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En Riosucio y Carmen del Darién, municipios del Urabá chocoano, son pocos los que se atreven a hablar. El Clan del Golfo sigue en un proceso de expansión y asentamiento en las cuencas de los ríos del Bajo Atrato, donde hay once resguardos indígenas. El Espectador pudo conversar con algunos líderes y lideresas, quienes relataron el temor creciente que recorre sus territorios.
“No nos podemos mover de nuestra comunidad; hay un punto en el que nos devuelven. Si bajamos para el municipio, no podemos llevar un valor de comida superior a los $20.000. Siempre exigen factura”, le dijo a El Espectador un líder de los pueblos indígenas del Bajo Atrato, quien prefirió no revelar su identidad. Según comentó, el confinamiento se ha exacerbado en los últimos meses, afectando la sostenibilidad de las familias y la libre movilidad de las comunidades.
La situación humanitaria del departamento ha generado fuertes choques entre el Gobierno y la Iglesia católica. Daniel Palacios, ministro del Interior, calificó de “extravagantes” las denuncias de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo que indicaban que el 72 % de la población del Chocó estaría en peligro. Las tensiones empezaron el 18 de noviembre de 2021, cuando la Conferencia Episcopal, tras efectuar varias misiones humanitarias encabezadas por las diócesis del Chocó y el occidente de Antioquia, se refirió a presuntos vínculos de la fuerza pública con grupos ilegales.
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Hace dos años la Defensoría había advertido, mediante la alerta temprana 9 de 2020, sobre el riesgo al que están expuestas las comunidades indígenas wounaan, embera dóbida, embera chamí y embera eyábida en las cuencas de los ríos Atrato, Domingodó, Jiguamiandó, Curvaradó, Truandó, Salaquí y Cacarica. De acuerdo con la entidad, se estaba avanzando hacia una “contundente consolidación” del Clan del Golfo en el territorio, a través de redes de informantes en los principales centros poblados y cabeceras de los municipios.
Tal como lo reveló El Espectador hace unas semanas, en esta región reina la ley del silencio y hay una “paz tensa”. La captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, no implicó un debilitamiento de las estructuras del Clan del Golfo ni disminuyó la crisis humanitaria que se vive en el Bajo Atrato. Aunque no hay enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el Ejército, el Eln y las disidencias de las Farc —como en el Medio y Alto Atrato y en el Medio y Bajo San Juan—, aumentan los confinamientos, el reclutamiento forzado y la explotación sexual.
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Un líder indígena relató cómo se ha incrementado la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos en el territorio. “Nuestra seguridad alimentaria se ha visto afectada por culpa de esto; ni siquiera nos podemos mover por los resguardos por el miedo a quedar atrapados. También estamos teniendo dificultades para cazar, pescar, sembrar cultivos y extraer madera”, denunció.
Pedro José Mena, alcalde de Carmen del Darién, negó que se estuvieran presentando restricciones a la movilidad y señaló al Eln como el único grupo armado que asedia al municipio. “No ha llegado ninguna queja a la Alcaldía sobre este tema, aunque no podemos negar que hay dificultades de orden público (…) Hemos hecho infinidad de acciones para preservar la vida de las comunidades y nos hemos reunido con la Defensoría y las comunidades indígenas para hablar sobre la unidad del territorio”, precisó.
A pesar de esto, las comunidades afirman no tener confianza en las entidades del Estado, pues consideran que “no tienen principio de confidencialidad ni respeto por la cultura ancestral”. También manifestaron su temor por el aumento de presiones en sus resguardos. “Para ingresar a las cuencas hay que solicitar permisos especiales; hay puntos en los que los armados son los que determinan quién ingresa y quién no (…) Antes se movían por las noches, pero ahora andan campantes en horas del día. Ya uno no puede salir después de las cuatro de la tarde”, afirmó un líder indígena del Bajo Atrato.
El principal miedo de las comunidades es que se repita la historia de hace 25 años, cuando las operaciones Génesis y Cacarica llevaron a la muerte de 86 personas y al desplazamiento de cerca de 3.500 pobladores, incluyendo 250 menores de edad.
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En el Medio y Alto Atrato y en el Medio y Bajo San Juan ya hay enfrentamientos entre el Ejército, el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc. “Los jaibanás (sabios tradicionales) están siendo amenazados por los grupos armados y algunos se han tenido que desplazar a las cabeceras municipales, al igual que los gobernadores. Esto afecta directamente a la cultura de las comunidades indígenas”, aseguró un líder de la región.
De acuerdo con una acompañante de derechos humanos del territorio, que pidió el anonimato, los constantes confinamientos a los que son sometidas las comunidades están causando graves consecuencias en materia de desnutrición infantil. “No se está teniendo una buena gestión de los productos de la canasta familiar en las cabeceras municipales. Esto se suma a que las comunidades se encuentran a doce, ocho o tres horas de los cascos urbanos”, explicó.
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Los líderes fueron enfáticos en señalar el sufrimiento al que están expuestos debido a su resistencia en el territorio. “Aunque no tengamos IPS ni puestos de salud en ninguna comunidad, nosotros nos quedamos aquí. El Comité Asociado de Promotores de Salud del Bajo Atrato está conformado por médicas tradicionales, parteras, jaibanás y promotores de salud de la Pastoral Social (…) Antes que desplazarme, me quedo a morir en mi territorio”, concluyó un líder indígena, a la vez que pidió respuestas a las autoridades sobre el confinamiento, reclutamiento, desplazamiento forzado y amenazas a las que se están enfrentando.
