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Aramis Arenas Bayona era un líder social de Becerril, Cesar. Se desempeñaba como presidente en la Junta de Acción Comunal de la vereda Canadá, en el corregimiento Estados Unidos. El martes 19 de mayo fue asesinado en su finca con un disparo en la cabeza.
La Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar señala que desde el año 2016 Arenas defendía la autonomía territorial, “alzando la voz de protesta en contra de la judicializaciones de líderes campesinos y en la actualidad trabajaba en un proyecto que busca convertir su región en un atractivo turístico”. También aspiró al concejo en las elecciones de octubre de 2019.
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“Instamos al gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque a brindar garantías políticas de protección a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, a que determine las medidas urgentes para prevenir cualquier hecho que vulnere los derechos de las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento del Cesar”, manifestó la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar.
ONU Derechos Humanos Colombia también se manifestó frente al asesinato: “Lamentamos profundamente asesinato del defensor de Derechos Humanos y presidente de JAC Aramis Arenas Bayona, hoy en su finca en Cesar. Hacemos llamado a las autoridades para protección de la vida y la labor de las y los defensores. Llamamos también al avance de investigaciones”.
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La Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar solicita al Ministerio del Interior hacer efectivo el Proceso Nacional de Garantías pactado en el Acuerdo de Paz. También pide a la Gobernación del Cesar cumplir el Plan de Prevención a Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario que busca garantizar los derechos de las lideresas y líderes sociales de derechos humanos.
La Mesa le solicita a la Fiscalía investigar con celeridad los hechos y que se tomen las medidas jurídicas correspondientes, impidiendo que el crimen quede en la impunidad. Asimismo, hacen un llamado al Defensor del Pueblo y al Procurador para “la verificación de los hechos y el emprendimiento de acciones que garanticen la seguridad y vida de las comunidades en el departamento del Cesar e instalar de manera urgente la Mesa Territorial de Garantías para la protección de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos”.