Anuncian más retiros en la Policía por caso de falsa olla de droga en Pereira

Tras el escándalo que se originó por el anuncio de la demolición de un supuesto punto de expendio de drogas, que en realidad era una vivienda en riesgo de colapso, se confirmó un revolcón en la Policía Metropolitana de Pereira (MEPER). Tras la salida del comandante, el coronel Anibal Villamizar, el director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas aseguró que el segundo comandante, John Fredy Falla y algunos funcionarios de investigación criminal del Eje Cafetero y del nivel central fueron retirados de sus cargos.

“La decisión que tomé de manera inmediata y que le indiqué que al señor ministro de Defensa, Diego Molano de separar a los funcionarios que tengan alguna relación con ese caso es para garantizar que la investigación sea viene hecha”, aseguró el alto oficial. “Lo prudente es poder tomar estas decisiones muy rápido y tan pronto tengamos resultados lo comunicaremos a la opinión pública”, agregó.

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De acuerdo con el boletín de la inspección 15 municipal de Policía, el inmueble en cuestión, ubicado en el barrio La Libertad, debía ser demolido ante el riesgo de colapso, tal y como lo había denunciado días atrás Carlos Andrés Sánchez, nieto de la mujer de una mujer de la tercera edad que hasta hace tres meses vivió en la casa, que nunca tuvo procesos judiciales por tráfico de estupefacientes.

Pese a que el director de la Dijín, general Fernando Murillo, pidió disculpas a través de los medios de comunicación por el error, Sánchez indicó que su familia ya está siendo representada por una firma de abogados, con el fin de demandar al Estado por los daños causados. El familiar de la afectada también contó a Semana que días atrás de la demolición, policías le pidieron las llaves de la vivienda para ingresar habitantes de calle a la estructura y así justificar que sí se trataba de un lugar de consumo de drogas.

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Cabe aclarar que, en su momento, el ministro de defensa, Diego Molano, aseguró que la vivienda era un foco de inseguridad y de drogadicción, a la vez que resaltó el éxito del procedimiento, en el marco del programa Plan 1.000, con el que las autoridades buscan hacerle frente a los expendios de droga.

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“Se había convertido en una guarida de atracadores, en un sitio de consumo (...) yo estoy seguro que en la noche nadie quería pasar por acá, al adulto mayor le da miedo, los papas que tenían que cruzar acá al barrio de La Libertad les daba temor”, indicó el ministro, haciendo alusión a “años de investigación”que llevaron a la demolición del inmueble.

Tras el escándalo que se originó por el anuncio de la demolición de un supuesto punto de expendio de drogas, que en realidad era una vivienda en riesgo de colapso, se confirmó un revolcón en la Policía Metropolitana de Pereira (MEPER). Tras la salida del comandante, el coronel Anibal Villamizar, el director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas aseguró que el segundo comandante, John Fredy Falla y algunos funcionarios de investigación criminal del Eje Cafetero y del nivel central fueron retirados de sus cargos.

“La decisión que tomé de manera inmediata y que le indiqué que al señor ministro de Defensa, Diego Molano de separar a los funcionarios que tengan alguna relación con ese caso es para garantizar que la investigación sea viene hecha”, aseguró el alto oficial. “Lo prudente es poder tomar estas decisiones muy rápido y tan pronto tengamos resultados lo comunicaremos a la opinión pública”, agregó.

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De acuerdo con el boletín de la inspección 15 municipal de Policía, el inmueble en cuestión, ubicado en el barrio La Libertad, debía ser demolido ante el riesgo de colapso, tal y como lo había denunciado días atrás Carlos Andrés Sánchez, nieto de la mujer de una mujer de la tercera edad que hasta hace tres meses vivió en la casa, que nunca tuvo procesos judiciales por tráfico de estupefacientes.

Pese a que el director de la Dijín, general Fernando Murillo, pidió disculpas a través de los medios de comunicación por el error, Sánchez indicó que su familia ya está siendo representada por una firma de abogados, con el fin de demandar al Estado por los daños causados. El familiar de la afectada también contó a Semana que días atrás de la demolición, policías le pidieron las llaves de la vivienda para ingresar habitantes de calle a la estructura y así justificar que sí se trataba de un lugar de consumo de drogas.

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Cabe aclarar que, en su momento, el ministro de defensa, Diego Molano, aseguró que la vivienda era un foco de inseguridad y de drogadicción, a la vez que resaltó el éxito del procedimiento, en el marco del programa Plan 1.000, con el que las autoridades buscan hacerle frente a los expendios de droga.

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“Se había convertido en una guarida de atracadores, en un sitio de consumo (...) yo estoy seguro que en la noche nadie quería pasar por acá, al adulto mayor le da miedo, los papas que tenían que cruzar acá al barrio de La Libertad les daba temor”, indicó el ministro, haciendo alusión a “años de investigación”que llevaron a la demolición del inmueble.