Cerca de 100 soldados permanecen retenidos por campesinos en Tibú
Los uniformados se encontraban realizando labores de erradicación de cultivos en zona rural de Tibú, Norte de Santander.
Más de cien soldados de seis pelotones del Ejército Nacional, que realizaban labores de erradicación de cultivos, permanecen retenidos en zona rural de Tibú, Norte de Santander, por cerca de 600 campesinos, dedicados al cultivo de la coca.
El comandante de la Segunda División del Ejército, general Omar Sepúlveda, sostuvo que son cerca de 180 uniformados que permanecen retenidos desde la tarde del martes 27 de octubre, en una cancha de fútbol de la vereda Chiquinquirá. “No he recibido ningún tipo de exigencias. Lo que ellos cometieron es un delito de secuestro. En el transcurso del día estaremos entregando la denuncia respectiva. Nosotros vamos a intentar sacar a nuestros soldados y vamos a continuar con las tareas de erradicación en la zona del Catatumbo”, manifestó el uniformado.
“En este momento se han adelantado consejos de seguridad, conversaciones con las autoridades del orden nacional, regional y local, con el propósito de informar la situación. De la misma manera se informó a la Fiscalía General de la Nación por los hechos punibles de estas asociaciones campesinas, especialmente los que están dirigiendo allá”, agregó el comandante.
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Junior Maldonado, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) sostuvo: “En esta zona de Tibú hay un acuerdo de sustitución de cultivos firmado, el cual el gobierno ha incumplido. Todos lo que esperamos es poder generar todas las condiciones humanitarias, con una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Personería del municipio de Tibú, para poder hacer la respectiva intervención en el sitio”.
Horas antes de que la situación se diera a conocer Ascamat informó que “el campesinado del Catatumbo decidió declararse en asentamientos campesinos, cómo medida de rechazo a la llegada desde el viernes 22 de octubre de erradicadores junto a miembros del ejército nacional con el fin de desarrollar operativos de erradicación manual forzada y violenta, lo cual desconoce el punto 4 del acuerdo final de paz, diseñado, estructurado y articulado al bloque de constitucionalidad para superar el problema de las drogas ilícitas”.
El alcalde de Tibú, Nelson Leal, afirmó que en total son 104 soldados retenidos. “Fueron retenidos por las comunidades, que alegan una serie de inconformidades que tienen con el Gobierno Nacional. Nosotros estamos pidiendo que no se registren confrontaciones y que se respeten los derechos humanos de quienes están retenidos y de las comunidades; nosotros no queremos como administración de la alcaldía que eso llegué a suceder y por eso, hemos comisionado a unos delegados para que intermedien en esta situación”.
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció que la Regional Norte de Santander se dirige a mediar en la vereda Chiquinquirá.
Además, informaron que ante estos hechos se instaló un Puesto de Mando Unificado, convocado por la Gobernación de Norte de Santander, donde ha hecho presencia la Defensoría para garantizar la protección de los derechos humanos, tanto de la comunidad, como de los miembros del Ejército.
Más de cien soldados de seis pelotones del Ejército Nacional, que realizaban labores de erradicación de cultivos, permanecen retenidos en zona rural de Tibú, Norte de Santander, por cerca de 600 campesinos, dedicados al cultivo de la coca.
El comandante de la Segunda División del Ejército, general Omar Sepúlveda, sostuvo que son cerca de 180 uniformados que permanecen retenidos desde la tarde del martes 27 de octubre, en una cancha de fútbol de la vereda Chiquinquirá. “No he recibido ningún tipo de exigencias. Lo que ellos cometieron es un delito de secuestro. En el transcurso del día estaremos entregando la denuncia respectiva. Nosotros vamos a intentar sacar a nuestros soldados y vamos a continuar con las tareas de erradicación en la zona del Catatumbo”, manifestó el uniformado.
“En este momento se han adelantado consejos de seguridad, conversaciones con las autoridades del orden nacional, regional y local, con el propósito de informar la situación. De la misma manera se informó a la Fiscalía General de la Nación por los hechos punibles de estas asociaciones campesinas, especialmente los que están dirigiendo allá”, agregó el comandante.
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Junior Maldonado, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) sostuvo: “En esta zona de Tibú hay un acuerdo de sustitución de cultivos firmado, el cual el gobierno ha incumplido. Todos lo que esperamos es poder generar todas las condiciones humanitarias, con una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Personería del municipio de Tibú, para poder hacer la respectiva intervención en el sitio”.
Horas antes de que la situación se diera a conocer Ascamat informó que “el campesinado del Catatumbo decidió declararse en asentamientos campesinos, cómo medida de rechazo a la llegada desde el viernes 22 de octubre de erradicadores junto a miembros del ejército nacional con el fin de desarrollar operativos de erradicación manual forzada y violenta, lo cual desconoce el punto 4 del acuerdo final de paz, diseñado, estructurado y articulado al bloque de constitucionalidad para superar el problema de las drogas ilícitas”.
El alcalde de Tibú, Nelson Leal, afirmó que en total son 104 soldados retenidos. “Fueron retenidos por las comunidades, que alegan una serie de inconformidades que tienen con el Gobierno Nacional. Nosotros estamos pidiendo que no se registren confrontaciones y que se respeten los derechos humanos de quienes están retenidos y de las comunidades; nosotros no queremos como administración de la alcaldía que eso llegué a suceder y por eso, hemos comisionado a unos delegados para que intermedien en esta situación”.
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció que la Regional Norte de Santander se dirige a mediar en la vereda Chiquinquirá.
Además, informaron que ante estos hechos se instaló un Puesto de Mando Unificado, convocado por la Gobernación de Norte de Santander, donde ha hecho presencia la Defensoría para garantizar la protección de los derechos humanos, tanto de la comunidad, como de los miembros del Ejército.