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En medio de un partido de fútbol en el territorio de San Andrés de Pisimbalá, en el municipio de Inzá, Cauca, un firmante del acuerdo de paz fue asesinado. El ataque del pasado domingo 26 de agosto, cuando presuntos integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, vinculada a las disidencias de las Farc, interrumpieron el partido asesinaron a dos personas e hirieron a otras dos.
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Una de las víctimas fue Gilberto Iván Quinto, quien era un firmante del acuerdo de paz y formaba parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Los Monos en Caldono. Además, Quinto se desempeñaba como escolta tercerizado para la subdirección especializada de seguridad y protección.
La segunda víctima fue un familiar de otro firmante del acuerdo identificado como Emerson Jair Sanza Cuello, quien vivía en la Vereda Potrerito del Resguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá. También, resultaron heridos en los mismos hechos los jóvenes Rigo Pencue de la vereda Meseta y Ronald Quinto del territorio de Santa Rosa.
De acuerdo con el informe de Indepaz, el asesinato de Gilberto Iván Quinto es el número 21 de firmantes del acuerdo de paz asesinados que se registra en lo que va del año 2024.
Leonardo González, coordinador de Indepaz, expresó a W Radio que “el hecho no solo representa una grave pérdida para su familia y para la comunidad a la que pertenecía, sino que pone de manifiesto los riesgos y desafíos persistentes que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz en Colombia en zonas de alta conflictividad”.
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Por su parte, Mauricio Capaz, defensor de derechos humanos y exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), condenó el ataque y señaló que estos actos reflejan el deterioro de la seguridad en la región y el impacto negativo en el bienestar de las comunidades locales.
Las autoridades ancestrales hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que tome medidas contundentes contra los grupos armados al margen de la ley que siguen afectando la región, ya que, según mencionaron en un comunicado, han alertado públicamente y a las instituciones del Estado las acciones recurrentes de los grupos armados que pretenden atentar contra su vida, su territorio y el gobierno ancestral.
“El Estado conoce de los homicidios de guardias indígenas, autoridades ancestrales, sabedores espirituales y comuneros; de los atentados contra sitios sagrados y liderazgos representativos para nuestro proceso; de los desplazamientos y desapariciones forzadas, del reclutamiento masivo de nuestras semillas para el conflicto armado”, agregaron en su comunicado.