El agro y el turismo movilizan la paz en el Pacífico

Los departamentos del Pacífico colombiano han enfrentado los efectos de cultivos de uso ilícito, minería ilegal y contrabando. Las condiciones geográficas de la región, la presencia de grupos ilegales, incluso su propia riqueza natural, han motivado la prevalencia de estos asuntos.

Sin embargo, para restarle fuerza a las economías ilícitas y movilizar la construcción de territorios de paz, las comunidades de la región han desarrollado distintos proyectos productivos en los que también tienen apoyo de las administraciones departamentales. Los actuales mandatarios del Pacífico han expresado su interés es fortalecer iniciativas como las de COPACÍFICO, Ascocacao, turismo sostenible, joyería artesanal, entre otros.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante 2023 la exportación de oro tuvo gran importancia para el Pacífico. A diciembre de ese año, el mineral representó el 74,3% de las exportaciones del Chocó y el 3,8% de las exportaciones de Nariño. Pero la prevalencia de la ilegalidad motiva a las autoridades a tomar decisiones para enfrentarla.

Yimy Leiter Aguilar, secretario de Desarrollo Económico del Chocó, indicó que el asunto de la minería ilegal tiene relación directa con la regulación propuesta en la nueva Ley Minera. Por ese motivo, considera necesaria su entrada en vigor para restarle fuerza en el departamento.

En paralelo, la administración trabaja por fortalecer renglones productivos como el de la joyería, que tiene relación directa con la extracción artesanal. “La actividad minera ha sacado adelante a nuestras familias en el territorio”, dijo el funcionario. Por esa razón, el objetivo es “generar procesos de alternatividad”, como el fortalecimiento del agro en regiones con esta vocación, pero dedicadas a asuntos como la minería de aluvión.

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Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, indicó que la salida a las alternativas ilícitas debe incluir también proyectos de “infraestructura para el desarrollo”, que harán parte de la inversión social de su administración y se combinarán con otros temas como el fortalecimiento de la producción de cacao, café, plátano, productos del mar, entre otras fuentes de ingresos de las “cinco subregiones productivas del Chocó”.

El fortalecimiento del turismo en sitios poco conocidos, como Punta Ardita, en Juradó, y las playas de Choncho, en el Litoral de San Juan, también es una de las apuestas en contra de las economías ilícitas. Por esa razón, estos lugares hicieron parte de la vitrina turística de ANATO 2024. “El Chocó es una danza de selva y agua. El que se muere sin venir al Chocó, no descansa”, expresó el secretario Aguilar.

En una línea similar se construye la proyección de Nariño, donde la coca y la minería ilegal “están asociadas a la falta de presencia del Estado para transformar los territorios”, como lo indicó Luis Alfonso Escobar, gobernador del departamento. Según el mandatario, allí se extraen 1,5 toneladas de oro mensuales, que son traficadas a otras jurisdicciones.

Sin embargo, la formalización de la minería artesanal y el fortalecimiento de renglones económicos complementarios, como el de la orfebrería y la constitución de una empresa pública de compra de oro, hacen parte de las iniciativas para enfrentar el asunto. A esto se suman la inversión para el sector agrícola y el mejoramiento de la infraestructura vial, que garantice el desarrollo de las economías lícitas, conectadas con otros mercados.

Según el Ministerio de Comercio, las tres mayores aptitudes productivas del departamento son la producción avícola, de cerdos y de pirarucú. Sin embargo, el sector que tiene mayor número de hectáreas en alta productividad es el de maíz tradicional y la caña representó a febrero de 2024 el 67,9% de sus cultivos permanentes. “La paz es el desarrollo y la transformación del territorio con la gente empoderada”, concluyó el gobernador Escobar.

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En el caso del departamento del Cauca, el fortalecimiento del agro y de la ganadería es una de las apuestas principales de la Gobernación para enfrentar las economías ilícitas. Además, buscan seguir garantizando el bienestar y la seguridad alimentaria de indígenas y campesinos a través del fortalecimiento de proyectos productivos.

Jorge Macías, secretario de Agricultura, explicó que el apoyo a familias del departamento con cabezas de ganado certificado alcanza los $433 millones. Esto, sumado a la ayuda con insumos y herramientas como motobombas entregadas a las comunidades, que garantizan la productividad del campo aún durante el fenómeno de El Niño.

Lo anterior se suma al proyecto de “la finca tradicional”, con 700 familias beneficiarias en el norte del Cauca, y 6.900 proyectos de seguridad alimentaria. Además de la inversión de $9.800 millones para apoyar a los productores de mora de castilla en 18 municipios. El funcionario explicó que en el oriente del departamento se apoyarán proyectos de café especial con $103.000 millones.

En el resto del Cauca la apuesta es por fortalecer la cadena del plátano, la yuca, la piña, la caña, las hortalizas y el camarón. Octavio Guzmán, gobernador del departamento, explicó que esto hace parte de los “encadenamientos productivos para garantizar el éxito de todo el proceso, buscando comercialización y exportación”. Estos van de la mano con “proyectos de ciencia, tecnología e innovación para identificar usos alternativos y productivos de la coca y la marihuana”, en el caso de los cultivos de uso ilícito.

Finalmente, en Valle del Cauca, donde el agro es uno de los renglones más fuertes de la economía, la administración enfrenta el reto de control de la minería de aluvión en los Farallones de Cali. Allí, igual que en los ríos Anchicayá, Escalerete y San Cipriano, se presentan los casos de minería ilegal en zonas excluibles más importantes del Pacífico, según un informe de la ONU.

La gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que “es una prioridad la protección integral de los Farallones de Cali”. Por eso instalaron una mesa de protección ambiental cuyo objetivo es la recuperación del control territorial y la gobernanza de los ecosistemas. Esto, combinado con las acciones tácticas de las autoridades ambientales presentes en el departamento.

También hizo un llamado a la cooperación entre los gobiernos del Pacífico, para la articulación y el desarrollo territorial. “Si queremos sacar adelante una región que es tan rica y biodiversa, pero que tiene grandes retos sociales y económicos, es fundamental realizar un trabajo articulado”, concluyó.

Así, los mandatarios de los cuatro departamentos del Pacífico trabajan con las comunidades, las instituciones del orden nacional y la cooperación internacional, para continuar con proyectos de alto impacto para la región y fomentar otros que permitan consolidar al suroeste colombiano como enclave de la paz y el desarrollo.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Construyendo Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, y apoyado por El Espectador.

Los departamentos del Pacífico colombiano han enfrentado los efectos de cultivos de uso ilícito, minería ilegal y contrabando. Las condiciones geográficas de la región, la presencia de grupos ilegales, incluso su propia riqueza natural, han motivado la prevalencia de estos asuntos.

Sin embargo, para restarle fuerza a las economías ilícitas y movilizar la construcción de territorios de paz, las comunidades de la región han desarrollado distintos proyectos productivos en los que también tienen apoyo de las administraciones departamentales. Los actuales mandatarios del Pacífico han expresado su interés es fortalecer iniciativas como las de COPACÍFICO, Ascocacao, turismo sostenible, joyería artesanal, entre otros.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante 2023 la exportación de oro tuvo gran importancia para el Pacífico. A diciembre de ese año, el mineral representó el 74,3% de las exportaciones del Chocó y el 3,8% de las exportaciones de Nariño. Pero la prevalencia de la ilegalidad motiva a las autoridades a tomar decisiones para enfrentarla.

Yimy Leiter Aguilar, secretario de Desarrollo Económico del Chocó, indicó que el asunto de la minería ilegal tiene relación directa con la regulación propuesta en la nueva Ley Minera. Por ese motivo, considera necesaria su entrada en vigor para restarle fuerza en el departamento.

En paralelo, la administración trabaja por fortalecer renglones productivos como el de la joyería, que tiene relación directa con la extracción artesanal. “La actividad minera ha sacado adelante a nuestras familias en el territorio”, dijo el funcionario. Por esa razón, el objetivo es “generar procesos de alternatividad”, como el fortalecimiento del agro en regiones con esta vocación, pero dedicadas a asuntos como la minería de aluvión.

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Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, indicó que la salida a las alternativas ilícitas debe incluir también proyectos de “infraestructura para el desarrollo”, que harán parte de la inversión social de su administración y se combinarán con otros temas como el fortalecimiento de la producción de cacao, café, plátano, productos del mar, entre otras fuentes de ingresos de las “cinco subregiones productivas del Chocó”.

El fortalecimiento del turismo en sitios poco conocidos, como Punta Ardita, en Juradó, y las playas de Choncho, en el Litoral de San Juan, también es una de las apuestas en contra de las economías ilícitas. Por esa razón, estos lugares hicieron parte de la vitrina turística de ANATO 2024. “El Chocó es una danza de selva y agua. El que se muere sin venir al Chocó, no descansa”, expresó el secretario Aguilar.

En una línea similar se construye la proyección de Nariño, donde la coca y la minería ilegal “están asociadas a la falta de presencia del Estado para transformar los territorios”, como lo indicó Luis Alfonso Escobar, gobernador del departamento. Según el mandatario, allí se extraen 1,5 toneladas de oro mensuales, que son traficadas a otras jurisdicciones.

Sin embargo, la formalización de la minería artesanal y el fortalecimiento de renglones económicos complementarios, como el de la orfebrería y la constitución de una empresa pública de compra de oro, hacen parte de las iniciativas para enfrentar el asunto. A esto se suman la inversión para el sector agrícola y el mejoramiento de la infraestructura vial, que garantice el desarrollo de las economías lícitas, conectadas con otros mercados.

Según el Ministerio de Comercio, las tres mayores aptitudes productivas del departamento son la producción avícola, de cerdos y de pirarucú. Sin embargo, el sector que tiene mayor número de hectáreas en alta productividad es el de maíz tradicional y la caña representó a febrero de 2024 el 67,9% de sus cultivos permanentes. “La paz es el desarrollo y la transformación del territorio con la gente empoderada”, concluyó el gobernador Escobar.

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En el caso del departamento del Cauca, el fortalecimiento del agro y de la ganadería es una de las apuestas principales de la Gobernación para enfrentar las economías ilícitas. Además, buscan seguir garantizando el bienestar y la seguridad alimentaria de indígenas y campesinos a través del fortalecimiento de proyectos productivos.

Jorge Macías, secretario de Agricultura, explicó que el apoyo a familias del departamento con cabezas de ganado certificado alcanza los $433 millones. Esto, sumado a la ayuda con insumos y herramientas como motobombas entregadas a las comunidades, que garantizan la productividad del campo aún durante el fenómeno de El Niño.

Lo anterior se suma al proyecto de “la finca tradicional”, con 700 familias beneficiarias en el norte del Cauca, y 6.900 proyectos de seguridad alimentaria. Además de la inversión de $9.800 millones para apoyar a los productores de mora de castilla en 18 municipios. El funcionario explicó que en el oriente del departamento se apoyarán proyectos de café especial con $103.000 millones.

En el resto del Cauca la apuesta es por fortalecer la cadena del plátano, la yuca, la piña, la caña, las hortalizas y el camarón. Octavio Guzmán, gobernador del departamento, explicó que esto hace parte de los “encadenamientos productivos para garantizar el éxito de todo el proceso, buscando comercialización y exportación”. Estos van de la mano con “proyectos de ciencia, tecnología e innovación para identificar usos alternativos y productivos de la coca y la marihuana”, en el caso de los cultivos de uso ilícito.

Finalmente, en Valle del Cauca, donde el agro es uno de los renglones más fuertes de la economía, la administración enfrenta el reto de control de la minería de aluvión en los Farallones de Cali. Allí, igual que en los ríos Anchicayá, Escalerete y San Cipriano, se presentan los casos de minería ilegal en zonas excluibles más importantes del Pacífico, según un informe de la ONU.

La gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que “es una prioridad la protección integral de los Farallones de Cali”. Por eso instalaron una mesa de protección ambiental cuyo objetivo es la recuperación del control territorial y la gobernanza de los ecosistemas. Esto, combinado con las acciones tácticas de las autoridades ambientales presentes en el departamento.

También hizo un llamado a la cooperación entre los gobiernos del Pacífico, para la articulación y el desarrollo territorial. “Si queremos sacar adelante una región que es tan rica y biodiversa, pero que tiene grandes retos sociales y económicos, es fundamental realizar un trabajo articulado”, concluyó.

Así, los mandatarios de los cuatro departamentos del Pacífico trabajan con las comunidades, las instituciones del orden nacional y la cooperación internacional, para continuar con proyectos de alto impacto para la región y fomentar otros que permitan consolidar al suroeste colombiano como enclave de la paz y el desarrollo.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Construyendo Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, y apoyado por El Espectador.