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Cruzar la selva del Darién es más que una travesía física para los migrantes. Desde que llegan al casco urbano de Acandí, a Capurgana o alguno de los puntos de ingreso al tapón del lado colombiano, se enfrentan a dificultades para acceder alimentos, agua o servicios básicos, pero además a ser extorsionados, secuestrados, robados y hasta a abusos sexuales que se han vuelto comunes en los pasos. Lo preocupante, de acuerdo con Human Rights Watch, es que pese a que esto se ha identificado, “las autoridades (tanto colombianas como panameñas) no protegen eficazmente el derecho a la vida y a la integridad de los migrantes”.
“Sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”, indicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Son varios los factores que se deben tener en cuenta a la hora de hablar de lo que está pasando en la frontera entre Colombia y Panamá. Lo primero es que el tránsito de migrantes por este peligroso paso ha crecido desmedidamente en los últimos dos años. Pues mientras que en 2023 fueron cerca de medio millón de personas las que atravesaron el tapón, de acuerdo con cifras de Migración Panamá, este año se espera una nueva cifra récord, pues tan solo en los primeros dos meses de este año cruzaron 73.167 personas, que son casi 30.000 más de los que lo hicieron en el mismo intervalo del año pasado.
A esto, se le suman los abusos de los que son víctimas los migrantes a cada lado de la frontera, de acuerdo con Human Rigths Watch no hay una estrategia clara para garantizar sus derechos del lado colombiano. “La escasa presencia estatal en la región deja a estas personas en manos del Clan del Golfo, un grupo armado fuertemente involucrado en narcotráfico, que controla el flujo de migrantes y solicitantes de asilo y se beneficia de su desesperación y vulnerabilidad”.
Mientras que del lado panameño, indican que el “flujo controlado” pareciera más una estrategia para restringir la movilidad de estas personas dentro del país y asegurar su rápida llegada a la frontera con Costa Rica.
En medio de esto se están desatendiendo condiciones preocupantes. El año pasado, otro informe de la misma organización demostró que los migrantes son extorsionados desde que se embarcan en las lanchas que los trasladan a Acandí y Capurganá. Ya del lado panameño son vulnerables a ser víctimas de bandas delincuenciales que aprovechan tramos en que se les dificulta a los migrantes retroceder para emboscarlos y de esta manera robarles sus pertenencias y hasta abusar sexualmente de ellos. El problema es que una vez salen de la selva la falta de garantías para proteger sus derechos y por el mismo tránsito en que se encuentran, hay un subregistro muy grande de denuncias.
Esto se puede ejemplificar claramente con los caos de violencia sexual. Entre abril de 2021 y enero de 2024, Médicos Sin Fronteras registró más de 1.300 casos de violencia sexual, mientras que la Procuraduría de Panamá solo conocía de 285 víctimas. En febrero la misma organización denunció que en una semana recibieron más de 100 denuncias, pero pocos días después el gobierno panameño suspendió el trabajo de la MSF, alegando que el acuerdo con la organización había expirado. “Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién.Las autoridades panameñas deben reconsiderar urgentemente esta decisión para garantizar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo las víctimas de violencia sexual”, dijo Goebertus.
Ante todo esto, Human Rights Watch hizo un llamado a Colombia y Panamá a establecer estrategias conjuntas, así como nombrar a un funcionario para coordinar la respuesta a la masiva migración por el Darién. “Ambos gobiernos deberían trabajar con las organizaciones humanitarias y las comunidades locales para establecer un mecanismo conjunto de rescate de personas desaparecidas en el Tapón del Darién y de identificación y recuperación de los cuerpos de personas fallecidas en la selva”
Esto, indican, debe incluir acciones de prevención, investigación y sanción que velen por los derechos de los migrantes, así como de acciones que faciliten la denuncia, la asistencia médica y psicológica. Por último, piden a los gobiernos latinoamericanos y a Estados Unidos a revertir las medidas que están impidiendo el acceso a refugio y trabajar en conjunto para evitar la victimización de quienes hacen el éxodo por el continente.