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Por lo menos 14 masacres –en las que han sido asesinadas 46 personas–, 108 víctimas de artefactos explosivos en los primeros nueve meses del año, 86 comuneros indígenas asesinados y más de 6.000 desplazados solo en el municipio de Argelia, ha dejado en lo que va del año la espiral de violencia desatada en el departamento del Cauca, en cuyo territorio se libra una disputa a muerte entre grupos armados que controlan las rutas, corredores y enclaves de los negocios ilícitos en la región.
El recrudecimiento del conflicto ha afectado especialmente a las comunidades indígenas, que siguen siendo estigmatizadas y señaladas por los actores ilegales que pululan en el departamento. Se trata de un territorio en el que hay presencia de Grupos Armados PosFarc (GAPF) de los frentes 29, 48 y 30, sobre todo en el occidente del departamento; grupos de la Segunda Marquetalia, como la Comisión Sexta, que opera principalmente en el norte; frentes del Eln, como el José María Becerra y el Manuel Vásquez Castaño, que militan en el suroriente, y estructuras del Clan del Golfo.
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Esa es una de las principales razones por las que el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) convocó a una nueva minga que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. “Se espera denunciar la afectación a la vida y a los derechos humanos. También se exigirá el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que se brinden las garantías para la pervivencia de los pueblos originarios, debido a que la actual realidad demuestra que las comunidades indígenas continúan en riesgo físico y cultural de desaparición”, manifestó el CRIC.
El Espectador habló con Edwin Guetio, coordinador de Derechos Humanos de la organización, sobre la crisis que viven las comunidades del departamento, las exigencias al Gobierno y las preocupaciones en la región.
¿Cuál es la situación de las comunidades indígenas del Cauca?
Estamos viviendo una situación bastante difícil frente a la vulneración de derechos humanos, pero también de los estándares del Derecho Internacional Humanitario (DIH), por parte de los grupos armados ilegales que están en conflicto, y también de las fuerzas legales del Estado colombiano, como el Ejército Nacional, que se han confrontado en los territorios indígenas. El narcotráfico también es un factor que está afectando la armonía de los grupos indígenas y un tercer elemento es el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional, que no tiene la voluntad de avanzar en materia de la política que planteamos las comunidades indígenas frente al tema territorial, de salud y educación.
¿A qué están expuestas las comunidades?
El conflicto armado en el territorio nos ha dejado asesinatos de líderes, guardias indígenas, autoridades, el reclutamiento no solo forzado sino de otras formas de nuestros niños y niñas indígenas, amenazas a la organización, atentados por parte de grupos armados, confinamientos. En septiembre, en el municipio de Buenos Aires, el Ejército se metió en las viviendas de la población civil, las disidencias de las Farc lanzaron un cilindro que cayó a menos de 50 metros de las viviendas, afortunadamente no explotó. En un video se ve cómo el Ejército dispara desde un helicóptero a las disidencias que estaban en medio de un caserío. Por lo menos, en los últimos dos meses han sucedido cuatro situaciones similares en Caloto, Buenos Aires y Argelia. En lo corrido de este año han sido asesinados 86 comuneros indígenas, entre ellos dos autoridades mujeres de Corinto y una de Caldono. En 2019 registramos el asesinato de 108 comuneros y autoridades ambientales, mientras que en 2020 fueron 106. Es decir, llevamos casi 300 comuneros indígenas asesinados en los últimos tres años. Lo que estamos viendo es un exterminio físico y cultural de los pueblos.
¿Qué factores han hecho que se intensifique la violencia en el departamento?
El factor elemental es el incumplimiento del Gobierno Nacional al Acuerdo de Paz entre el Estado y las guerrillas de las Farc, lo que disparó el conflicto en el Cauca. El incumplimiento de este acuerdo ha llevado a esa desconfianza y llevó al rearme de miembros de la Farc que firmaron la paz y que hoy se han organizado en varios grupos que se disputan el territorio. También hay una situación de narcotráfico, del control de las rutas y de los territorios que están muy permeados con este tema.
¿Cuáles han sido los municipios más afectados por la violencia?
Ha sido más fuerte en la zona norte del Cauca, en Toribío, Corinto, Miranda, Caloto, Buenos Aires, Santander de Quilichao. Por los lados del nororiente está Caldono, uno de los municipios azotados fuertemente por el conflicto, ahí hablamos de asesinatos de autoridades, reclutamiento y amenazas. Ya en zonas de población campesina, por ejemplo, Argelia y dentro de ese municipio El Plateado y otros corregimientos y veredas están viviendo la rigurosidad del conflicto armado. Hay algo en común: las rutas del narcotráfico es lo que origina la disputa de los grupos armados, pero no solamente ilegales.
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¿Qué resultados han dejado las mingas y las manifestaciones que han hecho las comunidades indígenas?
Estamos frente a un gobierno arrogante, que no se presta para dialogar. La posición del presidente de no escuchar a las comunidades deja una gran desconfianza. No podemos decir que hay avances significativos cuando hay una posición tan radical de no escuchar, de no sentarse a buscarle salida a las problemáticas a través de las propuestas de las comunidades. Cabe aclarar que en el marco de la minga del paro nacional no buscábamos un beneficio para las comunidades indígenas, eso lo hicimos para sumarnos a la lucha del país. En ese sentido el resultado que dejó fue represión militar, asesinatos, desaparecidos, señalamientos, estigmatización del derecho a la protesta social.