Con 81 % de avance, EPM se mantiene en la meta de que Hidroituango empiece a generar en 2022
A la casa de máquinas, la misma que fue inundada en 2018, ya llegaron seis transformadores. Mientras se celebran los avances en el proyecto que promete entregar el 17 % de la energía del país, las comunidades afirman que EPM no está cumpliendo.
Karen Vanessa Quintero Martínez
Después de casi tres años de la contingencia que provocó la evacuación de más de 25.000 personas y llegó a reducir en 80 % el caudal del Río Cauca, Empresas Públicas de Medellín (EPM) avanza en la obra que promete generar el 17 % de la energía de Colombia, el proyecto hidroeléctrico Ituango. A la casa de máquinas ya llegaron seis transformadores y en el costado norte del proyecto avanzan en la instalación de dos unidades, las que empezarían a generar energía en 2022.
En 2018, antes de la emergencia, la obra estaba en un 87 %; para marzo de 2021 EPM asegura que se encuentran en el 81,5 % de avance. William Giraldo, vicepresidente de proyectos de Generación de EPM, afirmó para este diario que pueden dar un parte de tranquilidad, pues ya están montando los equipos teniendo en cuenta la resolución 820 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que les permitió, después de un PMU (puesto de mando unificado) en febrero 2020, seguir adelante.
“Ya tenemos seis transformadores en el proyecto, además está montado el puente-grúa, de 300 toneladas, que permitirá la instalación de las dos primeras unidades de generación”, afirmó. La primera unidad, según el cronograma de EPM, generará energía en el primer semestre de 2022, la segunda empezaría a funcionar en el segundo semestre del mismo año. Giraldo contó que están demoliendo las unidades tres y cuatro para poder iniciar instalación de equipos en dos meses, estas generarían energía en 2023. Para 2024 arrancarían tres unidades y la última de las ocho empezaría a funcionar en 2025. El ingeniero recordó que todo el equipo que estaba en la casa de maquinas se perdió y fue necesario reparar las cavernas y estructuras que también se vieron afectadas.
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Frente a la reparación de las comunidades por los daños ocasionados durante la emergencia, el vicepresidente afirma que han venido trabajando. “Todavía estamos recuperando la escuela, ya hemos recuperado algunas viviendas y estamos terminando de reconstruir los cuatro puentes que se dañaron. Hemos avanzado, nos faltan algunas cosas, pero esperamos en los próximos meses cumplirle a las comunidades aguas abajo”, dijo. Giraldo aseguró, además, que mantienen monitoreo técnico las 24 horas y por eso toman decisiones con anticipación.
La gerente encargada de EPM, Mónica Ruíz Arbeláez, dijo que aunque tuvieron que recuperar toda la casa de maquinas y reconstruir parte de las obras civiles, ya tienen la mayoría de la maquinaria necesaria dentro del proyecto y otra parte en una bodega en Tarazá (Antioquia); todavía no cuentan con los 25 transformadores (son tres por cada unidad y uno de reserva), pero esperan que todo este listo para el inicio en 2022. La empresa había prometido que la generación de energía iniciaba en 2021, pero según Arbeláez la pandemia los obligó a hacer cambios en el cronograma. “Venimos avanzando, vamos a entregar la energía en 2022. Estamos cumpliendo”, dijo.
Leer: Comienzan a llegar los transformadores a la casa de máquinas de Hidroituango
Un punto de vista totalmente contrario tienen las comunidades. En conversación con El Espectador, Isabel Cristina Zuleta, lideresa social y ambiental, integrante del movimiento Ríos Vivos y de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua Afectada por Hidroituango, aseguró que este proyecto es un incumplimiento a la orden de suspensión dada por la Anla. “No entendemos cómo celebran el avance de un proyecto que está en contra de la justicia”, afirmó. Aunque las directivas de EPM aseguran que cuentan con la autorización para seguir con el proyecto, Zuleta manifiesta que la información de las comunidades es que la Resolución 820 señala que deben generar acciones para atender la emergencia, pero no seguir con la obra.
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La lideresa asevera que las comunidades río abajo siguen afectadas, de hecho, en los últimos días desde Puerto Valdivia manifestaron preocupación por el crecimiento del río. “El lunes (8 de marzo) cinco pescadores casi pierden la vida en la desembocadura del río Ituango porque no se prendieron las alarmas. Si lo único que ellos debían hacer era atender la emergencia, activar las alarmas, tener protocolos, no lo están haciendo. No quisieron rescatarlos, aunque la comunidad pidió auxilio. Lo que avanza es un proyecto de muerte”, afirmó. Las comunidades sostienen, además, que no ha habido avance en la reconstrucción de las infraestructuras afectadas; que todavía no hay puentes, ni escuela, ni hospital.
“A la gente le dicen que ya están los estudios, que ya han avanzado en el diseño, pero eso no es la obra. Llevamos tres años esperando, cuando ellos dijeron que las casas iban a estar reconstruidas en tres meses y las estructuras en un año”, concluyó Zuleta.
Frente al temor de las comunidades por el crecimiento del río, la gerente encargada aseguró que no hay riesgo. “El río subió por las lluvias, nuestro sistema nos alertó 14 horas antes —desde que el río empezó a subir en La Pintada— y eso nos hizo tomar decisiones de operación que impidieron que esa creciente pasara a Puerto Valdivia”, afirmó. Arbeláez explica que el vertedero y sus compuertas tienen la función de controlar las crecientes de invierno y que desde el sistema no se han generado alarmas.
La historia de Hidroituango
El proyecto hidroeléctrico Ituango es la presa más grande del país y tiene tres grandes socios: el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el departamento de Antioquia. La historia reciente del proyecto, cuyos diseños definitivos se entregaron en 2006, ha estado marcada por una crisis que destruyó 70 casas, produjo la evacuación de cerca de 25.000 personas y dejó billonarias pérdidas.
La emergencia se inició el 28 de abril de 2018 con el taponamiento de uno de los túneles de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), en ese momento el embalse comenzó a crecer, inundó vías y colapsó el puente de Pescadero. Para intentar frenar el incremento y ganar tiempo, el 10 de mayo se tomó la decisión de inundar el cuarto de máquinas.
Leer: Se cumplen dos años de la emergencia en Hidroituango
Sin embargo, dos días después, con el destaponamiento de uno de los túneles, creció el río Cauca afectando significativamente a los habitantes de Puerto Valdivia. El proyecto mantuvo al país en alerta durante meses, para el 16 de mayo se presentó una fuga de agua dentro de uno de los túneles galerías que conecta con el cuarto de máquinas, ese mismo día se ordenó la evacuación de los municipios río abajo y miles de familias de Valdivia (y su corregimiento Puerto Valdivia), Cáceres, Tarazá, Nechí, Caucasia, entre otros, fueron reubicadas en albergues temporales.
Mientras tanto, los lideres del proyecto buscaban evitar que el embalse superara la presa (que aún no estaba terminada). Si esto ocurría, el agua podría debilitar la estructura hasta hacerla colapsar, generando una tragedia mayor. Se evitó el peor escenario cuando el 24 de mayo se alcanzó la altura necesaria para evacuar el agua por el vertedero. Este se terminó el 1 de junio de ese año y permitió desde entonces evacuar el agua de forma controlada por medio de sus cuatro compuertas.
Las familias regresaron en los meses siguientes, pero en enero de 2019 se reportó un socavón y se aceleró el cierre de compuertas de la casa de máquinas. Esta decisión generó una tragedia ambiental, pues se redujo el caudal del Río Cauca en hasta el 80 %. Los efectos se extendieron a las comunidades que dependen de la pesca. La alerta roja para Puerto Valdivia se levantó en julio de 2019.
De los muchas investigaciones, datos y hallazgos revelados en estos años, lo más reciente está en manos de la Contraloría. Los documentos de la investigación del órgano de control, que se dieron a conocer a finales de 2020, dan cuenta de cómo las decisiones que se tomaron en diferentes etapas de la obra expusieron el proyecto a riesgos. Todo con el fin de terminar a tiempo, aunque para finales de 2012 Hidroituango y EPM parecían tener claro que la generación de energía no comenzaría en 2018.
Leer: El camino que transitó Hidroituango hacia la emergencia
Después de una amplia explicación, la Contraloría señaló que los problemas relacionados con la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación “sirvieron como concausa a que se derrumbara parte del túnel auxiliar de desviación, causándose así un taponamiento del mismo”.
“Como consecuencia de problemas en la planeación, desde el inicio del contrato se presentaron atrasos que condujeron a que para intentar generar energía a toda costa en noviembre de 2018, —aun cuando desde finales del año 2012 ya se sabía que no era posible cumplir—, llevaron a idear e implementar planes consecutivos de aceleración, contingencia y/o recuperación de tiempos”, dijo el órgano de control.
Otra de las preocupaciones es la rentabilidad del proyecto en el que se han perdido billones de pesos. Frente a eso, la gerente encargada aseveró que tienen asegurados los desembolsos de los créditos y que no hay dificultades; aunque reconoce que no tiene la rentabilidad que esperaba, sostiene que no está en números rojos. “El tema de la Contraloría es de toma de decisiones en ciertos momentos del proyecto, pero estamos tranquilos con la sostenibilidad, tanto técnica como financiera”, señaló.
Por otro lado, Empresas Públicas de Medellín avanza en la demanda por $9,9 billones contra los diseñadores, constructores e interventores del proyecto hidroeléctrico. El anuncio del inicio de las acciones legales contra los contratistas de Hidroituango motivó en agosto pasado la renuncia de la junta directiva de EPM, cuando los exfuncionarios indicaron que si bien es necesario proteger el patrimonio de la empresa, la junta directiva no conoció ni participó en el análisis para adelantar las acciones legales.
Leer: Tras no lograr conciliación, EPM continuará con demanda por $9,9 billones por Hidroituango
La crisis en los altos cargos de EPM se evidenció también con la salida del gerente Álvaro Rendón, cuando el 1 de febrero su renuncia fue aceptada por la Junta Directiva. Esto se dio después de que Rendón diera a conocer que el alcalde Daniel Quintero le había pedido en varias oportunidades renunciar.
Frente al cambio de gerencia, Arbeláez sostuvo que este es un proceso normal en una empresa y que la reunión de la Junta Directiva fue privada, pero que, a través del comunicado, se sabe que se siguieron las metodologías y acuerdos, de forma transparente y rigurosa. “Esto no afecta a la empresa, que tiene un cuerpo directivo capaz de mantener el rumbo de la organización”, concluyó.
La historia de Hidroituango se sigue escribiendo, con enfrentamientos constantes entre EPM y las comunidades afectadas; además con una demanda en curso, pugnas políticas e investigaciones.
Después de casi tres años de la contingencia que provocó la evacuación de más de 25.000 personas y llegó a reducir en 80 % el caudal del Río Cauca, Empresas Públicas de Medellín (EPM) avanza en la obra que promete generar el 17 % de la energía de Colombia, el proyecto hidroeléctrico Ituango. A la casa de máquinas ya llegaron seis transformadores y en el costado norte del proyecto avanzan en la instalación de dos unidades, las que empezarían a generar energía en 2022.
En 2018, antes de la emergencia, la obra estaba en un 87 %; para marzo de 2021 EPM asegura que se encuentran en el 81,5 % de avance. William Giraldo, vicepresidente de proyectos de Generación de EPM, afirmó para este diario que pueden dar un parte de tranquilidad, pues ya están montando los equipos teniendo en cuenta la resolución 820 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que les permitió, después de un PMU (puesto de mando unificado) en febrero 2020, seguir adelante.
“Ya tenemos seis transformadores en el proyecto, además está montado el puente-grúa, de 300 toneladas, que permitirá la instalación de las dos primeras unidades de generación”, afirmó. La primera unidad, según el cronograma de EPM, generará energía en el primer semestre de 2022, la segunda empezaría a funcionar en el segundo semestre del mismo año. Giraldo contó que están demoliendo las unidades tres y cuatro para poder iniciar instalación de equipos en dos meses, estas generarían energía en 2023. Para 2024 arrancarían tres unidades y la última de las ocho empezaría a funcionar en 2025. El ingeniero recordó que todo el equipo que estaba en la casa de maquinas se perdió y fue necesario reparar las cavernas y estructuras que también se vieron afectadas.
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Frente a la reparación de las comunidades por los daños ocasionados durante la emergencia, el vicepresidente afirma que han venido trabajando. “Todavía estamos recuperando la escuela, ya hemos recuperado algunas viviendas y estamos terminando de reconstruir los cuatro puentes que se dañaron. Hemos avanzado, nos faltan algunas cosas, pero esperamos en los próximos meses cumplirle a las comunidades aguas abajo”, dijo. Giraldo aseguró, además, que mantienen monitoreo técnico las 24 horas y por eso toman decisiones con anticipación.
La gerente encargada de EPM, Mónica Ruíz Arbeláez, dijo que aunque tuvieron que recuperar toda la casa de maquinas y reconstruir parte de las obras civiles, ya tienen la mayoría de la maquinaria necesaria dentro del proyecto y otra parte en una bodega en Tarazá (Antioquia); todavía no cuentan con los 25 transformadores (son tres por cada unidad y uno de reserva), pero esperan que todo este listo para el inicio en 2022. La empresa había prometido que la generación de energía iniciaba en 2021, pero según Arbeláez la pandemia los obligó a hacer cambios en el cronograma. “Venimos avanzando, vamos a entregar la energía en 2022. Estamos cumpliendo”, dijo.
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Un punto de vista totalmente contrario tienen las comunidades. En conversación con El Espectador, Isabel Cristina Zuleta, lideresa social y ambiental, integrante del movimiento Ríos Vivos y de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua Afectada por Hidroituango, aseguró que este proyecto es un incumplimiento a la orden de suspensión dada por la Anla. “No entendemos cómo celebran el avance de un proyecto que está en contra de la justicia”, afirmó. Aunque las directivas de EPM aseguran que cuentan con la autorización para seguir con el proyecto, Zuleta manifiesta que la información de las comunidades es que la Resolución 820 señala que deben generar acciones para atender la emergencia, pero no seguir con la obra.
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La lideresa asevera que las comunidades río abajo siguen afectadas, de hecho, en los últimos días desde Puerto Valdivia manifestaron preocupación por el crecimiento del río. “El lunes (8 de marzo) cinco pescadores casi pierden la vida en la desembocadura del río Ituango porque no se prendieron las alarmas. Si lo único que ellos debían hacer era atender la emergencia, activar las alarmas, tener protocolos, no lo están haciendo. No quisieron rescatarlos, aunque la comunidad pidió auxilio. Lo que avanza es un proyecto de muerte”, afirmó. Las comunidades sostienen, además, que no ha habido avance en la reconstrucción de las infraestructuras afectadas; que todavía no hay puentes, ni escuela, ni hospital.
“A la gente le dicen que ya están los estudios, que ya han avanzado en el diseño, pero eso no es la obra. Llevamos tres años esperando, cuando ellos dijeron que las casas iban a estar reconstruidas en tres meses y las estructuras en un año”, concluyó Zuleta.
Frente al temor de las comunidades por el crecimiento del río, la gerente encargada aseguró que no hay riesgo. “El río subió por las lluvias, nuestro sistema nos alertó 14 horas antes —desde que el río empezó a subir en La Pintada— y eso nos hizo tomar decisiones de operación que impidieron que esa creciente pasara a Puerto Valdivia”, afirmó. Arbeláez explica que el vertedero y sus compuertas tienen la función de controlar las crecientes de invierno y que desde el sistema no se han generado alarmas.
La historia de Hidroituango
El proyecto hidroeléctrico Ituango es la presa más grande del país y tiene tres grandes socios: el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el departamento de Antioquia. La historia reciente del proyecto, cuyos diseños definitivos se entregaron en 2006, ha estado marcada por una crisis que destruyó 70 casas, produjo la evacuación de cerca de 25.000 personas y dejó billonarias pérdidas.
La emergencia se inició el 28 de abril de 2018 con el taponamiento de uno de los túneles de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), en ese momento el embalse comenzó a crecer, inundó vías y colapsó el puente de Pescadero. Para intentar frenar el incremento y ganar tiempo, el 10 de mayo se tomó la decisión de inundar el cuarto de máquinas.
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Sin embargo, dos días después, con el destaponamiento de uno de los túneles, creció el río Cauca afectando significativamente a los habitantes de Puerto Valdivia. El proyecto mantuvo al país en alerta durante meses, para el 16 de mayo se presentó una fuga de agua dentro de uno de los túneles galerías que conecta con el cuarto de máquinas, ese mismo día se ordenó la evacuación de los municipios río abajo y miles de familias de Valdivia (y su corregimiento Puerto Valdivia), Cáceres, Tarazá, Nechí, Caucasia, entre otros, fueron reubicadas en albergues temporales.
Mientras tanto, los lideres del proyecto buscaban evitar que el embalse superara la presa (que aún no estaba terminada). Si esto ocurría, el agua podría debilitar la estructura hasta hacerla colapsar, generando una tragedia mayor. Se evitó el peor escenario cuando el 24 de mayo se alcanzó la altura necesaria para evacuar el agua por el vertedero. Este se terminó el 1 de junio de ese año y permitió desde entonces evacuar el agua de forma controlada por medio de sus cuatro compuertas.
Las familias regresaron en los meses siguientes, pero en enero de 2019 se reportó un socavón y se aceleró el cierre de compuertas de la casa de máquinas. Esta decisión generó una tragedia ambiental, pues se redujo el caudal del Río Cauca en hasta el 80 %. Los efectos se extendieron a las comunidades que dependen de la pesca. La alerta roja para Puerto Valdivia se levantó en julio de 2019.
De los muchas investigaciones, datos y hallazgos revelados en estos años, lo más reciente está en manos de la Contraloría. Los documentos de la investigación del órgano de control, que se dieron a conocer a finales de 2020, dan cuenta de cómo las decisiones que se tomaron en diferentes etapas de la obra expusieron el proyecto a riesgos. Todo con el fin de terminar a tiempo, aunque para finales de 2012 Hidroituango y EPM parecían tener claro que la generación de energía no comenzaría en 2018.
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Después de una amplia explicación, la Contraloría señaló que los problemas relacionados con la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación “sirvieron como concausa a que se derrumbara parte del túnel auxiliar de desviación, causándose así un taponamiento del mismo”.
“Como consecuencia de problemas en la planeación, desde el inicio del contrato se presentaron atrasos que condujeron a que para intentar generar energía a toda costa en noviembre de 2018, —aun cuando desde finales del año 2012 ya se sabía que no era posible cumplir—, llevaron a idear e implementar planes consecutivos de aceleración, contingencia y/o recuperación de tiempos”, dijo el órgano de control.
Otra de las preocupaciones es la rentabilidad del proyecto en el que se han perdido billones de pesos. Frente a eso, la gerente encargada aseveró que tienen asegurados los desembolsos de los créditos y que no hay dificultades; aunque reconoce que no tiene la rentabilidad que esperaba, sostiene que no está en números rojos. “El tema de la Contraloría es de toma de decisiones en ciertos momentos del proyecto, pero estamos tranquilos con la sostenibilidad, tanto técnica como financiera”, señaló.
Por otro lado, Empresas Públicas de Medellín avanza en la demanda por $9,9 billones contra los diseñadores, constructores e interventores del proyecto hidroeléctrico. El anuncio del inicio de las acciones legales contra los contratistas de Hidroituango motivó en agosto pasado la renuncia de la junta directiva de EPM, cuando los exfuncionarios indicaron que si bien es necesario proteger el patrimonio de la empresa, la junta directiva no conoció ni participó en el análisis para adelantar las acciones legales.
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La crisis en los altos cargos de EPM se evidenció también con la salida del gerente Álvaro Rendón, cuando el 1 de febrero su renuncia fue aceptada por la Junta Directiva. Esto se dio después de que Rendón diera a conocer que el alcalde Daniel Quintero le había pedido en varias oportunidades renunciar.
Frente al cambio de gerencia, Arbeláez sostuvo que este es un proceso normal en una empresa y que la reunión de la Junta Directiva fue privada, pero que, a través del comunicado, se sabe que se siguieron las metodologías y acuerdos, de forma transparente y rigurosa. “Esto no afecta a la empresa, que tiene un cuerpo directivo capaz de mantener el rumbo de la organización”, concluyó.
La historia de Hidroituango se sigue escribiendo, con enfrentamientos constantes entre EPM y las comunidades afectadas; además con una demanda en curso, pugnas políticas e investigaciones.