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En 2017 se estableció en Colombia el Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), mediante el Decreto Ley 870. Se trata de un estímulo económico que reconoce las acciones de personas y comunidades a favor de la conservación y restauración del medio ambiente. Luego, en 2021, inició un plan especial para fomentar la protección de la Amazonía frente a la deforestación de bosques que, al cierre de 2023, tenía al menos 2.500 beneficiarios.
Una de las organizaciones dedicadas a administrar los recursos de esta estrategia es Masbosques, a través de su proyecto BancO2. Actualmente, ejecutan convenios para la realización de los pagos en los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés. En este último tiene tres convenios con los cuales apoyan económicamente a comunidades proyectoras de la selva.
Jaime Andrés García, director ejecutivo de Masbosques, señaló que su trabajo parte del principio de que “mientras que no les garanticemos un ingreso económico a las comunidades para que cuiden y protejan los bosques, estos no van a permanecer”.
Con el proyecto BancO2, la organización busca trabajar con las comunidades cuya vida se sustenta directamente con los bosques y lo que estos pueden ofrecer. “La finalidad que nosotros tenemos es que la conservación sea tenida en cuenta como un proyecto productivo”, agregó.
Luego de trabajar con la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, en Antioquia, la iniciativa BancO2 empezó a ser conocida en otras regiones del país. Fue así como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) decidió trabajar con Masbosques como un aliado para la ejecución de los pagos por servicios ambientales en la Amazonía.
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En el caso del departamento de Vaupés, donde tiene una de sus operaciones de pagos por servicios ambientales más importantes, Masbosques tienen tres convenios suscritos con la CDA y el municipio de Mitú, como explicó el director ejecutivo: “estamos protegiendo más de 900 hectáreas, con siete comunidades indígenas y con el fin de fomentar las estrategias de conservación de fuentes hídricas de importancia ambiental”, impactando a 159 familias de comunidades como San Luis de Paca y Santa Rosalía.
El segundo convenio está suscrito con la Gobernación del Vaupés y vincula a ocho comunidades indígenas con las que “estamos protegiendo 3.092 hectáreas que corresponden a 206 familias vinculadas a los esquemas de pagos por servicios ambientales”. El convenio más reciente, celebrado con la CDA y el departamento, vincula a cuatro comunidades indígenas y 157 familias ubicadas en Mitú.
Los pagos por servicios ambientales que administra Masbosques a través de BancO2 se hacen con recursos que provienen del 1% del presupuesto que deben ejecutar las administraciones para tal fin, según la legislación. También de los recaudos de tasa y uso de agua de la Microcentral Eléctrica de Mitú. Aunque los tres convenios vigentes son anuales, el director García explicó que ahora se encuentran conversaciones y coordinando el desarrollo de la estrategia con las nuevas administraciones.
“Estamos convencidos de que, si nosotros no involucramos a las comunidades para que reciban estos incentivos económicos por conservación, es muy difícil mantener estos sistemas estratégicos. La Amazonía no solo es importante solo para Colombia, sino para el mundo entero”, concluyó García.
Fredy Lavao, secretario de Agricultura, Desarrollo Productivo, Ambiente y Turismo de Vaupés, explicó que al momento la administración está pendiente de la liquidación de los convenios correspondientes a los años 2021 y 2022. Ya tienen los recursos listos para continuar con la iniciativa de pagos por servicios ambientales en 2024.
Puntualizó que el departamento tiene alrededor de 54.000 hectáreas de bosques, es una zona de reserva forestal protegida por la ley y reúne en su territorio a 256 comunidades indígenas y 27 etnias. “Somos un lugar rico en flora y recurso hídrico, un puente y un pilar fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad”, señaló el funcionario.
En el caso del departamento de Guainía, la situación es similar. Luz Mabel Miranda, secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, señaló que en este momento se encuentran en la gestión para renovar la vigencia del convenio del año 2023 con la CDA, cuyo plazo se cumplió en marzo de 2024, siguiendo la reglamentación de los pagos por servicios ambientales. El último saldo pagado en el departamento fue de un excedente de $85 millones y el impacto se calcula sobre 30 familias ubicadas en el área de influencia de los ecosistemas de protección.
Resaltó que en el Guainía el turismo sostenible es un renglón importante de la economía, que se suma a las actividades de conservación lideradas especialmente por los pueblos indígenas. “Estamos en pro de conservar el medio ambiente, gozamos de fauna y flora abundante y con el factor de que nuestro territorio es en mayor parte indígena, lo que nos facilita la conservación del medio ambiente”.
En el departamento de Amazonas la nueva administración tampoco ha iniciado con los pagos por servicios ambientales, pero ya se encuentran en la etapa de gestión para el desarrollo del proyecto en la vigencia 2024. Claudia Dulcey Cala, secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad, señaló que la apuesta particular será por el servicio ambiental de calidad y regulación hídrica.
En ese sentido, el foco serán las comunidades indígenas que conservan las cuencas hídricas, empezando por las que se ubican en los municipios de Leticia y Puerto Nariño. El 1% del presupuesto departamental que usualmente se destina a la compra de predios lo dirigirán a proyectos de conservación. “La compra de un predio no asegura la protección de la cuenca abastecedora, hay que asegurar la protección y el fortalecimiento de las comunidades”.
La estrategia se suma a otras iniciativas como el fortalecimiento de la cadena forestal, la diversificación de las chagras y la conservación a través de la siembra de más de 100.000 plantas nativas. “Sí le apostamos a los pagos por servicios ambientales desde la perspectiva de soluciones basadas en la naturaleza, para la protección de cuencas”, concluyó.
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Según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, solo por el Incentivo Forestal Amazónico, otro de los proyectos nacionales en la línea de pagos por servicios ambientales, se registró una efectividad del 95% en sus resultados. La inversión total para esto fue de $7.200 millones.
Mientras tanto, Amazonas, Guainía y Vaupés avanzan en las gestiones necesarias para proteger la porción colombiana del Bioma Amazónico y, de forma simultánea, mejorar las condiciones de calidad de vida de las comunidades protectoras, como apuesta de desarrollo y sostenibilidad.
*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Construyendo Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, y apoyado por El Espectador.
