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En Cartagena, hasta agosto del año pasado, mensual o quincenalmente, funcionarios del anterior gobierno se reunían con todos los actores de una de las obras más esperadas por los cartageneros: la Protección Costera, una adaptación de los bordes costeros, desde el espolón Iribarren, en El Laguito, hasta la ciudad amurallada y otros sectores, on el fin de mitigar los procesos de erosión e inundaciones en la zona costera y turística.
Una protección marginal de 460 metros, la construcción de seis espolones, un rompeolas frente a la ciudad amurallada y cinco playas turísticas, así como la instalación de un Box Culvert (drenajes subterráneos o elevados), para el manejo de aguas lluvia sobre la avenida primera.
Si era necesario se hacían reuniones extras para tratar los diferentes temas de acuerdo a su urgencia.
La obra se adelantaba de acuerdo con lo planeado. Con el nuevo gobierno la situación empezó a cambiar. Varias fuentes le dijeron a El Espectador que se envían cartas, oficios, llamadas para encontrar el apoyo y desarrollo por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, contratista de la obra.
Las respuestas, dicen, son mínimas y en algunos casos no existen. Este proyecto es financiado con recursos del Gobierno Nacional y el Distrito de Cartagena.
El portal lacontratopediacaribe.com precisa que el proyecto tiene dos fases. “La primera comenzó en diciembre de 2021 y comprende obras entre el Centro y El Laguito (del espolón Iribarren a la curva de Santo Domingo, incluyendo Bocagrande). Su avance va en un 50%. Y la segunda etapa arrancó en octubre pasado, va de El Cabrero a Crespo (pasando por Marbella) y registra 68% de obras”.
Según la Contratropedia, con el cambio de Gobierno Nacional, la Protección Costera de Cartagena desaceleró su ritmo de trabajo.
“La entidad nacional ha llevado la batuta en su ejecución desde el principio y por eso con la llegada de nuevos funcionarios —y la salida de quienes ya llevaban meses conociendo la obra— se han paralizado al menos tres trámites”, afirma la investigación.
“El Consorcio Proplaya no ha vuelto a tener giros nacionales desde septiembre pasado, cuando recibió recursos correspondientes a facturas vencidas hasta agosto. Están pendientes giros por $20.000 millones correspondientes al periodo septiembre – diciembre, le dijo Oswaldo Rodríguez —uno de los representantes del Consorcio Proplaya— a La Contratopedia”
Sostiene el documento que el Consorcio Protección Fase II, integrado por dos de las empresas de Proplaya (A & D Alvarado & During SAS, con el 50% de participación, y Dinacol SA, con el 50% restante), “aún no recibe $3.600 millones por diciembre”.
Por su parte, otro trámite afectado desde la llegada del nuevo gobierno es la supervisión técnica. “Ese profesional, según lo estableció la misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, debe revisar las actas de ejecución. Sin esos documentos, el contratista no puede cobrar y se afecta su liquidez”.
El subdirector de Nacional de Reducción del Riesgo, Jaime Matiz Ovalle, estuvo durante más de dos horas reunido con diferentes actores del proyecto de protección costera, no dio declaraciones ya que la política institucional es que solo Javier Pava Sánchez, director de la UNGRD, hable con los medios.
María Isabel Lugo, directora de Valorización del Distrito de Cartagena, manifestó que aunque fue importante la reunión, “no es que me haya dejado convencida completamente” y les dijo a los asistentes que hay decisiones que ella no puede tomar.
“Parece a veces que fuéramos un proyecto del Distrito, por lo que nosotros estamos aquí, respondiendo. Hay decisiones que yo no puedo tomar porque yo no soy ordenador del gasto, no soy contratante, no soy supervisor del contrato ni de interventoría, ni el contratista, entonces son unos roles contractuales que son indelegables, y que para que el proyecto vuelva a estar sobre ruedas, este tipo de cosas son necesarias que se asuman por quien corresponde”.
(Rosas (Cauca) sigue a la espera de $4.000 millones para mitigar riesgos: alcalde)
Según ella, en la reunión los contratistas manifestaron su descontento por el incumplimiento de pagos. “El tema administrativo por parte de la Unidad sigue siendo también un talón de Aquiles dentro del proyecto”, y advirtió que los contratistas cumplen con su trabajo, pero llegará el momento que no podrán más.
La mesa de trabajo llegó a un acuerdo de retomar los comités de gerencia que se venían adelantando cada 15 días de manera presencial, sin embargo la mayor desilusión de María Isabel es que la subdirección Nacional de riesgo, que presidia las reuniones, no seguirá.
“Ahora, como nos informó Jaime Matiz Ovalle, se va a hacer cargo directamente el Subdirector General. Entonces, prácticamente volvemos a quedar en lo mismo porque quien se va a hacer cargo del proyecto no estaba en la reunión”.
La playa que no se abre a turistas
En la reunión también se plantearon las dudas sobre el diseño y la adecuación de un sector denominado Playa Cinco, ubicada en la zona turística de Bocagrande, uno de los objetivos principales de la Protección Costera que en sus diseños presenta una capacidad para 1.500 personas.
Aunque se tenía previsto abrirla en la temporada de fin de año, no se pudo. Hay algunas razones de diseño, erosión e inseguridad.
La primera advertencia la hizo el mismo Distrito cuando el pasado 21 de diciembre el alcalde de Cartagena, William Dau, después de una visita y luego de un comité local de ordenamiento, se estableció que Playa Cinco no era un espacio apto para los bañistas.
En entrevista con El Espectador, la autoridad marítima de Cartagena, el Capitán de Navio Javier Enrique Gómez Torres, sostuvo: “En relación con la Playa Cinco, desde la Capitanía de Puerto de Cartagena emitimos un informe técnico a finales de diciembre, en el que destacamos dos aspectos principales. El primero relacionado con el diseño aprobado en 2018, donde observamos unas variaciones en la zonificación y por tanto en el aforo permitido para este sector de playa. Sobre esto entendemos que desde el Distrito de Cartagena y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se está revisando, en el marco de la ejecución del contrato de protección costera, si corresponde a modificaciones al diseño inicial”
El oficial naval también se refirió a la seguridad del sector, en donde con base en datos suministrados por el contratista, “se encuentra un terreno no uniforme con cambios abruptos en profundidades que puede generar riesgo a los bañistas”.
El procedimiento para la apertura de la playa se daría a través del Comité Local de Playas, para lo cual es necesario que se ajuste la zonificación, “tarea que realizaría la Capitania de Puerto una vez se comunique que han finalizado las obras, esto en el marco de lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 2068 de 2020″, concluyó el capitán de Puerto.
En relación al diseño de Playa Cinco, su autor Alfonso Arrieta, director del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cartagena, explicó que la situación que se presenta en el sector obedece a condiciones situacionales especiales.
“Estaba previsto, estas estructuras se diseñaron con una altura del orden de los dos metros, previendo un ascenso en el nivel del mar producto de eventos extremos que puedan erosionar la playa. Por ello también hay una escollera longitudinal que es como la barrera a eventos y funcionan bien para detener la erosión”, señaló el ingeniero que asistió a la mesa de trabajo realizada.
“Las obras son tan buenas que, hoy en día, y con todo lo que se ha corrido, tenemos evidencia que hay 3.500 metros cúbicos adicionales de playa respecto al día en el que se recibieron los trabajos, lo que marca que sí hay un proceso de acreción”, puntualizó.