“Ataques a las ‘kankurwas’ buscan desestabilizar al pueblo kankuamo”: Gobernador

La población kankuama está desconcertada tras la incineración de dos kankurwas (centros ceremoniales), a manos de desconocidos, en el corregimiento de La Mina, en Valledupar (Cesar). Las autoridades indígenas aseguran que son ataques sistemáticos que buscan dividirlos y seguir con su exterminio físico y cultural.

La población kankuama está desconcertada tras la incineración de dos kankurwas (centros ceremoniales), a manos de desconocidos, en el corregimiento de La Mina, en Valledupar (Cesar). Las autoridades indígenas aseguran que son ataques sistemáticos que buscan dividirlos y seguir con su exterminio físico y cultural.

Los incendios, provocados el 12 de diciembre en la comunidad Minakalwa, ubicada en el territorio ancestral de la Línea Negra, devastan a los indígenas arhuacos, declarados en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional, en el Auto 004 de 2009. Junto al wiwa, el arhuaco y el kogui, son cuatro los pueblos que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Para las comunidades kankuamas, la quema de las kankurwas representa una afectación contra su espiritualidad e integridad étnica. Estos espacios son templos sagrados y allí se toman todas las decisiones del pueblo.

Según sus denuncias, los incendios vienen ocurriendo desde 2014, y aseguran que las amenazas en su contra se han intensificado, al tiempo que aumentan las desapariciones de miembros de su comunidad.

El pueblo kankuamo, afectado históricamente por el conflicto armado, también ha recibido medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Jaime Luis Arias, gobernador del pueblo kankuamo, denuncia, en entrevista con El Espectador, la quema de los centros espirituales en ese resguardo en Valledupar y el desplazamiento del 60 % de la población.

¿Cómo se dieron los hechos de la quema de dos “kankurwas” en el corregimiento de La Mina, Valledupar?

Las kankurwas o casas ceremoniales sufrieron ese atentado el domingo 12 (de diciembre) a las 2:30 de la madrugada. Al parecer fueron incendiadas de manera intencional por personas que desconocemos. En este caso, las casas ceremoniales estaban solas y sufrieron daños irreparables. Mi residencia, en la que se encontraba mi núcleo familiar, también se vio afectada.

¿Desde cuándo se producen los incendios de las “kankurwas”?

Este fenómeno se ha venido presentando alrededor de los últimos siete años, y prácticamente es similar a lo que ocurría en la época de la Conquista, cuando se dio la invasión y se vieron afectados muchos espacios sagrados. En el espacio de La Mina es la tercera vez que ocurre: la primera en 2014 y la segunda en 2016. Secuencialmente, cada año se ha venido presentando este fenómeno en otras comunidades. En el caso de Guatapurí y Chemesquemena, en 2017 y 2018; en Atanquez, en 2019, y en Pontón y Los Laureles, en 2020. Ahora sucede nuevamente esta acción, de la cual tienen conocimiento las autoridades competentes, pero no se ha tenido ninguna respuesta sobre los responsables. Nos preocupa que los hechos siempre se presentan en un contexto de riesgo, ataques y estigmatización por parte del Gobierno y las autoridades; además de que es una práctica sistemática para debilitar a nuestro pueblo y continuar con el exterminio físico y cultural que hemos denunciado como pueblo kankuamo y pueblo de la Sierra Nevada de Santa Marta.

¿Qué implica la quema de las “kankurwas” para la cultura de los kankuamos? ¿Cómo interfiere esto en las dinámicas internas de las comunidades?

Estos espacios se han convertido no solo en un patrimonio cultural, sino también en los espacios que representan la autoridad y el gobierno. Es a través de estos centros que hemos venido haciendo ejercicios de resistencia, recuperación cultural y recuperación del conocimiento, con el fin de armonizar las relaciones internas del gobierno, las comunidades y el territorio. Corremos el riesgo de perder todo lo que hemos superado en el tiempo, porque estos ataques a las kankurwas son un intento de desestabilizar al pueblo kankuamo.

¿Qué acciones cree que han podido generar represalias contra el pueblo kankuamo?

Este hecho se presenta en el marco de la alerta temprana de inminencia 026-21, que identificó unos riesgos por la presencia de grupos armados desconocidos y, al mismo tiempo, amenazas sistemáticas por el ejercicio de la regulación territorial. Estos riesgos se incrementan cuando denunciamos las intervenciones de megaproyectos, en la defensa de nuestros derechos, nuestra autonomía y nuestro territorio.

Como pueblo, se oponen a la Represa Los Besotes y aseguran que los hechos de agresión se dieron en el marco de una campaña contra el proyecto. ¿Cuál es la problemática?

Nosotros pedimos que se respete el ordenamiento natural ancestral. Cuando se represa o se corta ese flujo natural del ecosistema y de los espacios sagrados, hay una afectación espiritual no solo sobre el río, sino sobre todo el territorio, desde la conectividad que tiene donde nace la laguna hasta donde desemboca.

La gravedad de la afectación hacia la naturaleza y el sistema de agua está articulada con intereses que no solo buscan el crédito de ese megaproyecto, sino de muchos otros.

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¿Cómo explicaría el contexto de violencia en el que ha estado inmerso el pueblo kankuamo? ¿Qué se modificó con la firma del Acuerdo de Paz?

Con la firma del Acuerdo de Paz coincidimos en que hubo un avance en materia de reconocimiento de derechos, al incorporar un capítulo étnico, que entiende nuestra paz en relación con la armonía de la naturaleza. A pesar de esto, notamos con preocupación que, posterior al Acuerdo, se mantienen los factores de riesgo por la incursión de actores armados en la Sierra Nevada. A la vez, los intereses en la intervención ya no están asociados a un par de proyectos, sino que se han centrado en debilitar los sistemas de gobierno, lo cual facilita intereses externos. Lo que vimos como positivo del Acuerdo es que nos iba a brindar unas garantías, pero ahora estamos en vilo por estos ataques sistemáticos. No solo es el asesinato de personas, también es el asesinato de la madre tierra.

¿Cuál es el discurso con el que se deslegitima al pueblo kankuamo?

Principalmente, se trata de la criminalización del ejercicio de gobierno propio. El desconocimiento de las entidades, pero sobre todo de sectores políticos, lleva a calificar nuestras acciones como contrarias al desarrollo y a compararnos con grupos subversivos y criminales. Esto genera un peligro creciente en las autoridades y nos hace más vulnerables. Los señalamientos no buscan solo deslegitimar, sino también pretenden dividir a las comunidades por su visión integral y su plan de vida. Lo que venimos diciendo es que la Sierra Nevada se tiene que abordar desde otro punto de vista. No queremos contribuir al desarrollo del país; por el contrario, queremos conservar todo lo que ha estado siempre en el territorio.

¿A qué entidades y mecanismos han acudido para denunciar estos hechos?

Hemos acudido al Ministerio Público para que puedan dar una respuesta eficiente y también al escenario internacional, en función de la respuesta que esté dando el Gobierno Nacional. La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos establecieron las medidas cautelares, pero si el Gobierno no da una respuesta integral nos tocará materializar otra solicitud ante el Sistema Interamericano o a los organismos de la ONU que brindan apoyos a los derechos que tenemos ante estos ataques.

¿Cómo va el cumplimiento de las recomendaciones que dictó la Defensoría del Pueblo en la AT 026-21?

Ya se han dado unos pasos en relación con la creación de una ruta para implementar las recomendaciones; un plan de acción concertado. Nosotros consideramos importante las garantías y las mesas que se han planteado, y esas medidas que se han previsto se puedan implementar en plenitud. La Unidad Nacional de Protección revaluó el riesgo del pueblo kankuamo, casualmente unos días antes de la quema de las “kankurwas”. Otras entidades están tomando acciones para fortalecer los mecanismos de autoprotección de la guardia, la coordinación institucional y el refuerzo de otros procesos en materia de derechos humanos, que puedan hacer monitoreo para que estas acciones no sigan afectando nuestro territorio.