Basuras en Santander: crisis sin solución a la vista
Este martes 24 de agosto se realizó un debate de control político en el Congreso sobre el problema que hay en el departamento por cuenta de la decisión de cerrar el botadero de El Carrasco. La superintendente nacional de Servicios Públicos, que le sigue la pista al caso, explica el problema.
Torres de bolsas de basura agolpándose en las calles y en las esquinas, malos olores en los barrios y gallinazos en medio de los arrumes de desechos. La escena se repite en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, como Girón y Floridablanca, y muestra el alcance de la crisis que se vive en el departamento de Santander desde el pasado 13 de agosto, tras la decisión del Juez 15 Administrativo de la capital santandereana de cerrar el relleno sanitario El Carrasco.
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Torres de bolsas de basura agolpándose en las calles y en las esquinas, malos olores en los barrios y gallinazos en medio de los arrumes de desechos. La escena se repite en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, como Girón y Floridablanca, y muestra el alcance de la crisis que se vive en el departamento de Santander desde el pasado 13 de agosto, tras la decisión del Juez 15 Administrativo de la capital santandereana de cerrar el relleno sanitario El Carrasco.
Dieciséis municipios se quedaron sin un lugar donde disponer las basuras, y ocho de esos indicaron que llevarían los residuos al Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas en Aguachica, como parte de sus planes de contingencia. Sin embargo, tanto los habitantes como el alcalde del municipio se opusieron a recibir las basuras, motivo por el cual los camiones tuvieron que devolverse a Bucaramanga. Debido a esto, los alcaldes del área metropolitana declararon calamidad pública, y nuevamente empezaron a disponer los desechos en El Carrasco, en contra de la orden judicial. En busca de soluciones se han hecho Puntos de Mando Unificado, la Procuraduría General de la Nación ha hecho llamados a la Alcaldía de Aguachica para llegar a un acuerdo que permita hacer la disposición final allí de manera temporal por tres meses y la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios envió a una comisión a Bucaramanga para verificar que no se presente una emergencia por las basuras.
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El alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, anunció que las basuras de este municipio se llevarían al relleno sanitario La Pradera, en Medellín. Sin embargo, la situación más crítica se ve en este municipio, donde las basuras permanecen en las calles, generando malos olores. Como medio de protesta los habitantes de varios barrios han bloqueado las calles con las basuras e incluso las han arrojado en frente de la alcaldía como medio para exigir una solución.
Para los alcaldes del área metropolitana, llevar las basuras a otros departamentos es un “despropósito”, pues el aumento en la tarifa de los usuarios incrementaría hasta tres veces. La situación llegó a tal punto, que los congresistas Ciro Fernández y Edwin Ballesteros realizaron este martes en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes un debate de control político a los ministros de Ambiente y de Vivienda, al director general de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Superintendente de Servicios Públicos, el Director Nacional de Gestión del Riesgo y al director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
Los citantes pidieron, entre otras cosas que se devuelva a la CDMB la competencia sobre el relleno, que desde 2014, está en manos de la ANLA, encargada de ejercer control y vigilancia. El viceministro de ambiente, Francisco Cruz, respondió que evaluarían el tema “teniendo en cuenta los antecedentes históricos para resolver esa solicitud”.El director de la ANLA, Rodrigo Suárez, explicó que la medida de cerrar el relleno se dio, no únicamente por la decisión del juez 15 únicamente, sino por la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que en 2011 ratificó la orden. Por su parte, César Augusto Pachón, congresista que también participó del debate pidió que se implementen medidas que incentiven el reciclaje y además manifestó que el problema de El Carrasco “no solo es una pelea judicial, sino también política. Siempre que hay el tema de las basuras le buscan el negocio, porque les interesa la cantidad de plata que paguen por disponer de las basuras. No les interesa la calidad ni la reutilización de las basuras”.
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Los alcaldes del área metropolitana también expresaron su preocupación principalmente por las sanciones que se podrían presentar en su contra al no acatar la orden judicial del cierre y la afectaciones que sufren los habitantes del área metropolitana. “Nadie quiere tener un relleno sanitario en su municipio. Luego, esto ya sale de las competencias de los alcaldes. Acá tiene que haber una instancia superior, de los órdenes departamental y nacional, que sea capaz de articular esa decisión. Regular no solo los intereses particulares de los municipios, sino de más poblaciones como las que hoy en día tenemos”, indicó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga. El Espectador habló con la superintendente nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, quien ha estado ejerciendo vigilancia frente a esta situación, para entender el alcance del problema.
¿Pueden seguir las alcaldías disponiendo las basuras en El Carrasco, a pesar de la orden judicial?
La orden judicial que dio el tribunal 15 administrativo de Bucaramanga efectivamente implica que El Carrasco queda sin autorización ambiental para desarrollar la actividad de disposición final de residuos, entonces en virtud de ese fallo judicial no se puede disponer sin una autorización ambiental. Aclaro que la Superintendencia de Servicios Públicos no es una autoridad ambiental, lo que hacemos es verificar el cumplimiento de las normas requeridas, en este caso para los rellenos sanitarios, las cuales incluyen contar con una autorización ambiental vigente expedida por una autoridad ambiental competente. En este caso, de haber disposición final en El Carrasco se estaría violando la regulación.
En caso de que haya sanciones por el incumplimiento de la orden, ¿quiénes serían los sancionados?
En este momento no puedo hablar de sanciones, porque primero debe haber un debido proceso. Tenemos una comisión de verificación desde el viernes 13 de agosto en Bucaramanga, en El Carrasco, revisando que se activen adecuadamente los planes de emergencia y contingencia de los 16 municipios que depositaban sus basuras en ese relleno sanitario. Sabemos que hay algunos prestadores amparados en algunos decretos de declaratorias de emergencia o de calamidad pública de varios municipios del área metropolitana que están llevando sus residuos sólidos a El Carrasco, contra sus prestadores y contra la EMAB, que es la administradora del relleno sanitario. Estamos evaluando la apertura de indagación preliminar por el incumplimiento, la violación de un requisito regulatorio que debe contar con la autorización de una autoridad ambiental para disponer, todo esto, en cumplimiento del fallo del juez.
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¿La Alcaldía de Aguachica está obligada a recibir las basuras de los municipios de Santander?
Más que estar obligada, existe una disposición en la legislación, en la normatividad vigente, que nos indica que en las licencias ambientales no puede haber un rechazo a recibir residuos de otros municipios. Legalmente no hay forma de que Aguachica se oponga a la recepción de los residuos generados en otros lugares. De hecho, no lo hace porque el relleno sanitario es regional, que no solo recibe residuos de Aguachica, sino de otros 15 municipios, entre ellos del Cesar, del sur de Bolívar y de Norte de Santander. Legalmente no se puede oponer a hacerlo y, más allá de que esté obligado a hacerlo, es un tema de solidaridad con los usuarios. Acá no es con las empresas ni con los alcaldes de los 16 municipios de Santander que disponían antes en El Carrasco, es solidaridad con esos usuarios que están enfrentando hoy una situación de emergencia sanitaria porque sus calles están llenas de basura ya que los prestadores no han podido recoger los residuos porque tienen los carros llenos con la basura que no han podido disponer. El punto es que Aguachica pueda servir como esa contingencia que ya estaba expresada en los planes de estos prestadores de los diferentes municipios. La disposición allí sería temporal, durante tres meses, porque también hemos sido muy claros desde el principio, el relleno sanitario expuso mediante una comunicación al Instituto que solo tiene la capacidad de recibir los residuos durante tres meses.
Hay quejas de la ciudadanía porque las basuras están en las calles, ¿quién responde en ese caso?
Hemos estado verificando esta situación, les hemos llamado la atención a los alcaldes para que en conjunto con las empresas que prestan el servicio público de aseo en esos municipios acuerden una hoja de ruta para poder hacer la recolección de las basuras en esos municipios. Lo que argumentan las empresas recolectoras es que no prestan el servicio porque tienen sus camiones recolectores compactadores llenos, porque no han podido ir a disponer. Hemos estado verificando la activación y efectiva aplicación de los planes de emergencia y contingencia en los diferentes municipios. La razón por la que la mayoría de quienes no han podido activarlo es por la situación que se presenta en el relleno sanitario de Aguachica, porque la comunidad no está permitiendo pasar hacia el lugar para poder depositar los residuos allá. Los alcaldes están llamados a establecer junto con sus empresas de servicio público de aseo cuál va a ser la contingencia para poder garantizar que los usuarios de servicios públicos no sufran por tener las basuras o en sus casas o en las calles regadas.
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Pero al declarar calamidad pública, vuelven a disponer las basuras en El Carrasco y nuevamente se posterga el cierre...
La decisión de materialización del cierre ya se dio, y es un hecho. El Carrasco está cerrado por una orden judicial. Los alcaldes y prestadores del servicio que están disponiendo allí, basados en sus declaratorias de calamidad pública, lo están haciendo bajo la responsabilidad que a ellos individualmente les corresponde. Cada uno tiene sus razones y sus decretos, pero la Superintendencia de Servicios Públicos es respetuosa del fallo judicial y para nosotros estar disponiendo las basuras en este momento se configura como disposición sin autorización.