Alerta por enfoque étnico de Acuerdo de Paz: 87% de las medidas no se ha cumplido
El tercer informe del Instituto Kroc sobre este tema advierte que entre los principales retos están las pocas garantías de seguridad, obstáculos en acceso a tierras y falta de enfoques diferenciales.
La implementación del Acuerdo Final de Paz, que en general todavía está rezagada, les sigue caminando lento a las comunidades étnicas. Así lo concluyó el tercer informe de seguimiento realizado por el Instituto Kroc, entre mayo de 2022 y mayo de 2024, que además advierte que el tiempo restante no será suficiente para cumplir con los compromisos adquiridos con estas comunidades. Sin embargo, el documento abre algunas esperanzas para que se haga realidad lo que quedó consignado en ese Acuerdo, siempre y cuando se acate el llamado a la acción y se ponga especial atención en los retos del enfoque.
La implementación para las comunidades afrocolombianas e indígenas, bajo el período de estudio señalado, tenía un contexto favorable, por la llegada de un nuevo Gobierno que de entrada propuso movilizar políticas y programas claves para este enfoque. Desde el inicio, el mandato de Gustavo Petro se perfiló como un Gobierno con agenda incluyente para los pueblos étnicos. Precisamente, dentro de sus promesas de campaña y sus propuestas políticas, este enfoque resaltó entre los demás. A eso se le suma, la postulación de la vicepresidenta, Francia Márquez, que se leyó como un reconocimiento a la mujer, a los pueblos y a los liderazgos sociales históricamente relegados. Esa visión se reafirmó con el nombramiento de representantes de pueblos indígenas en cargos directamente relacionados con la implementación del Acuerdo Final.
Sin embargo, en el camino se han encontrado grandes obstáculos, como el panorama de seguridad en sus comunidades y los desafíos políticos.
Lea también: Medellín: la tras escena de tensión con Gobierno Petro en lentos diálogos con bandas
Para determinar los principales avances y retos del enfoque étnico, el Instituto Kroc, que específicamente se encarga de hacerle seguimiento a la implementación general del Acuerdo, priorizó 80 disposiciones que conforman el enfoque étnico.
En este monitoreo se logró determinar que a mayo de 2024 el 13 % de las disposiciones bajo ese enfoque estaba sin iniciar, el 61 % se encontraba en estado mínimo de implementación, el 14 % en estado intermedio y el 13 % había sido completado. Es decir, el 87% de las medidas sigue sin cumplirse del todo.
De ahí parte la primera advertencia: “La concentración de compromisos étnicos en estado mínimo y sin iniciar advierte que es altamente probable que estos no se puedan completar en el tiempo restante de implementación”.
Principales retos de la implementación con enfoque étnico
Es un hecho el esfuerzo del Gobierno para garantizar la implementación del enfoque étnico en los procesos de planificación, pero dicho esfuerzo no ha sido sostenido ni suficiente para que los indicadores sean favorables.
“Su cumplimiento requiere que todo el ciclo de formulación de política pública incluya el enfoque diferencial étnico de manera integral. Por lo tanto, no es suficiente enunciar el enfoque diferencial étnico en los documentos de las políticas, sino que se requiere que las instituciones responsables realicen los ajustes institucionales necesarios e incluyan en sus procesos de planificación las herramientas técnicas y financieras para la materialización del enfoque”, se lee en el informe.
Uno de los puntos que destaca el informe tiene que ver con los desafíos en el desarrollo de la consulta previa a las comunidades en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Esa consulta previa es fundamental para, por ejemplo, proteger la integridad cultural, social y económica de los pueblos étnicos. Sin embargo, los obstáculos en este punto afecta de manera directa la autonomía de los pueblos y por consiguiente, impacta negativamente la implementación del Acuerdo.
Si bien el Instituto documentó que entre diciembre de 2021 y mayo de 2024 se realizaron consultas en temas relevantes, esas consultas estaban pendientes desde hace más de cinco años. Por otra parte, el informe destaca que la Contraloría General de la República advirtió que en el 2022 solo el 4.4% de los recursos del Presupuesto General de la Nación para la implementación del Acuerdo de Paz se invirtieron en grupos étnicos.
Le puede interesar: Petro retoma diálogos con disidencia de Iván Márquez: estos son los anuncios clave
Otro de los mayores retos que documentó el Instituto fue la baja representatividad de las mujeres de los pueblos étnicos en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC). Ese espacio cobra vital importancia para los procesos de los pueblos porque fortalece la visibilidad de los aportes de las mujeres en la construcción de paz.
En ese sentido, las mujeres de los pueblos étnicos exigieron mayores garantías para su participación social y política.
En lo que respecta al acceso a tierras y las iniciativas de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET, los municipios históricamente más golpeados por la guerra), todavía presentan grandes retos. Por ejemplo, se logró documentar que las iniciativas “no étnicas” tuvieron mayor prioridad, con un 50,4 %, que las iniciativas PDET propias étnicas, con un 30,3 %. Y en cuanto a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el informe registra rezagos significativos para las comunidades étnicas. Solo el 10,8 % de las familias PNIS con pertenencia étnica obtuvo beneficios.
La situación de seguridad es otra de las grandes preocupaciones que destaca el informe. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo especial énfasis en el impacto de la violencia armada contra líderes sociales de los pueblos indígenas. Sin embargo, resaltaron la violencia contra las lideresas, ya que enfrentan riesgos derivados de su triple condición de género, pertenencia étnica y defensa territorial.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2023 hubo 144 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 58.469 personas y 73 confinamientos que afectaron a 100.402 personas. Por otra parte, el Instituto Kroc pudo documentar los rezagos que se han presentado en los procesos de reincorporación por la falta de formalización de los Planes Especiales de Armonización.
Un llamado a la acción: oportunidades para fortalecer la implementación
Más allá de identificar los retos y obstáculos que enfrenta la implementación en los pueblos étnicos, el informe invita a adoptar planes que prioricen la participación de mujeres étnicas, se implementen medidas para superar las brechas y se garantice el derecho al voto.
Por otro lado, para la implementación de los compromisos de transformación territorial se necesitan acciones que garanticen el acceso equitativo a tierras y el derecho al autoreconocimiento étnico de las mujeres en el marco del proceso de acceso individual a tierra. Asimismo, señala la necesidad de consolidar la implementación de los PDET, asegurando una distribución equitativa de recursos y realizando un balance de las barreras que limitan la activación de las iniciativas propias étnicas.
En cuanto a las medidas para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas, el documento hace referencia a planes más específicos como promover el reconocimiento de las guardias cimarronas y el fortalecimiento de las guardias indígenas. También señalan la adopción de medidas diferenciales para las lideresas y defensoras de los pueblos étnicos en el plan de acción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
La implementación del Acuerdo Final de Paz, que en general todavía está rezagada, les sigue caminando lento a las comunidades étnicas. Así lo concluyó el tercer informe de seguimiento realizado por el Instituto Kroc, entre mayo de 2022 y mayo de 2024, que además advierte que el tiempo restante no será suficiente para cumplir con los compromisos adquiridos con estas comunidades. Sin embargo, el documento abre algunas esperanzas para que se haga realidad lo que quedó consignado en ese Acuerdo, siempre y cuando se acate el llamado a la acción y se ponga especial atención en los retos del enfoque.
La implementación para las comunidades afrocolombianas e indígenas, bajo el período de estudio señalado, tenía un contexto favorable, por la llegada de un nuevo Gobierno que de entrada propuso movilizar políticas y programas claves para este enfoque. Desde el inicio, el mandato de Gustavo Petro se perfiló como un Gobierno con agenda incluyente para los pueblos étnicos. Precisamente, dentro de sus promesas de campaña y sus propuestas políticas, este enfoque resaltó entre los demás. A eso se le suma, la postulación de la vicepresidenta, Francia Márquez, que se leyó como un reconocimiento a la mujer, a los pueblos y a los liderazgos sociales históricamente relegados. Esa visión se reafirmó con el nombramiento de representantes de pueblos indígenas en cargos directamente relacionados con la implementación del Acuerdo Final.
Sin embargo, en el camino se han encontrado grandes obstáculos, como el panorama de seguridad en sus comunidades y los desafíos políticos.
Lea también: Medellín: la tras escena de tensión con Gobierno Petro en lentos diálogos con bandas
Para determinar los principales avances y retos del enfoque étnico, el Instituto Kroc, que específicamente se encarga de hacerle seguimiento a la implementación general del Acuerdo, priorizó 80 disposiciones que conforman el enfoque étnico.
En este monitoreo se logró determinar que a mayo de 2024 el 13 % de las disposiciones bajo ese enfoque estaba sin iniciar, el 61 % se encontraba en estado mínimo de implementación, el 14 % en estado intermedio y el 13 % había sido completado. Es decir, el 87% de las medidas sigue sin cumplirse del todo.
De ahí parte la primera advertencia: “La concentración de compromisos étnicos en estado mínimo y sin iniciar advierte que es altamente probable que estos no se puedan completar en el tiempo restante de implementación”.
Principales retos de la implementación con enfoque étnico
Es un hecho el esfuerzo del Gobierno para garantizar la implementación del enfoque étnico en los procesos de planificación, pero dicho esfuerzo no ha sido sostenido ni suficiente para que los indicadores sean favorables.
“Su cumplimiento requiere que todo el ciclo de formulación de política pública incluya el enfoque diferencial étnico de manera integral. Por lo tanto, no es suficiente enunciar el enfoque diferencial étnico en los documentos de las políticas, sino que se requiere que las instituciones responsables realicen los ajustes institucionales necesarios e incluyan en sus procesos de planificación las herramientas técnicas y financieras para la materialización del enfoque”, se lee en el informe.
Uno de los puntos que destaca el informe tiene que ver con los desafíos en el desarrollo de la consulta previa a las comunidades en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Esa consulta previa es fundamental para, por ejemplo, proteger la integridad cultural, social y económica de los pueblos étnicos. Sin embargo, los obstáculos en este punto afecta de manera directa la autonomía de los pueblos y por consiguiente, impacta negativamente la implementación del Acuerdo.
Si bien el Instituto documentó que entre diciembre de 2021 y mayo de 2024 se realizaron consultas en temas relevantes, esas consultas estaban pendientes desde hace más de cinco años. Por otra parte, el informe destaca que la Contraloría General de la República advirtió que en el 2022 solo el 4.4% de los recursos del Presupuesto General de la Nación para la implementación del Acuerdo de Paz se invirtieron en grupos étnicos.
Le puede interesar: Petro retoma diálogos con disidencia de Iván Márquez: estos son los anuncios clave
Otro de los mayores retos que documentó el Instituto fue la baja representatividad de las mujeres de los pueblos étnicos en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC). Ese espacio cobra vital importancia para los procesos de los pueblos porque fortalece la visibilidad de los aportes de las mujeres en la construcción de paz.
En ese sentido, las mujeres de los pueblos étnicos exigieron mayores garantías para su participación social y política.
En lo que respecta al acceso a tierras y las iniciativas de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET, los municipios históricamente más golpeados por la guerra), todavía presentan grandes retos. Por ejemplo, se logró documentar que las iniciativas “no étnicas” tuvieron mayor prioridad, con un 50,4 %, que las iniciativas PDET propias étnicas, con un 30,3 %. Y en cuanto a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el informe registra rezagos significativos para las comunidades étnicas. Solo el 10,8 % de las familias PNIS con pertenencia étnica obtuvo beneficios.
La situación de seguridad es otra de las grandes preocupaciones que destaca el informe. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo especial énfasis en el impacto de la violencia armada contra líderes sociales de los pueblos indígenas. Sin embargo, resaltaron la violencia contra las lideresas, ya que enfrentan riesgos derivados de su triple condición de género, pertenencia étnica y defensa territorial.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2023 hubo 144 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 58.469 personas y 73 confinamientos que afectaron a 100.402 personas. Por otra parte, el Instituto Kroc pudo documentar los rezagos que se han presentado en los procesos de reincorporación por la falta de formalización de los Planes Especiales de Armonización.
Un llamado a la acción: oportunidades para fortalecer la implementación
Más allá de identificar los retos y obstáculos que enfrenta la implementación en los pueblos étnicos, el informe invita a adoptar planes que prioricen la participación de mujeres étnicas, se implementen medidas para superar las brechas y se garantice el derecho al voto.
Por otro lado, para la implementación de los compromisos de transformación territorial se necesitan acciones que garanticen el acceso equitativo a tierras y el derecho al autoreconocimiento étnico de las mujeres en el marco del proceso de acceso individual a tierra. Asimismo, señala la necesidad de consolidar la implementación de los PDET, asegurando una distribución equitativa de recursos y realizando un balance de las barreras que limitan la activación de las iniciativas propias étnicas.
En cuanto a las medidas para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas, el documento hace referencia a planes más específicos como promover el reconocimiento de las guardias cimarronas y el fortalecimiento de las guardias indígenas. También señalan la adopción de medidas diferenciales para las lideresas y defensoras de los pueblos étnicos en el plan de acción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.