Como en la época paramilitar

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Ante la ruptura de la mesa de diálogos con el ELN, la incertidumbre con la implementación de los Acuerdos de Paz en los territorios, y el ascenso del narcotráfico y grupos neoparamilitares, el Gobierno Nacional pierde legitimidad en varias zonas del país. Todo parece indicar que el país se está incendiando porque no hay voluntad de paz, pero tampoco hay decisión para detener la violencia.

De acuerdo con una investigación realizada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), aunque en el pacífico nariñense y en el Catatumbo la situación es preocupante, uno de los casos que contiene todos los ingredientes para explicar el fenómeno actual de violencia es el de Bajo Cauca, norte, nordeste antioqueño y Sur de Córdoba. Esa zona, literalmente, parece una guerra civil. 

En el Paramillo confluyen los municipios cordobeses de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, y los municipios de antioqueños de Peque, Ituango, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Caucasia, Cáceres y Tarazá. Estos municipios, que han sido testigos de presencia histórica de grupos armados como las Farc y grupos paramilitares. Luego de la firma del Acuerdo de Paz, la tranquilidad duró un año, de allí se pasó a una “tensa calma” y ahora, una guerra abierta.

En el 2019 este territorio se convirtió en zona de guerra con una intensidad y magnitud que no se vivía desde la época paramilitar: Desplazamientos masivos, masacres, asesinatos selectivos y atentados terroristas son el pan de cada día desde enero del presente año.

Son varias confrontaciones que se viven en estas zonas. Una de ellas es entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidos como Clan del Golfo, al mando de alias “Otoniel”, con 3 frentes a su mando: Rubén Darío Ávila, Francisco Morelos Peñate y Julio Cesar Vargas. Estos se enfrentan a las estructuras armadas del Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), disidencia de Clan del Golfo en alianza con “Los Caparrapos”, quienes congregan a las estructuras armadas de “Los Paisas”, “los Rastrojos” y las “Águilas Negras”. También, en la disputa están 3 disidencias de los antiguos frentes guerrilleros 18, 58 y 5 de las Farc.

En estas guerras recicladas, que empezaron desde el Bajo Cauca antioqueño en el 2018, y ahora se están desplazando hacia el Sur de Córdoba, específicamente hacia San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador, hay un factor adicional que agrava la situación: se trata de la injerencia de carteles mexicanos, entre los cuales se encuentran: Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ninguno de los grupos armados locales cuentan con la capacidad suficiente para colocar la droga en Estados Unidos, razón por la cual los carteles mexicanos financian con armas y dinero a quienes se encuentran en disputa a cambio de que les garanticen la producción, procesamiento y rutas en el país. 

Pero México no controla los cultivos. Aún en Córdoba y Bajo Cauca no se observan mexicanos viviendo en estos departamentos porque la producción es meramente controlado por colombianos.  El sur de Córdoba tiene toda la cadena del narcotráfico (desde la siembra y procesamiento del clorhidrato de cocaína).

Así las cosas, el Clan del Golfo ha tomado como socio principal al Cartel de Sinaloa. Esto es así, toda vez que el Clan tiene un control fuerte en zonas como Urabá y la zona noroccidental del departamento. Sin embargo, el gran poder de AGC-Clan del Golfo, asociado a sus negocios con Sinaloa, está viéndose amenazado por la incursión en cascos urbanos de San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano de los Caparrapos, como se observa en el siguiente video del 15 de enero de 2019 en el que hombres armados se pasean por las calles del municipio de San José de Uré. Así lo denunció el representante a la cámara por Córdoba, Andrés David Calle. Además, los hombres armados transitan libremente pintando las fachadas de las casas con el BVPA-Caparrapos.

Las confrontaciones internas también tienen raíces en una guerra de carácter transnacional. Se trata de la relación que existe entre la financiación de los Caparrapos por parte del CJNG, acérrimo enemigo de Sinaloa. La guerra que tienen estos carteles en México se ha trasladado al territorio colombiano. Evidentemente, con mayor impacto en el Sur de Córdoba y Bajo Cauca. Razón por la cual, el Gobierno Nacional ordenó el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, con una capacidad 4 mil hombres que a la fecha no han tenido resultados contundentes. 

Esto último es así, toda vez que los desplazamientos y homicidios desde finales del año 2018 y principios del año 2019 siguen incrementándose de forma dramática, como se observa en las siguiente gráfica:

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación con base en las estadísticas oficiales de la Policía Nacional sobre homicidios en Bajo Cauca antioqueño y Sur de Córdoba.

Los homicidios se dispararon sobre todo en los municipios de Caucasia, El Bagre, Montelíbano y San José de Uré. Por su parte, para el caso de San José de Uré es el municipio que más registra desplazamientos forzados, con un incremento del 2 mil 325 por ciento, con respecto al año 2017. En Bajo Cauca es todavía más preocupante, pues, con excepción de El Bagre, los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá han incrementado exponencialmente los desplazamientos.

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, esta situación se agrava por el conflicto transnacional de Sinaloa y CJNG. De acuerdo con un informe de inteligencia militar, el Cartel de Sinaloa y el CJNG tienen en el Bajo Cauca antioqueño y en Córdoba una red de representantes que se extiende por casi todo el departamento y otras regiones del país. Además, han hecho de Medellín una de sus principales bases operativas. En el Bajo Cauca antioqueño, el CJNG inyecta recursos al BVPA-Caparrapos en su incursión hacia el Sur de Córdoba para enfrentar a sus antiguos socios de las AGC-Clan del Golfo, quienes, a su vez, tienen alianzas con el Cartel de Sinaloa, enemigo del CJNG. 

Cómo se ve en las siguientes fotos, en una ciudad de miles de habitantes, se ven los grafitis de los diferentes actores en disputa. Estas imágenes son en Puerto Libertador.  El gran problema de fondo es que la pasividad de las autoridades locales y nacionales es increíble frente a esta guerra.