“Cierre indefinido de la vía al llano es un atropello”: gobernadora del Meta

Tanto la gobernadora del departamento del Meta, Marcela Amaya García‏, como el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, expresaron este jueves su rechazo y oposición a la medida del Gobierno Nacional que, de forma preventiva, ordenó el cierre de la vía al llano por cuenta del “inminente riesgo” de desplome de un tramo del puente de Chirajara, que colapsó el pasado 15 de enero, en hechos que dejaron nueve obreros muertos.

(Lea: Puente de Chirajara se cayó por fallas de diseño)

De acuerdo con la gobernadora, se trata de una “determinación inconsulta” que atenta contra los intereses de los llaneros y “lesiona gravemente” la economía de la región. En esa línea, elevó un llamado al Ministerio de Transporte para establecer un diálogo directo que “impida que la región sea nuevamente aislada”.

“Entendemos que ante esta contingencia la prioridad sea preservar la vida de usuarios de la vía y trabajadores. Sin embargo, de manera categórica rechazamos la decisión de las autoridades nacionales de cerrar indefinitivamente la vía al llano”, indicó Amaya.

A su turno, el alcalde de Villavicencio calificó el cierre como “desproporcionado” y criticó al Gobierno por adoptar determinaciones sin consultar a las autoridades locales, de cara a acordar medidas “apropiadas y con menores implicaciones” para la región.

“Somos conscientes de la gravedad de los hechos que rodean el de por sí trágico derrumbamiento del puente de Chirajara y de la necesidad de adoptar medidas tendientes a la protección de la integridad física y la vida de los ciudadanos que transitan la vía, lo cual debe ser prioritario, pero ello debe obedecer a un análisis que involucre diferentes variables como las consecuencias que sobre la economía de la región genera la medida que consideramos desproporcionada y sobre ello, en consulta con las autoridades locales, tomar las determinaciones más apropiadas con las menores implicaciones”, expresó Barbosa.

El mandatario invitó a los ciudadanos que transitan la vía a “tener paciencia y comprensión” frente a una medida que no dudó en calificar como “drástica”. Barbosa aseguró además que el cierre no puede ser indefinido teniendo en cuenta las “tremendas afectaciones” en materia económica y social.

“Debe tener un plazo, unos tiempos precisos, un plan de contingencia y una solución adoptada responsablemente por el Gobierno Nacional que se nos debe dar a conocer de inmediato”, manifestó el alcalde de la capital del Meta.

“El cierre se hace en ambos sentidos. No es una decisión que a uno le dé ganas de adoptar. Por el contrario. La tomamos después de tener unos informes muy precisos”, argumentó Cardona, al insistir que se busca evitar una nueva tragedia ante el “inminente riesgo de desplome” en Chirajara.

Según el informe del colapso del puente, encargado a la Compañía Mexicana de Presfuerzo (Mexpresa), el problema se produjo en una torre del puente, que era insuficiente "ante las cargas estáticas propias del avance de la construcción".

El vocero de interventora Interconcesiones, que contrató a Mexpresa, Marco Hinojosa también recomendó demoler de forma segura los restos del puente que han quedado en pie. "Aunque existen técnicas de reforzamiento que podrían rescatar la estructura que quedó en pie, recomendamos hacer una demolición segura, que evite el riesgo tanto para las personas como para las estructuras aledañas", sostuvo.

El accidente ocurrió el pasado 15 de enero en el sector conocido como Chirajara, una zona muy montañosa donde se construye la doble calzada de la carretera Bogotá-Villavicencio, que a lo largo de sus 120 kilómetros incluye decenas de viaductos y túneles. 

El accidente en el que también resultaron heridas ocho personas se produjo en el kilómetro 64 de la carretera en un punto conocido como Chirajara. Ante esa situación, el ministro de Transporte sostuvo que será la empresa concesionaria "quien decida y le diga a los colombianos si ese puente se va reparar o demoler. La responsabilidad es del concesionario".

Finalmente, Cardona detalló que la concesionaria "tenía la obligación" de concluir el puente en junio, "así que se realizarán las respectivas sanciones, y en caso de reconstrucción de la estructura, no se destinarán recursos de la nación".

Tanto la gobernadora del departamento del Meta, Marcela Amaya García‏, como el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, expresaron este jueves su rechazo y oposición a la medida del Gobierno Nacional que, de forma preventiva, ordenó el cierre de la vía al llano por cuenta del “inminente riesgo” de desplome de un tramo del puente de Chirajara, que colapsó el pasado 15 de enero, en hechos que dejaron nueve obreros muertos.

(Lea: Puente de Chirajara se cayó por fallas de diseño)

De acuerdo con la gobernadora, se trata de una “determinación inconsulta” que atenta contra los intereses de los llaneros y “lesiona gravemente” la economía de la región. En esa línea, elevó un llamado al Ministerio de Transporte para establecer un diálogo directo que “impida que la región sea nuevamente aislada”.

“Entendemos que ante esta contingencia la prioridad sea preservar la vida de usuarios de la vía y trabajadores. Sin embargo, de manera categórica rechazamos la decisión de las autoridades nacionales de cerrar indefinitivamente la vía al llano”, indicó Amaya.

A su turno, el alcalde de Villavicencio calificó el cierre como “desproporcionado” y criticó al Gobierno por adoptar determinaciones sin consultar a las autoridades locales, de cara a acordar medidas “apropiadas y con menores implicaciones” para la región.

“Somos conscientes de la gravedad de los hechos que rodean el de por sí trágico derrumbamiento del puente de Chirajara y de la necesidad de adoptar medidas tendientes a la protección de la integridad física y la vida de los ciudadanos que transitan la vía, lo cual debe ser prioritario, pero ello debe obedecer a un análisis que involucre diferentes variables como las consecuencias que sobre la economía de la región genera la medida que consideramos desproporcionada y sobre ello, en consulta con las autoridades locales, tomar las determinaciones más apropiadas con las menores implicaciones”, expresó Barbosa.

El mandatario invitó a los ciudadanos que transitan la vía a “tener paciencia y comprensión” frente a una medida que no dudó en calificar como “drástica”. Barbosa aseguró además que el cierre no puede ser indefinido teniendo en cuenta las “tremendas afectaciones” en materia económica y social.

“Debe tener un plazo, unos tiempos precisos, un plan de contingencia y una solución adoptada responsablemente por el Gobierno Nacional que se nos debe dar a conocer de inmediato”, manifestó el alcalde de la capital del Meta.

“El cierre se hace en ambos sentidos. No es una decisión que a uno le dé ganas de adoptar. Por el contrario. La tomamos después de tener unos informes muy precisos”, argumentó Cardona, al insistir que se busca evitar una nueva tragedia ante el “inminente riesgo de desplome” en Chirajara.

Según el informe del colapso del puente, encargado a la Compañía Mexicana de Presfuerzo (Mexpresa), el problema se produjo en una torre del puente, que era insuficiente "ante las cargas estáticas propias del avance de la construcción".

El vocero de interventora Interconcesiones, que contrató a Mexpresa, Marco Hinojosa también recomendó demoler de forma segura los restos del puente que han quedado en pie. "Aunque existen técnicas de reforzamiento que podrían rescatar la estructura que quedó en pie, recomendamos hacer una demolición segura, que evite el riesgo tanto para las personas como para las estructuras aledañas", sostuvo.

El accidente ocurrió el pasado 15 de enero en el sector conocido como Chirajara, una zona muy montañosa donde se construye la doble calzada de la carretera Bogotá-Villavicencio, que a lo largo de sus 120 kilómetros incluye decenas de viaductos y túneles. 

El accidente en el que también resultaron heridas ocho personas se produjo en el kilómetro 64 de la carretera en un punto conocido como Chirajara. Ante esa situación, el ministro de Transporte sostuvo que será la empresa concesionaria "quien decida y le diga a los colombianos si ese puente se va reparar o demoler. La responsabilidad es del concesionario".

Finalmente, Cardona detalló que la concesionaria "tenía la obligación" de concluir el puente en junio, "así que se realizarán las respectivas sanciones, y en caso de reconstrucción de la estructura, no se destinarán recursos de la nación".