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Faltan 50 días para que finalice este año, y Arauca ya superó su tasa de homicidios de 2021. Las cifras suministradas por la Policía Nacional son escalofriantes: mientras en 2021 se registraron 185 muertes violentas (61,7 casos por cada 100.000 habitantes), al 31 de octubre del año en curso ese índice se trepó a 293 (97,2 casos por cada 100.000 habitantes), lo que equivale a un incremento del 56 % (ver infografía, abajo).
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El panorama se agrava si se tiene en cuenta el último reporte efectuado desde un observatorio de derechos humanos de ese departamento: del 1° de enero hasta el 8 de noviembre de 2022 se reportaron 306 homicidios con arma de fuego.
El municipio de Saravena ha sido el más golpeado por este delito: 144 homicidios. “Estamos procupados porque a pesar de los llamados y de la alta militarización que hay en el territorio el tema de los homicidios no cesa. En la última semana hubo 10 homicidios en Tame, Saravena y Puerto Rondón; le dice a El Espectador una líder social que mantenemos en el anonimato por motivos de seguridad.
Como si eso fuera poco, durante el último mes han sido registradas por lo menos 12 desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado, según la Defensoría del Pueblo.
“La situación en Arauca es alarmante, sin embargo, sabemos que la cifra (de desapariciones forzadas) es mucho mayor, pues conocemos de primera mano el temor de las comunidades a denunciar estos hechos ante posibles represalias de grupos armados ilegales que estarían detrás de estas acciones”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Fabián Guillermo Mojica Romero, de 37 años, desapareció el 13 de octubre en el municipio de Tame, mientras que Jéfferson Oswaldo López Pérez, de 28 años, y Alfredo Ramón Quintero Paneso, de 31, desaparecieron el 18 de octubre entre la vía que de Saravena conduce a Arauca.
La Defensoría, a través de la Regional Arauca, ha realizado acompañamiento y mantiene permanente contacto con los familiares de los desaparecidos, al tiempo que solicitó a las autoridades municipales y departamentales realizar acciones que permitan salvaguardar y proteger la vida e integridad física de los habitantes del departamento de Arauca.
De acuerdo con el seguimiento hecho por ese organismo defensor de derechos humanos a la emergencia humanitaria en el departamento de Arauca, por la confrontación armada entre los grupos al margen de la ley que hacen presencia en estos territorios, de enero a octubre de 2022 se registraron más de 19.000 hechos victimizantes de desplazamiento forzado y confinamiento, entre otros.
La Defensoría también informó que en Arauca, en lo que va del año, se han presentado 47 secuestros.
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Voces desde la región
En una declaración al equipo de Colombia+20 de El Espectador, en septiembre pasado, Juan Carlos Villate, personero de Tame, afirmó que “no pueden ignorar que la crisis humanitaria de este año en el departamento ya no es por la pelea con el Estado, sino que se debe a esa guerra Eln-disidencias. Claro que se debe negociar, pero al mismo tiempo se debe revisar cómo aminorar esa confrontación en terreno”.
Al respecto, hablamos con Juan Carlos Torregroza Gómez, coordinador de la Secretaría Jurídica de la Fundación de Derechos Humanos de la Fundación Joel Sierra, en Saravena, y dignatario de la Federación Comunal del departamento, quien comenta “que lo que pasa acá en Arauca tiene que ver con el conflicto social, político y armado que vive el país, más allá del conflicto entre el Eln y esas estructuras mercenarias y de accionar paramilitar que llaman disidencias de las Farc”.
Para Torregroza, es desacertado dejar de lado el conflicto social, político y armado, y hablar solo de un enfrentamiento entre dos bandas. “Eso le haría un flaco servicio a la solución del conflicto, que tiene causas estructurales y tiene que ver con la desigualdad, con un modo de producción que depreda, y con ese afán tentativo de los bienes de la naturaleza en nuestro territorio, principalmente la explotación petrolera. Eso ha generado la crisis humanitaria que vive el país y que se siente de manera más intensa en las regiones”.
Sobre la ley de “paz total”, que les dio luz verde a la negociación de acuerdos con organizaciones al margen de la ley y a las que el gobierno Petro les reconoció estatus político, y a las conversaciones con organizaciones de alto impacto del crimen, que deberán acogerse a la justicia para desmontarlas, Torregroza considera que “esperamos que inicie un diálogo político con el Eln y los otros diálogos de sometimiento a la justicia con los otros grupos, pero hay escepticismo por los resultados históricos que no son halagadores, pero de todos modos hay mucha expectativa porque solo con aumentar el pie de fuerza no se soluciona un problema tan grave”.
En un análisis escrito para este diario, el administrador de empresas Diego Fernando Villa advirtió que el recrudecimiento del conflicto genera pérdida de confianza en los consumidores, empresarios y potenciales inversionistas, lo que agudiza la crisis de empleo, incrementa la pobreza y frena el desarrollo.
Otra fuente en la región, que prefiere no ser identificado debido a las amenazas de las disidencias de las Farc, señala que el ambiente está muy tenso. “Aquí hay miedo y zozobra. La institucionalidad no ha podido ingresar a Puerto Rondón y allí hay gente padeciendo hambre. Ni siquiera el Comité Internacional de la Cruz Roja ha podido entrar allí”.
Añade que el escenario en el territorio es muy complejo y delicado porque el Eln domina la parte norte y central del departamento de Arauca y las disidencias de las Farc, en su arremetida contra esa guerrilla, quiere recuperar ese territorio; lo que ha exasperado el conflicto armado con afectaciones profundas para la sociedad civil que está pagando un costo alto en vidas sacrificadas.
La crisis humanitaria es tan profunda en Arauca, que la Comisión de Paz del Senado sesionará el martes próximo en Saravena.
