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En el municipio de Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá, los árboles de cacay o castaño de monte alcanzan los treinta metros de altura. Compiten con las palmas de asaí y las plantas de plátano que florecen en las productivas montañas. Sus hojas redondeadas y de un verde profundo hacen juego con el amarillo intenso de sus flores con forma de cintas y el color café de sus nueces, mismas de las que se extrae aceite, leche vegetal y proteínas para la industria farmacéutica.
Los campesinos de ese departamento descubrieron en el árbol de castaño de monte una importante fuente de ingresos que, de forma simultánea, les permite trabajar por la conservación ambiental. De ese modo, desde hace más de diez años se esfuerzan por la sustitución de cultivos de uso ilícito y la construcción de modelos asociativos para aprovechar las bondades de la tierra.
En ese departamento, así como en toda la región Sur, las mujeres tienen un rol fundamental en la gestión de proyectos para el desarrollo agrícola, la asociatividad y la construcción de paz. Ellas se han encargado de idear y dirigir iniciativas para tal fin. Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que la proyección de población femenina del país a junio de 2018 era del 50,6%. En sitios como Valle del Cauca, Bogotá y Risaralda, donde hay mayor población de mujeres, se registraron niveles de desarrollo más altos.
Casos como el del Grupo Asociativo de Productores por la Amazonía y el Buen Vivir (PROPLAB), que desde el año 2013 agrupa a 106 personas dedicadas al cultivo de plátano, asaí y castaño de monte, se destacan en su gestión bajo el modelo de sistemas agroforestales. La organización es liderada por Deisy Quimbayo, una mujer campesina que le apuesta al desarrollo de nuevas formas de productividad y sostenibilidad ambiental a gran escala, como lo hace gran parte de los 359.602 habitantes que tiene el Caquetá, según el DANE.
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Al tiempo que los integrantes de PROPLAB se reúnen para embalar la producción de plátano y limón en canastillas plásticas y enviarlas a comercializar, Clara Inés Hoyos fundadora y representante legal de la Asociación de Mujeres Empresarias Cimientos del Hogar (ASMUECH) acompaña a un grupo de mujeres campesinas en los procesos relacionados con el cultivo, transformación y comercialización de aromáticas amazónicas.
“Somos madres, mujeres, origen de vida”, expresó esta líder campesina que en el año 2015 inició con la idea de unir a personas como ella en una organización que les permitiera ver en las plantas aromáticas —producto poco explorado comercialmente en el Caquetá— una oportunidad para asociarse, producir ingresos y mejorar sus condiciones de vida.
En la actualidad, ASMUECH está conformada por al menos 102 familias y 450 beneficiarias. De estas, cuarenta son mujeres que se dedican de manera exclusiva al cultivo de aromáticas amazónicas; las demás incursionaron en la siembra del popular sacha inchi. El interés en el sector de las aromáticas permitió que la organización creara Amativa Origen de Vida, una marca a través de la cual se comercializan los productos a base de aromáticas de cosecha orgánica, trasformados en la planta de la organización.
Tanto PROPLAB como ASMUECH hacen parte de las organizaciones que han visto en la producción agrícola tecnificada una oportunidad de ordenamiento del aparato productivo y de construcción de paz. Para tal fin, muchas de ellas han recibido apoyo de entes departamentales, nacionales y de cooperación internacional, entre los que se destaca la Unión Europea.
Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los departamentos de Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima, a enero de 2024 tenían 2.110 empresas registradas, cuya actividad principal se relaciona con los sectores de la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca. El departamento con mayor dedicación a estas labores es el Huila, con 866 empresas registradas y prevalencia de los cultivos de caña y arroz superior al 50% de su actividad productiva.
Renglones de la economía como la producción de lácteos, la piscicultura, el cultivo de café y cacao son de gran relevancia para la región. Según el conteo de unidades económicas realizado por el DANE en el año 2021, los departamentos de Tolima y Huila tienen entre 50.001 y 100.000 personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades económicas registradas. Mientras tanto, Caquetá y Putumayo alcanzaron entre 10.001 y 50.000 unidades en sus jurisdicciones.
Los frutos del campo
A Clara Inés Hoyos una de las cosas que más satisfacción le produce de su trabajo por la construcción de paz, a través de la producción y transformación agrícola, es ser referenciada por otras mujeres y organizaciones que la siguen como un modelo. “A uno le gusta saber que es ejemplo”, dijo esta mujer de voz pausada y maneras amables.
En mayo de 2015, luego de cuatro meses trabajando en la constitución de ASMUECH, logró su formalización. Desde entonces no ha dejado de trabajar por la innovación en la producción orgánica de aromáticas amazónicas, para su comercialización en productos transformados como el aceite de sacha inchi, aceites esenciales de albahaca, citronela y aromáticas secas.
Por ese motivo, cuando el 20 de marzo de 2024 les informaron que la Superintendencia de Industria y Comercio había negado el registro de su marca por existir dos empresas con el mismo nombre y actividad productiva, Clara Inés y sus compañeras de la asociación sintieron “un gran desconsuelo”. Ahora se encuentran en la búsqueda de una nueva denominación para rehacer la identidad de su marca.
La Fundación Compaz las está ayudando con un diseñador que creará también otra imagen para sus productos. Este apoyo se suma al que han recibido durante los últimos nueve años de entidades como la Gobernación del Caquetá y el Ministerio de Agricultura. Pero lo más importante es que “siempre hemos tenido perseverancia, no hemos claudicado”, comentó su líder. De ese modo han logrado mantener la asistencia mutua que necesitaban las mujeres víctimas del conflicto que se unieron para darle origen.
Ahora no solo trabajan en sus cultivos de aromáticas amazónicas y en la planta de transformación a la que Clara Inés llega todos los días, hacia las 7:30 de la mañana, luego de terminar lo quehaceres de la finca —esto, cuando no debe asistir a reuniones de tipo administrativo o visitar instituciones para gestionar proyectos—. La asociación también se dedica a apoyar el desarrollo de iniciativas similares en la región.
El trabajo de ASMUECH no fue fácil de afianzar. Las aromáticas, explicó Clara Inés, eran un negocio poco explorado, en el que ellas tuvieron fe a pesar de que “el Caquetá no era agrícola, solo ganadero y de cultivos ilícitos”. Según cifras del Ministerio de Agricultura, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca son los mayores productores de plantas aromáticas y condimentarias de Colombia. Sin embargo, en la región Sur del país se destaca el lugar del departamento del Putumayo, con una producción de 234 toneladas en 249 hectáreas, al año 2017.
“Vimos en las plantas aromáticas amazónicas la fuerza en la cual podíamos apoyarnos”, comentó Clara Inés. Además, destacó la relevancia de darle lugar a la asociatividad como una forma de construir iniciativas de paz en los territorios y realizar proyectos de vida. “Creímos en nuestro proceso, en la unión y en el trabajo comunitario. No podemos trabajar solo por el bien propio”; a pesar de no ser fácil, esa es para ella la clave del desarrollo territorial y la construcción de paz.
Entre Florencia, capital del Caquetá, y Belén de los Andaquíes, hay una distancia de aproximadamente 44 kilómetros, que se recorren en una hora de viaje. Allí desarrolla sus actividades la organización PROPLAB, que inicialmente estaba constituida por solo 37 productores de plátano de la zona cordillerana del Caquetá.
Ahora su cobertura se extiende a todo el departamento, en aras de garantizar mejores condiciones para la venta de lo que cultivan comunidades de campesinos e indígenas. Con su gestión han logrado la comercialización de 318.499 kilos de productos como plátano, limón, naranja, banano y castaño de monte. Los ingresos de la organización al cierre de 2023 sumaban los 569 millones de pesos.
Esta entidad recibió el apoyo del Gobierno de Noruega para el desarrollo de un proyecto de sistemas agroforestales llamado Castaño de Monte para la Conservación. La iniciativa tuvo impacto sobre al menos 170 familias que desarrollaron iniciativas de producción enfocadas en mejorar las dinámicas agrícolas y económicas de la región, mientras enfrentan también la deforestación de la Amazonía.
Habitantes de Belén de los Andaquíes, así como de San José de Fragua, en el suroccidente del Caquetá, fueron impactados entre los años 2019 y 2023 con la inversión de $3.525 millones del Fondo Colombia Sostenible, que hace parte del programa Colombia en Paz. Con esos recursos se sembraron 17 mil árboles de castaño de monte, 19 mil palmas de asaí, y 34 mil plantas de plátano.
La producción y comercialización planificada contribuyeron a la protección de los bosques y mejoró los ingresos de las familias beneficiadas por el proyecto productivo, organizados en estructuras comunitarias en un departamento donde, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la caña y el plátano representan el 96,1% de los cultivos permanentes y la yuca el 75,4% de los transitorios.
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Territorios de paz y progreso
Para llegar desde el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo) hasta Pasto, es necesario viajar seis horas por tierra. Ese recorrido lo hizo Armando Aroca Sánchez, representante legal de la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COMUCCOM), el 23 de marzo de 2024. Se dirigía hacia la capital de Nariño para atender actividades relacionadas con la red de viverismo comunitario a la que pertenecen líderes de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.
Armando recuerda con precisión la fecha en la que inició la construcción de un sueño llamado Granja de Paz: 4 de noviembre de 2017, día en el que inició su tránsito hacia la vida civil, tras dejar las filas de la antigua guerrilla de las FARC. El proyecto está ubicado en la zona rural de Puerto Guzmán, vereda Santa Lucía. Allí viven sesenta personas que cambiaron las armas por la piscicultura, la agricultura y la protección ambiental.
“Decidimos formar una organización para desarrollar e implementar la reincorporación política, económica y social de los firmantes de paz y de sus familias”, explicó el líder. En el año 2018 se unió a noventa personas más para presentar un proyecto con el que recibieron los recursos necesarios para montar la Granja de Paz en Puerto Guzmán, a cuya dirección dedica su tiempo completo, aunque en ocasiones “saca media hora para jugar micro en la cancha” o ir al parque con su esposa y su pequeña hija.
Además del negocio de la tilapia roja, la cachama y el sábalo —fuerte de su actividad—, COMUCCOM abarca otras líneas productivas como la agricultura y la conservación ambiental. La participación de las mujeres también es de gran importancia en trabajos como la conservación de dos especies de abejas melíponas de la Amazonía. Su proyecto se financia con recursos de la Agencia Nacional de Reincorporación, el Fondo Colombia en Paz, Naciones Unidas, la Unión Europea, organizaciones suecas e italianas.
Además, entidades como Corpoamazonia, la Secretaría de Agricultura del Putumayo y el SENA han apoyado la misión de conservación de bosques y de la biodiversidad que desarrolla la organización. Una parte importante de la Granja de Paz está dedicada a tal fin y funciona como banco de semillas y vivero. Además del desarrollo agrícola y piscícola tecnificado, los integrantes del proyecto le apuestan a la reconstrucción territorial y a cambiar la imagen que le dejó la guerra al Putumayo.
Información del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria realizado en 2020, indica que el Putumayo tiene 2′531.200 hectáreas de territorio. De estas, el 71,18% corresponde a bosques de protección, ecosistemas de páramo y humedales en los que se concentra gran parte de la riqueza de fauna y flora del departamento.
Armando, quien ha aportado para alcanzar esas cifras de conservación, reconoce que sacar adelante su proyecto no ha sido fácil. Sin embargo, valora la importancia del proceso que ha requerido el sueño de hacer de COMUCCOM la cooperativa agrícola del país más importante al año 2030. “La parte más importante del ciclo de mi vida han sido los últimos siete años, se siente mucha satisfacción en el corazón”, expresó.
Pero el mayor gusto que siente es el de aportar al cambio de visión sobre la región y lograr que más personas reconozcan su productividad, dejando de lado “la criminalización del territorio. Colombia debería darle otra mirada al departamento”. Según un informe de la Organización de Estados Americanos, allí al menos el 70% de la población vive en zonas rurales y basa su sustento en actividades agrícolas. Se destaca la producción para el autoconsumo y otros cultivos comerciales como café, yuca, plátano, maíz y cítricos.
Entre Puerto Guzmán y El Espinal (Tolima) hay una distancia que supera los 520 kilómetros de carretera. Allí se ubican dos de los proyectos más importantes de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz): las plantas de semillas y almacenamiento de arroz del Tolima. Este producto es uno de los grandes potenciales económicos de la región.
En 2022, el departamento tenía 52.032 hectáreas de tierras registradas como productoras del grano. El sector es movido por al menos 3.350 productores organizados en 7.235 unidades productivas agrarias. Su producción corresponde al 16,2% del total nacional, siendo el segundo departamento más importante del país para este mercado.
Además de empresas como Molino Roa – Florhuila, Arroz Diana, Unión de Arroceros e Inversiones Arroz Caribe, destacadas por la industrialización de este activo agrícola, entidades como Fedearroz han apostado por el fortalecimiento del sector desde aspectos como la investigación científica y el mejoramiento genético de semillas.
La Planta de Semillas de Fedearroz, cuya infraestructura ocupa al menos cinco hectáreas de terreno, es uno de los proyectos agroindustriales más grandes de la federación; un lugar de investigación que fortalece la provisión de semillas certificadas para el centro del país, Atlántico y los Llanos Orientales. Allí se producen cuatro variedades de semillas de arroz que surten a este sector de la economía nacional, además de siete variedades de semillas propias de Fedearroz.
En el mismo municipio se encuentra la Planta de Secamiento, Almacenamiento y Trilla, que tiene a trece poblaciones arroceras en su área de influencia, además de otras del departamento del Huila. El proyecto tiene 3,5 hectáreas de sistemas operativos y administrativos, 3 hectáreas para programas de investigación y 6,2 hectáreas disponibles para ampliación operativa.
De ese modo y con alta tecnología para el fortalecimiento agroindustrial, Fedearroz aporta al desarrollo de uno de los sectores más importantes de la economía del Sur del país. Según cifras de la misma entidad, en 2022 la producción total de las cinco zonas arroceras de Colombia fue de 2′938.494 toneladas. La zona de los Llanos fue la más productiva, con cerca de 1,5 millones de toneladas.
En el departamento del Huila, cerca de los anteriores proyectos, la federación implementa otra iniciativa relacionada con el fortalecimiento y ordenamiento del aparato de producción agrícola. Se trata de AMTEC, un “modelo de transferencia de tecnología basado en la sostenibilidad y la responsabilidad social”, como lo describe la organización.
El proyecto se ha extendido a Tolima, Meta, Casanare, Arauca, Antioquia, y todos los departamentos de la región Caribe. Tiene por objetivo reducir los costos de producción de arroz y aumentar el rendimiento de los cultivos. Si bien integra a productores para la transferencia conjunta de conocimiento y tecnología para el desarrollo del sector, también contempla grandes inversiones económicas.
En 2018, por ejemplo, Fedearroz invirtió 3.500 millones de pesos para aprovisionamiento de semilla certificada. Los resultados se evidencian en un aumento de hasta 1,4 toneladas por hectárea, en contraste con una reducción del 34% en el costo de producción en ese año. La meta es aumentar en diez años entre el 10% y el 40% de la producción, reduciendo los costos entre el 10% y el 30%.
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Si bien es difícil la comparación de cifras entre los grandes proyectos agroindustriales de la región y aquellos agenciados por organizaciones de la sociedad civil, a estas iniciativas del Sur de Colombia las une su vocación y su creencia en el potencial del campo como motor del desarrollo social y económico. Una oportunidad para construir paz y sostenibilidad desde la legalidad y una apuesta necesaria para mejorar la calidad de vida en los territorios.
*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Construyendo Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, y apoyado por El Espectador.
