Colombia, tierra de abogados

Mientras mayor es el impacto social y público de una profesión, mayor debe ser la regulación de su ejercicio. Es por eso que el Estado les impone mayores restricciones a, por ejemplo, los médicos que a los antropólogos. El Derecho es una de esas profesiones que deben ser reguladas por el Estado y ello debido a que la calidad y la probidad de los abogados son indispensables para el buen funcionamiento de la justicia y para la protección de los derechos ciudadanos.

Facultades de Derecho

Entre 1993 y 2001 hubo en Colombia un crecimiento espectacular del número de facultades de Derecho y ello debido, sobre todo, a los incentivos creados por la Ley 30 de 1992 para la creación de programas de educación superior. Mientras que en 1993 había 32 universidades que ofrecían esta carrera, en 2001 ese número ascendió a 63 y en 2007 a 72. Más impresionante es el crecimiento de los programas de Derecho —una misma facultad puede ofrecer varios—, que pasaron de cerca de 60 en 1993 a 178 en 2007.

La población universitaria, que en 1994 era de casi 36 mil estudiantes, llegó a cerca de 70 mil en los primeros años del siglo XXI. Este crecimiento tuvo tres características: primero fue jalonado por la oferta privada de educación jurídica. Las facultades de Derecho de las universidades públicas pasaron de representar el 54,5% del total de la especialidad en 1949, a 29% en 2007.

En segundo lugar, el aumento de la oferta no sólo fue por la creación de programas en capitales de departamento, sino también en ciudades intermedias. En 1992 se podía estudiar derecho en 12 departamentos; en 2007, en 25.

En tercer lugar, el aumento de la oferta de educación jurídica se debió a la expansión de la oferta privada en universidades que no tienen ni la infraestructura, ni el personal académico, ni las bibliotecas, ni los programas de investigación, ni las publicaciones que se requieren. Las diez universidades con mayor número de estudiantes son privadas y absorben el 54% del estudiantado. La primera es la Universidad Libre, que tiene el 15% y gradúa el 20% de los abogados del país. Le sigue la Universidad Cooperativa, con casi el 8%. Sobresale también la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, con el 5,48% del total de “primíparos”. El caso de la Universidad Cooperativa es quizás el más preocupante de todos y ello debido a la masificación de la enseñanza de dudosa calidad.

Regulación profesional

Nada de esto sería tan grave si hubiese controles de salida, es decir, al ejercicio profesional después de haber estudiado Derecho. En Colombia no ha habido, como en todos los países desarrollados, incluso en buena parte de los países de América Latina, filtros que restrinjan el ingreso de los abogados mal preparados al mundo laboral. Basta con tener el título —venga de donde viniere— para poder litigar y sólo hay que esperar un par de años —incluso sin hacer nada— para poder ser juez.

Por lo general existen dos filtros destinados a controlar el ejercicio profesional. El primero es el examen de Estado y el segundo es la colegiatura obligatoria. En Colombia sólo existe examen de Estado para los abogados desde octubre de 2009. Después de muchos años de desregulación este es, sin duda, un avance importante. Pero no es suficiente.

En cuanto al segundo filtro, si bien hay colegios de abogados, la afiliación es siempre voluntaria. En otros países —el “bar” en los Estados Unidos o el “barreau” en Francia— cumplen una labor fundamental, no sólo en el mantenimiento de la calidad profesional, sino en el control disciplinario.

En Colombia estas dos medidas, sencillas y eficaces, han encontrado la oposición acérrima de las facultades de Derecho privadas —sobre todo las de menos calidad—, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura —la cual debe vigilar, pero lo hace mal, el comportamiento de los abogados— y de todo el andamiaje político burocrático que se mueve alrededor.

Los posgrados

La obtención de un posgrado es hoy en día un requisito casi indispensable para acceder a un puesto en el Estado o para ascender en el escalafón burocrático. Más aún, cada vez es más frecuente que ya no sea suficiente con tener una o dos especializaciones y que se requiera de un título de maestría. De un par de años para acá se asiste a una explosión de la oferta de maestrías e incluso de doctorados en Derecho, la gran mayoría de los cuales no son otra cosa que especializaciones ampliadas.

Veamos el caso de Bogotá. Sólo en la capital del país existen 181 posgrados en derecho, impartidos en 15 universidades (13 privadas y dos públicas). El valor total de las matrículas anuales de esos posgrados asciende a cerca de 40 mil millones de pesos (datos año 2009). El mercado está concentrado en las universidades de élite: la Externado de Colombia ofrece 66 posgrados, el Rosario 24 y la Javeriana 17. Eso significa que entre esas tres universidades concentran el 59% de los posgrados y casi el 70% del valor total de las matrículas. La universidad pública, en cambio, obtiene 15 posgrados, cuyas matrículas sólo representan el 5,2% del total.

Surgen los siguientes interrogantes: ¿No será que los posgrados son el mecanismo informal y privado de homogenización de la profesión jurídica? ¿No será que a las élites jurídicas bogotanas, ubicadas en la Javeriana, el Rosario y el Externado, que son quienes tienen el poder y la influencia política para propiciar la creación de controles de calidad en el estudio del Derecho y en el ejercicio profesional, no les interesa hacer nada para cambiar la situación actual y ello debido a que quieren mantener intacto ese mercado de los posgrados?

Muchos abogados de provincia que estudian en una universidad de dudosa calidad buscan afanosamente hacer un posgrado en el Externado, en la Javeriana o en otra universidad de prestigio, de tal manera que puedan presentarse como egresados de estas universidades y así “lavar” su título original. ¿No temen acaso las universidades privadas de élite, en Bogotá, Medellín y Cali, que una reforma que imponga estándares de calidad en los estudios de derecho debilite, al hacer innecesario el “lavado” de títulos, ese mercado destinado a la homogeneización de títulos y del cual obtienen buena parte de sus recursos?.

 * Doctor en ciencia política de la Universidad Católica de Louvain-La-Neuve (Bélgica), con estudios postdoctorales en la Universidad de Wisconsin-Madison (USA); Profesor de Derecho, especializado en Sociología Jurídica, Teoría del Derecho y Derecho Constitucional.

Mientras mayor es el impacto social y público de una profesión, mayor debe ser la regulación de su ejercicio. Es por eso que el Estado les impone mayores restricciones a, por ejemplo, los médicos que a los antropólogos. El Derecho es una de esas profesiones que deben ser reguladas por el Estado y ello debido a que la calidad y la probidad de los abogados son indispensables para el buen funcionamiento de la justicia y para la protección de los derechos ciudadanos.

Facultades de Derecho

Entre 1993 y 2001 hubo en Colombia un crecimiento espectacular del número de facultades de Derecho y ello debido, sobre todo, a los incentivos creados por la Ley 30 de 1992 para la creación de programas de educación superior. Mientras que en 1993 había 32 universidades que ofrecían esta carrera, en 2001 ese número ascendió a 63 y en 2007 a 72. Más impresionante es el crecimiento de los programas de Derecho —una misma facultad puede ofrecer varios—, que pasaron de cerca de 60 en 1993 a 178 en 2007.

La población universitaria, que en 1994 era de casi 36 mil estudiantes, llegó a cerca de 70 mil en los primeros años del siglo XXI. Este crecimiento tuvo tres características: primero fue jalonado por la oferta privada de educación jurídica. Las facultades de Derecho de las universidades públicas pasaron de representar el 54,5% del total de la especialidad en 1949, a 29% en 2007.

En segundo lugar, el aumento de la oferta no sólo fue por la creación de programas en capitales de departamento, sino también en ciudades intermedias. En 1992 se podía estudiar derecho en 12 departamentos; en 2007, en 25.

En tercer lugar, el aumento de la oferta de educación jurídica se debió a la expansión de la oferta privada en universidades que no tienen ni la infraestructura, ni el personal académico, ni las bibliotecas, ni los programas de investigación, ni las publicaciones que se requieren. Las diez universidades con mayor número de estudiantes son privadas y absorben el 54% del estudiantado. La primera es la Universidad Libre, que tiene el 15% y gradúa el 20% de los abogados del país. Le sigue la Universidad Cooperativa, con casi el 8%. Sobresale también la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, con el 5,48% del total de “primíparos”. El caso de la Universidad Cooperativa es quizás el más preocupante de todos y ello debido a la masificación de la enseñanza de dudosa calidad.

Regulación profesional

Nada de esto sería tan grave si hubiese controles de salida, es decir, al ejercicio profesional después de haber estudiado Derecho. En Colombia no ha habido, como en todos los países desarrollados, incluso en buena parte de los países de América Latina, filtros que restrinjan el ingreso de los abogados mal preparados al mundo laboral. Basta con tener el título —venga de donde viniere— para poder litigar y sólo hay que esperar un par de años —incluso sin hacer nada— para poder ser juez.

Por lo general existen dos filtros destinados a controlar el ejercicio profesional. El primero es el examen de Estado y el segundo es la colegiatura obligatoria. En Colombia sólo existe examen de Estado para los abogados desde octubre de 2009. Después de muchos años de desregulación este es, sin duda, un avance importante. Pero no es suficiente.

En cuanto al segundo filtro, si bien hay colegios de abogados, la afiliación es siempre voluntaria. En otros países —el “bar” en los Estados Unidos o el “barreau” en Francia— cumplen una labor fundamental, no sólo en el mantenimiento de la calidad profesional, sino en el control disciplinario.

En Colombia estas dos medidas, sencillas y eficaces, han encontrado la oposición acérrima de las facultades de Derecho privadas —sobre todo las de menos calidad—, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura —la cual debe vigilar, pero lo hace mal, el comportamiento de los abogados— y de todo el andamiaje político burocrático que se mueve alrededor.

Los posgrados

La obtención de un posgrado es hoy en día un requisito casi indispensable para acceder a un puesto en el Estado o para ascender en el escalafón burocrático. Más aún, cada vez es más frecuente que ya no sea suficiente con tener una o dos especializaciones y que se requiera de un título de maestría. De un par de años para acá se asiste a una explosión de la oferta de maestrías e incluso de doctorados en Derecho, la gran mayoría de los cuales no son otra cosa que especializaciones ampliadas.

Veamos el caso de Bogotá. Sólo en la capital del país existen 181 posgrados en derecho, impartidos en 15 universidades (13 privadas y dos públicas). El valor total de las matrículas anuales de esos posgrados asciende a cerca de 40 mil millones de pesos (datos año 2009). El mercado está concentrado en las universidades de élite: la Externado de Colombia ofrece 66 posgrados, el Rosario 24 y la Javeriana 17. Eso significa que entre esas tres universidades concentran el 59% de los posgrados y casi el 70% del valor total de las matrículas. La universidad pública, en cambio, obtiene 15 posgrados, cuyas matrículas sólo representan el 5,2% del total.

Surgen los siguientes interrogantes: ¿No será que los posgrados son el mecanismo informal y privado de homogenización de la profesión jurídica? ¿No será que a las élites jurídicas bogotanas, ubicadas en la Javeriana, el Rosario y el Externado, que son quienes tienen el poder y la influencia política para propiciar la creación de controles de calidad en el estudio del Derecho y en el ejercicio profesional, no les interesa hacer nada para cambiar la situación actual y ello debido a que quieren mantener intacto ese mercado de los posgrados?

Muchos abogados de provincia que estudian en una universidad de dudosa calidad buscan afanosamente hacer un posgrado en el Externado, en la Javeriana o en otra universidad de prestigio, de tal manera que puedan presentarse como egresados de estas universidades y así “lavar” su título original. ¿No temen acaso las universidades privadas de élite, en Bogotá, Medellín y Cali, que una reforma que imponga estándares de calidad en los estudios de derecho debilite, al hacer innecesario el “lavado” de títulos, ese mercado destinado a la homogeneización de títulos y del cual obtienen buena parte de sus recursos?.

 * Doctor en ciencia política de la Universidad Católica de Louvain-La-Neuve (Bélgica), con estudios postdoctorales en la Universidad de Wisconsin-Madison (USA); Profesor de Derecho, especializado en Sociología Jurídica, Teoría del Derecho y Derecho Constitucional.