Abandono y lenta implementación del Acuerdo de Paz: factores de violencia en Cauca

Las cifras de criminalidad registradas en los últimos años permiten dimensionar la ola de violencia que sacude al departamento del Cauca. En lo corrido de este año se han ejecutado cinco masacres en ese departamento, en las que 18 personas fueron asesinadas.

(Sugerencias para que Quibdó salga de su vorágine de violencia)

Si bien la problemática viene desde los años 50, debido a la posición estratégica de este departamento que permite el paso al Pacífico, y las cerca de 17.300 hectáreas de cultivos ilícitos, que lo convierten en uno de los mayores productores de matas de coca; según las comunidades la situación se intensificó tras el incumplimiento del Acuerdo de Paz.

“Hay una causa estructural y es la posición del actual gobierno frente a los acuerdos de paz. No se han cumplido a cabalidad en el Cauca, ni en el país. Esta situación ha llevado a que nuevamente firmantes del Acuerdo de Paz retomen las armas. La otra causa, consecuencia de la primera, es el abandono estatal en el cual está sumido el departamento, lo cual se puede evidenciar en asuntos educativos, económicos y productivos”, explica Edwin Guetio, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

(Tumaco, Nariño: una década entre los 100 municipios más violentos de Colombia)

El departamento se caracteriza por albergar uno de los mayores porcentajes de población indígena del país, cerca del 20% de los habitantes del Cauca son indígenas, los cuales están establecidos en 26 de los 39 municipios, la mayoría en el norte, una de las zonas donde se registran más hechos violentos.

Según la Defensoría del Pueblo, en el Cauca hacen presencia permanente tres columnas móviles de las disidencias de las Farc: la Dagoberto Ramos, que está especialmente en Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló y Santander de Quilichao; la Jaime Martínez con mayor presencia en Suárez, Buenos Aires y López Micay, y la Carlos Patiño que permanece en el sur del departamento. Además, hay presencia intermitente de grupos como el Epl y Eln, que usan el departamento como zona de tránsito.

Estas condiciones hacen del Cauca una zona expuesta a diferentes vulneraciones, entre las que se destacan la desaparición forzada, homicidios selectivos, masacres, violencia sexual, accidentes por minas o armas trampa y enfrentamientos con interposición de población civil, según la Defensoría. Solo por mencionar una de las modalidades delictivas más comunes allí, en los últimos tres años han sido asesinados 245 indígenas, entre ellos autoridades ancestrales y presidentes de juntas de acción comunal.

(Buenaventura, más que un puerto)

“Esta situación amerita que el estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional, se tome la tarea de escuchar a las comunidades rurales, urbanas, indígenas, negras, campesinas, que conjuntamente hemos venido impulsando un proyecto de vida enfocado en la conservación del medio ambiente, en proyectos productivos alternativos y el acceso a la educación sin restricciones”, indicó el integrante del CRIC.

Las cifras de criminalidad registradas en los últimos años permiten dimensionar la ola de violencia que sacude al departamento del Cauca. En lo corrido de este año se han ejecutado cinco masacres en ese departamento, en las que 18 personas fueron asesinadas.

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Si bien la problemática viene desde los años 50, debido a la posición estratégica de este departamento que permite el paso al Pacífico, y las cerca de 17.300 hectáreas de cultivos ilícitos, que lo convierten en uno de los mayores productores de matas de coca; según las comunidades la situación se intensificó tras el incumplimiento del Acuerdo de Paz.

“Hay una causa estructural y es la posición del actual gobierno frente a los acuerdos de paz. No se han cumplido a cabalidad en el Cauca, ni en el país. Esta situación ha llevado a que nuevamente firmantes del Acuerdo de Paz retomen las armas. La otra causa, consecuencia de la primera, es el abandono estatal en el cual está sumido el departamento, lo cual se puede evidenciar en asuntos educativos, económicos y productivos”, explica Edwin Guetio, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

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El departamento se caracteriza por albergar uno de los mayores porcentajes de población indígena del país, cerca del 20% de los habitantes del Cauca son indígenas, los cuales están establecidos en 26 de los 39 municipios, la mayoría en el norte, una de las zonas donde se registran más hechos violentos.

Según la Defensoría del Pueblo, en el Cauca hacen presencia permanente tres columnas móviles de las disidencias de las Farc: la Dagoberto Ramos, que está especialmente en Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló y Santander de Quilichao; la Jaime Martínez con mayor presencia en Suárez, Buenos Aires y López Micay, y la Carlos Patiño que permanece en el sur del departamento. Además, hay presencia intermitente de grupos como el Epl y Eln, que usan el departamento como zona de tránsito.

Estas condiciones hacen del Cauca una zona expuesta a diferentes vulneraciones, entre las que se destacan la desaparición forzada, homicidios selectivos, masacres, violencia sexual, accidentes por minas o armas trampa y enfrentamientos con interposición de población civil, según la Defensoría. Solo por mencionar una de las modalidades delictivas más comunes allí, en los últimos tres años han sido asesinados 245 indígenas, entre ellos autoridades ancestrales y presidentes de juntas de acción comunal.

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“Esta situación amerita que el estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional, se tome la tarea de escuchar a las comunidades rurales, urbanas, indígenas, negras, campesinas, que conjuntamente hemos venido impulsando un proyecto de vida enfocado en la conservación del medio ambiente, en proyectos productivos alternativos y el acceso a la educación sin restricciones”, indicó el integrante del CRIC.