Arauca, el delito de sospecha

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Cuentan los habitantes del lugar que “más de sesenta personas fueron detenidas durante varias horas por los militares” en el área de la escuela, donde también les retuvieron las cédulas sin dar explicaciones. Muchos campesinos estaban sin documentos porque venían de bañarse en el río. “Había cuatro señores, de civil, al lado de los militares, tomando fotos”. Una hora después la gente empezó a protestar: “tenemos que echarle comida a los pollos y a las cachamas”, decían.

 

Finalmente, el oficial al mando señaló a varios jóvenes varones aleatoriamente, hasta completar una docena y enviarlos en un helicóptero hacia el Batallón Revéis Pizarro, cuenta uno de ellos. El Ejército alegó que no tenía cobertura para enviar la información a Inteligencia, mientras se comunicaban  por radio con el Batallón.

 

Algunos campesinos dijeron: “no se los pueden llevar sino tienen compromiso (pruebas)”, afirmando que no se iban hasta que les devolvieran los muchachos; otro les encaró diciendo  “debe haber un papel de la Fiscalía para recoger la gente”. Sin embargo,  no hubo orden judicial de por medio para las detenciones.

 

Cuando estaban en el Batallón, les preguntaron “por un tal Ratón”, que si sabían de secuestrados, que si conocían milicianos, ofreciéndoles 100 millones si colaboraban. Al final los iban a soltar en el área urbana de Saravena, pero los detenidos presionaron: “nos devuelven a donde nos cogieron”. Les tomaron fotos a ellos y a las cédulas de los que tenían, además de pedirles los números de los celulares. Uno con ironía me decía “el paseo me gustó, lo que no me gustó fue la preguntadera” mientras  los demás reían.

 

Uno de los entrevistados, advirtiéndome que no diga su nombre, confesó que: “con que a uno lo suelten, uno ya queda contento”; pero lo cierto es que, según los abogados consultados, se trata de una detención arbitraria.  Al despedirlos en la vereda, el militar al mando les dijo “por aquí nos vamos a seguir viendo las caras más seguido”. El problema no podría terminar allí sino, más exactamente empezar. 

 

 

Hace varios meses, a uno de los dirigentes de la Junta de Acción Comunal de allí mismo le allanaron la casa y cuando él pidió ver la orden judicial, le contestaron los militares: “por lo visto la guerrilla lo tiene bien entrenado”, como “si conocer los derechos fuera un delito”, nos dice el líder allí en su vereda. Varias personas mencionan haber sido víctimas de allanamientos sin orden judicial.

 

Hay, por los menos, tres casos recientes, de montajes judiciales registrados por las organizaciones de derechos humanos, desde el año pasado, me explica Marcela Cruz, de la Fundación de derechos humanos Joel Sierra. 

 

En un caso, en Arauca capital, miembros de la Policía colocaron una granada para inculpar a un ciudadano, pero el Juez lo absolvió; un segundo caso, fue en Puerto Contreras, allí cerca de un local comercial se encontraron 5 proyectiles de calibre 38, al acusado responsable del local le hicieron firmar el acta de incautación diciéndole que no le pasaría nada y al final fue condenado a 9 años de prisión. 

 

Un tercer caso, fue en el centro poblado de Puerto Nariño, donde los policías se fueron, durante el allanamiento, a la parte posterior de la casa y regresaron con un proveedor para fusil. En este último caso, la denuncia inmediata de la familia y el afán de la policía por responsabilizar a un solo muchacho, habiendo varias personas en la casa, permitió que la juez declarara ilegal la captura.

 

Un caso emblemático es el de Carlos Núñez, quien en febrero de 2012 fue detenido por más de un año. La prueba en su contra fue el testimonio de un supuesto informante, una persona que repitió, casi de manera literal, lo que él había dicho de sí mismo nueve años antes frente a unos militares, en una detención aleatoria como la que vivieron los muchachos de San Joaquín. Uno de los detenidos decía “el problema es que más tarde termine uno así, empapelado”.

 

 

Las detenciones masivas y las órdenes judiciales amañadas no son una novedad. En enero de este año, ocho Juntas de Acción Comunal protestaron porque Ecopetrol privatizó una vía pública que conduce a la subestación de bombeo de Banadías y unos meses después la Fiscalía les abrió proceso, paradójicamente, por obstrucción de la vía pública. 

 

Hace 20 años, el Incora le quitó la tierra a más de 150 familias de campesinos para dársela a la OXY en lo que hoy es el campo petrolero de Caño Limón (municipio de Arauquita), con la promesa de reubicación. Luego de 20 años sin cumplirse la promesa, la Corte Suprema ordenó al Incoder la reubicación, cosa que hizo ofreciendo lotes menos productivos y mucho más pequeños que los dados a la petrolera. Por eso, en octubre de 2013 varias familias se tomaron 60 hectáreas  de las antiguas veredas de La Osa y el Vivero, pero a raíz de una denuncia de la OXY, la Fiscalía les abrió proceso por “usurpación de tierra” y otros delitos. Allí les han atacado los cultivos y envenenado las matas de plátano, pero la Fiscalía eso no lo investiga.

 

Las detenciones arbitrarias, que aquí denominan falsos positivos judiciales, están clavadas en la memoria: cientos de líderes populares las sufrieron durante el primer gobierno de Uribe, muchos terminaron en libertad por falta de pruebas, pero luego de años de prisión. 

 

Un líder de Fortul me decía: “Yo fui víctima de los falsos positivos judiciales, duré quince meses en la cárcel, mientras tanto mi familia estuvo rebuscándose la vida para comer. Después, de regalo, a mi esposa la detuvieron. Nunca se han retractado. Ojalá en el espacio de la paz nos dejen decir estas cosas”.

 

 

La confianza entre militares y la comunidad está deteriorada. Las violaciones y asesinatos de niños en Tame, el bombardeo a civiles en Santo Domingo y el asesinato de dirigentes sociales en Caño Seco, son solo algunos de los muchos ejemplos de crímenes realizados por las Fuerzas Armadas.

 

El domingo 8, volvimos a la comunidad. Allí encontramos militares en la Escuela desplegando una brigada cívico-militar. Uno de los asistentes, en voz baja dijo “las detenciones del jueves no se reparan con una peluqueada”. 

 

En varias veredas el Ejército ha llegado ofreciendo obras menores que corresponde a otros, como el Ministerio de Educación; reparten mercados y regalos, todo dentro de la lógica del Plan de Consolidación que se aprendió de Afganistán: hacer sancochos con militares como política social. 

 

Otro caso que me cuentan es el de Gerson Bravo, de la vereda La Esmeralda; su casa fue allanada el mes pasado y el Ejército lo llama “alias Gerson”. El líder de la Acción Comunal nos despide diciendo “es mejor encontrarse uno con un tigre que con un militar”, explicando que los tigres no lo acusan a uno del “delito de sospecha”.

 

 

 

El Ejército Nacional informó a través de la emisora local newsradio.com.co que realizó una jornada cívico militar en la que el acercamiento y el intercambio de respeto fue mutuo entre la comunidad y la institución castrense, promoviendo el buen ejemplo de armonía y sana convivencia que debe respirarse en toda la jurisdicción del municipio de Saravena en el departamento de Arauca. Que con una respuesta positiva fueron recibidas las tropas de la Décima Octava Brigada, que a través del Grupo de Caballería Mecanizado No18 General “Gabriel Revéiz Pizarro”, llevaron hasta la vereda Bajo San Joaquín la disposición de trabajar en equipo para realizar mejoras en el techo de la institución educativa del lugar, y sirvió de articulación para que las más de 170 personas presentes se integraran en armonía alrededor de la jornada que llevó atención médica básica, punto de atención para definición de situación militar a personal masculino interesado, entrega de kits escolares y mercados, recreación y dinámicas lúdicas a menores, así como un almuerzo comunitario en donde además de los ingredientes, los soldados pusieron a disposición toda la vocación social que los caracteriza. “Los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón continúan trabajando con Fe en la Causa afianzando el compromiso adquirido con cada colombiano, expresando respeto por la riqueza más grande de esta región del país que es su gente, brindando la seguridad y promoviendo espacios de armonía y apoyos que representen mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Así mismo se invita a la comunidad de esta próspera y productiva región del oriente colombiano que a través de las líneas gratuitas 146 y 147 denuncien cualquier tipo de acción criminal”.

 

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Cuentan los habitantes del lugar que “más de sesenta personas fueron detenidas durante varias horas por los militares” en el área de la escuela, donde también les retuvieron las cédulas sin dar explicaciones. Muchos campesinos estaban sin documentos porque venían de bañarse en el río. “Había cuatro señores, de civil, al lado de los militares, tomando fotos”. Una hora después la gente empezó a protestar: “tenemos que echarle comida a los pollos y a las cachamas”, decían.

 

Finalmente, el oficial al mando señaló a varios jóvenes varones aleatoriamente, hasta completar una docena y enviarlos en un helicóptero hacia el Batallón Revéis Pizarro, cuenta uno de ellos. El Ejército alegó que no tenía cobertura para enviar la información a Inteligencia, mientras se comunicaban  por radio con el Batallón.

 

Algunos campesinos dijeron: “no se los pueden llevar sino tienen compromiso (pruebas)”, afirmando que no se iban hasta que les devolvieran los muchachos; otro les encaró diciendo  “debe haber un papel de la Fiscalía para recoger la gente”. Sin embargo,  no hubo orden judicial de por medio para las detenciones.

 

Cuando estaban en el Batallón, les preguntaron “por un tal Ratón”, que si sabían de secuestrados, que si conocían milicianos, ofreciéndoles 100 millones si colaboraban. Al final los iban a soltar en el área urbana de Saravena, pero los detenidos presionaron: “nos devuelven a donde nos cogieron”. Les tomaron fotos a ellos y a las cédulas de los que tenían, además de pedirles los números de los celulares. Uno con ironía me decía “el paseo me gustó, lo que no me gustó fue la preguntadera” mientras  los demás reían.

 

Uno de los entrevistados, advirtiéndome que no diga su nombre, confesó que: “con que a uno lo suelten, uno ya queda contento”; pero lo cierto es que, según los abogados consultados, se trata de una detención arbitraria.  Al despedirlos en la vereda, el militar al mando les dijo “por aquí nos vamos a seguir viendo las caras más seguido”. El problema no podría terminar allí sino, más exactamente empezar. 

 

 

Hace varios meses, a uno de los dirigentes de la Junta de Acción Comunal de allí mismo le allanaron la casa y cuando él pidió ver la orden judicial, le contestaron los militares: “por lo visto la guerrilla lo tiene bien entrenado”, como “si conocer los derechos fuera un delito”, nos dice el líder allí en su vereda. Varias personas mencionan haber sido víctimas de allanamientos sin orden judicial.

 

Hay, por los menos, tres casos recientes, de montajes judiciales registrados por las organizaciones de derechos humanos, desde el año pasado, me explica Marcela Cruz, de la Fundación de derechos humanos Joel Sierra. 

 

En un caso, en Arauca capital, miembros de la Policía colocaron una granada para inculpar a un ciudadano, pero el Juez lo absolvió; un segundo caso, fue en Puerto Contreras, allí cerca de un local comercial se encontraron 5 proyectiles de calibre 38, al acusado responsable del local le hicieron firmar el acta de incautación diciéndole que no le pasaría nada y al final fue condenado a 9 años de prisión. 

 

Un tercer caso, fue en el centro poblado de Puerto Nariño, donde los policías se fueron, durante el allanamiento, a la parte posterior de la casa y regresaron con un proveedor para fusil. En este último caso, la denuncia inmediata de la familia y el afán de la policía por responsabilizar a un solo muchacho, habiendo varias personas en la casa, permitió que la juez declarara ilegal la captura.

 

Un caso emblemático es el de Carlos Núñez, quien en febrero de 2012 fue detenido por más de un año. La prueba en su contra fue el testimonio de un supuesto informante, una persona que repitió, casi de manera literal, lo que él había dicho de sí mismo nueve años antes frente a unos militares, en una detención aleatoria como la que vivieron los muchachos de San Joaquín. Uno de los detenidos decía “el problema es que más tarde termine uno así, empapelado”.

 

 

Las detenciones masivas y las órdenes judiciales amañadas no son una novedad. En enero de este año, ocho Juntas de Acción Comunal protestaron porque Ecopetrol privatizó una vía pública que conduce a la subestación de bombeo de Banadías y unos meses después la Fiscalía les abrió proceso, paradójicamente, por obstrucción de la vía pública. 

 

Hace 20 años, el Incora le quitó la tierra a más de 150 familias de campesinos para dársela a la OXY en lo que hoy es el campo petrolero de Caño Limón (municipio de Arauquita), con la promesa de reubicación. Luego de 20 años sin cumplirse la promesa, la Corte Suprema ordenó al Incoder la reubicación, cosa que hizo ofreciendo lotes menos productivos y mucho más pequeños que los dados a la petrolera. Por eso, en octubre de 2013 varias familias se tomaron 60 hectáreas  de las antiguas veredas de La Osa y el Vivero, pero a raíz de una denuncia de la OXY, la Fiscalía les abrió proceso por “usurpación de tierra” y otros delitos. Allí les han atacado los cultivos y envenenado las matas de plátano, pero la Fiscalía eso no lo investiga.

 

Las detenciones arbitrarias, que aquí denominan falsos positivos judiciales, están clavadas en la memoria: cientos de líderes populares las sufrieron durante el primer gobierno de Uribe, muchos terminaron en libertad por falta de pruebas, pero luego de años de prisión. 

 

Un líder de Fortul me decía: “Yo fui víctima de los falsos positivos judiciales, duré quince meses en la cárcel, mientras tanto mi familia estuvo rebuscándose la vida para comer. Después, de regalo, a mi esposa la detuvieron. Nunca se han retractado. Ojalá en el espacio de la paz nos dejen decir estas cosas”.

 

 

La confianza entre militares y la comunidad está deteriorada. Las violaciones y asesinatos de niños en Tame, el bombardeo a civiles en Santo Domingo y el asesinato de dirigentes sociales en Caño Seco, son solo algunos de los muchos ejemplos de crímenes realizados por las Fuerzas Armadas.

 

El domingo 8, volvimos a la comunidad. Allí encontramos militares en la Escuela desplegando una brigada cívico-militar. Uno de los asistentes, en voz baja dijo “las detenciones del jueves no se reparan con una peluqueada”. 

 

En varias veredas el Ejército ha llegado ofreciendo obras menores que corresponde a otros, como el Ministerio de Educación; reparten mercados y regalos, todo dentro de la lógica del Plan de Consolidación que se aprendió de Afganistán: hacer sancochos con militares como política social. 

 

Otro caso que me cuentan es el de Gerson Bravo, de la vereda La Esmeralda; su casa fue allanada el mes pasado y el Ejército lo llama “alias Gerson”. El líder de la Acción Comunal nos despide diciendo “es mejor encontrarse uno con un tigre que con un militar”, explicando que los tigres no lo acusan a uno del “delito de sospecha”.

 

 

 

El Ejército Nacional informó a través de la emisora local newsradio.com.co que realizó una jornada cívico militar en la que el acercamiento y el intercambio de respeto fue mutuo entre la comunidad y la institución castrense, promoviendo el buen ejemplo de armonía y sana convivencia que debe respirarse en toda la jurisdicción del municipio de Saravena en el departamento de Arauca. Que con una respuesta positiva fueron recibidas las tropas de la Décima Octava Brigada, que a través del Grupo de Caballería Mecanizado No18 General “Gabriel Revéiz Pizarro”, llevaron hasta la vereda Bajo San Joaquín la disposición de trabajar en equipo para realizar mejoras en el techo de la institución educativa del lugar, y sirvió de articulación para que las más de 170 personas presentes se integraran en armonía alrededor de la jornada que llevó atención médica básica, punto de atención para definición de situación militar a personal masculino interesado, entrega de kits escolares y mercados, recreación y dinámicas lúdicas a menores, así como un almuerzo comunitario en donde además de los ingredientes, los soldados pusieron a disposición toda la vocación social que los caracteriza. “Los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón continúan trabajando con Fe en la Causa afianzando el compromiso adquirido con cada colombiano, expresando respeto por la riqueza más grande de esta región del país que es su gente, brindando la seguridad y promoviendo espacios de armonía y apoyos que representen mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Así mismo se invita a la comunidad de esta próspera y productiva región del oriente colombiano que a través de las líneas gratuitas 146 y 147 denuncien cualquier tipo de acción criminal”.