrando fracasos, la marihuana en el Cauca prueba una realidad distinta. Que empieza por admitir que los prejuicios ante la marihuana ya no pueden erigirse como argumento para impedir su desarrollo.

A las seis de la tarde, una región específica de las montañas del norte del Cauca cambia de colores. El sol cae, pero a la par comienzan a encenderse muchas luces en una zona de la cordillera Central. Hacia donde se mire en el avance de la noche, esos miles de bombillos evidencian la existencia de decenas de cultivos de marihuana de diferentes tamaños, que despuntan entre las montañas de los municipios de Toribío, Caloto y Corinto. Los pobladores los llaman pesebres. En la actualidad, esos sembrados de marihuana determinan que sea considerada como una de las áreas geográficas de mayor número de cultivos de cannabis en el país. Una realidad que se vive con normalidad en el suroccidente de Colombia.

Carlos* cuenta que primero prepara la tierra para la siembra. Por eso, arma cercos con casi un metro de distancia entre uno y otro, y se enorgullece de explicar que su cultivo de marihuana es orgánico. Y que todo ha sido trabajo empírico. Es decir, a pura prueba y error, al aire libre y en invernadero, probando sulfatos y mecanismos para espantar las plagas. Hoy desarrolla esta actividad junto a su amigo Raúl, también interesado en la agronomía y en la ciencia que se entrelazan detrás de la marihuana. Según las normas creadas por el gremio de campesinos e indígenas que se gestó para controlar adecuadamente los cultivos, tienen permitido sembrar hasta 1000 plantas de marihuana.

“Les quedan 15 días para apagarlas”, recalca Carlos, refiriéndose a las plantas de cannabis que tiene a su lado y a las que les ha prendido a diario luces durante los últimos tres meses. Lo hizo para que los arbustos crezcan y no tengan flores hasta que las luces se apaguen. No tienen olor característico, pero en cambio resalta el color de su tallo, que además les da el nombre. Explica que es el de una especie conocida en la región como patimorada, la que más se siembra por estos tiempos en esta zona, por su alto porcentaje de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis.

No es la única. Se puede encontrar cualquier variedad. Hay red tangerine o mandarina, gorila, banano plus, uvita, tangelato y la blanca, que también llaman amnesia, tipo creepy, las más reconocidas de la zona. Los cultivadores hablan con propiedad de variedades de cruces y de clones, de las especies índica que relajan y las sativa que son recreativas. No tartamudean ni improvisan cuando mencionan los terpenos y los tricomas de la flor o del moño, explican de dónde surge el olor. Hasta conocen y describen la composición orgánica del CBD: el cannabidiol de uso medicinal.

Aunque no es claro en qué momento de la historia se empezó a cultivar marihuana en el Cauca, lo único en lo que coinciden expertos o naturales de la región es que, en paralelo con la bonanza marimbera en el norte del país, desde mediados del siglo pasado ya se sembraba en el norte de este departamento. Luis Felipe Cruz, investigador de DeJusticia y autor del libro “Laberintos de prohibición y regulación. Los grises de la marihuana en Colombia”, resalta que claramente no es una planta ancestral como la coca, por lo que su cultivo, más allá de los poderes terapéuticos que se le atribuyen, comenzó a sembrarse como una alternativa económica a la precariedad de ingresos en las actividades agrícolas.

Gerardo entra a la conversación mientras enciende un cigarrillo electrónico con una válvula de THC con más del 70% de concentración. Hace parte de los productos que desarrolla. Trabaja en la organización de cultivadores del cannabis y señala que fue tal el boom de la marihuana a partir de 2016, que se volvió monocultivo. Los jornales resultaron mejor pagos que en los cultivos de café y, por libra de moños o flores, se llegaron a pagar hasta $220.000. Sin embargo, como toda burbuja, el negocio explotó y, a raíz de tanta oferta, el precio cayó. “Se creó una agremiación informal para regular los precios. También se establecieron reglas porque hubo gente que llegó a tener más de 4.000 plantas sembradas. No perdían por la libra tan barata, pero el resto sí llegaron hasta a botar las plantas”.

Entonces se organizaron. Primero se reguló el número de plantas que se pueden cultivar por persona: 500 para uno solo, 1000 en pareja, hasta 250 para jóvenes que estudien. Además, se estableció un precio base de la libra de marihuana (hoy está a $70.000), espacios para el sembrado de otros productos, así como horarios para encender las luces, que va desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a. m. La mayoría de los cultivos está en zona de reserva o en resguardos indígenas. Como es más difícil el control estatal, el negocio se ha estabilizado. Gerardo agrega: “Un cultivo puede tardar cuatro meses y de cada planta salen entre 100 gr y 500 gr. No somos narcotraficantes. Nos tocó vivir los estragos de la guerra y estos cultivos es lo poco que se puede sembrar. Pero necesitamos que la regulación para uso adulto nos tenga en cuenta”.

Los censos realizados estiman que entre los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó hay cerca de 7.100 cultivos que, sumados a los de la parte alta de Toribío, llegarían a 9.000. La cifra no es clara ni para el Gobierno. A diferencia de la coca, que determina el número de hectáreas sembradas a partir de imágenes satelitales, respecto al cannabis no existe un sistema de medición. A partir de las alertas lumínicas, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) estima que para 2017, el 21 % los cultivos del Cauca están en Toribío, seguidos de Corinto (14 %), Caloto (9 %) Santander de Quilichao (8 %) y Miranda (3 %). Un informe de georreferenciación del Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía Antinarcóticos de 2021, valoró que en el norte del Cauca hay 347 hectáreas sembradas con marihuana tipo creepy, la más cara del mercado. Gerardo cree que son más de 940 hectáreas, tan solo en Toribío.

Caloto

Albeiro tiene hoy casa por cárcel. En 2020 fue capturado en un retén cerca al municipio de Andes (Antioquia). La Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. El expediente en su contra se resume en que, en 2017, en una camioneta de su propiedad, encontrada en Paicol (Huila), se halló un cargamento de marihuana. “Me acusan de ser el líder de una banda sicarial cuando, en verdad, desde 2016, trabajo para la comunidad, como líder comunal en este resguardo”, se defiende Albeiro, mientras recorre un invernadero en el que tiene un cultivo que ya está más alto que él. Su trabajador, Ernesto, corta una especie de clon que se convertirá en nueva planta, y resalta el tamaño de los moños y el color de las matas que crecen a su cuidado bajo techo.

El imputado resalta que él compró una camioneta y que pronto los grupos armados la pidieron para alquilar. “Aquí el que manda es el que tenga las armas y acá nos toca agachar la cabeza. Yo soy de los que dice: ‘primero la vida y luego lo demás’, por eso, cuando llegaron a que les alquilara la camioneta para un trasteo, pues se la llevaron”, manifestó Albeiro, que cuenta que luego se enteró de que el vehículo cayó en una incautación de las autoridades. Por eso, según él, lo involucraron en el caso. Después aparecieron unas conversaciones que tuvo con una vecina sobre el tema. Lo cierto es que ahora está pendiente de su negocio en Caloto, que tiene que ver con el boom de la marihuana.

“En esta región se han asesinado líderes y autoridades, pero nosotros no tenemos nada que ver. Tampoco de lo que nos sindican. Si cultivamos marihuana lo hacemos es para subsistir, únicamente. Los que se lucran son los grandes narcotraficantes que la sacan a Chile, Brasil y a otros destinos”, insiste Albeiro. En la práctica, de quienes manejan el negocio realmente poco se habla. El hombre explica que en lo que ahora le concierne, cuando las plantas están en su punto, los cultivadores las rodean con polisombras. No vuelven a encenderse los bombillos en la noche, a la espera de que surjan los moños. Luego cortan las matas, las ponen a secar, las trasquilan y dejan solo los moños que son los que se venden.

La actividad está tan bien organizada que los compradores recogen la producción directamente en las viviendas. De ahí es llevada a prensadoras, donde se dividen por libras, se empacan al vacío, se llenan de betún para evitar el olor y se envuelven en cinta para comenzar su viaje fuera del Cauca. “Esta que estamos empacando va para Cúcuta y de ahí a Centroamérica. Por eso los paquetes van apretados. Es diferente cuando se mandan a Bogotá o a Medellín, así como con las variedades más exóticas. Con esas, a veces solo piden que empaquemos los moños al vacío”, pormenoriza uno de los hombres encargados del proceso, mientras va formando paquetes de a dos libras que luego encinta.

Respecto a las rutas de la comercialización, los interlocutores coinciden en reconocer que eso es lo que hay. De acuerdo con información de Antinarcóticos de la Policía, dentro de los principales destinos de esta marihuana que se cultiva en la zona de Caloto está Cali, desde donde se embala hacia Buenaventura. De allí salen embarcaciones directo hasta Centroamérica y también a países del norte. Otras rutas del negocio incluyen la vía Panamericana hacia el sur. En la proliferación de la actividad de distribución y venta se destaca la importancia de Tumaco como eje de diversas líneas bajo el control de grupos armados, para pasarla por el río Mataje hasta Ecuador.

Las mismas fuentes revelan que, a partir de 2016, en el ambiente creado tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, hubo tiempos de tranquilidad. Tanto así que un gringo construyó un hotel cannábico en Toribío y una argentina comenzó a promover el tour del cannabis por la región de Corinto. Un año después fue aprobada la ley que regula el uso médico y científico de la marihuana y esa decisión se constituyó en otro factor para el incremento de los cultivos. Pero todo cambió en mayo de 2018, cuando fue asesinada la argentina Mónica Berenice Blanco cerca al municipio de Corinto. Las autoridades lo atribuyeron a alias Mayimbú, cabeza de la columna móvil ‘Jaime Martínez’ de las Farc.

Días después, sin conexidad en los crímenes, pero si como evidencia del deterioro progresivo del orden público, fue asesinada Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca). En adelante, se advierte una seguidilla de homicidios que ha puesto en jaque la seguridad de todas y de todos. En enero de este año, la víctima fue el niño de la guardia, Breiner David Cucuñame. En febrero cayó asesinado Albeiro Camayo, fundador de la guardia indígena. En marzo, resultó muerto de manera violenta el consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) Miller Correa.

“El Cauca es un departamento extenso y diverso, con una geografía compleja que dificulta la comunicación y el transporte. Tiene enorme diversidad étnica y grupos que no se sienten identificados con el Estado colombiano. Además, ha sido un Estado ausente que no provee bienes públicos en sus territorios, y que ha creado, en contraste, una zona fértil para cultivos de marihuana y coca. Esta combinación de factores origina un escenario adecuado para el surgimiento de instituciones locales no oficiales, capaces de regular los mercados de bienes ilícitos, no solo de las drogas sino incluso de actividades como la minería ilegal”, señala Pablo Zuleta, investigador del Cesed.

Una alerta de 2021 de la Defensoría del Pueblo resaltó la presencia de las disidencias de las Farc en la zona alterando el proceso de reacomodamiento. A finales de 2019, la columna móvil Dagoberto Ramos empezó a hacer presencia, lo mismo que de manera intermitente lo hace la compañía Milton Hernández del Eln. “La disputa por el control territorial, particularmente, por el dominio de las economías ilegales, progresivamente ha venido impactando los ámbitos sociales y políticos. Las vulnerabilidades existentes en los territorios y los desafíos de la implementación del Acuerdo Final de Paz ocasionan impactos a los derechos de la población civil”, se lee en el reporte del organismo estatal.

Pese a que la Defensoría pidió intervención, en resguardos como el de las Delicias en Buenos Aires (Cauca), se han presentado enfrentamientos entre disidencias. Recientemente se alertó el reclutamiento de menores en el corregimiento de El Palo, de Caloto. A esto se suman abusos de poder y control, como consecuencia de acciones descoordinadas de los mandos de los grupos armados. En resumen, desapareció la tranquilidad y también el sueño de legalidad con la aprobación de la marihuana medicinal que llevó a diversos inversionistas a interesarse por los cultivos locales. Una intención al descubierto en los caminos, donde aún se levantan invernaderos que intentan cumplir los estándares de producción de marihuana medicinal.

Corinto

Ocho meses se demoró en abrir una cuenta de ahorros la Asociación de agroproductores y cannabicultores en el norte de Cauca (Asoprocann), principalmente porque en su razón social es clara su intención de trabajar con la marihuana. “Tener una siembra o un cultivo de cannabis medicinal es como si, de una, fueras el foco de algo malo. Superarlo es difícil. Pocos lo hemos logrado”, refiere María de los Ángeles Mosquera, de la organización que agremia a 148 afros, campesinos e indígenas en Corinto, que desde 2017 trabajan de manera legal. Tienen incluso oficina junto a la alcaldía. Ahora está inhabitada y llena de los agujeros que le dejó una bomba hace más de un año, pero desde ella habla: “Ahí explotó el carro”, señala una fachada destruida.

Asoprocann tiene permisos para cultivar marihuana medicinal. Desde hace cinco años consiguieron licencia para la producción de THC, desde hace tres años la de CBD y desde 2020 la posibilidad de cultivar cannabis no psicoactivo. Pero a pesar de que tienen conocimiento sobre la planta, no obtienen aún el primer cultivo de manera legal por las prejuicios para acceder al sistema financiero o a las convocatorias empresariales. “La normatividad del Gobierno hace que los pequeños y medianos cultivadores seamos excluidos, y se trata de un negocio grande y costoso. Las licencias son demoradas en salir, requieren de una tramitología gigante. Contamos con ayuda de gente en Bogotá que nos ha sabido instruir”.

El ajuste a la reglamentación se ha dado poco a poco. En julio de 2016, con la regulación del uso médico y terapéutico, la normativa para la producción, cultivo y transformación de la marihuana se estableció a través de la resolución 579 de 2017, que definió a quienes se consideran pequeños y medianos productores. Entre tanto, el Ministerio de Justicia estableció diferencias entre el cannabis psicoactivo y no psicoactivo, al tiempo que dio las pautas para la investigación y comercialización de semillas.

Tanto Carlos como Gerardo en Toribío, María de los Ángeles en Corinto ratifican que primero llegaron los inversionistas con la promesa de volver legales los cultivos del Cauca para la producción medicinal. Ante esta promesa, muchos apostaron a cultivar marihuana orgánica y los que más lejos llegaron, firmaron contratos con grandes multinacionales como Pharmacielo. Sin embargo, las estrictas condiciones de cuidado, las grandes inversiones y las presiones de los grupos armados, redujeron el número de personas que continuaron con los cultivos medicinales.

Pese a la coyuntura, los integrantes de Asoprocann apuestan a continuar con el proceso de siembra del cannabis. “Esto es una cosa que, con lo largo de los años, se ha ido reglamentando y que año tras año sale un poquito más. No es que en 2017 quedó todo reglamentado, sino que se han ido incluyendo cosas de las que nos tenemos que estar empapando todos los días”, resalta María de los Ángeles. La más reciente reglamentación, un decreto del Ministerio de Salud de 2021, expande el plano comercial y permite a los productores comercializar los sustratos y la flor seca de la planta, lo que abre nuevas posibilidades en el comercio internacional.

Cleaver Leaves es una de las empresas multinacionales de cannabis más grandes. Fue creada justamente en 2016 y desde 2018 comercializa extractos y medicamentos gracias a una millonaria inversión extranjera. Para finales de este año espera comercializar la flor seca en diferentes genéticas, incluida la patimorada. Gustavo Escobar, vicepresidente de la empresa, con bata y tapabocas y en medio del calor de uno de los cultivos que aclimata en Pesca, Boyacá, resalta: “Colombia cuenta con un marco regulatorio sólido, en lo que tiene que ver con la forma de autorizar el procesamiento fuera del cultivo como en el procesamiento de extractos y medicamentos”. Pero en su criterio, “son tan complejos los estándares y las inversiones para cumplirlo, no solo en Colombia sino en el mundo, que es difícil integrar cultivos de otras regiones que no cumplen esos niveles de operación. Por eso no lo hemos intentado”.

Por ello, para Pablo Zuleta, investigador del Cesed, es importante hablar de las condiciones en las que se encuentran los pequeños y los medianos cultivadores. “Creo que debe haber un piloto de legalización de la marihuana en el Cauca, con las comunidades que se reconocen como cultivadoras, con la garantía de que el Estado compre y provea en cascos urbanos, en expendios regulados. Gracias a los estados que han legalizado la marihuana recreativa y han generado incremento en el recaudo tributario, tenemos evidencia empírica que, de generarse en el Cauca, podría alimentar la provisión de bienes públicos, que es lo que ha faltado durante tanto tiempo”.

Miranda

Junto al ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) de Miranda, varios firmantes del acuerdo y familias que hicieron parte de los procesos de sustitución de cultivos administran una parcela de 42 hectáreas. En ella tienen sembrados desde maíz hasta un banco de peces. En una pequeña casa, campesinos de todas las edades acogen con expectativa las explicaciones que dan los maestros de las organizaciones que han llegado a ayudar en las prácticas agrícolas. Su sueño es tener una escuela campesina, abrir las puertas al turismo y que la finca pueda ser sustento de 24 parceleros que trabajan en ella.

“La mayoría de las familias participamos en los procesos de restitución de la hoja de coca y fue excelente porque pudimos acceder a la tierra. Al principio sembramos maíz y habichuela, pero casi todo se perdió, porque esto era antes predios azucareros, por lo que empezamos a tocar puertas y a tener acercamientos con universidades como la Javeriana, con la que establecimos escuelas para el campesinado”, indica Briseida, una de las líderes de la zona. Avanzan a paso lento, pero la creciente presencia de grupos armados y los incumplimientos en la sustitución de cultivos, genera ahora temor. En fincas de la región han vuelto tanto los cultivos de coca como los de marihuana.

“Somos 400 mujeres víctimas del conflicto. Ahora se ven situaciones complejas, como pedir permiso para sembrar en el territorio que uno cree que es suyo. Regresó la persecución y quedamos en el abandono”, afirma con la idea de resistir. Quieren implementar el turismo, apostar a la paz, intentan que en la finca que comparten no haya cultivos de coca ni de marihuana. “Se está obligando a que el campesinado vuelva y siembre y nosotros le apostamos es al proceso de paz. Este Gobierno no ha dado cabida a la reglamentación del Acuerdo, pero nosotros demostramos que seguimos cumpliendo. Esto es un querer, acá hay un día de aprendizaje, un día de siembra y de aprender a hacer huerta, de sembrar maíz. Eso es lo que queremos”.

La política de drogas del gobierno saliente se llama Ruta Futuro. Tiene como pilares la reducción del consumo de drogas, la desarticulación de organizaciones criminales y la afectación de las rentas y las economías criminales, con especial atención a la coca. Además, el Ministerio de Justicia resalta la aplicación de programas de prevención en 252 municipios de 30 departamentos. Con respecto a la erradicación, habla de 399.000 hectáreas intervenidas. Sobre el Cauca, el ministro de justicia Wilson Ruiz comenta: “se está implementando la Estrategia Territorializada que fortalece las capacidades de investigación y judicialización para el desmantelamiento del crimen organizado y la disrupción de los circuitos financieros”.

Luego resalta la tecnología para mejorar la investigación, la creación de juzgados itinerantes y de control de garantías, la asistencia técnica para fortalecer la implementación de la política criminal, la realización de acciones preventivas para reducir el reclutamiento y las violencias basadas en género. “En este Gobierno se hizo un avance importante: la exportación de la flor seca. El cannabis va a ser una revolución económica, porque por cada hectárea se le puede dar trabajo entre 17 y 18 personas, por eso cada día aumentan las solicitudes que se hace para el cultivo medicinal. Este gobierno no hemos dado vía libre a la parte recreativa. Eso le queda al próximo gobierno contemplarlo”.

Ante el consumo adulto y responsable, en la legislatura que acaba de terminar se radicaron dos proyectos para intentar la despenalización de la marihuana. En 2019, se buscó cambiar el artículo 49 de la Constitución, para permitir el consumo en mayores de edad, manteniendo la restricción de porte y consumo en espacios públicos. El segundo proyecto, de 2020, creaba un marco regulatorio “para el cultivo, producción, almacenamiento, transformación, comercialización y uso del cannabis y sus derivados para uso adulto”, partiendo de bases como la salud pública, la autodeterminación de los pueblos, las licencias y sanciones, entre otras cosas.

El primero fue hundido. El segundo fue archivado. “De a poco hemos ido convenciendo a compañeros que antes no estaban subidos en el bus. Pero una vez que llegamos a la plenaria, la cosa es diferente porque hay unas fuerzas completamente retardatarias y conservadoras que han hecho que se hunda el proyecto. Creo que la dificultad es la poca atención que el Congreso le presta a los argumentos técnicos y científicos y valoran mucho más creencias y mitos desde una mirada tradicional y del miedo”, señala el representante Juan Carlos Lozada (Liberal), quien promovió el segundo proyecto. En el fondo, prevalecen los prejuicios mientras el mundo avanza hacia la legalización.

Sobre la regulación, Paula Aguirre Ospina, integrante de Elementa DDHH, manifestó que, pese a que el último Congreso intentó discutir el tema, no fue suficiente. “Tampoco podemos darle una medalla porque lo discutieron y lo hablaron, necesitamos más esfuerzos. Necesitamos un Congreso que eleve la discusión, que se dé cuenta que hay organizaciones, academia y organizaciones que a toda hora generan evidencia para respaldar la posibilidad de darle un giro a esta política de drogas. No podemos seguir escuchando congresistas a hablar de cultivos de cocaína (…), el llamado es que a lo que salga ahora esté bien hecho, porque es un desgaste que tengan que salir a reiterar lo que ya han reiterado en termino de derecho”.

Para, Pablo Zuleta, investigador del Cesed, la polarización está cambiando. “Esto no es algo de izquierdas o de derechas, es algo un poco más complejo y la invitación es tratar de conversar y ver la evidencia empírica. Nosotros estamos perdiendo oportunidades”. El pasado 20 de julio, el senador Gustavo Bolívar (Colombia Humana) radicó en el Congreso un nuevo proyecto. “Ganaría tres cosas: bajaría la delincuencia, mejoraría la salud del consumidor y reduciría la posibilidad de que los menores puedan acceder a ella”, indicó. El documento incluye parte de lo que se concilió con el proyecto que se cayó y otras especificaciones que tienen que ver el control que hará el Estado sobre la venta, aspecto clave para los cultivadores del Cauca.

Luis Felipe Cruz DE Dejusticia concluye que, además de las discusiones que se puedan dar sobre la comercialización del uso adulto responsable de la marihuana, es importante que también se sienten las bases sobre los derechos de los usuarios. “Cuando se habla de salud pública es un nodo de muchos otros temas, como información al usuario, permitir que existan clubes cannábicos, el autocultivo y que no tengan necesariamente que acceder al mercado a través de una farmacia. Se busca autonomía, porque el cannabis ha creado una cultura a su alrededor y muchas personas que usa cannabis tienen una relación distinta con el mercado”.