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Los últimos hechos de violencia registrados en el departamento de Arauca evidencian el bajo impacto de las rentas petroleras en el mejoramiento de la calidad de vida de los araucanos y el fracaso en la implementación del Acuerdo de Paz por parte del gobierno Duque. Las medidas anunciadas recientemente por el ministerio del Interior, que incluyen, entre otras, el despliegue de dos batallones con 600 hombres, no son suficientes para paliar un problema mayúsculo que se ha extendido por más de 30 años y para lo cual no se vislumbra una salida en el futuro inmediato.
Las cifras que deja el 2021 en el ámbito económico y social para el departamento son bastante desalentadoras y, sin duda, explican en buena parte el recrudecimiento del conflicto armado. Los datos revelados por el DANE relacionados con el mercado laboral revelan que la capital del departamento de Arauca ostenta la tasa de desempleo más alta del país (32,5 %), casi tres veces superior a la tasa nacional y la más alta en la historia reciente del departamento. Uno de cada tres araucanos no encuentra una oportunidad laboral que le garantice condiciones de vida digna, lo que, sumado a la migración de miles de familias venezolanas, facilita las tareas de reclutamiento a los grupos al margen de la ley.
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Asimismo, el DANE revela, en el Informe de Pobreza y Desigualdad publicado en 2021, que el índice de pobreza multidimensional (IPM) para el departamento de Arauca se incrementó en el último año en +2,8 puntos porcentuales (p.p.) y se ubicó en 26,1 % en 2020, +8.0 p.p. superior al total nacional, del 18,1 %.
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Igualmente, Arauca ocupa la primera posición nacional en incidencia de pobreza multidimensional según el sexo del jefe de hogar, por lo que este indicador en los hogares encabezados por mujeres es +6,2 p.p. superior a los encabezados por hombres, lo que evidencia una amplia brecha de género en este grupo poblacional. Paradójicamente el mismo informe revela que Arauca presenta la tasa más baja de niños y adolescentes que manifestaron estudiar en modalidad presencial, lo que contrasta con que solo el 25,3 % de los hogares araucanos tienen conexión a internet.
El índice departamental de competitividad 2020-2021, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, ubican al departamento en las últimas posiciones a escala nacional (puesto 27 de 33). Entre los indicadores en los que Arauca presenta su peor desempeño, que reflejan la crítica situación, se destaca la tasa de homicidio, secuestro y extorsión (las más altas del país), un bajo porcentaje de vías primarias en buen estado, escasa adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), baja cobertura de educación superior, técnica y tecnológica, deficiencias estructurales en el mercado laboral y un escaso, por no decir nulo, desarrollo empresarial e industrial. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) señala que el grado de complejidad del aparato productivo araucano es similar al de naciones africanas como Mauritania, Nigeria o Guinea: que se ubican en las últimas posiciones del índice de desarrollo humano (IDH) del PNUD.
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Panorama político
El panorama político del departamento no es diferente a su realidad económica y social. La captura, el 20 de octubre de 2021, del médico Facundo Castillos Cisneros, gobernador de Arauca, e imputación de cargos por su presunta participación en hechos de corrupción y nexos con miembros de la guerrilla del Eln, que terminan en medida de aseguramiento privativo de la libertad, ponen en jaque nuevamente al departamento y lo someten a la incertidumbre política y administrativa, generando traumatismos en la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental Construyendo Futuro 2020-2023. El 26 de noviembre de 2021 asumió como gobernador encargado el general en retiro Alejandro Miguel Navas Ramos, hasta que el partido Cambio Radical y demás movimientos políticos que apoyaron la candidatura de Castillo logren un consenso y presenten una terna al Gobierno Nacional, situación que a la fecha no ha sido resuelta.
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Perspectivas para el 2022
El panorama para el departamento para el año que comienza es muy desalentador. Un año en el que se define por elección popular al nuevo presidente de la República y los miembros del Congreso y Senado, implica la entrada en vigor de la Ley de Garantías, restringiendo la celebración de contratos, la adjudicación de obra pública y la adquisición de bienes y servicios, lo que ralentiza la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental y, por ende, dilata el cumplimiento de las metas propuestas para el cuatrienio, por lo que el departamento acumularía cerca de ocho meses, contados a partir de la captura del gobernador hasta el 19 de junio de 2022 (fecha en que posiblemente culmine la Ley de Garantías), con una limitada ejecución del presupuesto de inversión pública.
El escalonamiento del conflicto armado entre grupos armados irregulares agudiza la crisis económica en Arauca, generando graves consecuencias sociales, como el desplazamiento forzado de pobladores rurales, la pérdida de la producción campesina y la presión que implica para la administración departamental y los alcaldes municipales la atención de la población afectada por la grave situación de orden público.
Asimismo, el recrudecimiento del conflicto genera pérdida de confianza en los consumidores, empresarios y potenciales inversionistas, lo que agudiza la crisis de empleo, incrementa la pobreza y frena el desarrollo. La incertidumbre que genera no tener un gobernador en propiedad, el proceso electoral del presente año y el del año 2023 plantean grandes retos para la clase política local, que a la fecha no ha sido capaz de brindar soluciones duraderas para los araucanos.
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Retos para el próximo presidente
Dada la compleja situación del departamento, se requiere del Gobierno Nacional la puesta en marcha de una estrategia integral de intervención en el territorio que llene los vacíos que ha dejado por décadas la ausencia del Estado, generar una dinámica de desarrollo productivo que permita ocupar la mano de obra local, garantizar los mecanismos de gobernabilidad y el monopolio de las armas en manos de la fuerza pública. Quien asuma como presidente de los colombianos, el próximo 7 de agosto, entre otras cosas, debe retomar espacios de negociación y diálogo con el Eln y con grupos disidentes de las Farc; restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de tal forma que se adopte una estrategia conjunta de intervención sobre la frontera binacional; generar un ambicioso plan de transformación del aparato productivo del departamento que genere nuevos empleos, y brindar acceso a educación de calidad, fortalecer el emprendimiento y la generación de empleo para las nuevas generaciones de niños, jóvenes y adolescentes araucanos, de tal forma que se cierre la puerta a su incorporación a los grupos armados irregulares que infestan la región.
*Administrador de empresas, experto en TIC, magíster en Management y Gestión del Cambio, docente universitario y consultor empresarial y de gobiernos locales.