“Asesinatos de líderes sociales: metódicos y selectivos”, según investigador Camilo Bonilla

Después de la firma del Acuerdo de Paz baja el número de víctimas de la guerra, pero aumentan los ataques a los defensores sociales, con un incremento aterrador de este fenómeno en lo corrido de 2019. ¿Por qué?

La confrontación armada entre el Estado y las Farc, así como el número de víctimas de esta, disminuyen considerablemente al salir de la ecuación uno de los lados enfrentados: la guerrilla con mayor número de combatientes y presencia en el territorio nacional. Sin embargo, en los períodos de diálogos de paz y de implementación de proyectos en los que se amplía el abanico de las posibilidades de participación política de movimientos con propuestas alternativas distintas al modelo hegemónico —o que antagonizan con este— se evidencia un aumento de violaciones de derechos humanos contra quienes se organizan para participar en la contienda política o contra quienes llevan a cabo actividades para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y garantizar sus derechos.

¿Quiénes se oponen a los nuevos actores sociales y políticos a tal punto de querer desaparecerlos o asesinarlos?

Algunas personas y familias pertenecientes a determinados sectores del poder político y económico que históricamente han transitado entre legalidad e ilegalidad y que sienten amenazada su posición privilegiada, y por eso acuden a los grupos armados para, mediante actos criminales, mantener esa posición. Algo similar se vivió en el caso de la Unión Patriótica en las décadas de los años 80 y 90. El ascenso de grupos que históricamente han estado ligados a la criminalidad y que penetraron unos partidos políticos puede incrementar los riesgos de violaciones de derechos humanos y de restricción de libertades fundamentales.

¿A qué se debe la percepción de que el Estado actúa con desidia y desgano frente a los ataques contra este tipo de población?

Probablemente a que unos sectores estatales y algunos funcionarios públicos estigmatizan o dan declaraciones en que se estigmatiza a los defensores de derechos humanos o a los líderes sociales. Tales declaraciones, en muchas ocasiones, son replicadas por algunos medios de comunicación en lo que termina siendo un manejo sesgado y tendencioso de la información: consultan una fuente que, por lo general, está ubicada en un lugar favorable del espectro del poder, mientras dejan por fuera otras fuentes, por ejemplo, amigos, familiares o compañeros de la víctima.

¿Cómo se manifiesta la estigmatización de la que habla y cómo, según los hallazgos del estudio, los medios contribuirían a ella?

Se manifiesta, por ejemplo, en las declaraciones de los ministros de Defensa, quienes han dicho, respecto de los crímenes contra estas víctimas, que se debían a “líos de faldas”, a “problemas de drogas” o a “disputas de linderos”, cuando afirman que “la protesta social es financiada por el narcotráfico” o cuando algunas autoridades locales intentan vincular a las víctimas con grupos criminales. En cuanto a los medios, estos repiten el fenómeno de estigmatización cuando se limitan a replicar este tipo de declaraciones sin contrastarlas, como ya dije.

En una parte del informe se señala que desde que se firmó el Acuerdo de Paz, la organización política que ha sufrido mayor número de asesinatos de sus líderes es el movimiento político recién formado, Marcha Patriótica. ¿Significa que en lugar de reconciliación, el Acuerdo produjo un recrudecimiento de la confrontación social y el reavivamiento de los grupos paramilitares?

Desde la firma del Acuerdo de Paz, la organización social de carácter nacional que ha sufrido mayor número de asesinato de sus líderes y dirigentes ha sido Marcha Patriótica, es cierto. Algunas de sus víctimas trabajaban en la implementación del Acuerdo, lo cual indica que, en la concepción de los victimarios, ese movimiento puede poner en riesgo su posición de poder. La incorrecta o ineficaz implementación del Acuerdo por parte del Estado puede potenciar el crecimiento de grupos armados ilegales. Esto, repito, sumado a la estigmatización de la defensa de los derechos humanos por unos sectores de la sociedad, a la “estatalidad” (reducción de la realidad a las declaraciones oficiales) y a la información mediática basada en esas declaraciones, propicia los crímenes.

¿Se pudo establecer, entonces, que hay una correlación entre los deficientes desarrollos de los programas del posconflicto y la ausencia del Estado en las zonas abandonadas por la antigua guerrilla con la ola de ataques a los líderes y lideresas de las comunidades rurales?

Es indudable. Si el Estado cumple con los compromisos adquiridos, si hace presencia de manera integral con su oferta institucional, más allá de su presencia armada, y si sus funcionarios actúan con honestidad, sin corrupción, en el marco de la ley, y convierten al Estado en garante de los derechos de las comunidades que viven en la miseria y la violencia, seguramente los crímenes disminuirían.

¿Cuál es la razón para que hayan centrado una parte del estudio en una supuesta relación entre la celebración del Plebiscito por la Paz y los ataques a los líderes de las comunidades, y qué encontraron?

Analizamos las votaciones en el Plebiscito por la Paz para mirar si existía alguna correlación entre las violaciones al derecho a la vida de defensoras y defensores de derechos humanos, con la voluntad de paz de sus habitantes. Se evidenció una correlación alta entre los municipios que votaron el Sí y los municipios críticos en materia de violaciones al derecho a la vida, con excepción de Medellín y Cúcuta.

Entonces, reitero mi pregunta: ¿el Acuerdo de Paz recrudeció e hizo revivir a los grupos paramilitares que por sí mismos o por delegación de otros grupos de poder son enemigos de los pactos pacíficos y atacan a quienes ven como potenciales enemigos?

Más que revivir a los grupos paramilitares, la explicación se encuentra en el hecho de que la implementación a cabalidad del Acuerdo supone transformaciones sociales que ponen en riesgo el rol y la posición hegemónica de ciertos grupos de poder que, como señalé atrás, transitan entre la legalidad y la ilegalidad. Estos grupos, en su desespero, acuden a las estructuras armadas para neutralizar los intentos de transformación social.

¿Cuáles grupos de victimarios fueron los responsables de los asesinatos, amenazas y ataques y en cuál proporción participó cada uno de los identificados?

Entre los presuntos autores tenemos: sin identificar: 45,91 %; paramilitares: 17,12 %; grupos armados sin identificación: 13,62 %; desertores y disidentes de las Farc: 7,39 %; Ejército Nacional: 4,28 %; Eln: 3,11 %; seguridad privada: 1,56 %; Policía Nacional: 1,17%, y Epl: 0,78 %.

Las cifras que ustedes reportan en cuanto a tasa de ataques a los líderes sociales, ¿coinciden con las oficiales?

En seis municipios en los que el Instituto de Medicina Legal (ML) no reporta ni un homicidio, nuestro estudio registra los asesinatos de seis líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y en un municipio en donde el ML tiene un homicidio registrado, nosotros reportamos dos. Esto puede deberse a que Medicina Legal toma en cuenta los registros de levantamiento de cadáveres en municipios diferentes a los sitios en los que se presentó el asesinato.

Entonces, ¿uno puede concluir que las cifras sobre atentados y asesinatos de líderes comunitarios y defensores sociales muestran una situación menos grave que la verdadera?

Sí. Incluso, hay informes de Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad) en que se evidencia el subregistro del fenómeno. En todo caso, en nuestro informe también hay subregistro porque, como lo dije, nuestro objetivo no era encontrar la cifra total de víctimas sino identificar los elementos comunes en todos los casos reportados, para construir patrones.

El estudio tiene capítulos aparte por departamentos. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos en esa categorización y cuáles son las zonas menos seguras para los líderes?

El departamento del Cauca encabeza el listado, con un 17,12 % del total de violaciones al derecho a la vida. Lo sigue Antioquia, con un 15,56 %. En tercer lugar se encuentra Norte de Santander, con el 7,39 %. En cuarto lugar, el departamento de Valle del Cauca, con el 7 %. En quinto lugar, Córdoba y Putumayo, y los siguen Nariño y Chocó. En estos ocho departamentos se concentra el 70,42 % de las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos en el país. Los otros departamentos afectados son: Caquetá, Risaralda, Meta, Sucre, Guaviare, Arauca, Atlántico, Caldas, Cesar, Bolívar, Huila, La Guajira, Santander, Tolima, Casanare, Boyacá, Quindío y Magdalena.

¿Los victimarios envían amenazas o atacan sin previo aviso?

Al menos 27 de las víctimas de violaciones al derecho a la vida, es decir, asesinadas o desaparecidas forzosamente (10,5 % del total), fueron previamente amenazadas, lo cual puede indicar que las están asesinando sin advertencias o amenazas previas, o bien que la amenazas no son denunciadas. No obstante, también es necesario tener en cuenta las amenazas contra organizaciones o grupos políticos que constituyen, al mismo tiempo, una amenaza contra la víctima, así su nombre no sea mencionado. Con ello, el porcentaje de amenazados aumentaría de manera considerable.

En el período estudiado, ¿cuáles fueron los patrones que encontraron en los casos de asesinatos y ataques a los líderes comunitarios?

Este fenómeno de violencia evidencia una naturaleza repetitiva, invariable y continua, y ha sido perpetrado de manera reiterada, metódica y no aleatoria. Es un ejercicio de violencia no accidental ni fortuito, sino selectivo y no indiscriminado. La mayoría de violaciones al derecho a la vida fue ejecutada usando armas de fuego: 82,5 %, principalmente con pistola y revólver. El porcentaje de crímenes en los lugares de vivienda de las víctimas es mucho mayor que el del resto de la población: 41,24 % para líderes, mientras los que afectan a la población, en general, llegan a un 15,4 %. En lo que respecta a los atentados, de los 100 que tenemos registrados, al menos un 44 % sucedió en las viviendas de las víctimas. La mayoría de estos asesinatos son cometidos con la intervención de más de un individuo. Es decir, los victimarios hacen parte de una organización criminal estructurada, con dominio territorial, lo que denota planeación del crimen y seguimientos a la víctima. Las víctimas casi siempre se encuentran en condición de vulnerabilidad socioeconómica y están ubicadas en posición de desventaja en las relaciones asimétricas de poder regionales. Y, por último, pertenecen a grupos étnicos discriminados, de extracción campesina, y algunas de ellas eran o son (los sobrevivientes) víctimas del desplazamiento forzado o de otras acciones del conflicto armado.

¿Cuáles son las conclusiones centrales del informe y el pronóstico que se desprende de ellas?

Los hallazgos del informe definen patrones concretos, así: la localización de las violaciones al derecho a la vida (asesinatos y desapariciones forzosas) dentro de un ámbito geográfico, el modo en que se llevan a cabo, su frecuencia y sus posibles perpetradores, y una clara tendencia al incremento y a la expansión territorial. Es muy posible que estas violaciones de derechos humanos contra una población determinada mantengan sus niveles críticos o incluso aumenten, teniendo en cuenta que este año son las elecciones de alcaldes y gobernadores. Muchas de esas acciones evidencian una naturaleza selectiva y continua y son perpetradas de manera metódica y no aleatoria. Las víctimas presentan unas características comunes. Y, finalmente, las violaciones son cometidas sin que el Estado lleve a cabo acciones eficaces para detenerlas.

En una conclusión corta: ¿se puede afirmar que los ataques a los líderes sociales son sistemáticos, un término que el Estado casi no quiere reconocer porque develaría una política trazada por enemigos —no siempre ilegales— de los cambios y de la ampliación de la democracia?

Sí. Pero, en la actualidad, no necesariamente indica que se trata de una política de Estado. Sin embargo, no hay que olvidar que, tal y como lo han expresado en profundidad diversos informes y también sentencias de Justicia y Paz, unos sectores del Estado colombiano han sido cómplices de la estrategia paramilitar que continúa siendo la principal victimaria de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, y que pretenden neutralizar los intentos de transformación social.

¿Qué tiene que ver el “post Acuerdo”?

El informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el post Acuerdo (de paz), que reunió – extraordinariamente – a los investigadores  de  once centros de pensamiento, se publicará el 6 de febrero, en la conmemoración del trigésimo primer aniversario de la Comisión Colombiana de Juristas. Los archivos de los participantes se unieron, se analizaron y sistematizaron para buscar los elementos comunes en el fenómeno de persecución de los grupos criminales contra esa población determinada y cuyas características están alcanzando la dimensión de un exterminio social. Los hallazgos se revelan en las más de 200 páginas que contienen datos que, hasta ahora, el Estado se ha negado a reconocer. Leyendo esas páginas, no es exagerado concluir que la Corte Penal Internacional tendrá, en este macro-caso, el principal motivo para estudiar su intervención. Los autores son:  el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional; la Comisión Colombiana de Juristas; el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep; la Confederación Nacional de Acción Comunal; el Programa Somos Defensores; la Asociación Campesina del Catatumbo; Verdad Abierta; Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, y el Movimiento Ríos Vivos.

Ensañamiento con el cuerpo femenino

¿Qué encontraron, en este estudio, las once prestigiosas organizaciones que se unieron para examinar el exterminio de defensores y líderes sociales?

Nuestro objetivo era recopilar y, después, analizar todos los casos que estaban en nuestros registros, con el fin de evidenciar los elementos que  tienen en común y las condiciones que comparten para definir sus patrones. También buscamos elaborar las correlaciones entre ellos. El informe abarca el periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se firma el Acuerdo de Paz) y el 31 de julio de 2018.

Aspecto puntual: varias lideresas sociales han sido objetivo de los asesinos, además de los del género masculino. La mayoría de las víctimas, ¿eran hombres o mujeres?

En su mayoría, han sido del género masculino: 83.65%; al femenino pertenecían el 14.18%.  Y el 1.55%, de la población LGBT. Sin embargo, se encontró que los victimarios se ensañaron con los cuerpos de las mujeres. De este universo, al menos en un 18,4% de crímenes se deformaron los cuerpos, unas veces, con violencia sexual. Y las amenazas contra las defensoras de derechos humanos tenían contenido agresivo de índole sexual y amenazas contra sus hijos e hijas.

Después de la firma del Acuerdo de Paz baja el número de víctimas de la guerra, pero aumentan los ataques a los defensores sociales, con un incremento aterrador de este fenómeno en lo corrido de 2019. ¿Por qué?

La confrontación armada entre el Estado y las Farc, así como el número de víctimas de esta, disminuyen considerablemente al salir de la ecuación uno de los lados enfrentados: la guerrilla con mayor número de combatientes y presencia en el territorio nacional. Sin embargo, en los períodos de diálogos de paz y de implementación de proyectos en los que se amplía el abanico de las posibilidades de participación política de movimientos con propuestas alternativas distintas al modelo hegemónico —o que antagonizan con este— se evidencia un aumento de violaciones de derechos humanos contra quienes se organizan para participar en la contienda política o contra quienes llevan a cabo actividades para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y garantizar sus derechos.

¿Quiénes se oponen a los nuevos actores sociales y políticos a tal punto de querer desaparecerlos o asesinarlos?

Algunas personas y familias pertenecientes a determinados sectores del poder político y económico que históricamente han transitado entre legalidad e ilegalidad y que sienten amenazada su posición privilegiada, y por eso acuden a los grupos armados para, mediante actos criminales, mantener esa posición. Algo similar se vivió en el caso de la Unión Patriótica en las décadas de los años 80 y 90. El ascenso de grupos que históricamente han estado ligados a la criminalidad y que penetraron unos partidos políticos puede incrementar los riesgos de violaciones de derechos humanos y de restricción de libertades fundamentales.

¿A qué se debe la percepción de que el Estado actúa con desidia y desgano frente a los ataques contra este tipo de población?

Probablemente a que unos sectores estatales y algunos funcionarios públicos estigmatizan o dan declaraciones en que se estigmatiza a los defensores de derechos humanos o a los líderes sociales. Tales declaraciones, en muchas ocasiones, son replicadas por algunos medios de comunicación en lo que termina siendo un manejo sesgado y tendencioso de la información: consultan una fuente que, por lo general, está ubicada en un lugar favorable del espectro del poder, mientras dejan por fuera otras fuentes, por ejemplo, amigos, familiares o compañeros de la víctima.

¿Cómo se manifiesta la estigmatización de la que habla y cómo, según los hallazgos del estudio, los medios contribuirían a ella?

Se manifiesta, por ejemplo, en las declaraciones de los ministros de Defensa, quienes han dicho, respecto de los crímenes contra estas víctimas, que se debían a “líos de faldas”, a “problemas de drogas” o a “disputas de linderos”, cuando afirman que “la protesta social es financiada por el narcotráfico” o cuando algunas autoridades locales intentan vincular a las víctimas con grupos criminales. En cuanto a los medios, estos repiten el fenómeno de estigmatización cuando se limitan a replicar este tipo de declaraciones sin contrastarlas, como ya dije.

En una parte del informe se señala que desde que se firmó el Acuerdo de Paz, la organización política que ha sufrido mayor número de asesinatos de sus líderes es el movimiento político recién formado, Marcha Patriótica. ¿Significa que en lugar de reconciliación, el Acuerdo produjo un recrudecimiento de la confrontación social y el reavivamiento de los grupos paramilitares?

Desde la firma del Acuerdo de Paz, la organización social de carácter nacional que ha sufrido mayor número de asesinato de sus líderes y dirigentes ha sido Marcha Patriótica, es cierto. Algunas de sus víctimas trabajaban en la implementación del Acuerdo, lo cual indica que, en la concepción de los victimarios, ese movimiento puede poner en riesgo su posición de poder. La incorrecta o ineficaz implementación del Acuerdo por parte del Estado puede potenciar el crecimiento de grupos armados ilegales. Esto, repito, sumado a la estigmatización de la defensa de los derechos humanos por unos sectores de la sociedad, a la “estatalidad” (reducción de la realidad a las declaraciones oficiales) y a la información mediática basada en esas declaraciones, propicia los crímenes.

¿Se pudo establecer, entonces, que hay una correlación entre los deficientes desarrollos de los programas del posconflicto y la ausencia del Estado en las zonas abandonadas por la antigua guerrilla con la ola de ataques a los líderes y lideresas de las comunidades rurales?

Es indudable. Si el Estado cumple con los compromisos adquiridos, si hace presencia de manera integral con su oferta institucional, más allá de su presencia armada, y si sus funcionarios actúan con honestidad, sin corrupción, en el marco de la ley, y convierten al Estado en garante de los derechos de las comunidades que viven en la miseria y la violencia, seguramente los crímenes disminuirían.

¿Cuál es la razón para que hayan centrado una parte del estudio en una supuesta relación entre la celebración del Plebiscito por la Paz y los ataques a los líderes de las comunidades, y qué encontraron?

Analizamos las votaciones en el Plebiscito por la Paz para mirar si existía alguna correlación entre las violaciones al derecho a la vida de defensoras y defensores de derechos humanos, con la voluntad de paz de sus habitantes. Se evidenció una correlación alta entre los municipios que votaron el Sí y los municipios críticos en materia de violaciones al derecho a la vida, con excepción de Medellín y Cúcuta.

Entonces, reitero mi pregunta: ¿el Acuerdo de Paz recrudeció e hizo revivir a los grupos paramilitares que por sí mismos o por delegación de otros grupos de poder son enemigos de los pactos pacíficos y atacan a quienes ven como potenciales enemigos?

Más que revivir a los grupos paramilitares, la explicación se encuentra en el hecho de que la implementación a cabalidad del Acuerdo supone transformaciones sociales que ponen en riesgo el rol y la posición hegemónica de ciertos grupos de poder que, como señalé atrás, transitan entre la legalidad y la ilegalidad. Estos grupos, en su desespero, acuden a las estructuras armadas para neutralizar los intentos de transformación social.

¿Cuáles grupos de victimarios fueron los responsables de los asesinatos, amenazas y ataques y en cuál proporción participó cada uno de los identificados?

Entre los presuntos autores tenemos: sin identificar: 45,91 %; paramilitares: 17,12 %; grupos armados sin identificación: 13,62 %; desertores y disidentes de las Farc: 7,39 %; Ejército Nacional: 4,28 %; Eln: 3,11 %; seguridad privada: 1,56 %; Policía Nacional: 1,17%, y Epl: 0,78 %.

Las cifras que ustedes reportan en cuanto a tasa de ataques a los líderes sociales, ¿coinciden con las oficiales?

En seis municipios en los que el Instituto de Medicina Legal (ML) no reporta ni un homicidio, nuestro estudio registra los asesinatos de seis líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y en un municipio en donde el ML tiene un homicidio registrado, nosotros reportamos dos. Esto puede deberse a que Medicina Legal toma en cuenta los registros de levantamiento de cadáveres en municipios diferentes a los sitios en los que se presentó el asesinato.

Entonces, ¿uno puede concluir que las cifras sobre atentados y asesinatos de líderes comunitarios y defensores sociales muestran una situación menos grave que la verdadera?

Sí. Incluso, hay informes de Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad) en que se evidencia el subregistro del fenómeno. En todo caso, en nuestro informe también hay subregistro porque, como lo dije, nuestro objetivo no era encontrar la cifra total de víctimas sino identificar los elementos comunes en todos los casos reportados, para construir patrones.

El estudio tiene capítulos aparte por departamentos. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos en esa categorización y cuáles son las zonas menos seguras para los líderes?

El departamento del Cauca encabeza el listado, con un 17,12 % del total de violaciones al derecho a la vida. Lo sigue Antioquia, con un 15,56 %. En tercer lugar se encuentra Norte de Santander, con el 7,39 %. En cuarto lugar, el departamento de Valle del Cauca, con el 7 %. En quinto lugar, Córdoba y Putumayo, y los siguen Nariño y Chocó. En estos ocho departamentos se concentra el 70,42 % de las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos en el país. Los otros departamentos afectados son: Caquetá, Risaralda, Meta, Sucre, Guaviare, Arauca, Atlántico, Caldas, Cesar, Bolívar, Huila, La Guajira, Santander, Tolima, Casanare, Boyacá, Quindío y Magdalena.

¿Los victimarios envían amenazas o atacan sin previo aviso?

Al menos 27 de las víctimas de violaciones al derecho a la vida, es decir, asesinadas o desaparecidas forzosamente (10,5 % del total), fueron previamente amenazadas, lo cual puede indicar que las están asesinando sin advertencias o amenazas previas, o bien que la amenazas no son denunciadas. No obstante, también es necesario tener en cuenta las amenazas contra organizaciones o grupos políticos que constituyen, al mismo tiempo, una amenaza contra la víctima, así su nombre no sea mencionado. Con ello, el porcentaje de amenazados aumentaría de manera considerable.

En el período estudiado, ¿cuáles fueron los patrones que encontraron en los casos de asesinatos y ataques a los líderes comunitarios?

Este fenómeno de violencia evidencia una naturaleza repetitiva, invariable y continua, y ha sido perpetrado de manera reiterada, metódica y no aleatoria. Es un ejercicio de violencia no accidental ni fortuito, sino selectivo y no indiscriminado. La mayoría de violaciones al derecho a la vida fue ejecutada usando armas de fuego: 82,5 %, principalmente con pistola y revólver. El porcentaje de crímenes en los lugares de vivienda de las víctimas es mucho mayor que el del resto de la población: 41,24 % para líderes, mientras los que afectan a la población, en general, llegan a un 15,4 %. En lo que respecta a los atentados, de los 100 que tenemos registrados, al menos un 44 % sucedió en las viviendas de las víctimas. La mayoría de estos asesinatos son cometidos con la intervención de más de un individuo. Es decir, los victimarios hacen parte de una organización criminal estructurada, con dominio territorial, lo que denota planeación del crimen y seguimientos a la víctima. Las víctimas casi siempre se encuentran en condición de vulnerabilidad socioeconómica y están ubicadas en posición de desventaja en las relaciones asimétricas de poder regionales. Y, por último, pertenecen a grupos étnicos discriminados, de extracción campesina, y algunas de ellas eran o son (los sobrevivientes) víctimas del desplazamiento forzado o de otras acciones del conflicto armado.

¿Cuáles son las conclusiones centrales del informe y el pronóstico que se desprende de ellas?

Los hallazgos del informe definen patrones concretos, así: la localización de las violaciones al derecho a la vida (asesinatos y desapariciones forzosas) dentro de un ámbito geográfico, el modo en que se llevan a cabo, su frecuencia y sus posibles perpetradores, y una clara tendencia al incremento y a la expansión territorial. Es muy posible que estas violaciones de derechos humanos contra una población determinada mantengan sus niveles críticos o incluso aumenten, teniendo en cuenta que este año son las elecciones de alcaldes y gobernadores. Muchas de esas acciones evidencian una naturaleza selectiva y continua y son perpetradas de manera metódica y no aleatoria. Las víctimas presentan unas características comunes. Y, finalmente, las violaciones son cometidas sin que el Estado lleve a cabo acciones eficaces para detenerlas.

En una conclusión corta: ¿se puede afirmar que los ataques a los líderes sociales son sistemáticos, un término que el Estado casi no quiere reconocer porque develaría una política trazada por enemigos —no siempre ilegales— de los cambios y de la ampliación de la democracia?

Sí. Pero, en la actualidad, no necesariamente indica que se trata de una política de Estado. Sin embargo, no hay que olvidar que, tal y como lo han expresado en profundidad diversos informes y también sentencias de Justicia y Paz, unos sectores del Estado colombiano han sido cómplices de la estrategia paramilitar que continúa siendo la principal victimaria de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, y que pretenden neutralizar los intentos de transformación social.

¿Qué tiene que ver el “post Acuerdo”?

El informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el post Acuerdo (de paz), que reunió – extraordinariamente – a los investigadores  de  once centros de pensamiento, se publicará el 6 de febrero, en la conmemoración del trigésimo primer aniversario de la Comisión Colombiana de Juristas. Los archivos de los participantes se unieron, se analizaron y sistematizaron para buscar los elementos comunes en el fenómeno de persecución de los grupos criminales contra esa población determinada y cuyas características están alcanzando la dimensión de un exterminio social. Los hallazgos se revelan en las más de 200 páginas que contienen datos que, hasta ahora, el Estado se ha negado a reconocer. Leyendo esas páginas, no es exagerado concluir que la Corte Penal Internacional tendrá, en este macro-caso, el principal motivo para estudiar su intervención. Los autores son:  el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional; la Comisión Colombiana de Juristas; el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep; la Confederación Nacional de Acción Comunal; el Programa Somos Defensores; la Asociación Campesina del Catatumbo; Verdad Abierta; Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, y el Movimiento Ríos Vivos.

Ensañamiento con el cuerpo femenino

¿Qué encontraron, en este estudio, las once prestigiosas organizaciones que se unieron para examinar el exterminio de defensores y líderes sociales?

Nuestro objetivo era recopilar y, después, analizar todos los casos que estaban en nuestros registros, con el fin de evidenciar los elementos que  tienen en común y las condiciones que comparten para definir sus patrones. También buscamos elaborar las correlaciones entre ellos. El informe abarca el periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se firma el Acuerdo de Paz) y el 31 de julio de 2018.

Aspecto puntual: varias lideresas sociales han sido objetivo de los asesinos, además de los del género masculino. La mayoría de las víctimas, ¿eran hombres o mujeres?

En su mayoría, han sido del género masculino: 83.65%; al femenino pertenecían el 14.18%.  Y el 1.55%, de la población LGBT. Sin embargo, se encontró que los victimarios se ensañaron con los cuerpos de las mujeres. De este universo, al menos en un 18,4% de crímenes se deformaron los cuerpos, unas veces, con violencia sexual. Y las amenazas contra las defensoras de derechos humanos tenían contenido agresivo de índole sexual y amenazas contra sus hijos e hijas.