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Durante más de veinte años, Alba Luz Durán, campesina de Socotá (Boyacá), se ha dedicado a la elaboración y comercialización de productos derivados de la harina de trigo, la miel y el café. Ella es la cofundadora de la Asociación Agrosolidaria Seccional Socotá, una organización conformada por grupos de campesinos de la cuenca media del río Chicamocha. Sin embargo, con la estrategia Guardianas de los Páramos logró llevar sus capacidades a un nuevo nivel de gestión agroecológica y ambiental, en asocio con otros habitantes de su municipio.
“Fue con Guardianas de los Páramos que Alba aprendió a potencializar sus habilidades, al punto que hoy en día la asociación busca la transferencia de saberes sobre el campo a los más pequeños y jóvenes de su comunidad, priorizando así el desarrollo y el crecimiento de la región”, dijo María Isabel Pérez, directora de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia (CMMC), entidad gestora de ese proyecto.
A través de Guardianas de los Páramos, la CMMC desarrolló un proceso de fortalecimiento de la asociatividad campesina para la reconversión del suelo, la preservación de los ecosistemas y el fortalecimiento de los procesos productivos en las comunidades. De la iniciativa surgieron al menos 26 asociaciones que tras la culminación de la experiencia han prolongado su gestión ambiental y agroecológica desde la autonomía de cada organización.
En el caso de Alba Luz, se dedica a defender y reconocer el trabajo de los campesinos junto a la Escuela de Agroecología, para evitar el desplazamiento por actividades mineras y proyectos existentes en este territorio cuya población, según cifras del último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), suma 1′135.698 habitantes.
Su trabajo no solo es clave para la defensa de los campesinos y la permanencia de las actividades relacionadas con el campo. Además, procuran el cuidado de una región de especial importancia por hacer parte del sistema de suministro hídrico de la nación. De los 37 complejos de páramos que tiene Colombia, 13 se encuentran en jurisdicción de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander.
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Mientras Alba Luz trabaja en la defensa del medio ambiente y de la dignidad de los campesinos de su región, Adriana Toro gestiona proyectos para proteger el agua en el nororiente del país. Desde hace un año es la directora de la Fundación Alianza BioCuenca, una organización dedicada a la gobernanza del agua y a la gestión ambiental a través de proyectos como miPáramo, con el cual se busca el cuidado del bosque alto andino y del Páramo de Santurbán.
La iniciativa se constituyó en 2016 como una alianza público-privada encaminada a la gestión y protección del páramo que comparten treinta municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander, donde se ubica el Páramo de Santurbán, el primer ecosistema de este tipo delimitado en el país y el cual, según cifras oficiales, tiene 142.000 hectáreas de extensión, a alturas de entre 3.000 y 4.300 metros. Allí hay al menos 300 especies de fauna y 450 de flora, muchas endémicas de ese sitio.
“La investigación y el desarrollo científico desde lo más básico es algo que me llena de satisfacción. Incorporamos ciencia y tecnología al campo a través de proyectos de monitoreo ambiental, en los que los campesinos se sienten involucrados en el proceso y en el descubrimiento científico”, expresó Toro sobre el impacto de su modelo de acompañamiento e intervención ambiental que se divide en cinco puntos estratégicos.
Para la Alianza BioCuenca y las organizaciones que hacen parte del proyecto miPáramo, la protección de ese ecosistema se convirtió en un objetivo clave de su agenda. El Páramo de Santurbán abastece a 48 municipios del nororiente colombiano, en un área de influencia en la que viven al menos dos millones de personas. Hace parte del sistema de generación de agua de los páramos altoandinos, que surten a unos 25 millones de personas y alimentan las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco.
Gestión del agua: la clave para el desarrollo
En los cuatro departamentos de la región Centro, donde se ubica una parte importante de los ecosistemas generadores de agua del país, comunidades, organizaciones y administraciones comprendieron la importancia de proteger los páramos y regular las actividades agrícolas sin poner en peligro la calidad de vida de las familias campesinas y acompañando procesos agroecológicos con conciencia ambiental.
Justo en esa línea nació el proyecto miPáramo, “una iniciativa del Acueducto de Cúcuta, actores estatales como la Gobernación, la Cooperación Internacional Alemana y empresas privadas”, dijo la directora Toro. Su estrategia parte de la vinculación de las comunidades campesinas como “guardianes del agua” y se divide en cinco momentos, cada uno encaminado al alcance de un objetivo particular.
El primero es la socialización del proyecto con las comunidades y las familias campesinas, seguido por un momento de caracterización en el que, como explicó la directora, “entramos a los predios, entendemos técnica y estratégicamente cuáles son las áreas priorizadas para hacer las intervenciones, los ecosistemas estratégicos para el resguardo del agua y llegamos a un acuerdo de concertación”. La celebración de esa asociación entre miPáramo y las comunidades corresponde al tercer paso de su metodología de trabajo.
En la cuarta fase de su modelo se ejecutan todas las acciones de intervención necesarias para proteger la producción de agua en el territorio. Esto implica actividades de conservación, restauración y apoyo a la producción sostenible; esta última es la acción que con más frecuencia ejecutan. La pertinencia de cada uno de los procesos la definen a partir de los resultados de la caracterización técnica realizada al inicio de cada proyecto.
“Además de preocuparnos e interesarnos por rescatar y conservar los ecosistemas, queremos que las familias también tengan una mejor calidad de vida. Los apoyamos para que, a través de buenas prácticas agrícolas, mejoren su productividad; entregamos insumos que les permitan ser más eficientes y mejorar la productividad en sus cosechas y en la generación de valor agregado”, explicó la directora.
A la intervención ambiental y agroecológica se suman las actividades de su línea de bienestar social y de educación ambiental que incluye enseñanza de buenas prácticas agrícolas, jornadas pedagógicas con niños, propietarios de predios en las zonas de conservación y campesinos, encuentros con las comunidades y mesas de gobernanza. “Sin el trabajo social sería imposible mantener esos acuerdos voluntarios de conservación con las familias”, comentó Toro sobre el trabajo de apropiación social que se ejerce desde el proyecto.
Finalmente, cada iniciativa de conservación termina con una fase de monitoreo y seguimiento de las inversiones a través de un comité local de verificación. Allí hacen la medición de los resultados en términos sociales y calculan la equivalencia de las inversiones de los aliados de miPáramo en términos de indicadores de impacto hídrico.
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Durante los ocho años de trabajo de la Alianza BioCuenca en la gestión del proyecto, han logrado la conservación de más de nueve mil hectáreas de predios a través de la vinculación de 1.750 familias y la siembra de al menos 390.000 árboles. La inversión aproximada para las actividades de miPáramo es de unos $5.000 millones, según lo expuso la directora Toro. Actualmente lo conforman 41 actores de los sectores público y privado, de la academia y la cooperación internacional.
MiPáramo y la Alianza BioCuenca tienen una apuesta especial por la protección del Páramo de Santurbán a través de la restauración de zonas hídricas prioritarias ubicadas en su zona de amortiguación. Si bien adelanta acciones en Santander y Norte de Santander, en este último departamento tiene una mayor presencia con actividades en los municipios de Bochalema, Cácota, Chitagá, Cucutilla, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Salazar, Silos y Toledo.
Además de las gestiones administrativas, la directora también se pone las botas para visitar los territorios. Recordó con especial gusto su trabajo en el complejo de Lagunas de Comagüeta (Chitagá, Norte de Santander), el lugar que más ha marcado su trabajo de campo: “con drones logramos ver los frailejones de tres metros de altura y las caminatas son impresionantes. Me siento muy orgullosa de poner un granito de arena para el cuidado de esos ecosistemas, ver que son saludables, encontrar las lagunas con agua y saber que estamos aportando para que sigan estado así”, concluyó.
En una línea similar de protección ambiental y acompañamiento a la producción agrícola sostenible se mueve el trabajo de las organizaciones que en su momento hicieron parte de la iniciativa Guardianas de los Páramos. Para su desarrollo se unieron en el año 2019 el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la Fundación Swissaid y la Corporación Mundial de la Mujer Colombia (CMMC), quienes durante dos años realizaron trabajo de acompañamiento y apoyo en zonas rurales de Boyacá.
María Isabel Pérez, directora de la CMMC, explicó que el objetivo del proyecto fue “contribuir a la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad en los páramos de Pisba, Tota, Bijagual y Mamapacha. Su diseño se centró en la gestión del territorio y la participación de las mujeres, con énfasis en la reconversión del suelo, la preservación de los ecosistemas, la garantía de servicios comunitarios y el fortalecimiento de procesos productivos”.
Para el desarrollo de la iniciativa tomaron como punto de partida la valoración de las capacidades locales y fomentaron la vinculación y la apropiación de la identidad cultural y los saberes de la comunidad. Como resultado de la formación, capacitación y acompañamiento técnico, lograron potenciar la protección ambiental y el desarrollo regional sostenible, la restauración de ecosistemas y la promoción de emprendimientos locales. La Gobernación de Boyacá también hizo parte del proyecto en un diálogo permanente con las organizaciones que lo gestionaron.
Entre 2019 y 2021, guardianas de los páramos facilitó la consolidación de 26 asociaciones integradas por 325 mujeres y 420 hombres de zonas rurales. El alcance general del proyecto, según cálculos de la CMMC, fue de al menos 2.256 personas: “la experiencia de trabajo con las mujeres y familias de Boyacá fue positiva y significativa”, comentó la directora Pérez.
En términos ambientales, “las estrategias implementadas, como la reestructuración, restauración, producción sostenible y la adaptación del suelo para la plantación de especies nativas tuvieron un impacto notable”, agregó Pérez.
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Se redujo el uso de agroquímicos en 25 proyectos de campesinos y se construyeron 867 unidades de infraestructura como viveros comunitarios. Además, sembraron 25.170 árboles que contribuyeron a la protección de 58 fuentes hídricas, se mejoraron 12 acueductos y dos distritos de riego en los municipios de influencia del proyecto. Una apuesta en esa línea se adelanta en Santander, donde el interés de la gobernación por la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales aporta a la gestión adecuada del recurso hídrico.
El acompañamiento a los campesinos y el equilibrio entre las actividades agrícolas ha tomado fuerza como un asunto clave para la sostenibilidad ambiental en los departamentos del Centro del país, donde una parte importante de sus 14.4 millones de habitantes, incluida la población de Bogotá, viven en zonas rurales. A nivel nacional según el DANE, el 83.1% de la población que vive en centros poblados y zonas rurales dispersas son campesinos.
En el caso de Cundinamarca y Santander, donde la gestión ambiental también es de vital importancia para comunidades y administraciones que desarrollan iniciativas como los comités de defensa del agua y las asociaciones de protección de páramos y cerros, la concertación de asuntos ambientales se equilibra con la producción agrícola de los departamentos.
En esos dos departamentos, los cultivos de caña son los de mayor incidencia en el índice de cultivos permanentes, con porcentajes del 72.4% y 62.5%, respectivamente. Lo mismo sucede en Boyacá y Norte de Santander, donde su presencia es del 89.2% y 52.9%, según cifras del Ministerio de Comercio Industria y Turismo a febrero de 2024.
Al final, el resultado más importante de las gestiones medioambientales y el desarrollo del campo en esos departamentos es que los campesinos se conviertan en voceros de los proyectos y generen comunidades sostenibles. Esto, sin afectar los páramos colombianos, que representan el 49% del total de estos ecosistemas en el mundo.
*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Construyendo Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, y apoyado por El Espectador.
