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A pesar de que en el cuarto punto del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y las Farc en La Habana se pactó que los cultivadores de plantas ilícitas serían beneficiarios de apoyo económico mientras erradicaban sus plantíos, e incluso se alcanzaron a concretar 20 acuerdos colectivos de sustitución voluntaria, el cambio de rumbo en las políticas del gobierno en la materia derivaron en la crisis que hoy se vive en varias zonas cocaleras.
Esta es una de las conclusiones del Observatorio de Cultivo y Cultivadores Declarados Ilícitos, de Indepaz, que en un informe sobre lo que hoy sucede en las zonas de erradicación, precisó que la estrategia anunciada por el gobierno Santos de acabar con 100.000 hectáreas de coca para finales de 2017, resquebrajó la confianza que existía respecto a los acuerdos entre comunidades y Ejecutivo. Ahora lo que prevalece son los enfrentamientos con la fuerza pública.
Según el documento, en el Acuerdo de Paz se dio inicio formal a la implementación del Plan de Atención Inmediata (PAI), para permitir a los cultivadores de plantas ilícitas ser asistidos por el Estado mientras sus proyectos productivos ofrecen rentabilidad. En esta perspectiva, en varias comunidades se constituyeron acuerdos. 28 de ellos en Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Meta Guaviare, Cauca, Nariño, Bolívar, Arauca, Valle, Córdoba y Vichada.
La entrega de ayudas económicas a las comunidades rurales generó confianza. De hecho, entre enero y junio, de los 16 departamentos donde Indepaz realizó acciones de monitoreo de erradicación forzada por parte del Fuerza Pública, en 13 comunidades en las que se firmaron acuerdos de sustitución voluntaria con el gobierno, este procedimiento se convirtió en una salvaguarda para las comunidades campesinas comprometidas.
En contraste, en 30 municipios y 45 veredas de esos mismos 16 departamentos, se dieron fuertes enfrentamientos entre comunidades y las tropas de la erradicación, dejando heridos y muertos. "Un ejemplo de esto fueron los hechos que tuvieron lugar en Tumaco (Nariño) a finales de marzo, donde campesinos cocaleros bloquearon la Vía al Mar exigiéndole al gobierno el cumplimiento del acuerdo firmado yh el cese de las operaciones de erradicación forzada; la situación llegó a tal punto que los enfrentamientos entre cocaleros y la fuerza pública se hicieron inevitables dejando un indígena muerto, cinco manifestantes y dos policías heridos", detalla el texto.
Un informe del Ministerio de Defensa reportó que, entre enero y junio del mismo año, la erradicación forzada manual alcanzó las 19.638 hectáreas de coca. No obstante, a partir de marzo, se multiplicó la erradicación forzada y se incrementó el problema.
El observatorio concluyó que ese informe demuestra que esas acciones crecieron justo cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer su informe anual sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia y concluyó que en el país había 188 mil hectáreas de coca, alcanzando la cifra más alta de la historia. En consecuencia, Estados Unidos empezó a exigirle resultados inmediatos al gobierno colombiano frente a la erradicación.
Adicionalmente, el hecho vino acompañado del reclamo a Colombia por la suspensión de la aspersión aérea con glifosato desde 2015. Esta situación también motivó que se intensificara la erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública, sin importar que las comunidades ya hubiesen suscrito acuerdos de sustitución voluntaria. El dilema creció cuando un informe de Naciones Unidas reportó igualmente un notorio aumento de las hectáreas sembradas de coca.
Este último informe ratificó que los cultivos de coca siguen vigentes en las mismas zonas desde 2012: Catatumbo, sur de Nariño, sur del Putumayo y zona montañosa del Cauca. Paradójicamente, las zonas de cultivo de uso ilícito no eran de dominio total de las Farc, sino que también se descubrió presencia armada del Eln, el Epl y las Bacrim. En el Catatumbo, sur de Bolívar y bajo Cauca, la principal presencia es del Clan del Golfo.
Finalmente, el documento del observatorio destaca que la situación de seguridad para los líderes comunitarios y las comunidades que han manifestado su voluntad de sustituir cultivos de uso ilícitos es otro asunto que sigue pendiente, a pesar de los compromisos adquiridos por el gobierno. Ex el caso de Jorge Alexander Benavides, miembro de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM), quien después de las manifestaciones campesinas en Tumaco, está siendo intimidado.