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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los exfuncionarios del Chocó, César Enrique Mosquera Murillo y Dahian Miguel Mosquera Valencia por presunta falsificación de documentos para gestionar 56 pensiones para docentes de colegios públicos de Quibdó, Istmina, Nóvita y Tadó. Según el Ministerio Público, “los funcionarios, al parecer, se habrían confabulado con abogados litigantes externos para expedir documentos falsos que sirvieran de prueba al procedimiento de dicho reconocimiento”.
📰 #EsNoticia | Procuraduría formuló cargos contra exfuncionarios de 📍 Istmina, Chocó, por presunta falsificación de documentos para obtener pensiones.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 14, 2022
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De acuerdo con el ente de control, las pensiones habrían sido por más de $4.000 millones.
En 2015, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) “detectó algunas irregularidades en las solicitudes de estas pensiones, por lo que emprendió una serie de averiguaciones e investigaciones, relacionadas con los decretos de nombramiento de los docentes para los años 1979 y 1980, en los municipios de Istmina, Tadó y Quibdó”, indicó la Procuraduría.
A partir de esta investigación, se estableció que los documentos de los decretos eran falsos, por lo que el 19 de enero de 2015, la Fiscalía capturó de manera preventiva a 48 de los maestros implicados en el proceso, además de los dos exfuncionarios César Enrique Mosquera Murillo y Dahian Miguel Mosquera Valencia, pero los docentes y jefes de archivo fueron dejados en libertad al considerar que “posiblemente habrían sido asaltados en su buena fe por sus apoderados”.
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“El ilícito se cometía cuando los educadores pedían que se les reconociera la denominada pensión de gracia –a través de un exsecretario de gobierno municipal de una de estas localidades, un secretario de la administración de uno de estos municipios y tres abogados litigantes– a la UGPP”, puntualizó la Fiscalía.