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El caso más reciente de desplazamiento forzado a población indígena ocurre en la Comunidad de Valledupar, que habitaba en la cabecera del río San Juan, en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Alrededor de 16 familias abandonaron sus hogares durante la mañana del 1 de febrero. Fuentes cercanas afirman que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) fueron las responsables de los hechos.
Esta comunidad hace parte de otras seis que habitan entre los ríos San Juan y Calima, y que han sido víctimas de los mismos hechos entre noviembre del 2021 y enero del 2022. Cinco de ellas pertenecían al Consejo Comunitario del Bajo Calima. Por su parte, la Comunidad de Valledupar, junto a otra llamada Guayacán, hacen parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífica (ACIVA-RP).
“Somos un corredor estratégico para el narcotráfico, pero es un territorio donde hay visionados megaproyectos, sobre todo concesiones ambientales. Las comunidades indígenas y negras vamos a oponernos a esos ejercicios”, dice Diego Fernando Portocarrero, del Concejo Comunitario del Bajo Calima.
Se estima que ya son más de 1.000 familias desplazadas por la violencia, y que posteriormente han sido reubicadas en el casco urbano de Buenaventura, Cali, Buga y Tuluá. Además, través de un comunicado a la opinión pública del 27 de enero, la Diócesis de Buenaventura declaró que la situación es de alto riesgo.
“Desde noviembre del 2021 varias comunidades fueron confinadas y posteriormente desplazadas de sus territorios por los hostigamientos de los grupos armados. Sentimos que nos están despojando”, afirma Portocarrero. A partir de ese entonces, se dieron quemas en las viviendas en la zona, amenazas a sus integrantes y constantes enfrentamientos.
Por su parte, la Comunidad Indígena de Valledupar era una de las pocas que se habían resistido a los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. Nunca habían sido desplazados. Sin embargo, en palabras de Portocarrero, “el verdadero problema es la sistematicidad de lo que hemos estado viviendo”.
Durante los próximos días se espera que las autoridades hagan presencia para garantizar la seguridad de las personas desplazadas. “La comunidad ayer no almorzó ni desayunó. Si no hubo garantías en su territorio, que por lo menos en lo urbano sí las haya por parte de la fuerza pública. Ellos no quieren una reubicación sino que se les garantice el retorno, porque la conexión con su tierra es fundamental”, declara un defensor de derechos humanos que acompañó a los integrantes de la Comunidad Indígena de Valledupar durante el 1 de febrero.
La sistematización del desplazamiento forzado en Buenaventura está unida al incremento de la violencia en ese sector, donde para 2021 fueron registrados un total de 193 homicidios y 46 desapariciones forzadas.