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Colombia tiene más de 6.300 km de frontera terrestre con cinco países y costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Son zonas de una riqueza cultural y natural inimaginables, y de constantes flujos de migrantes avivados tanto por la hermandad entre naciones como por los vaivenes políticos de la región. En algunas de estas fronteras hay grupos armados ilegales, rutas de narcos, contrabandistas o traficantes de personas. ¿Cómo fortalecer la presencia del Estado, aprovechar las oportunidades de integración, dinamizar la economía y aprender de los ejemplos de resiliencia de indígenas, afros y otras comunidades de esas zonas?
El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación, y la Friedrich Ebert Stiftung Colombia (Fescol) recorrieron las zonas limítrofes del país y documentaron su situación. Cuarta entrega.
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Una familia venezolana caminaba por la vía que comunica a los municipios de Arauca y Tame en la mañana del miércoles 26 de enero. Ender España (27 años) y Olivey Hidalgo (33 años) habían salido en la madrugada de San Fernando, la capital del estado Apure, junto con sus dos hijas de 3 y 5 años, y su hijo de un año recién cumplido. El padre y la madre cargaban maletas pesadas, mientras que una de las niñas llevaba una bolsa con provisiones.
“Es la primera vez que vengo a Colombia. Vine a trabajar para mantener a mis hijos porque en Venezuela es imposible; allá trabajaba en una panadería, pero quebró. Ahora nos dirigimos a Tame, porque mi esposa tiene unos conocidos que, de pronto, nos pueden ayudar”, dijo Ender España mientras cargaba a su hijo.
La familia tomó un bus desde San Fernando hasta la localidad El Amparo, del municipio Páez (estado Apure, Venezuela). Allí pagaron $2 mil para poder cruzar la frontera natural del río Arauca hasta El Malecón, donde se concentra uno de los 28 pasos informales de la capital del departamento de Arauca. “Un señor nos dijo que nos demorábamos ocho horas caminando”, aseguró el padre de familia, sin tener mucha certeza del lugar al que iban.
De acuerdo con Migración Colombia, hasta agosto de 2021 había cerca de 34 mil migrantes venezolanos en Arauca (más de 18 mil en la capital). Muchos de ellos cruzan la frontera y no saben con qué panorama se encontrarán del otro lado, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una zona en la que confluyen múltiples fenómenos derivados del recrudecimiento de la violencia, el posicionamiento de grupos armados ilegales y la disputa que libra el Frente Domingo Laín Sáenz del Eln y la Segunda Marquetalia, con los frentes 10, 28, 35 y 45 de las disidencias de las Farc, por el control de las rentas ilegales en la frontera. Las cifras dan cuenta del panorama: según el último balance de la Fiscalía General de la Nación, en el departamento se han cometido al menos 67 homicidios desde que empezó 2022, y la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) reveló que hasta el 31 de enero, más de 2.237 personas (857 familias) se encontraban desplazadas. Entre ellas, hay 180 familias venezolanas víctimas de desplazamiento en Tame, Arauquita y Saravena.
Una crisis hacia la que el país volteó la mirada el pasado 2 de enero, cuando medios locales de Arauca advirtieron sobre la presencia de al menos 23 muertos en zona rural de los municipios de Tame y Saravena, después de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln. Pronto la Fiscalía determinó que las personas fueron asesinadas con disparos a corta distancia. Los hostigamientos han aumentado en lo que va del año, con atentados como el del carro bomba del pasado 19 de enero contra el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de Saravena, que afectó las instalaciones de los medios Trochando Sin Fronteras y de Sarare Stereo.
La población migrante no se escapa de este contexto y su precaria situación económica, y la falta de información sobre las dinámicas del territorio los hace vulnerables ante la presión de grupos armados. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos, Violencias y Conflictividades de Arauca, entre el 1º y 27 de enero fueron asesinados al menos 15 ciudadanos venezolanos. Un panorama al que se suman los riesgos de amenazas, secuestros, desapariciones, desplazamientos, explotación sexual y reclutamiento forzado.
“Tenía una vida estable al otro lado, pero por cosas de la vida me traje a mis dos hijos para acá. Uno tiene 14 y el otro, 8. Hoy me da vergüenza verlos a la cara y decirles: ‘Soy tu madre’ (…) He estado buscando ayuda en Unicef, pero no tengo plata ni para las fotocopias”, manifestó a El Espectador una mujer venezolana del estado Guárico, que pidió no ser identificada. Desde que migró, hace más de tres años en busca de nuevas oportunidades, ha estado en el asentamiento El Recreo, ubicado a tan solo unos metros del Puente Internacional José Antonio Páez (PIJAP). Este es el único punto de control migratorio terrestre, a pesar de que los pasos informales se extienden a lo largo de 296 km de frontera con Venezuela.
En municipios como Saravena y Arauquita el control de venezolanos indocumentados es mucho más fuerte que en Arauca, debido al dominio que ejercen los grupos armados. De ahí que la capital sea la que más recibe población migrante. Según Migración Colombia, 4.299 personas pasaron con pasaporte a través del PIJAP en 2021 (3.348 ingresos y 951 salidas). Lo cierto es que el grueso de la población migrante cruza el río en una canoa, con distintos objetivos. En Arauca son reconocibles al menos tres tipos de migrantes: población con vocación de permanencia, población pendular y población en tránsito. Estas lógicas también aplican para los colombianos retornados de Venezuela.
Buena parte de los migrantes que se quedan en Arauca se ubican en alguno de los 21 asentamientos que están repartidos por la capital. “La mayoría están en zonas de protección ambiental que son fácilmente inundables, lo que conlleva a riesgos para las comunidades (…) No solo hay venezolanos, también hay víctimas del conflicto armado y población desplazada colombiana”, aseguró Alexánder Rivera, personero de Arauca. Según la última Evaluación de Necesidades del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), realizada en junio de 2021, Arauca es uno de los departamentos en los que los migrantes y refugiados más dependen de deudas y préstamos, sumado a que el 32 % de los hogares encuestados están en riesgo de desalojo.
La población pendular, que se mueve constantemente por la frontera en busca oportunidades de trabajo y obtener alimentos y medicinas en un departamento que tiene una tasa de desempleo del 32,5 %. “El comercio se mantiene dinámico gracias a la migración. Ellos compran bultos de comida para alimentarse y abastecer sus negocios en El Amparo, Arichuna y Guasdualito (…) Además, compran repuestos de vehículos, electrodomésticos y gasolina, que antes era traída de Venezuela, pero ahora está muy cara”, señaló William Vieldman, periodista local de Meridiano 70. Por las calles de Arauca es común ver a migrantes trabajando con ‘carruchas’ o carros de mercado, que utilizan como servicio para llevar las pertenencias y compras de los migrantes que quieren cruzar la frontera.
Los migrantes en tránsito o caminantes, como la familia de Ender España, suelen desplazarse a otros municipios de Arauca, a otras ciudades (como Yopal, Villavicencio y Bogotá) e incluso a otros países (Ecuador, Perú y Chile). De acuerdo con Jean Francois Ruel y Peter Jannsen, coordinadores del GIFMM por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), respectivamente, las principales necesidades de esta población son el apoyo humanitario, los servicios de primeros auxilios, los lugares de descanso y la información sobre rutas seguras para poder transitar.
“Trabajaba en una finca en Bogotá. Regresé a Venezuela hace un mes a buscar a mi mamá, porque mi esposa murió de hipotermia y no me dejaban llevar a mi hijo de cinco años al trabajo. Cuando llegué con las cenizas de mi señora a donde mi mamá me dijo que también me iba a morir en Colombia (…) Al final no pude dejar al niño allá ni tampoco traerme a mi mamá para que me lo cuidara”, contó Ronald Grajales, migrante venezolano de Barquisimeto, mientras esperaba su último almuerzo en la Pastoral Social Caritas, antes de viajar a Bogotá.
La pastoral de la Iglesia católica en Arauca ha sido una de las organizaciones más comprometidas con la atención inmediata a migrantes en el departamento. Solo en 2021 apoyaron a 2.364 personas a través de las líneas de acción de salud, asistencia psicosocial, asistencia sociojurídica y el servicio de albergue. A este lugar llegan alrededor de 55 migrantes a diario en busca de un refugio en el que se puedan quedar mientras se organizan y definen su camino. “Cada familia puede quedarse en el albergue hasta cinco días, con alimentación incluida. Los ayudamos con kits de alimentación e higiene, con apoyos para que adquieran el Estatuto Temporal de Protección y con talleres para personas víctimas (…) Han llegado casos de personas a las que les roban todas sus pertenencias en el camino, otros que llegan casi muriéndose. Es frustrante, porque en muchas ocasiones se nos sale de las manos”, dijo Kelly Tovar, coordinadora de la Pastoral Social Caritas Arauca.
Según Tovar, si no fuera por el apoyo de fundaciones, organizaciones sociales y comunidad internacional, la atención a esta población sería muy limitada. Todo esto, a pesar de que muchas organizaciones han manifestado su temor por las represalias que podría traer el hecho de seguir trabajando con poblaciones vulnerables. El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por su sigla en inglés), por ejemplo, brindó ayuda humanitaria a más de 170 mil personas el año pasado. “Ofrecemos servicio de comida caliente para las personas que están en tránsito, así como kits alimentarios. En población de permanencia hacemos transferencias que son redimibles en bonos de alimentación y aseo”, aseguró Diego Molina, representante del WFP en Arauca.
También está el GIFMM que, junto con 77 socios (entre agencias de Naciones Unidas, ONG, organizaciones venezolanas y la Cruz Roja), ha elaborado planes de salud, seguridad alimentaria y nutrición, así como de agua, saneamiento e higiene, que han beneficiado a más de 250 mil personas en el departamento.
Afectaciones sobre las mujeres migrantes
“Calculamos que 9 de cada 10 mujeres en casas de prostitución son venezolanas indocumentadas, lo que no les permite acceder ni siquiera a servicios de salud. Si salen, siempre están acompañadas de la dueña del local, que está pendiente de lo que puedan contar. Para nadie es un secreto que los actores armados están detrás de muchas de las lógicas de explotación”, manifestó Leidy Riera, coordinadora de migrantes de la Fundación Garaje de Sueños, organización que realiza intervenciones artísticas con población vulnerable.
De acuerdo con información de la ONG Apoyar, que tiene presencia en Arauca desde hace 21 años, el 78 % de las mujeres migrantes encuestadas a finales de 2020 son jefas de hogar y en su gran mayoría tienen personas a cargo, lo que limita el desarrollo de sus capacidades. También resulta preocupante que un 61,3 % no usa métodos anticonceptivos, lo que se agrava por el contexto de que ninguna de las encuestadas se encuentra afiliada al régimen contributivo de salud y que solo el 19,2 % de ellas pertenece al régimen subsidiado. El estudio también demostró que existe un desconocimiento en las rutas de atención para denunciar violencias basadas en género, contexto que se agrava por la desconfianza hacia las instituciones y por la violencia psicológica ejercida sobre ellas por estar indocumentadas.
Niñez y adolescencia en contexto de migración
Entre 2020 y 2021, la ONG Apoyar identificó 588 niños, niñas y adolescentes separados (sin sus padres, pero con algún pariente) y 483 no acompañados (sin padres ni parientes). El hecho de que muchos de ellos se ubiquen en asentamientos informales, les impide acceder a agua potable, alcantarillado, energía y condiciones de vivienda digna. Esto se suma a la presencia e influencia que pueden llegar a tener los grupos armados sobre los menores, pues muchos de ellos están vinculados a labores en el área rural.
“La niñez y adolescencia está expuesta a hechos como el reclutamiento forzado, utilización directa e indirecta en hechos hostiles, riesgo minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, y particularmente en las niñas y adolescentes, abuso sexual, trata y tráfico de personas en el marco del conflicto armado”, concluyó Apoyar.
