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Cinco heridos y dos capturados dejó desalojo en un barrio de Floridablanca

El hecho ocurrió en medio de un operativo donde la Policía, en cumplimiento a una orden judicial, debía desalojar 35 personas de un predio.

16 de febrero de 2022 - 03:44 p. m.
En redes sociales se difundieron vídeos de los enfrentamientos entre uniformados del Esmad y habitantes de la zona.
En redes sociales se difundieron vídeos de los enfrentamientos entre uniformados del Esmad y habitantes de la zona.
Foto: Personería de Floridablanca
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En disturbios terminó un operativo de desalojo en el barrio Palomitas en Floridablanca, Santander. La Personería municipal confirmó que cinco personas, entre policías y civiles resultaron heridos, así como dos personas fueron capturadas.

Según explicaron las autoridades locales, el operativo se hizo en respuesta a un procedimiento judicial para desalojar a 35 personas, que invadieron hace tres décadas un predio que le pertenece a la Alcaldía de Floridablanca. Desde las 4:00 de la mañana del 15 de febrero inició el procedimiento que daba cumplimiento a la orden de desalojo, bajo la coordinación de la Alcaldía con Inspección de Policía, Policía, Personería y empresas de servicios públicos.

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Sin embargo, en medio del proceso fue necesario el uso de la fuerza pública debido a la negativa de las personas a abandonar el lugar. “Los ocupantes iniciaron agresiones físicas con piedras, palos, varillas, algunos utilizaron hachas y machetes para atacar a la fuerza pública. Por esa razón se capturaron a dos personas”, dijo el inspector de Policía de Floridablanca, Ramiro Andrés Cala Ramírez.

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Este hecho generó enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, Esmad, y los residentes del predio que se negaban a cumplir la orden judicial. Dos civiles y tres uniformados resultaron heridos.

La orden no es nueva para los habitantes. Según explicó el inspector, el proceso viene desde 2007 cuando se instauraron las acciones jurídicas pertinentes, necesarias para la recuperación del predio.

“Se instauró la querella, tuvo su respectivo trámite y en el 2017 se emitió una orden que fue notificada debidamente a los ocupantes, donde les ordenaba la restitución del bien público. A pesar de las conminaciones, de los requerimientos para la entrega voluntaria, fue imposible”, agregó Cala.

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