A las 8:00 a.m. del martes 13 de julio, la comunidad Embera Eyabidá del Resguardo del río Chageradó (Murindó, Antioquia) volvió a escuchar una explosión en su territorio. Se trataba de una mina antipersonal que se activó luego de que Diego Bailarín, de 26 años, la pisará. Semanas antes, el 20 de junio, en la comunidad de Bachidubi, Remilda Benítez y su hija cayeron en un campo minado. La madre murió producto de las heridas y la menor de edad logró salvarse.
Como Remilda, otros nueve indígenas Embera de las comunidades ubicadas en los municipios de Dabeiba, Frontino y Murindó, han muerto desde enero del año pasado por minas antipersonal instaladas presuntamente por el ELN. Además, los caminos minados obligan a que los indígenas permanezcan confinados en sus territorios por el temor a que hayan más víctimas.
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En las últimas horas, miembros del Cabildo Indígena de Dabeiba se reunieron en Frontino con las autoridades locales para evaluar la grave situación humanitaria que padecen. Sin embargo, las comunidades indígenas realizan un llamado para que el gobierno nacional y organismos internacionales atiendan a sus llamados de urgencia y ayuden a resolver esta crisis que se ha agudizado desde el 2019.
Según cifras entregadas por la Organización Indígena de Antioquia (OIA) más de 2.000 personas no pueden movilizarse por los resguardos indígenas. A la instalación de estos artefactos explosivos se le suman los constantes enfrentamientos que sostienen la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en estos territorios. Los actores armados luchan por el control de rutas estratégicas del narcotráfico, así como por los cultivos de uso ilícito de la región.
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La presencia de los grupos armados no solo limita la movilidad de los indígenas, sino que también les impide cultivar y recoger la cosecha de alimentos ya que las minas también son instaladas en esos espacios. Adicionalmente, las comunidades también han sido desplazadas de sus territorios por los enfrentamientos entre el ELN y las AGC, además de las amenazas contra miembros de los pueblos y el reclutamiento de menores.
La OIA y otras organizaciones sociales y religiosas del país le han insistido al gobierno nacional que retome las conversaciones con el ELN y que busquen una salida negociada del conflicto armado. También le han hecho un llamado a los grupos armados para que procedan con un desminado de sus territorios y un compromiso a que no vuelvan a instalar esos artefactos explosivos que solo afectan a la población civil.
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Cabe recordar que, según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre desplazamiento forzado y confinamiento en el primer semestre de este año, son las comunidades étnicas las más afectadas por estos hechos, siendo las víctimas en el 98,5% de los eventos de confinamiento que se presentan en el país.