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“Esta tropa del Ejército Nacional ha realizado durante los últimos días y de forma sistemática actos que violan los derechos humanos, entre ellos tortura, linchamiento con objetos no permitidos, electrocuciones, e incluso amenazas con bolsas en la cabeza. No vamos a permitir esto”, advierte Juan Diego Fernández, personero de Peque, Antioquia.
Una de sus exigencias es que el Ministerio de Defensa, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo intervengan para que “tomen riendas sobre estos uniformados que están apuntando las armas que les dio el Estado contra nosotros, contra el pueblo”.
Según Fernández, al exponer las pruebas de las vulneraciones cometidas ante el Consejo de Seguridad del municipio, el capitán Tabares le respondió que “lo que importan son los resultados”.
Como respuesta a las acusaciones, el Comando de la Séptima División del Ejército Nacional afirmó iniciar las diligencias de verificación para esclarecer “el modo, tiempo y lugar donde pudieron suceder los presuntos hechos”. También informó que, de ser comprobados, se tomarían medidas disciplinarias contra los responsables.
En el último punto del comunicado, recordaron un evento ocurrido en marzo del 2021 cuando los mismos soldados de la Séptima División protegieron al personero Fernández tras una amenaza contra su vida por miembros de un grupo armado.
Esta no es la primera vez que denuncias de este tipo se conocen en Peque. Históricamente su población ha sufrido por el enfrentamiento de diversos actores en el marco del crimen organizado y el conflicto armado colombiano. Por ejemplo, guerrilla y paramilitares se disputaron el territorio por el control de las rutas del narcotráfico, hasta que a finales de 1997, tras asesinar y desplazar a cientos de personas de sus hogares, fueron los paramilitares quienes se quedaron con el control del trayecto para transportar la mercancía hacia el sur de Córdoba.
Durante este mismo año ocurrió la masacre de Peque, en la que según el Cinep seis personas fueron asesinadas por miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba (Accu), al mando de Carlos y Vicente Castaño junto a Salvatore Mancuso, quien fue extraditado a Estados Unidos.
Si bien las condiciones de Peque han cambiado con el pasar de los años, las amenazas a los derechos humanos continúan. En febrero de 2021, el personero Fernández denunció el desplazamiento forzado masivo como consecuencia de la disputa entre disidencias de las Farc y Clan del Golfo.
Por tanto, según Fernández, el llamado que esta vez se realizó por el presunto abuso de la Fuerza Pública es urgente, “para que las instituciones nacionales y los defensores de derechos humanos internacionales hagan presencia en el municipio de Peque. ¿A merced de quién estamos?”.