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Para agosto de 2020, el Clan del Golfo hace presencia en 211 municipios del país, siendo la estructura armada ilegal más grande de Colombia. Se señala que dicha presencia se concentra principalmente en los departamentos de Antioquia (52 municipios), Bolívar (23 municipios), Córdoba (23 municipios), Chocó (21 municipios) y Nariño (10 municipios) con una cobertura nacional que les ha permitido consolidar su presencia en otros departamentos como Meta (12 municipios), Sucre (11 municipios), Magdalena (9 municipios), Valle del Cauca (8 municipios), La Guajira (6 municipios), entre otros.
El despliegue territorial del Clan del Golfo en diferentes departamentos de Colombia se sustenta en gran medida en la estrategia de subcontratación, como la que han implementado en municipios del Meta como Puerto López, Puerto Gaitán y Cabuyaro (Defensoría del Pueblo, 2020), o la que manejan en El Carmen de Bolívar (Defensoría del Pueblo, 2020), lo que les permite ampliar la red criminal desde sus epicentros históricos de presencia como lo son el Bajo Cauca antioqueño y el Urabá antioqueño y chocoano hacia regiones como la costa atlántica y el centro del país por medio de la creación de enlaces con grupos delincuenciales organizados que les permite tener un mayor despliegue de su accionar delictivo.
Cabe señalar que la pretensión del Clan del Golfo de ampliar territorialmente su presencia nacional no esta exenta de barreras, encabezadas tanto por la Fuerza Pública como por otras estructuras armadas ilegales como el Eln, Caparros, y Grupos Armados PostFarc (GAPF), que comparten los mismos intereses de dominio de determinadas zonas geográficas.
Las disputas del Clan del Golfo con otras estructuras armadas ilegales están focalizadas en zonas del país donde su presencia ha sido permanente. Se encuentra por ejemplo que en el departamento de Chocó dicha confrontación se da con el Eln, mientras que, en el Bajo Cauca antioqueño, se desarrolla con los Caparros y, en la costa pacífica nariñense y algunos municipios de Putumayo con GAPF. Caso opuesto es el de la región del Catatumbo, en la que ha habido históricamente una presencia de grupos como el Eln y el Epl lo cual hace que la del Clan del Golfo no sea significativa.
Los hechos vinculados a enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las mencionadas estructuras armadas ilegales, inicialmente se enmarcan en la dinámica de apropiación de territorios para consolidar su posición en el negocio del narcotráfico. En este sentido, el Clan del Golfo, como estructura armada ilegal se enmarca a su vez en la categoría de crimen organizado, la cual expone que sus actividades ilícitas se orientan hacia el objetivo principal de obtención de rentas económicas.
Es así como la ocupación por parte del Clan del Golfo de antiguos territorios de dominio de las Farc en dónde existe una alta densidad de cultivos de hoja de coca están enfocados a controlar la cadena de producción y comercialización de la droga; al ser una economía ilegal con una significativa oferta y demanda deja a su vez grandes ganancias que circulan hacia mercados legales por medio del lavado de activos o se invierte en la obtención de armamento y material de guerra para fortalecer aún más la estructura.
Sobre la base de que la práctica del narcotráfico representa para el Clan del Golfo el aumento de su capital económico y el fortalecimiento de su estructura, esta estructura ha establecido una alianza con el cartel de Sinaloa, quien es reconocido como unas de las grandes organizaciones criminales a nivel internacional. La Fundación Paz & Reconciliación (PARES) pudo establecer que dicha relación se da por medio de la articulación, lo que les permite adelantar labores conjuntas en aras de controlar la cadena de producción y comercialización de la cocaína hacia el mercado mundial, sin embargo, la alianza con carteles mexicanos no es exclusiva del Clan del Golfo.
Desde PARES también se expuso que los Caparros tienen vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación por medio de la financiación. A través de dicha modalidad, se estaría dando una fuerte inyección de capital y armas por parte de la organización mexicana para que Los Caparros no solo consoliden su presencia en varios municipios del departamento de Antioquia (Cáceres, Caucasia, Tarazá, Frontino, entre otros) sino que tengan un proceso de expansión hacia el sur de Córdoba (San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, entre otros) lo que a su vez les podría facilitar su presencia en otros departamentos de la costa atlántica.
Cabe señalar que, del objetivo de control de economías ilícitas en cabeza del narcotráfico en determinadas zonas del país, se deriva también el del control poblacional en regiones donde está concentrada su presencia y en las que la del Estado es escasa o débil, de esto se sacaría provecho para establecer algún tipo de vínculo institucional por medio del cual puedan ejercer impunemente sus actividades delictivas.
Es importante señalar que los diversos tipos de acciones violentas ejercidas por el Clan del golfo y Los Caparros no se enmarcan exclusivamente en las disputas con actores ilegales y legales, sino que también son un mecanismo que se orienta hacia la instauración de un orden social entre la población de los territorios donde hacen presencia. En este orden de ideas, el control poblacional se hará a partir del desarrollo de otras economías ilegales como la extorsión, cobro de “vacunas”, entre otras, en dónde se ofrecen servicios de “protección” similares a los utilizados por las mafias y que se focalizan en ejercer una violencia más selectiva.
Como se ve, el portafolio criminal del Clan del Golfo no se limita al narcotráfico como única fuente de altos ingresos. La minería ilegal a gran escala que desarrolla dicha estructura en municipios como Caucasia (Armada de Colombia, 2020), da cuenta del manejo de altas sumas de capital que se invierten en maquinarias fluviales y terrestres, las cuales les permite tener un ingreso permanente de dinero debido a la explotación intensiva de yacimientos.
Bajo este panorama, se señala que la expansión del Clan del Golfo a nivel nacional se sustenta a partir de que la confluencia de alianzas, procesos de expansión por medio de subcontrataciones y el constante desarrollo de economías ilegales encabezadas por el narcotráfico. Es así como se establecen las siguientes conclusiones:
- Es preocupante la expansión que está teniendo el Clan del Golfo en la costa atlántica y otras regiones del país. El modelo de subcontratación les estaría permitiendo tener una mayor injerencia en departamentos como Bolívar y Magdalena siendo posiblemente el origen de su consolidación el sur de Córdoba. Por otro lado, en regiones más alejadas les sería funcional los nodos creados con grupos delincuenciales organizados a través de la subcontratación.
- El fortalecimiento y expansión del Clan del Golfo expone también que el negocio del narcotráfico, a pesar de la vigente pandemia por COVID-19, continúa operativo. La alianza con el Cartel de Sinaloa estaría manteniendo dicho negocio a flote, lo que dejaría réditos que les permitiría tanto mantener como expandir su estructura.
- Las disputas con el Eln, Caparros y GAPF por el control de territorios con alta densidad de cultivos de coca es permanente en zonas de Chocó, Antioquia y Nariño lo que cual expondría que hay regiones en las que el Clan del Golfo no tiene un dominio visible y en las que las confrontaciones son permanentes.
- El desarrollo de otras economías ilegales como la minería ilegal a gran escala brindan un soporte de capital a esta estructura armada ilegal, con lo cual no depende únicamente de las rentas del negocio del narcotráfico. Esta diversificación del portafolio criminal con fines económicos también les ha permitido expandirse geográficamente.