Avanzan las investigaciones contra la Universidad del Atlántico

El 28 de agosto, el Ministerio de Educación, a través de la Resolución 17044, abrió una investigación preliminar contra la Universidad del Atlántico por irregularidades financieras. Este 11, 12 y 13 de octubre, la oficina de Inspección y Vigilancia realizó la primera visita a la institución.

“Durante esos tres días, cuatro funcionarios del Ministerio hicieron presencia en la universidad y solicitaron información para avanzar en el proceso. Esta fue entregada a los investigadores, quienes el viernes volvieron a Bogotá”, explicó Carlos Prasca, rector de la Uniatlántico.

Una de las irregularidades que se describen en la resolución expone hallazgos de carácter financiero, relacionadas con el presunto incumplimiento de los principios, objetivos y calidades señaladas en el plan general de contabilidad pública, en cuanto se refiere a información de estados financieros no confiables, desde 2007 a la fecha, e inconsistencias con la depuración de la información contable de la institución.

Las malas decisiones administrativas de esos años, en los cuales se dio la desvinculación de unos 250 trabajadores, condujeron a recibir demandas por reintegros, pagos de prestaciones no reconocidas, malas liquidaciones y nuevos pagos por sentencias judiciales.

De ahí que, mediante una comunicación interna 2016-IE-044083 del 7 de septiembre de 2016, la Subdirectora de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior del Ministerio, entregara información relacionada con la Universidad del Atlántico concerniente a “errores involuntarios” en la liquidación del pago de sentencias judiciales a empleados de la institución.

Frente a eso Prasca manifestó que “ese es un nombre diplomático porque ahí no hay error involuntario. Hay errores donde con letra menuda se tiene una información y, de un momento a otro, se salta a cifras superiores sin justificación alguna. Puede haber diferencias de 12 a 17 millones y cuando esa cifra se multiplica por 40 liquidaciones de sentencias judiciales, esta asciende de 400 a 600 millones. A eso se le llamó errores involuntarios”.

Además, explicó que no se estaba ejerciendo la vigilancia de la seguridad jurídica de la universidad. Es decir, “que un juez o un tribunal fallaba y la institución no hacía defensa de esos procesos”. De este modo, había omisión por parte de Uniatlántico y se favorecían las pretensiones del demandante.

A esa figura “nosotros la hemos llamado contubernio, un acuerdo entre personas que demandaban y los que tenían a su cargo la seguridad jurídica de la universidad”.

En este sentido, reveló que solo los moratorios errados de tres funcionarios suman 418 millones. Entonces, “cuando se recibe ese monto de más y hay contubernio, ten la seguridad de que todos van a participar de la distribución de esos recursos”, expresó.

Se daban casos, por ejemplo, en los que un funcionario reclamaba una prima sin tener derecho a esta. La oficina de vigilancia jurídica de la universidad hacía omisión de eso y el juez finalmente fallaba a favor de la pretensión del funcionario.

“Se han venido dando muchos procesos como estos, personas que cobraron moratorio cuando ya se les había pagado. El ministerio lo ha descubierto y esperamos que se den las sanciones correspondientes y la recuperación de los recursos”, añadió Prasca.

Otra irregularidad referenciada en la resolución indica que la Subdirectora de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior del Mineducación, mediante comunicación interna 2017-IE-018632 del 26 de abril de este año, remitió a la Subdirección de Inspección y Vigilancia “requerimiento 04 incumplimiento acuerdo reestructuración de pasivos, incumplimiento compromisos y requerimientos comité de vigilancia”, de la universidad, suscrito por la promotora de dicho acuerdo, en la cual hace alusión a presuntas irregularidades de carácter financiero.

También, el Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, remitió al Grupo de Investigaciones Administrativas el informe de auditoría expedido por Lenin Vizcaino Sierra, en su calidad de Subcontralor Departamental del Atlántico, donde relaciona unos presuntos hallazgos de incidencia fiscal.

“La contraloría del departamento encontró, entre 2014 y 2015, 39 hallazgos administrativos, 34 disciplinarios, 10 de carácter fiscal por 4.736 millones y cuatro de carácter penal”, informó Prasca. Por todo ello, el actual rector de la institución señaló que en su administración se ha entregado a la Procuraduría General toda la documentación necesaria para iniciar los procesos de acciones de repetición contra aquellos funcionarios quienes causaron dificultades a la institución. De acuerdo con eso, el Ministerio Público deberá revisar las conductas de los ex rectores Ana Sofía Mesa, Rafael Castillo Pacheco y Rafaela Vos Obeso.

Finalmente, calificó la investigación de oportuna y saludable, e indicó que “estamos a la espera de la actuación de la Fiscalía para tener pronto sancionados y que esos sancionados empiecen a hacer devoluciones del dinero”.

El 28 de agosto, el Ministerio de Educación, a través de la Resolución 17044, abrió una investigación preliminar contra la Universidad del Atlántico por irregularidades financieras. Este 11, 12 y 13 de octubre, la oficina de Inspección y Vigilancia realizó la primera visita a la institución.

“Durante esos tres días, cuatro funcionarios del Ministerio hicieron presencia en la universidad y solicitaron información para avanzar en el proceso. Esta fue entregada a los investigadores, quienes el viernes volvieron a Bogotá”, explicó Carlos Prasca, rector de la Uniatlántico.

Una de las irregularidades que se describen en la resolución expone hallazgos de carácter financiero, relacionadas con el presunto incumplimiento de los principios, objetivos y calidades señaladas en el plan general de contabilidad pública, en cuanto se refiere a información de estados financieros no confiables, desde 2007 a la fecha, e inconsistencias con la depuración de la información contable de la institución.

Las malas decisiones administrativas de esos años, en los cuales se dio la desvinculación de unos 250 trabajadores, condujeron a recibir demandas por reintegros, pagos de prestaciones no reconocidas, malas liquidaciones y nuevos pagos por sentencias judiciales.

De ahí que, mediante una comunicación interna 2016-IE-044083 del 7 de septiembre de 2016, la Subdirectora de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior del Ministerio, entregara información relacionada con la Universidad del Atlántico concerniente a “errores involuntarios” en la liquidación del pago de sentencias judiciales a empleados de la institución.

Frente a eso Prasca manifestó que “ese es un nombre diplomático porque ahí no hay error involuntario. Hay errores donde con letra menuda se tiene una información y, de un momento a otro, se salta a cifras superiores sin justificación alguna. Puede haber diferencias de 12 a 17 millones y cuando esa cifra se multiplica por 40 liquidaciones de sentencias judiciales, esta asciende de 400 a 600 millones. A eso se le llamó errores involuntarios”.

Además, explicó que no se estaba ejerciendo la vigilancia de la seguridad jurídica de la universidad. Es decir, “que un juez o un tribunal fallaba y la institución no hacía defensa de esos procesos”. De este modo, había omisión por parte de Uniatlántico y se favorecían las pretensiones del demandante.

A esa figura “nosotros la hemos llamado contubernio, un acuerdo entre personas que demandaban y los que tenían a su cargo la seguridad jurídica de la universidad”.

En este sentido, reveló que solo los moratorios errados de tres funcionarios suman 418 millones. Entonces, “cuando se recibe ese monto de más y hay contubernio, ten la seguridad de que todos van a participar de la distribución de esos recursos”, expresó.

Se daban casos, por ejemplo, en los que un funcionario reclamaba una prima sin tener derecho a esta. La oficina de vigilancia jurídica de la universidad hacía omisión de eso y el juez finalmente fallaba a favor de la pretensión del funcionario.

“Se han venido dando muchos procesos como estos, personas que cobraron moratorio cuando ya se les había pagado. El ministerio lo ha descubierto y esperamos que se den las sanciones correspondientes y la recuperación de los recursos”, añadió Prasca.

Otra irregularidad referenciada en la resolución indica que la Subdirectora de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior del Mineducación, mediante comunicación interna 2017-IE-018632 del 26 de abril de este año, remitió a la Subdirección de Inspección y Vigilancia “requerimiento 04 incumplimiento acuerdo reestructuración de pasivos, incumplimiento compromisos y requerimientos comité de vigilancia”, de la universidad, suscrito por la promotora de dicho acuerdo, en la cual hace alusión a presuntas irregularidades de carácter financiero.

También, el Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, remitió al Grupo de Investigaciones Administrativas el informe de auditoría expedido por Lenin Vizcaino Sierra, en su calidad de Subcontralor Departamental del Atlántico, donde relaciona unos presuntos hallazgos de incidencia fiscal.

“La contraloría del departamento encontró, entre 2014 y 2015, 39 hallazgos administrativos, 34 disciplinarios, 10 de carácter fiscal por 4.736 millones y cuatro de carácter penal”, informó Prasca. Por todo ello, el actual rector de la institución señaló que en su administración se ha entregado a la Procuraduría General toda la documentación necesaria para iniciar los procesos de acciones de repetición contra aquellos funcionarios quienes causaron dificultades a la institución. De acuerdo con eso, el Ministerio Público deberá revisar las conductas de los ex rectores Ana Sofía Mesa, Rafael Castillo Pacheco y Rafaela Vos Obeso.

Finalmente, calificó la investigación de oportuna y saludable, e indicó que “estamos a la espera de la actuación de la Fiscalía para tener pronto sancionados y que esos sancionados empiecen a hacer devoluciones del dinero”.