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A Chocó le faltan escuelas, puestos de salud, infraestructura vial y empresas que generen empleos. Llueve todo el año, pero en la mayoría de su territorio ni siquiera hay agua potable. Lo que sí tiene, y en exceso, son necesidades básicas insatisfechas. Los recursos para su desarrollo, para su comunicación con el centro del país y para convertirlo en una puerta al Pacífico se los han robado una y otra vez. Lo azotaron las guerrillas primero, después los paramilitares y ahora las bandas criminales. Ayer y hoy, también, los políticos corruptos.
Políticos de clanes familiares que se las arreglaron para perpetuarse en el poder y que, tras caer en desgracia cuando se destaparon sus actos de corrupción o sus alianzas con delincuentes, dejaron espacios que hoy se disputan nuevos líderes y que convirtieron las elecciones de Congreso de hace dos meses en una verdadera rapiña cuyas prácticas apenas ahora vienen a quedar en evidencia. Un festival de irregularidades que, si bien no tuvo a Chocó como único escenario en el país, alcanzó allí un nivel que sorprende, tanto por la variedad de trampas usadas como porque algunas de ellas francamente ofenden la inteligencia de los organismos de control.
Si en Sucre buscan torcerle el cuello a la votación popular con una calculada repartición de dinero (como documentó este diario el 4 de mayo) o una registraduría paralela pretendía en 2012 alterar los resultados de las votaciones para gobernador en Valle, en Chocó hasta el fraude es artesanal.
Con una importante diferencia frente a los casos de Sucre, Valle o Atlántico: la escasa población de Chocó hace que las curules se definan literalmente voto a voto. En el caso de la Cámara de Representantes, Chocó tiene derecho a dos escaños, el primero de los cuales será para Nilton Córdoba Manyoma, quien logró 18.450 votos en marzo. Pero la pelea por el otro cupo ya está en estrados, pues hay apenas 80 votos de diferencia entre el congresista José Bernardo Flórez (quien aspira a la reelección) y Melania Valois Lozano, ambos del Partido de la U. Flórez sacó 11.260 votos y su contendora, 11.180.
Según denuncias de veedores de la zona, en la región se habría presentado un fraude de más de 1.000 votos a favor de Flórez, pleito sobre el que las autoridades electorales se pronunciarán esta semana. El Espectador indagó en la región y encontró anomalías de todo tipo en cinco municipios del departamento.
En Bojayá, el municipio chocoano que justo por estos días conmemora 12 años de la muerte de 119 personas tras un bombazo de las Farc contra la iglesia del pueblo, el descaro llegó a tal punto que los nombres de víctimas de esa tragedia aparecen entre los de quienes supuestamente ayudaron a elegir Congreso hace dos meses. Incluso, personas que murieron hasta tres años antes figuran en los registros de sufragantes.
El contraste de la papelería electoral del municipio con las bases de datos de defunciones permite advertir 12 casos de supuestos votantes que en realidad están muertos. Certificaciones eclesiásticas lo ratifican. Por ejemplo, en el libro 8, folio 137, partida 832 de la parroquia San Francisco de Asís, en Quibdó, aparece registrada la defunción de José de la Cruz Chaverra, quien falleció el 5 de noviembre de 1998, a los 65 años de edad. Sin embargo, en los registros electorales de marzo de este año dice que Chaverra votó en Bojayá. En el mismo lugar aparece como sufragante Serafín Romaña Serna, quien murió el 22 de enero de 2007. (Vea: Los muertos que votaron).
Otras 14 personas que no residen en Bojayá aparecen como votantes en ese municipio. La Registraduría Nacional ya tiene copia de las declaraciones juramentadas en las que dos de ellas aseguran no haber participado en el proceso electoral. Se trata de Emiro Chaverra Valencia (C.C. 4.795.978) y Alexis Rentería Mena (C.C. 4.795.925), quienes residen en Quibdó. Están vivos, pero no votaron y no viven en donde se dice que votaron.
Hubo más irregularidades en Bojayá. Contrario a la ley, las tarjetas no utilizadas o sobrantes no fueron destruidas sino que las introdujeron en las bolsas de seguridad junto con los votos válidos, nulos y no marcados. Dichas bolsas fueron llevadas a la cabecera municipal sin acompañamiento de la Fuerza Pública, lo que es otra violación a la cadena de custodia. (Vea: Nadie cuidó los votos).
Esas bolsas deben ir a una caja de seguridad que tenga tres llaves (acta triclave), las cuales se reparten entre tres delegados, para garantizar la seguridad de su contenido. Lo que hizo el registrador de Bojayá, Tulio César Chalá Santos, fue dejar los documentos en su propia oficina, alegando que no cabían en el arca triclave. Además, según consta en el acta general de escrutinio, abrió las bolsas durante la noche, supuestamente para extraer de ellas algunos documentos que los jurados habían incluido por error. (Vea: Un registrador diligente).
Chalá Santos había sido registrador en Vigía del Fuerte, el pueblo antioqueño que queda frente a Bojayá, del otro lado del río Atrato, y de allí salió en medio de escándalos luego de que se frustrara una votación para revocatoria de alcalde. Según Chalá, le encomendó a su hermano llevar los votos y a éste se los robaron.
Curiosamente, una de las pocas personas que se pudo acercar mientras los votos estaban en la Registraduría fue Joaquín Palacios, exalcalde de Bojayá suspendido por la Procuraduría e investigado por vínculos con alias el Alemán. La familia de Palacios es una de las más conocidas de la región. Su esposa es fiscal seccional en Quibdó y uno de sus hijos trabajó para el congresista Flórez, el mismo cuya curul está hoy demandada por las irregularidades en las elecciones.
Algunas de las anomalías de las elecciones en Chocó ya están también en conocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), en donde el magistrado Emiliano Rivera alista ponencia frente a la denuncia de la candidata Valois Lozano contra el representante José Bernardo Flórez, supuesto favorecido con el fraude. El congresista asegura que no hay irregularidades y que su alta votación en Bojayá se debe a que allá tiene familia.
De hecho, la semana pasada hubo audiencia en el CNE y la defensa de Flórez le restó importancia al asunto. José Dolores, su abogado, dijo que si es cierto que entre los muertos y los no residentes hubo 40 votos de más para su defendido, que se los descontaran y nada pasaba, pues igual seguiría siendo el ganador.
Pero las cuentas no son tan fáciles. En primer lugar porque irregularidades semejantes se presentaron en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó, y también en Riosucio. (Vea: votaciones a oscuras).
En estos lugares, además, los jurados fueron suplantados y no hubo luz durante el conteo. (Vea: No sabían sumar).
Además, la normatividad electoral ordena anular todos los votos en los sitios en donde hubiere anomalías y no basta con retirar los de los muertos. Ya en 2010 fueron anuladas varias de las mesas en Bajo Baudó, uno de los municipios hoy cuestionados. En ellas también había ganado el representante Flórez. (Vea: su firma vale por dos).
egutierrez@elespectador.com
@elbergutierrezr
