Por tercera vez, Colombia será evaluada el 10 de mayo en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El organismo examinará los avances o retrocesos del país en esta materia. A propósito de ese Examen Periódico Universal (EPU), unas 500 organizaciones se reunieron y elaboraron un informe en el que el Estado no sale muy bien librado. Y una de las razones por las que el panorama no es muy alentador es la continuación de la violencia contra las personas LGBT. (Lea aquí: Colombia se raja en derechos humanos: las organizaciones sociales denuncian)
Según un documento, elaborado por Colombia Diversa, que ahonda en el tema de diversidad sexual, entre 2013 y enero de 2018, se registraron 465 homicidios de personas LGBT (de los cuales 440 ocurrieron entre 2013 y 2016) y al menos 148 corresponden a asesinatos motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. Además, se reportaron 4 ejecuciones extrajudiciales, 373 hechos de violencia policial y 161 amenazas contra esta población. (Lea aquí: La primera mujer trans con cédula en Pueblo Rico, Risaralda)
Pese a que la Fiscalía incorporó la figura de fiscales destacados para asuntos LGBT, la mayoría de investigaciones por homicidios de personas LGBT no presentan avances significativos hacia la identificación y sanción de los responsables. “Del total de homicidios, se tiene información sobre 347 procesos penales. La mayoría (211) continúa en etapa de indagación preliminar, incluso después de varios años de ocurrido el crimen. Pocas investigaciones avanzan a etapa de juicio (32) y han sido más los casos que terminan con el archivo de las investigaciones (37) que los que terminan con la condena de los responsables (27)”, sostiene Colombia Diversa.
Adicional a esto, asegura que el Gobierno ha cedido ante las presiones que algunos sectores conservadores y fundamentalistas han ejercido para anular decisiones jurisprudenciales que concedieron el matrimonio y la adopción igualitaria y para eliminar el enfoque de género del Acuerdo de Paz. El Gobierno ha suspendido “los programas contra el acoso homofóbico en las escuelas y la expedición de una política pública nacional para las personas LGBT, lo que constituye un grave retroceso en la garantía de los derechos”, afirma el informe.
Las personas trans también continúan siendo vulneradas a través de barreras de acceso a las transformaciones corporales seguras, ya que aún necesitan un dictamen psiquiátrico de “disforia de género” o la orden de un juez para que el sistema de salud cubra sus transformaciones corporales. “Esto constituye una forma de psiquiatrización forzada y promueve procedimientos inseguros para transformar sus cuerpos, los cuales suelen conllevar graves afectaciones a su salud e incluso la muerte”. En la mayoría de las cárceles, las personas trans tampoco tienen acceso a medicamentos hormonales y constantemente son blanco de discriminación.
Así las cosas, Colombia Diversa recomienda que se haga un balance de las órdenes que la Corte Constitucional le ha dado al Gobierno para garantizar los derechos de las personas LGBT, eso incluye la revisión de los manuales de convivencia de los colegios para asegurarse que no discriminen y la expedición de una política pública nacional LGBT. Además, se pide incluir las transformaciones corporales seguras para personas trans en el Plan Obligatorio de Salud, y “reemplazar el requisito patologizante por el consentimiento informado”.