Antropólogos rechazan amenazas contra los Misak tras derribar estatua de Belalcázar
El 16 de septiembre un grupo de indígenas Misak enlazaron la estatua de Sebastián de Belalcázar y jalaron hasta tumbarla del Morro de Tulcán en Popayán. La Alcaldía ofreció una recompensa para encontrar a los culpables. Por eso, más de 600 personas y organizaciones firmaron un documento en el que piden “evitar los juicios racistas y las medidas represivas alrededor de los acontecimientos”.
A través de un documento firmado por más de 600 personas y organizaciones, entre ellas antropólogas y antropólogos de la Universidad Externado de Colombia, investigadores sociales, líderes comunitarios, profesionales, artistas y ciudadanos, se adhirieron al llamado de la Universidad del Cauca al Gobierno Nacional para generar espacios deliberativos que permitan profundizar y poner sobre la mesa los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Esta petición parte de los hechos ocurridos el 16 de septiembre, cuando un grupo de indígenas Misak enlazaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, conquistador español, y jalaron hasta tumbarla del Morro de Tulcán en Popayán.
El acto dividió opiniones. La alcaldía municipal y la Policía de Popayán ofrecieron una recompensa de hasta $5.000.000 para identificar a los culpables. También circularon panfletos y amenazas a las autoridades y miembros del pueblo indígena. Son esas amenazas las que hoy rechazan los firmantes del comunicado:
“El pueblo Misak, en ejercicio de su autonomía, realiza un juicio en el cual Sebastián de Belalcázar es encontrado culpable de diversos delitos en contra de los pueblos indígenas del Gran Cauca. La condena recae sobre la estatua del conquistador, ubicada en el Morro de Tulcán (...) Y es consecuentemente derrumbada por ser el símbolo del dominio colonial y, en general, de una historia de despojo y desconocimiento a los pueblos indígenas de la región que se mantiene desde la ‘conquista’ hasta la actualidad”.
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Según los firmantes, “el Morro es en sí mismo un montículo fúnebre y ceremonial prehispánico, y que por ello el solo hecho de haber colocado en su cima la efigie del ‘conquistador’ implicaba profanar un lugar sagrado de proporcional trascendencia para los antiguos y los actuales pueblos amerindios. Las acciones del pasado 16 de septiembre respondieron a aquel mandato”.
De hecho, el Movimiento Autoridades Indígenas del Suroccidente dijo en un comunicado que a Belalcázar se le realizó un juicio histórico y se le condena por genocidio, despojo y acaparamiento de tierras; además de desaparición física de los pueblos que hacían parte de la Confederación Pubenense. “Este juicio lo enmarcamos dentro de un compromiso que tenemos frente a la memoria colectiva de nuestra sangre, razón por la cual estamos convocados a reescribir la historia liberándonos de toda huella producto de la colonialidad del saber”, informaron en el comunicado.
Los Pubenenses son grupos de indígenas que habitaron en el valle de Pubén, al suroccidente de Colombia, donde actualmente se ubica Popayán. Provenían del continente asiático y llegaron al valle de Pubén aproximadamente 1.000 años antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, donde se sedentarizaron y desempeñaron la agricultura, los tejidos y la cerámica, según la Organización Indígena de Colombia.
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“Como antropólogas y antropólogos llamamos a evitar los juicios racistas y las medidas represivas alrededor de los acontecimientos. En cambio, vemos en este momento una oportunidad excepcional para dialogar y debatir sobre lo que significa asumir a los pueblos como sujetos de poder en la vida nacional, como partes constitutivas de la vida política, económica, territorial y cultural del suroccidente y del país. De comprender de manera amplia nuestra historia, en la que los pueblos y comunidades que han hecho parte de ella, encuentren representada su memoria, su voz y restituida la dignidad que les ha sido tantas veces negada”, se lee en el comunicado.
El Gobierno Nacional entabló una mesa de diálogos con ocho gobernadores de los cabildos Misak, delegados de dicha comunidad y representantes de las Autoridades Indígenas del Sur Occidente – AISO, quienes se reunieron con el viceministro del Interior, Carlos Baena; el Alcalde de Popayán, Juan Carlos López y el secretario de Gobierno departamental, Luis Angulo. Las conversaciones tuvieron lugar el 19 de septiembre, en el resguardo La María, Piendamó; para llegar a acuerdos colectivos que impidan las confrontaciones y el ataque a las personas y a los bienes.
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A través de un documento firmado por más de 600 personas y organizaciones, entre ellas antropólogas y antropólogos de la Universidad Externado de Colombia, investigadores sociales, líderes comunitarios, profesionales, artistas y ciudadanos, se adhirieron al llamado de la Universidad del Cauca al Gobierno Nacional para generar espacios deliberativos que permitan profundizar y poner sobre la mesa los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Esta petición parte de los hechos ocurridos el 16 de septiembre, cuando un grupo de indígenas Misak enlazaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, conquistador español, y jalaron hasta tumbarla del Morro de Tulcán en Popayán.
El acto dividió opiniones. La alcaldía municipal y la Policía de Popayán ofrecieron una recompensa de hasta $5.000.000 para identificar a los culpables. También circularon panfletos y amenazas a las autoridades y miembros del pueblo indígena. Son esas amenazas las que hoy rechazan los firmantes del comunicado:
“El pueblo Misak, en ejercicio de su autonomía, realiza un juicio en el cual Sebastián de Belalcázar es encontrado culpable de diversos delitos en contra de los pueblos indígenas del Gran Cauca. La condena recae sobre la estatua del conquistador, ubicada en el Morro de Tulcán (...) Y es consecuentemente derrumbada por ser el símbolo del dominio colonial y, en general, de una historia de despojo y desconocimiento a los pueblos indígenas de la región que se mantiene desde la ‘conquista’ hasta la actualidad”.
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Según los firmantes, “el Morro es en sí mismo un montículo fúnebre y ceremonial prehispánico, y que por ello el solo hecho de haber colocado en su cima la efigie del ‘conquistador’ implicaba profanar un lugar sagrado de proporcional trascendencia para los antiguos y los actuales pueblos amerindios. Las acciones del pasado 16 de septiembre respondieron a aquel mandato”.
De hecho, el Movimiento Autoridades Indígenas del Suroccidente dijo en un comunicado que a Belalcázar se le realizó un juicio histórico y se le condena por genocidio, despojo y acaparamiento de tierras; además de desaparición física de los pueblos que hacían parte de la Confederación Pubenense. “Este juicio lo enmarcamos dentro de un compromiso que tenemos frente a la memoria colectiva de nuestra sangre, razón por la cual estamos convocados a reescribir la historia liberándonos de toda huella producto de la colonialidad del saber”, informaron en el comunicado.
Los Pubenenses son grupos de indígenas que habitaron en el valle de Pubén, al suroccidente de Colombia, donde actualmente se ubica Popayán. Provenían del continente asiático y llegaron al valle de Pubén aproximadamente 1.000 años antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, donde se sedentarizaron y desempeñaron la agricultura, los tejidos y la cerámica, según la Organización Indígena de Colombia.
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“Como antropólogas y antropólogos llamamos a evitar los juicios racistas y las medidas represivas alrededor de los acontecimientos. En cambio, vemos en este momento una oportunidad excepcional para dialogar y debatir sobre lo que significa asumir a los pueblos como sujetos de poder en la vida nacional, como partes constitutivas de la vida política, económica, territorial y cultural del suroccidente y del país. De comprender de manera amplia nuestra historia, en la que los pueblos y comunidades que han hecho parte de ella, encuentren representada su memoria, su voz y restituida la dignidad que les ha sido tantas veces negada”, se lee en el comunicado.
El Gobierno Nacional entabló una mesa de diálogos con ocho gobernadores de los cabildos Misak, delegados de dicha comunidad y representantes de las Autoridades Indígenas del Sur Occidente – AISO, quienes se reunieron con el viceministro del Interior, Carlos Baena; el Alcalde de Popayán, Juan Carlos López y el secretario de Gobierno departamental, Luis Angulo. Las conversaciones tuvieron lugar el 19 de septiembre, en el resguardo La María, Piendamó; para llegar a acuerdos colectivos que impidan las confrontaciones y el ataque a las personas y a los bienes.
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