Así fue la marcha nacional para rechazar las medidas laborales del Gobierno

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Confederación General del Trabajo de Colombia (CGT), entre otras centrales obreras del país, convocaron una caravana nacional para este lunes 7 de septiembre. Esto con el fin de manifestarse “en defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva, y los recursos naturales”, se lee en las redes sociales de la CUT.

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Algunas de las razones para convocar la manifestación a nivel nacional tienen que ver con el Decreto 1174 emitido el 27 de agosto de 2020 que tiene como objeto reglamentar el acceso y operación del Piso de Protección Social para aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Además, las centrales obreras del país manifestaron su desacuerdo con el regreso a clases en plena pandemia y frente a la decisión del Gobierno de financiar Avianca mediante un préstamo que ascendería a US$370 millones.

Frente al Decreto 1174, las centrales obreras alegan que esta es una “regresiva reforma laboral y pensional, que profundiza la precariedad laboral y social”, explicó el Comité Nacional de Paro en un comunicado publicado por la CUT. A este llamado se sumó el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle quienes consideran que “el Decreto 1174 no sólo legaliza el trabajo por horas y elimina la posibilidad de pensionarse, sino que además acaba con las vacaciones y las primas ahorrando costos para los empleadores”.

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Además de rechazar el Decreto, Fecode manifestó que mantiene “la desobediencia civil a la alternancia, porque no existen condiciones en los colegios públicos para un regreso a clases presenciales seguro para la comunidad educativa. No estamos para experimentar con la vida de los estudiantes, de los docentes ni de sus familias”.

Otra de las razones por las cuáles se convocó la marcha a nivel nacional es para solicitar un acuerdo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) y la multinacional El Cerrejón. De hecho, la Mesa de Unidad y Concertación de La Guajira emitió un comunicado donde manifestó su preocupación por “la situación de conflicto laboral presentada actualmente entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) y las directivas de la empresa Carbones del Cerrejón Limited”.

En el comunicado expresan que los desacuerdos impactan directamente a los sectores productivos de la región puesto que “la economía doméstica en los 15 municipios depende en gran porcentaje de los ingresos que perciben los guajiros vinculados al Cerrejón”, se lee en el comunicado emitido el 3 de septiembre. Agregan que los desacuerdos tienen que ver con incremento salarial, beneficios de salud, educación y transporte, así como políticas ambientales implementadas por la compañía.

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En Barranquilla, Bogotá, Riohacha y Popayán hubo caravanas que apoyaron las exigencias de las centrales obreras.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Confederación General del Trabajo de Colombia (CGT), entre otras centrales obreras del país, convocaron una caravana nacional para este lunes 7 de septiembre. Esto con el fin de manifestarse “en defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva, y los recursos naturales”, se lee en las redes sociales de la CUT.

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Frente al Decreto 1174, las centrales obreras alegan que esta es una “regresiva reforma laboral y pensional, que profundiza la precariedad laboral y social”, explicó el Comité Nacional de Paro en un comunicado publicado por la CUT. A este llamado se sumó el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle quienes consideran que “el Decreto 1174 no sólo legaliza el trabajo por horas y elimina la posibilidad de pensionarse, sino que además acaba con las vacaciones y las primas ahorrando costos para los empleadores”.

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En el comunicado expresan que los desacuerdos impactan directamente a los sectores productivos de la región puesto que “la economía doméstica en los 15 municipios depende en gran porcentaje de los ingresos que perciben los guajiros vinculados al Cerrejón”, se lee en el comunicado emitido el 3 de septiembre. Agregan que los desacuerdos tienen que ver con incremento salarial, beneficios de salud, educación y transporte, así como políticas ambientales implementadas por la compañía.

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