60 años de un proceso de paz

Una confrontación armada que suscitó varios frentes legales e ilegales, hasta convertir buena parte de Colombia en un territorio de guerra. Una lucha armada que fue encontrando razones para llegar hasta nuestros días.

De un lado estaban las Fuerzas Militares, con sus distintos componentes, legitimadas para enfrentar a los violentos de todas las pelambres. En la ofensiva oficial surgió la llamada “Policía Chulavita”, con claro sesgo conservador y la misión de acabar con todos aquellos “Nueve abrileños” que quisieran confrontar al orden establecido. En buena medida, los excesos de esta expresión armada provocaron una reacción violenta.

Además de la “Chulavita” surgieron los llamados “Pájaros”, asesinos a sueldo, muchas veces patrocinados por terratenientes o gente del poder, también para eliminar opositores políticos. Los “Pájaros” tenían como norte fundamental eliminar liberales. El más conocido de ellos fue León María Lozano, alias “El Cóndor”, que desde Tuluá (Valle), determinaba quien vivía y quien moría en la región, en el propósito de hacer viable la “cordillera azul”.

La reacción no se hizo esperar y pronto fueron surgiendo grupos guerrilleros de ideología liberal, otros de inspiración comunista, y los consabidos bandoleros de una u otra tendencia. Unos encarnizados matando liberales y otros decididos a matar conservadores. Fue la época en que se hicieron celebres por sus matanzas “Sangrenegra”, “Chispas”, “Desquite”, “Pedro Brincos”, “El Capitán Venganza” o Efraín González, entre otros.

Al margen de las guerrillas comunistas que en el sur del Tolima, el norte del Huila, el norte del Cauca o la región del Sumapaz se fueron organizando como movimientos de autodefensa agraria, en otras regiones del país la resistencia armada permitió una creciente organización política. Es el caso de guerrillas en el suroeste antioqueño, el sur de Córdoba, el departamento de Santander o la vasta región de los Llanos Orientales.

En esta última región del país, se dieron varios hechos que motivaron la creación de un enorme grupo guerrillero. En primer lugar, en noviembre de 1949, el levantamiento del capitán Alfredo Silva Romero. El oficial comandaba la base aérea de Apiay en Villavicencio, y junto a un grupo de militares y civiles, se insurreccionó, atacó la guarnición de policía donde murieron ocho agentes y liberó a los presos de la cárcel.

Esta acción dio nacimiento a las guerrillas liberales del Llano, que pronto se fueron expandiendo por la región. Para abril de 1950, ya las guerrillas del Llano llegaban hasta el Casanare, y la prueba fue el ataque a la guarnición del batallón Vargas, situada en el municipio de Monterrey. Diez militares perdieron la vida. La figura de Eliseo Velásquez, máximo comandante guerrillero en el Llano, se había convertido en un reto de seguridad para el Estado.

Velásquez fue detenido en territorio venezolano y dio lugar a un largo conflicto para que se accediera a su extradición a Colombia. Ya en ese momento el gobierno de Rafael Urdaneta estaba preocupado por lo que ocurría y en octubre de 1951 creó la Junta de Reconstrucción para los Llanos Orientales. De manera simultánea, algunos directivos del Partido Liberal empezaron a reunirse en la clandestinidad con los jefes guerrilleros.

Entonces surgió un nuevo líder que le dio identidad al grupo alzado en armas. Se trataba de Guadalupe Salcedo Unda, un araucano nacido en Tame, hijo de un ganadero venezolano, quien se puso al frente de los comandos armados. Una de sus primeras acciones conocidas a nivel nacional fue el ataque a Orocué, sobre el río Meta, donde cayeron muertos 17 soldados del Ejército. El 12 de julio de 1952 fueron 94 los soldados muertos.

Este último golpe indujo a las autoridades gubernamentales a convertir en una prioridad acabar con las guerrillas del Llano. A pesar de la amenaza de la violencia partidista en otras zonas de Colombia, la proximidad del Llano a Bogotá causó alarma en el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. El 11 de septiembre de 1952, la alerta creció aún más cuando se supo de la proclamación de la llamada ‘Ley del Llano’.

A través de este documento, los guerrilleros liberales comandados por Guadalupe Salcedo anunciaron la organización de la población civil para darle una organización militar a su movimiento de resistencia. Su idea era fortalecer la autonomía política de la guerrilla en sus negociaciones con el Estado, reglamentando los derechos y deberes de los jefes civiles y militares, en relación con los alzados en armas y la población civil.

A pesar de que las fuerzas gubernamentales ya contaban con el apoyo de Estados Unidos, los guerrilleros del Llano lograron organizarse de tal modo que ni la Policía ni el Ejército pudieron diezmarlos. En distintas regiones, Dumar Aljure, los Fonseca, los Bautista, José Alvear, los Franco Isaza, reconocidas familias de llaneros, se unieron a las Fuerzas de Guadalupe Salcedo hasta volverse imbatibles en su propio terreno.

Entonces vino el golpe de opinión del 13 de junio de 1953, día en que Colombia tuvo tres presidentes. Roberto Urdaneta que oficiaba como encargado, Laureano Gómez que reasumió el mando como gobernante titular y el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, quien se tomó el poder. En su primera intervención pública, Rojas dejó en claro cuál era su prioridad: “no más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal”.

Obviamente, en los planes de Rojas Pinilla estaba ponerle fin al creciente movimiento guerrillero en todo el país, especialmente el de los Llanos Orientales. De hecho, el 18 de junio de 1953, apenas cinco días después del golpe de Rojas, se conoció la segunda ley del Llano, llamando a la creación de un Estado independiente en la región, y asegurando que buena parte de la zona ya estaba liberada y en ella tenía lugar una gran revolución nacional.

Como estaba anunciado, el gobierno de Rojas Pinilla, después de instalar una Asamblea Nacional Constituyente para legitimar sus actos, lo primero que hizo fue anunciar que estaba dispuesto a otorgar libertad incondicional a todos los guerrilleros que rindieran sus armas. Su propuesta tuvo efecto inmediato y en la primera semana de julio de 1953, en Antioquia, se dieron las primeras desmovilizaciones de alzados en armas.

Luego vino un episodio similar en el Tolima y Santander. El 11 de julio, la noticia del día fue saber que Guadalupe Salcedo y Eduardo Franco, máximos líderes de la guerrilla en los Llanos, estaban dispuestos a entregar sus armas. Once días después, el 22 de julio se ordenó un cese de hostilidades. La primera semana de septiembre, Guadalupe Salcedo llegó a Monterrey (Casanare) a formalizar el proceso de paz.

Entre el 11 y el 22 de septiembre de 1953, hoy hace 60 años, ante el comandante de las Fuerzas Militares, Alfredo Duarte Blum, fueron entregando sus armas los guerrilleros. El primero en hacerlo fue el contingente de 600 hombres de Eduardo Fonseca. Después lo hicieron los 18 comandantes de Estado Mayor Central de las guerrillas del Llano. En total, se desmovilizaron 6.500 hombres con 464 rifles, 74 carabinas, 18 ametralladoras, y dos morteros.

El arreglo se hizo a la manera llanera, es decir, con compromiso de palabra. Nada de documentos oficiales, solo la voluntad de un pueblo pensando en la paz. El gobierno entregó a cada desmovilizado, un salvoconducto, un par de zapatos, un suéter, unos pantalones, una barra de jabón y alimentos. De esta manera, se saldó una guerra que las autoridades ya tenían dificultades en afrontar. Lo demás fueron las normas para terminarla.

En junio de 1953, el gobierno Rojas ya había expedido el decreto 1546 para indultar alzados en armas. Después promulgó el decreto 1823 de 1954, a través del cual oficializó la amnistía para todos los delitos políticos cometidos antes del primero de enero de 1954. De esta manera, quedaron cobijados guerrilleros liberales o conservadores, miembros de la fuerza pública, y uno que otro violento que logró colarse.

Con el paso de los años, la mayoría de los guerrilleros del Llano regresaron a sus hatos y pudieron comprobar que su situación no cambió mucho. La violencia no cesó, la pobreza tampoco y buena parte de los jefes insurgentes murieron en extrañas circunstancias. En particular, el legendario Guadalupe Salcedo fue asesinado en Bogotá a las tres de la madrugada del siete de junio de 1957. Cinco impactos de bala acabaron con su vida.

Después se supo que Guadalupe Salcedo había viajado a Bogotá para reunirse con algunos políticos y convenir con ellos un nuevo plan de paz que integrara también a las guerrillas comunistas del Sumapaz. Sin forma de defensa, Salcedo fue acribillado a tiros por agentes de la policía que lo venían siguiendo. Otros jefes guerrilleros liberales del Magdalena, Tolima, Huila o Santander, corrieron la misma suerte por idéntica época.

Luego vino el fallido proceso de paz de 1958, el nacimiento de las Farc en 1964, el del Eln en 1965, la reacción del Estado creando grupos de autodefensas en el mismo año, y la reedición de una violencia que aún no cesa. Han pasado 60 años desde la desmovilización de las guerrillas del Llano, y más allá de las conmemoraciones o las lecciones aprendidas, la conclusión mayor es que la historia se repite, sobre todo en Colombia.