10 recomendaciones de Dejusticia para superar la corrupción en La Guajira
En este departamento del norte de Colombia, la corrupción ha afectado por años el derecho a la salud y la alimentación de las comunidades indígenas.
El departamento de La Guajira, en el extremo norte de Colombia, sigue llamando la atención de diversas instituciones del país. En diciembre del año pasado la Corte Constitucional remitió cuestionarios al ICBF, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para conocer los avances investigativos contra la corrupción en La Guajira. Las instituciones deberán responder qué han hecho para combatir la violación de derechos contra la niñez del pueblo Wayúu.
En concreto, la Corte Constitucional le preguntó a la Fiscalía si dineros para la niñez Wayúu han terminado en campañas políticas, como lo sucedido en 2011 en el municipio de Albania. También, ¿cuál ha sido la actividad de investigación y sancionatoria desplegada por el ente investigador desde 2018? La Fiscalía deberá remitir un informe estadístico que muestre los delitos cometidos, los sujetos involucrados -si son servidores públicos o no-, el estado actual de los procesos y, por último, las sanciones penales que ha dejado la corrupción en La Guajira.
La corrupción tiene un impacto directo en la garantía de los derechos humanos, especialmente entre las poblaciones más vulnerables y discriminadas. Así lo han dicho la ONU y la CIDH, y lo demuestran varias investigaciones en Colombia.
La Guajira es un ejemplo de ello: en este departamento, la corrupción ha afectado por años el derecho a la salud y la alimentación de las comunidades indígenas. Tanto que la Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias.
La sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional por el hambre de la niñez wayúu, estableció como objetivo mínimo constitucional la garantía de imparcialidad y transparencia en la selección de contratistas. Es decir, además de ordenar medidas para garantizar el acceso al agua, la alimentación y la salud, ordenó ponerle la lupa a la corrupción en la contratación de estos servicios.
“Como parte del seguimiento a la implementación de la sentencia, en diciembre de 2021 la Corte solicitó más información sobre este asunto. En respuesta, desde Dejusticia, Transparencia por Colombia y el Instituto Anticorrupción enviamos un memorial con una serie de hechos que evidencian la corrupción en el departamento y algunas recomendaciones para superarla”, informó ese centro de estudios jurídicos y sociales. Este es el resumen:
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Corrupción en La Guajira en datos
1. Entre 2016 y 2020 se dieron 37 hechos de corrupción en el departamento, según el Monitor Ciudadano de la Corrupción. El 30% de esos casos afectaron directamente a niñas, niños y adolescentes.
2. La Guajira ha tenido 12 gobernadores en los últimos diez años. La mayoría de ellos han sido destituidos por estar involucrados en casos de corrupción; algunos de esos hechos tuvieron relación con el manejo de los recursos de la alimentación de niños y niñas.
3. La Procuraduría alertó que 64 expedientes con denuncias de corrupción llevan más de 10 años engavetados en la Fiscalía Seccional de Riohacha. Los hechos involucran recursos públicos por más de $85.000 millones.
4. Entre 2013 y 2015 la Contraloría detectó pérdidas por casi $17.000 millones en el Programa de Alimentación Escolar y en los paquetes nutricionales de niños de cero a cinco años. El gobernador del momento, José María Ballesteros, fue condenado por la Corte Suprema por estos hechos.
5. En 2015 se desviaron cerca de $2.000 millones en contratos para la atención de 27.000 niños, niñas y madres gestantes. Por estos hechos se encuentran imputados 14 funcionarios.
6. En 2016, el entonces Alcalde y la Secretaria de Educación de Riohacha fueron destituidos e inhabilitados por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.
(Lo invitamos a leer: Los retos de la migración en La Guajira)
Recomendaciones para garantizar la transparencia
· Que la Corte Constitucional le encargue a la Procuraduría General de la Nación (PGN) una evaluación sobre las garantías del derecho de acceso a la información pública en La Guajira, especialmente en los cuatro municipios priorizados en la sentencia T-302 de 2017: Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
· A partir de esa evaluación, que las entidades públicas departamentales diseñen un plan de fortalecimiento en materia de acceso a la información.
· Que la Corte Constitucional le solicite a la PGN un informe de las acciones que ha adelantado en el departamento como garante del derecho de acceso a la información pública.
· Que le ordene al Congreso y al Gobierno crear un registro centralizado, público y de libre acceso con la información de los beneficiarios finales de las empresas que operan en Colombia y que contratan con el Estado.
Recomendaciones para el fortalecimiento institucional
· Implementar en las instituciones de La Guajira parámetros de ética e integridad pública ya existentes. Por ejemplo, las directrices del Sistema Nacional de Integridad y el Código de Integridad del Servicio Público.
· Que el Gobierno Nacional -a través de entidades como el DNP, MinHacienda y la Secretaría de Transparencia- haga una revisión en las entidades departamentales de aspectos como la estructura administrativa, los mecanismos anticorrupción, los canales de denuncia, entre otros.
(Puede interesarle: El diálogo, clave para sacar a Arauca del conflicto armado)
Recomendaciones para la sanción de la corrupción
· Que la Fiscalía y la Procuraduría pongan en marcha mecanismos que combinen las labores de los equipos nacionales y territoriales para priorizar la sanción de la corrupción en el departamento.
· Que la Contraloría General de la República priorice el acompañamiento a la Contraloría Departamental de La Guajira para fortalecer sus capacidades de control fiscal.
· Que la Corte Constitucional emita órdenes que permitan nombramientos de contralores, fiscales y procuradores territoriales independientes.
· Que el Congreso expida una ley de protección de denunciantes de la corrupción.
El departamento de La Guajira, en el extremo norte de Colombia, sigue llamando la atención de diversas instituciones del país. En diciembre del año pasado la Corte Constitucional remitió cuestionarios al ICBF, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para conocer los avances investigativos contra la corrupción en La Guajira. Las instituciones deberán responder qué han hecho para combatir la violación de derechos contra la niñez del pueblo Wayúu.
En concreto, la Corte Constitucional le preguntó a la Fiscalía si dineros para la niñez Wayúu han terminado en campañas políticas, como lo sucedido en 2011 en el municipio de Albania. También, ¿cuál ha sido la actividad de investigación y sancionatoria desplegada por el ente investigador desde 2018? La Fiscalía deberá remitir un informe estadístico que muestre los delitos cometidos, los sujetos involucrados -si son servidores públicos o no-, el estado actual de los procesos y, por último, las sanciones penales que ha dejado la corrupción en La Guajira.
La corrupción tiene un impacto directo en la garantía de los derechos humanos, especialmente entre las poblaciones más vulnerables y discriminadas. Así lo han dicho la ONU y la CIDH, y lo demuestran varias investigaciones en Colombia.
La Guajira es un ejemplo de ello: en este departamento, la corrupción ha afectado por años el derecho a la salud y la alimentación de las comunidades indígenas. Tanto que la Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias.
La sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional por el hambre de la niñez wayúu, estableció como objetivo mínimo constitucional la garantía de imparcialidad y transparencia en la selección de contratistas. Es decir, además de ordenar medidas para garantizar el acceso al agua, la alimentación y la salud, ordenó ponerle la lupa a la corrupción en la contratación de estos servicios.
“Como parte del seguimiento a la implementación de la sentencia, en diciembre de 2021 la Corte solicitó más información sobre este asunto. En respuesta, desde Dejusticia, Transparencia por Colombia y el Instituto Anticorrupción enviamos un memorial con una serie de hechos que evidencian la corrupción en el departamento y algunas recomendaciones para superarla”, informó ese centro de estudios jurídicos y sociales. Este es el resumen:
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Corrupción en La Guajira en datos
1. Entre 2016 y 2020 se dieron 37 hechos de corrupción en el departamento, según el Monitor Ciudadano de la Corrupción. El 30% de esos casos afectaron directamente a niñas, niños y adolescentes.
2. La Guajira ha tenido 12 gobernadores en los últimos diez años. La mayoría de ellos han sido destituidos por estar involucrados en casos de corrupción; algunos de esos hechos tuvieron relación con el manejo de los recursos de la alimentación de niños y niñas.
3. La Procuraduría alertó que 64 expedientes con denuncias de corrupción llevan más de 10 años engavetados en la Fiscalía Seccional de Riohacha. Los hechos involucran recursos públicos por más de $85.000 millones.
4. Entre 2013 y 2015 la Contraloría detectó pérdidas por casi $17.000 millones en el Programa de Alimentación Escolar y en los paquetes nutricionales de niños de cero a cinco años. El gobernador del momento, José María Ballesteros, fue condenado por la Corte Suprema por estos hechos.
5. En 2015 se desviaron cerca de $2.000 millones en contratos para la atención de 27.000 niños, niñas y madres gestantes. Por estos hechos se encuentran imputados 14 funcionarios.
6. En 2016, el entonces Alcalde y la Secretaria de Educación de Riohacha fueron destituidos e inhabilitados por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.
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Recomendaciones para garantizar la transparencia
· Que la Corte Constitucional le encargue a la Procuraduría General de la Nación (PGN) una evaluación sobre las garantías del derecho de acceso a la información pública en La Guajira, especialmente en los cuatro municipios priorizados en la sentencia T-302 de 2017: Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
· A partir de esa evaluación, que las entidades públicas departamentales diseñen un plan de fortalecimiento en materia de acceso a la información.
· Que la Corte Constitucional le solicite a la PGN un informe de las acciones que ha adelantado en el departamento como garante del derecho de acceso a la información pública.
· Que le ordene al Congreso y al Gobierno crear un registro centralizado, público y de libre acceso con la información de los beneficiarios finales de las empresas que operan en Colombia y que contratan con el Estado.
Recomendaciones para el fortalecimiento institucional
· Implementar en las instituciones de La Guajira parámetros de ética e integridad pública ya existentes. Por ejemplo, las directrices del Sistema Nacional de Integridad y el Código de Integridad del Servicio Público.
· Que el Gobierno Nacional -a través de entidades como el DNP, MinHacienda y la Secretaría de Transparencia- haga una revisión en las entidades departamentales de aspectos como la estructura administrativa, los mecanismos anticorrupción, los canales de denuncia, entre otros.
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Recomendaciones para la sanción de la corrupción
· Que la Fiscalía y la Procuraduría pongan en marcha mecanismos que combinen las labores de los equipos nacionales y territoriales para priorizar la sanción de la corrupción en el departamento.
· Que la Contraloría General de la República priorice el acompañamiento a la Contraloría Departamental de La Guajira para fortalecer sus capacidades de control fiscal.
· Que la Corte Constitucional emita órdenes que permitan nombramientos de contralores, fiscales y procuradores territoriales independientes.
· Que el Congreso expida una ley de protección de denunciantes de la corrupción.