Colombia le dice a HRW que reforma al fuero militar no es un capricho
El director para las Américas de Human Rights Watch criticó la reforma señalándola como un mecanismo para la impunidad.
EFE
El Ministerio de Defensa de Colombia dijo que el proyecto de reforma del sistema de justicia penal militar no es "un capricho" del Gobierno, en respuesta a las críticas del director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
"Este proyecto no responde a un capricho del Gobierno Nacional sino que por el contrario ha sido radicado con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley", señala el viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, Jorge Enrique Bedoya en una carta dirigida el miércoles a Vivanco.
HRW expresó hace pocos días en otra carta al ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzon, sus preocupaciones por otro proyecto de reforma de la justicia militar de Colombia en el que, según los defensores de los derechos humanos, se permitiría que delitos cometidos por uniformados contra la población civil vayan a tribunales castrenses.
El proyecto ya ha superado dos de los cuatro debates parlamentarios requeridos para su aprobación en el Congreso.
El viceministro agrega en su carta que rechaza también las afirmaciones de Vivanco "que pretenden desacreditar y deslegitimar el enorme trabajo de nuestra Fuerza Pública, primera institución protectora de los Derechos Humanos en el país, con posturas que llevan a la conclusión de que la Jurisdicción Penal Militar es sinónimo de impunidad".
Añade que no tiene tampoco fundamentos para especular en el sentido de que "la Corte Penal Internacional iniciará investigaciones en Colombia debido a factores de impunidad".
Niega que, como asegura Vivanco, "48 casos de falsos positivos hayan sido pasados de la justicia ordinaria a la justicia penal militar".
En Colombia se llama "falsos positivos" a las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de militares que luego los presentaban como muertos en combates por lo que recibían ascensos y permisos especiales.
Por otra parte, Bedoya indica que los casos de violencia sexual no entran en la jurisdicción militar porque atentan contra la libertad y la integridad, además de que no pueden entenderse como hechos cometidos en servicio.
Agrega, además, que delitos como el tráfico ilegal de armas y el concierto para delinquir "pueden ser conocidos por la justicia penal militar, sin que esto conlleve a incumplimientos internacionales y mucho menos a impunidad alguna".
El Ministerio de Defensa de Colombia dijo que el proyecto de reforma del sistema de justicia penal militar no es "un capricho" del Gobierno, en respuesta a las críticas del director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
"Este proyecto no responde a un capricho del Gobierno Nacional sino que por el contrario ha sido radicado con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley", señala el viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, Jorge Enrique Bedoya en una carta dirigida el miércoles a Vivanco.
HRW expresó hace pocos días en otra carta al ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzon, sus preocupaciones por otro proyecto de reforma de la justicia militar de Colombia en el que, según los defensores de los derechos humanos, se permitiría que delitos cometidos por uniformados contra la población civil vayan a tribunales castrenses.
El proyecto ya ha superado dos de los cuatro debates parlamentarios requeridos para su aprobación en el Congreso.
El viceministro agrega en su carta que rechaza también las afirmaciones de Vivanco "que pretenden desacreditar y deslegitimar el enorme trabajo de nuestra Fuerza Pública, primera institución protectora de los Derechos Humanos en el país, con posturas que llevan a la conclusión de que la Jurisdicción Penal Militar es sinónimo de impunidad".
Añade que no tiene tampoco fundamentos para especular en el sentido de que "la Corte Penal Internacional iniciará investigaciones en Colombia debido a factores de impunidad".
Niega que, como asegura Vivanco, "48 casos de falsos positivos hayan sido pasados de la justicia ordinaria a la justicia penal militar".
En Colombia se llama "falsos positivos" a las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de militares que luego los presentaban como muertos en combates por lo que recibían ascensos y permisos especiales.
Por otra parte, Bedoya indica que los casos de violencia sexual no entran en la jurisdicción militar porque atentan contra la libertad y la integridad, además de que no pueden entenderse como hechos cometidos en servicio.
Agrega, además, que delitos como el tráfico ilegal de armas y el concierto para delinquir "pueden ser conocidos por la justicia penal militar, sin que esto conlleve a incumplimientos internacionales y mucho menos a impunidad alguna".