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Cuando Héctor Barrios Peña llegó el 21 de enero de 2015 al centro comercial Portal del Prado, en Barranquilla, nunca se imaginó que esa salida le costaría su puesto de trabajo, su buen nombre y su dignidad. Estaba en compañía de su exjefe y se apartó unos minutos para ir al baño. Tras salir, tres personas de vigilancia lo increparon y le gritaron ante los asistentes que él estaba masturbando a otro hombre. Un acto obsceno que, según los vigilantes, estaba grabado en video. Le gritaron “puerco”, lo humillaron con otras palabras ofensivas, se burlaron y lo expulsaron del sitio.
A pesar de que Barrios, quien es un homosexual, negó el hecho, los sujetos insistieron en señalarlo sin una prueba contundente, porque de hecho no hay cámaras en los baños. Pero esa falta de evidencias que demostraran el supuesto acto obsceno quedó al descubierto gracias a la intervención de la Corte Constitucional.
La víctima interpuso una tutela en contra del centro comercial y de la empresa de vigilancia Videlca y pidió que se le respetaran sus derechos a la dignidad humana, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la prohibición de discriminación. En primera y segunda instancia, la justicia le dio la razón al establecimiento y no amparó los derechos de Barrios. Al llegar a revisión a la Corte, ésta reversó ambas decisiones y reconoció que este es un caso de discriminación.
El alto tribunal invirtió la carga de la prueba y obligó a Portal del Prado a demostrar que Barrios había cometido un acto obsceno. Eso nunca ocurrió. Aun cuando los demandados siempre negaron su responsabilidad, la Corte determinó que el hombre gay sí fue discriminado por su orientación sexual, y retenido, expuesto al público y expulsado de la propiedad. Y también advirtió que la Defensoría del Pueblo brindó poco acompañamiento en este proceso, ya que el demandante acudió a ellos y no obtuvo muchos resultados.
El fallo de la Corte Constitucional, que tiene fecha del 2 de junio pero se conoció hasta este fin de semana, ordena que el centro comercial se disculpe públicamente con Barrios en un espacio del mismo establecimiento. En dicho acto deberán estar presentes el administrador del sitio, el jefe de seguridad, los supervisores y todo el personal de seguridad de la copropiedad.
Estas mismas personas deberán pasar al tablero a aprender sobre derechos de las personas LGBTI. La Defensoría del Pueblo deberá enseñarles, mediante algún programa pedagógico, temas relacionados con la dignidad humana, el buen nombre, la honra, y la igualdad.
“Perdí mi trabajo”: Héctor Barrios
Después de ser discriminado en el centro comercial, Barrios (de 31 años) tuvo que renunciar a su empleo como ejecutivo de cuenta en una empresa. La razón: varios de sus clientes se encontraba en el sitio cuando fue acusado de realizar un acto obsceno y en menos de una semana toda la compañía, así como su portafolio de clientes, estaban enterados del hecho. No le dieron el beneficio de la duda, y ante la presión tuvo que renunciar.
Nueve meses permaneció desempleado y sobrevivió gracias a la ayuda de su familia, que nunca lo ha rechazado por ser gay. Ahora trabaja como asesor comercial y gana un menor salario que en su anterior empleo. “He ido al centro comercial después de lo que pasó, pero jamás he ingresado al baño. Y no es por miedo, pero no quiero recordarlo”, dice Barrios.
“Me sentí humillado, discriminado y que violaron mis derechos y los de muchas personas más. Sentí que si dejaba pasar por alto esto nadie iba a tener el valor de denunciar. Me siento muy contento con el fallo, fue un logro para la comunidad LGBTI”, agrega.
Por su parte, la corporación Caribe Afirmativo, que representó a la víctima, asegura “que se ha convertido en un hecho sistemático y permanente la agresión, y negación al uso y disfrute de los espacios de los centros comerciales en la región Caribe a las personas LGBTI, pues denuncias similares hemos recibido en Barranquilla, Cartagena y Montería”. La organización le pidió a la alcaldía hacer seguimiento y adelantar acciones para que las empresas de vigilancia privada garanticen los derechos humanos.
No es la primera vez
La Corte Constitucional ya se había pronunciado en el pasado sobre casos de discriminación de personas LGBTI en centros comerciales. En 2011 también defendió los derechos de un hombre gay que fueron vulnerados en uno de estos establecimientos en Cali.
El 19 de enero de ese año, Jimmy Moreno ingresó con un grupo de amigos, entre ellos su pareja sentimental Robbie Pérez, a Cosmocentro para retirar dinero de un cajero electrónico. En ese momento, la pareja se abrazó y se besaron. De inmediato, fueron abordados por cinco guardias de seguridad, y uno de ellos dijo: “Yo respeto su forma de pensar, pero ustedes tienen que comportarse o sino tienen que retirarse del Centro Comercial, porque aquí hay familias y niños”.