Arauca en una perspectiva nacional
La crítica situación que vive Arauca desde finales del año pasado y comienzos de este 2022 ha sido objeto de diferentes análisis sobre las causas del recrudecimiento de la violencia y las motivaciones que mueven a las organizaciones armadas con presencia en el territorio. Pero poco se ha dicho de cuánto de lo que ocurre en la región nos ayuda a entender el futuro de este nuevo ciclo violento a nivel general, de las disidencias de las Farc y de sus impactos humanitarios en otras regiones del país.
Víctor Barrera - Andrés Aponte - Charles Larratt-Smith*
Alianzas improbables
Entre las diferentes opiniones que existen en el debate sobre el desenlace de nuestras violencias después del Acuerdo de Paz, todas coinciden en señalar que uno de los principales cambios ha sido el de pasar de una guerra nacional a un archipiélago de confrontaciones locales sin aparente conexión entre sí.
No obstante, la realidad de Arauca muestra que, si bien estas violencias carecen de un relato nacional, no discurren de espaldas a lo que sucede en otros territorios ni son ajenas a las nuevas dinámicas que articulan la disputa regional con organizaciones armadas, realidades políticas y circuitos económicos que rebasan el territorio.
La confrontación en Arauca ha tenido lugar en el marco de un precario e impredecible juego de alianzas. Mientras del lado colombiano de la frontera se habla de presuntos acuerdos entre el Ejército nacional y las disidencias de los frentes 10 y 28 para golpear a un poderoso enemigo común como es el ELN(1), del lado venezolano se advierte sobre las relaciones de esta insurgencia con la Segunda Marquetalia y las fuerzas armadas venezolanas para evitar la expansión de las disidencias rivales.
Todo ello ha dado lugar a interpretaciones que anuncian, equivocadamente, un salto al pasado. Según el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa(2), en Arauca se habla de la creación de un Comando Conjunto Oriental que, de manera similar a lo que ocurre en departamentos como Cauca y Nariño con su análogo occidental, ha articulado capacidades y esfuerzos de varios grupos disidentes locales y extra-locales que, bajo el supuesto liderazgo de Gentil Duarte, han sumado esfuerzos para combatir a sus enemigos y tener una mejor articulación con lo que dice es un nuevo Secretariado de las Farc.
Esta apreciación pasa por alto que el proceso de nacionalización que emprendieron las FARC desde mediados de los ochenta, sobre la base de un desdoblamiento coordinado de frentes a diferentes lugares del país, es inviable en las actuales condiciones. Más que la creación de nuevas unidades sobre la base de un plan de expansión nacional, el futuro de las disidencias se juega en una situación en la que cada unidad compite o coopera ocasionalmente con otros grupos disidentes según las capacidades y activos que heredó de la “vieja” guerra (recursos logísticos, arraigo territorial, personal especializado, etc.) y el balance relativo de poder en cada disputa regional. Un juego que, al mismo tiempo, juegan otros actores armados, incluidos las mismas fuerzas estatales, y que está constreñido más no determinado por los diferentes escenarios regionales que se configuraron de acuerdo al tipo de presencia previo que tuvieron las hoy extintas FARC-EP como argumentamos en otro artículo. (3)
La situación en Arauca resulta ilustrativa de una dinámica más general propia de conflictos armados fragmentados con consecuencias sobre los formatos organizacionales que implementan las partes involucradas(4). El predominio de las alianzas tácticas basadas en cálculos que, sobre la marcha, hacen diferentes grupos armados nos indican que el “modelo burocrático” de las FARC-EP ha dejado de ser el formato organizacional ganador ante las actuales condiciones de la confrontación(5). La extensión de modalidades como la subcontratación de servicios criminales disponibles en el mercado, la generalización de dinámicas de reclutamiento orientadas por débiles procesos de socialización política y disciplina interna, y el excesivo localismo con el que operan estas nuevas organizaciones hacen de éstas emprendimientos más flexibles y descentralizados por “diseño” que se ajustan mejor a un ambiente incierto y constantemente cambiante.
De cohesionarse, las disidencias lo harían bajo una lógica de concentración del poder sin jerarquización en la que cada unidad operaría sobre la base de un arreglo de distribución de poder transitorio que, al mismo tiempo que eventualmente incentivaría complicados problemas de acción colectiva internamente, dinamizaría nuevas alianzas intergrupales con consecuencias desproporcionadas sobre la población civil.
La población civil en la mira
Lo anterior tiene implicaciones directas sobre el tipo y magnitud de la violencia que despliegan las organizaciones armadas en este nuevo ciclo de guerra. Los ataques terroristas y la trágica hostilización de la población civil por parte de los grupos armados en Arauca, lamentablemente, no es exclusiva de esta región. En regiones como Chocó, Cauca y Nariño, para citar apenas tres ejemplos entre muchos, se observa un escenario similar en el que la fortaleza de las organizaciones sociales y comunitarias ya no alcanza a contener la violencia de los grupos armados.
En el departamento del Chocó, la guerra que libra el Ejército una presunta alianza con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en contra del ELN dejó más de 6.000 personas desplazadas y de 27.000 confinadas en 2021, acompañada de una estela de asesinatos selectivos cometidos, predominantemente, bajo la modalidad de sicariato. Una modalidad que, nuevamente de forma equivocada, algunas autoridades asumen como una expresión de la delincuencia común ignorando las conexiones que ésta tiene con las organizaciones que se disputan el control del territorio, los recursos y la población.
En el Cauca, las mismas autoridades y organizaciones indígenas que, durante décadas resistieron y reivindicaron la autonomía y neutralidad de la población civil en medio de la “vieja” guerra, hoy son blanco de todos los grupos armados que se disputan el territorio. Los atentados de grupos disidentes con carros bomba en Padilla y Corinto en los meses de febrero y marzo de 2021, respectivamente, y las denuncias de la misma comunidad sobre las cambiantes alianzas entre cárteles mexicanos, ELN, disidencias, fuerzas estatales y funcionarios públicos, ilustran los enormes riesgos que actualmente enfrenta la población civil, tal como alarmó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad luego de escuchar más de 200 testimonios en esta región.
Finalmente, en el departamento de Nariño, las alianzas entre grupos disidentes, fuerza pública y ELN están a la orden del día y evolucionan de acuerdo a las ventajas transitorias que les reportan a cada organización en medio de una disputa abierta que, además de poner en el centro de la confrontación a la población civil, disparó el reclutamiento de menores a quienes, además de dinero, estos grupos les ofrecen jerarquía dentro de sus estructuras como aseguraron Kyle Johnson, Juanita Vélez y Ángela Olaya en un artículo publicado en junio de 2021 (6).
¿Cómo explicar el incremento de estos ataques en contra de la población civil y por qué es altamente probable que no vayan a cesar en el corto y mediano plazo tanto en Arauca como en otras regiones del país? A contracorriente de las explicaciones basadas en la naturaleza avariciosa de los grupos armados, creemos que esta violencia se explica mejor si se tienen en cuentan tres factores que se refuerzan entre sí (7):
· La transformación del valor estratégico que adquirieron las regiones ante la desnacionalización de la guerra. Una consecuencia lógica del excesivo localismo de este nuevo ciclo violento es que los grupos armados dependen mucho más de los territorios en los que operan lo cual incide en el valor estratégico que le confieren. De este modo, antes que negociar su presencia con los actores sociales del territorio, los grupos armados están más orientados a hostilizarlos y expulsarlos, especialmente si estos actores ejercen autoridad sobre él, como es el caso de muchas organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes.
· El predominio de estructuras organizacionales más laxas y fluidas de los grupos armados que perpetran esta violencia. Con el reclutamiento acelerado para responder un escalamiento de la confrontación, el debilitamiento de los procesos de socialización de estos nuevos miembros y el permanente relevo de líderes y comandantes desestabilizan cualquier posibilidad de contener la violencia y respetar potenciales acuerdos humanitarios que reclaman la neutralidad de la población civil.
· El encogimiento de los horizontes temporales en las decisiones que toman los líderes y comandantes de estas organizaciones armadas. Con la estrategia de objetivos de alto valor y las cruentas disputas con diversas organizaciones armadas han tenido como consecuencia un relevo permanente de cabecillas que, obligados a tomar decisiones en el corto plazo, descartan apuestas más estratégicas propias del mediano y largo plazo en las que unas relaciones respetuosas con la población civil serían fuente de estabilidad. La prioridad de vencer al enemigo y expulsarlo del territorio dinamiza las más improbables alianzas ocasionales y elimina cualquier consideración humanitaria.
Desafíos humanitarios
Si vemos en perspectiva estos tres factores, es claro que la tragedia humanitaria que se vive en varias regiones de Colombia no es una consecuencia inmediata de las economías ilícitas o de un cambio en las motivaciones de las organizaciones armadas que dejaron de ser políticas para volcarse a la criminalidad. Es el resultado de un proceso de transición en el que los grupos armados, incluidos las mismas fuerzas estatales, están aprendiendo a operar sobre la marcha y descubrir nuevos libretos que, hasta el momento, trascienden las identidades que los ubicaban como aliados o enemigos en la vieja guerra. Identidades que, por supuesto, no eran monolíticas ni permanentes, pero que sí se habían modelado de acuerdo a discursos y dinámicas que hoy ya no están vigentes.
Mientras varias voces con las mejores intenciones reclaman volver la mirada al Acuerdo de Paz como solución, la crisis en Arauca, al igual que la que viven otras regiones del país, requiere de una estrategia más urgente y novedosa de contención de la violencia y protección de la población civil que no sólo ha quedado en medio del fuego cruzado, como advierten algunos análisis, sino que es objeto directo de la confrontación.
El gran desafío aquí es que las viejas fórmulas que sirvieron en el pasado para conseguir alivios humanitarios en medio de la guerra quizá no sean suficientes frente las transformaciones que argumentamos están detrás de la violencia en contra la población civil y, sostenemos, no es exclusiva del departamento de Arauca. La fragmentación de las organizaciones que perpetran estas violencias, el constante relevo de sus líderes y comandantes, la dificultad de estas organizaciones de entablar alianzas “programáticas” sostenibles en el mediano y largo plazo, y el inusitado valor estratégico de los territorios donde operan, plantean enormes retos en términos de con quién negociar estos acuerdos, sobre la base de qué contenidos y cómo hacerlos sostenibles en el tiempo.
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(1) https://www.noticiasuno.com/nacional/brazaletes-de-ejercito-y-disidencias-en-uniforme-de-hombre-muerto-en-ataque-armado-en-arauca/
(2) https://www.youtube.com/watch?v=00apsvdNrzk&t=570s&ab_channel=RevistaSemana
(3) https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/entendiendo-las-dinamicas-del-tercer-ciclo-de-la-guerra-en-colombia/
(4) Christia, F. (2012). Alliance Formation in Civil Wars. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139149426
(5) Francisco Gutiérrez-Sanín (2018) The FARC’s militaristic blueprint, Small Wars & Insurgencies, 29:4, 629-653, DOI: 10.1080/09592318.2018.1497288
(6) https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/narino-una-guerra-entre-ninos/
(7) Barrera, Víctor (2020), Paz, convivencia y seguridad en tiempos inciertos Visión y agenda de investigación 2021-2025 Programa 1. Estado, Conflicto y Paz. Disponible en: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20201129_Paz_convivencia_y_seguridad.pdf
Alianzas improbables
Entre las diferentes opiniones que existen en el debate sobre el desenlace de nuestras violencias después del Acuerdo de Paz, todas coinciden en señalar que uno de los principales cambios ha sido el de pasar de una guerra nacional a un archipiélago de confrontaciones locales sin aparente conexión entre sí.
No obstante, la realidad de Arauca muestra que, si bien estas violencias carecen de un relato nacional, no discurren de espaldas a lo que sucede en otros territorios ni son ajenas a las nuevas dinámicas que articulan la disputa regional con organizaciones armadas, realidades políticas y circuitos económicos que rebasan el territorio.
La confrontación en Arauca ha tenido lugar en el marco de un precario e impredecible juego de alianzas. Mientras del lado colombiano de la frontera se habla de presuntos acuerdos entre el Ejército nacional y las disidencias de los frentes 10 y 28 para golpear a un poderoso enemigo común como es el ELN(1), del lado venezolano se advierte sobre las relaciones de esta insurgencia con la Segunda Marquetalia y las fuerzas armadas venezolanas para evitar la expansión de las disidencias rivales.
Todo ello ha dado lugar a interpretaciones que anuncian, equivocadamente, un salto al pasado. Según el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa(2), en Arauca se habla de la creación de un Comando Conjunto Oriental que, de manera similar a lo que ocurre en departamentos como Cauca y Nariño con su análogo occidental, ha articulado capacidades y esfuerzos de varios grupos disidentes locales y extra-locales que, bajo el supuesto liderazgo de Gentil Duarte, han sumado esfuerzos para combatir a sus enemigos y tener una mejor articulación con lo que dice es un nuevo Secretariado de las Farc.
Esta apreciación pasa por alto que el proceso de nacionalización que emprendieron las FARC desde mediados de los ochenta, sobre la base de un desdoblamiento coordinado de frentes a diferentes lugares del país, es inviable en las actuales condiciones. Más que la creación de nuevas unidades sobre la base de un plan de expansión nacional, el futuro de las disidencias se juega en una situación en la que cada unidad compite o coopera ocasionalmente con otros grupos disidentes según las capacidades y activos que heredó de la “vieja” guerra (recursos logísticos, arraigo territorial, personal especializado, etc.) y el balance relativo de poder en cada disputa regional. Un juego que, al mismo tiempo, juegan otros actores armados, incluidos las mismas fuerzas estatales, y que está constreñido más no determinado por los diferentes escenarios regionales que se configuraron de acuerdo al tipo de presencia previo que tuvieron las hoy extintas FARC-EP como argumentamos en otro artículo. (3)
La situación en Arauca resulta ilustrativa de una dinámica más general propia de conflictos armados fragmentados con consecuencias sobre los formatos organizacionales que implementan las partes involucradas(4). El predominio de las alianzas tácticas basadas en cálculos que, sobre la marcha, hacen diferentes grupos armados nos indican que el “modelo burocrático” de las FARC-EP ha dejado de ser el formato organizacional ganador ante las actuales condiciones de la confrontación(5). La extensión de modalidades como la subcontratación de servicios criminales disponibles en el mercado, la generalización de dinámicas de reclutamiento orientadas por débiles procesos de socialización política y disciplina interna, y el excesivo localismo con el que operan estas nuevas organizaciones hacen de éstas emprendimientos más flexibles y descentralizados por “diseño” que se ajustan mejor a un ambiente incierto y constantemente cambiante.
De cohesionarse, las disidencias lo harían bajo una lógica de concentración del poder sin jerarquización en la que cada unidad operaría sobre la base de un arreglo de distribución de poder transitorio que, al mismo tiempo que eventualmente incentivaría complicados problemas de acción colectiva internamente, dinamizaría nuevas alianzas intergrupales con consecuencias desproporcionadas sobre la población civil.
La población civil en la mira
Lo anterior tiene implicaciones directas sobre el tipo y magnitud de la violencia que despliegan las organizaciones armadas en este nuevo ciclo de guerra. Los ataques terroristas y la trágica hostilización de la población civil por parte de los grupos armados en Arauca, lamentablemente, no es exclusiva de esta región. En regiones como Chocó, Cauca y Nariño, para citar apenas tres ejemplos entre muchos, se observa un escenario similar en el que la fortaleza de las organizaciones sociales y comunitarias ya no alcanza a contener la violencia de los grupos armados.
En el departamento del Chocó, la guerra que libra el Ejército una presunta alianza con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en contra del ELN dejó más de 6.000 personas desplazadas y de 27.000 confinadas en 2021, acompañada de una estela de asesinatos selectivos cometidos, predominantemente, bajo la modalidad de sicariato. Una modalidad que, nuevamente de forma equivocada, algunas autoridades asumen como una expresión de la delincuencia común ignorando las conexiones que ésta tiene con las organizaciones que se disputan el control del territorio, los recursos y la población.
En el Cauca, las mismas autoridades y organizaciones indígenas que, durante décadas resistieron y reivindicaron la autonomía y neutralidad de la población civil en medio de la “vieja” guerra, hoy son blanco de todos los grupos armados que se disputan el territorio. Los atentados de grupos disidentes con carros bomba en Padilla y Corinto en los meses de febrero y marzo de 2021, respectivamente, y las denuncias de la misma comunidad sobre las cambiantes alianzas entre cárteles mexicanos, ELN, disidencias, fuerzas estatales y funcionarios públicos, ilustran los enormes riesgos que actualmente enfrenta la población civil, tal como alarmó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad luego de escuchar más de 200 testimonios en esta región.
Finalmente, en el departamento de Nariño, las alianzas entre grupos disidentes, fuerza pública y ELN están a la orden del día y evolucionan de acuerdo a las ventajas transitorias que les reportan a cada organización en medio de una disputa abierta que, además de poner en el centro de la confrontación a la población civil, disparó el reclutamiento de menores a quienes, además de dinero, estos grupos les ofrecen jerarquía dentro de sus estructuras como aseguraron Kyle Johnson, Juanita Vélez y Ángela Olaya en un artículo publicado en junio de 2021 (6).
¿Cómo explicar el incremento de estos ataques en contra de la población civil y por qué es altamente probable que no vayan a cesar en el corto y mediano plazo tanto en Arauca como en otras regiones del país? A contracorriente de las explicaciones basadas en la naturaleza avariciosa de los grupos armados, creemos que esta violencia se explica mejor si se tienen en cuentan tres factores que se refuerzan entre sí (7):
· La transformación del valor estratégico que adquirieron las regiones ante la desnacionalización de la guerra. Una consecuencia lógica del excesivo localismo de este nuevo ciclo violento es que los grupos armados dependen mucho más de los territorios en los que operan lo cual incide en el valor estratégico que le confieren. De este modo, antes que negociar su presencia con los actores sociales del territorio, los grupos armados están más orientados a hostilizarlos y expulsarlos, especialmente si estos actores ejercen autoridad sobre él, como es el caso de muchas organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes.
· El predominio de estructuras organizacionales más laxas y fluidas de los grupos armados que perpetran esta violencia. Con el reclutamiento acelerado para responder un escalamiento de la confrontación, el debilitamiento de los procesos de socialización de estos nuevos miembros y el permanente relevo de líderes y comandantes desestabilizan cualquier posibilidad de contener la violencia y respetar potenciales acuerdos humanitarios que reclaman la neutralidad de la población civil.
· El encogimiento de los horizontes temporales en las decisiones que toman los líderes y comandantes de estas organizaciones armadas. Con la estrategia de objetivos de alto valor y las cruentas disputas con diversas organizaciones armadas han tenido como consecuencia un relevo permanente de cabecillas que, obligados a tomar decisiones en el corto plazo, descartan apuestas más estratégicas propias del mediano y largo plazo en las que unas relaciones respetuosas con la población civil serían fuente de estabilidad. La prioridad de vencer al enemigo y expulsarlo del territorio dinamiza las más improbables alianzas ocasionales y elimina cualquier consideración humanitaria.
Desafíos humanitarios
Si vemos en perspectiva estos tres factores, es claro que la tragedia humanitaria que se vive en varias regiones de Colombia no es una consecuencia inmediata de las economías ilícitas o de un cambio en las motivaciones de las organizaciones armadas que dejaron de ser políticas para volcarse a la criminalidad. Es el resultado de un proceso de transición en el que los grupos armados, incluidos las mismas fuerzas estatales, están aprendiendo a operar sobre la marcha y descubrir nuevos libretos que, hasta el momento, trascienden las identidades que los ubicaban como aliados o enemigos en la vieja guerra. Identidades que, por supuesto, no eran monolíticas ni permanentes, pero que sí se habían modelado de acuerdo a discursos y dinámicas que hoy ya no están vigentes.
Mientras varias voces con las mejores intenciones reclaman volver la mirada al Acuerdo de Paz como solución, la crisis en Arauca, al igual que la que viven otras regiones del país, requiere de una estrategia más urgente y novedosa de contención de la violencia y protección de la población civil que no sólo ha quedado en medio del fuego cruzado, como advierten algunos análisis, sino que es objeto directo de la confrontación.
El gran desafío aquí es que las viejas fórmulas que sirvieron en el pasado para conseguir alivios humanitarios en medio de la guerra quizá no sean suficientes frente las transformaciones que argumentamos están detrás de la violencia en contra la población civil y, sostenemos, no es exclusiva del departamento de Arauca. La fragmentación de las organizaciones que perpetran estas violencias, el constante relevo de sus líderes y comandantes, la dificultad de estas organizaciones de entablar alianzas “programáticas” sostenibles en el mediano y largo plazo, y el inusitado valor estratégico de los territorios donde operan, plantean enormes retos en términos de con quién negociar estos acuerdos, sobre la base de qué contenidos y cómo hacerlos sostenibles en el tiempo.
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(1) https://www.noticiasuno.com/nacional/brazaletes-de-ejercito-y-disidencias-en-uniforme-de-hombre-muerto-en-ataque-armado-en-arauca/
(2) https://www.youtube.com/watch?v=00apsvdNrzk&t=570s&ab_channel=RevistaSemana
(3) https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/entendiendo-las-dinamicas-del-tercer-ciclo-de-la-guerra-en-colombia/
(4) Christia, F. (2012). Alliance Formation in Civil Wars. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139149426
(5) Francisco Gutiérrez-Sanín (2018) The FARC’s militaristic blueprint, Small Wars & Insurgencies, 29:4, 629-653, DOI: 10.1080/09592318.2018.1497288
(6) https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/narino-una-guerra-entre-ninos/
(7) Barrera, Víctor (2020), Paz, convivencia y seguridad en tiempos inciertos Visión y agenda de investigación 2021-2025 Programa 1. Estado, Conflicto y Paz. Disponible en: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20201129_Paz_convivencia_y_seguridad.pdf