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John Smith Rincón y Omaira Rojas comparten distintos rasgos. Ambos viven en el departamento del Huila, él en Algeciras y ella en Neiva, aunque aclara que usualmente va de un lado al otro por el departamento y el país. Los dos son firmantes del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Además, trabajan en proyectos para la construcción de territorios en paz.
Omaira preside la junta directiva de dos organizaciones: Economías Sociales del Común (ECOMUN) y Corpo-Reconciliación. La primera es una entidad que surgió de los acuerdos de La Habana y trabaja en el acompañamiento de organizaciones y formas asociativas agenciadas por personas en proceso de reincorporación. Actualmente tiene más de 150 formas corporativas asociadas.
Por otro lado, Corpo-Reconciliación es una de las organizaciones que hacen parte de ECOMUN. Fundada por cuarenta personas naturales en el año 2019, en la actualidad la integran nueve organizaciones con personería jurídica y presencia en sitios como el Valle del Cauca, Caquetá, Antioquia y Huila.
Las organizaciones que lidera Omaira se dedican al desarrollo de proyectos productivos, especialmente en la línea de piscicultura. En el municipio de Villa Vieja tiene una iniciativa de este tipo, financiada por la Unión Europea y para la que han recibido inversiones por unos $300 millones. Además, se dedican a la atención de antiguos integrantes de las FARC que aún se encuentran en cárceles del país y necesitan acompañamiento para lograr su reincorporación.
“Estamos cumpliendo lo que se estableció y siento satisfacción por el compromiso que nos han delegado”, dijo Omaira sobre su responsabilidad con las dos organizaciones que agencia. Lamentó con preocupación la muerte de firmantes del acuerdo de paz, que, según cifras de instituciones como la Defensoría del Pueblo, alcanza los 420 crímenes. A pesar de ello, persiste: “a través del conocimiento empírico que adquirimos en las FARC, queremos ayudar a construir país”.
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Mientras tanto, en Algeciras, ubicado en la mitad del valle del Magdalena, John Smith trabaja por la reconciliación a través de la protección de la integridad de niños y jóvenes. Él es el creador de la Fundación Social Paz y Esperanza, que acoge a 86 niños entre los 5 y los 18 años, pertenecientes a 120 familias del municipio.
El objetivo de su organización es “fortalecer el tejido social, crear responsabilidad” y ser “una aliada de la infancia y la adolescencia”. A través de actividades deportivas, recreativas y culturales, este líder hace un esfuerzo por alejar a los jóvenes de factores como el consumo de sustancias psicoactivas y la influencia de grupos armados con presencia activa en la región.
A lo largo de los años ha recibido el apoyo de distintas fuentes, como recursos de jornadas culturales incluidos en los planes de desarrollo del departamento. También con “amigos y fondos propios”, que recolecta a través de actividades como la venta de bonos de banquetes de solidaridad y rifas en las que los premios van desde una bicicleta hasta un pollo asado y una gaseosa.
“Es satisfactorio porque creamos acciones que les permiten a los chicos mantener la mente ocupada”, manifestó. El sentimiento por los resultados del trabajo que adelanta desde 2019 se suma a la experiencia de incursionar en otras áreas como el acompañamiento a huertas comunitarias con madres cabeza de familia. Al final, su objetivo es claro: “tocar corazones y buscar herramientas para que los chicos encuentren buenas opciones de vida”.
Sobre los proyectos de inversión para la paz, Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, expresó que en el departamento es importante pensar en “un plan de seguridad y convivencia”, que permita resolver el asunto de los corredores de ilegalidad que afectan la paz en el departamento.
Lo anterior se suma a su disposición de trabajar con entidades como el Comité de Cafeteros para la inversión en vías terciarias, una apuesta para el desarrollo de los territorios en los que se consolidan proyectos productivos y de paz. “La mejor forma de fomentar y potenciar el agro es permitir la movilidad y salida de la producción desde las áreas rurales, para ello nos hemos propuesto en atender al máximo las vías, en especial las de tercer orden, que son las rutas que impactan el desarrollo productivo”, agregó.
En la misma línea se teje la apuesta del Putumayo, donde en el año 2023, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la inversión para proyectos de competitividad, promoción, infraestructura y territorios de paz superó los $4.648 millones. Carlos Marroquín, gobernador del departamento, dijo en su momento que espera el avance de la política de paz total del Gobierno Nacional para recuperar la tranquilidad del territorio.
La consolidación de la paz en el departamento, enfatizó el mandatario, es necesaria para la continuidad de proyectos relacionados con el turismo, que promete ser un renglón importante de la economía del Sur del país. Según cifras de la cartera de Comercio, en 2022 al menos 1,2 millones de personas hicieron turismo interno en el Putumayo. En diciembre de 2023, la ocupación de hoteles se ubicó en el 53,8%, casi tres puntos por encima del promedio nacional.
En el caso del Caquetá, el gobernador Luis Francisco Ruiz aseguró que la inversión con la paz está relacionada con otros sectores importantes como el pago por servicios ambientales “vigilados”, lo que implica llevar un control de las hectáreas de protección reforestadas. También se amplía al fortalecimiento de las más de 1.100 escuelas del departamento que requieren inversión urgente y de los puestos de salud, en apuesta por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
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En el Tolima organizaciones como la Cooperativa Multiactiva Marquetalia por un Futuro Mejor y el proyecto Caminos Comunitarios de la Paz total buscan el desarrollo rural y la consolidación de paz con iniciativas como la inversión de $15.000 millones para fortalecer vías terciarias que benefician a campesinos y productores rurales, muchos de los cuales hacen parte de proyectos productivos en el marco del posconflicto.
La gobernadora Matiz indicó que la inversión social no solo es una apuesta de su departamento, sino de todos los mandatarios del Sur del país: “buscamos integrar una región que ha avanzado significativamente en su transformación productiva y económica. Nos comprometemos a promover el turismo, mejorar la conectividad vial y garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos”.
Además, hizo un llamado a la unión para el trabajo regional, tan importante “en estos tiempos de desafíos y oportunidades”. Así como a la construcción de un compromiso en el que el desarrollo productivo y la ejecución de proyectos de paz sigan adelante de forma simultánea y permitan recuperar la confianza en el campo como motor del desarrollo.
*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Construyendo Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, y apoyado por El Espectador.
