Aumentaron las agresiones contra defensores de DDHH en primer semestre de 2021

El Programa Somos Defensores, integrado por la ONGD Benposta Nación de Muchachos, la Asociación Minga y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), lanzó su informe sobre la violencia en contra de los y las defensoras de derechos humanos en el país durante el primer semestre de este año. Allí presentan la comparación respecto al mismo periodo de 2020, la transformación de las violencias y el impacto de las movilizaciones del Paro Nacional en estos primeros seis meses.

Según el Programa, en su Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh) se reportaron 524 hechos violentos contra defensores de DDHH durante los primeros seis meses de este año en el país, lo que significaría un incremento del 13% respecto al primer semestre del año pasado.

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En el informe, esta plataforma advierte que se presentaron transformaciones en la violencia ejercida contra estas personas, pues mientras agresiones como amenazas, detenciones arbitrarias, robos de información y la violencia sexual aumentaron, los homicidios disminuyeron. El programa cree que lo anterior se debe a tres razones: “La concentración de la violencia en las movilizaciones realizadas en el marco del Paro Nacional, el fin del aislamiento obligatorio (que hacía a los defensores/as más fácilmente ubicables), y la consolidación del poder de algunos actores armados en los territorios en disputa”.

Precisamente, sobre la primera causa que podría explicar el fenómeno que resaltan, desde el Programa señalaron que de las 524 agresiones registradas, el 41,6%, es decir 218 casos, se presentaron durante las movilizaciones convocadas con ocasión del Paro Nacional que inició el 28 de abril y se extendió hasta finales de junio. Además, señalan en el informe, la mayoría de los victimarios de estos hechos presuntamente serían miembros de la fuerza pública.

“Esto es una muestra del uso excesivo de la fuerza durante las protestas, que afectó a miles de personas, entre ellas a quienes defienden los derechos humanos. Este comportamiento provocó que por primera vez la fuerza pública aparezca como el presunto responsable del mayor número de agresiones, por encima de los actores desconocidos, grupos paramilitares y las disidencias de las Farc”, advierten en la publicación.

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Para el Programa Somos Defensores, la respuesta dada por parte del gobierno a la protesta social “dejan en evidencia el derrumbe de la institucionalidad democrática y deriva autoritaria que preocupa a distintos sectores del país y cuyas implicaciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos son múltiples”. Además, el Programa alerta sobre un posible incremento en las agresiones de este tipo si se tiene en cuenta que durante el primer semestre del próximo año se realizarán las elecciones legislativas y presidenciales.

Las distintas organizaciones que componen el programa, concluyen su informe destacando con preocupación que desde el 2017 se viene registrando un aumento en las violencias que ejercen contra las personas que defienden los derechos humanos en las distintas regiones del país y que, pese a ese aumento, el Estado aún no garantiza el ejercicio y la vida de estas personas.

El Programa Somos Defensores, integrado por la ONGD Benposta Nación de Muchachos, la Asociación Minga y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), lanzó su informe sobre la violencia en contra de los y las defensoras de derechos humanos en el país durante el primer semestre de este año. Allí presentan la comparación respecto al mismo periodo de 2020, la transformación de las violencias y el impacto de las movilizaciones del Paro Nacional en estos primeros seis meses.

Según el Programa, en su Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh) se reportaron 524 hechos violentos contra defensores de DDHH durante los primeros seis meses de este año en el país, lo que significaría un incremento del 13% respecto al primer semestre del año pasado.

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En el informe, esta plataforma advierte que se presentaron transformaciones en la violencia ejercida contra estas personas, pues mientras agresiones como amenazas, detenciones arbitrarias, robos de información y la violencia sexual aumentaron, los homicidios disminuyeron. El programa cree que lo anterior se debe a tres razones: “La concentración de la violencia en las movilizaciones realizadas en el marco del Paro Nacional, el fin del aislamiento obligatorio (que hacía a los defensores/as más fácilmente ubicables), y la consolidación del poder de algunos actores armados en los territorios en disputa”.

Precisamente, sobre la primera causa que podría explicar el fenómeno que resaltan, desde el Programa señalaron que de las 524 agresiones registradas, el 41,6%, es decir 218 casos, se presentaron durante las movilizaciones convocadas con ocasión del Paro Nacional que inició el 28 de abril y se extendió hasta finales de junio. Además, señalan en el informe, la mayoría de los victimarios de estos hechos presuntamente serían miembros de la fuerza pública.

“Esto es una muestra del uso excesivo de la fuerza durante las protestas, que afectó a miles de personas, entre ellas a quienes defienden los derechos humanos. Este comportamiento provocó que por primera vez la fuerza pública aparezca como el presunto responsable del mayor número de agresiones, por encima de los actores desconocidos, grupos paramilitares y las disidencias de las Farc”, advierten en la publicación.

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Para el Programa Somos Defensores, la respuesta dada por parte del gobierno a la protesta social “dejan en evidencia el derrumbe de la institucionalidad democrática y deriva autoritaria que preocupa a distintos sectores del país y cuyas implicaciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos son múltiples”. Además, el Programa alerta sobre un posible incremento en las agresiones de este tipo si se tiene en cuenta que durante el primer semestre del próximo año se realizarán las elecciones legislativas y presidenciales.

Las distintas organizaciones que componen el programa, concluyen su informe destacando con preocupación que desde el 2017 se viene registrando un aumento en las violencias que ejercen contra las personas que defienden los derechos humanos en las distintas regiones del país y que, pese a ese aumento, el Estado aún no garantiza el ejercicio y la vida de estas personas.